I. Dinámicas políticas del 2021: ¿se consolida un proceso de reestructuración económica?

El 2021 parece un año clave en Venezuela, en la medida en la que se expresan con claridad maniobras políticas por parte del Gobierno de Maduro para buscar consolidar no sólo una gran reforma neoliberal en el país –lo que hemos llamado ‘El Largo Viraje’–, sino también un significativo proceso de reestructuración económica, de profundo alcance, que busca afrontar el agotamiento del modelo histórico petrolero.

El año en curso nos revela la convergencia de varios procesos que se han venido desarrollando previamente: el desinfle de la estrategia Guaidó, el fin del Gobierno de Donald Trump y su agresiva incidencia en el país, el avance de la represión del Gobierno de Maduro sobre la oposición política y las organizaciones sociales, la articulación económica con mercados alternos para sortear las sanciones internacionales, los efectos de la pandemia en la sociedad y su aprovechamiento para el control social desde el Estado, y los incentivos económicos de un potencial nuevo ciclo global de acumulación impulsado por mega-programas de recuperación económica como el Green New Deal de Joe Biden o el Next Generation de la Unión Europea.

Factores como estos configuran un escenario propicio para que el Gobierno venezolano impulse una formalización del proceso de neoliberalización del país, un refrescamiento institucional, una legalización de sus reformas y estrategias políticas, y la consolidación de mecanismos de apropiación y distribución de la riqueza por parte de las élites económicas y políticas. Maduro va dando más claras señales de pacto político en 2021; avanzan las negociaciones, que ahora incluyen a Guaidó; el Presidente envía guiños al Gobierno de Biden; se establece un nuevo Consejo Nacional Electoral, con el visto bueno de varios actores políticos de oposición; pero también recientemente se dan cosas como la admisión de la entrada del Programa Mundial de Alimentos (ONU) o la asunción de responsabilidad del Estado venezolano por la muerte del concejal Fernando Albán y del estudiante Juan Pablo Pernalete, por mencionar ejemplos. “Pacificación”, estabilidad política y pacto, van de la mano con esta reforma neoliberal en curso.

Ciertamente no hay nada asegurado, mucho menos en un país donde aún reina la debacle económica, la hiperinflación, con enormes niveles de pobreza y desigualdades, violencia rampante, inestabilidad política y sobre todo, donde existe un descontento social muy grande. Sin embargo, lo que aquí queremos subrayar es que, más allá de los objetivos de estabilización macro-económica, la mentada ‘reactivación del aparato productivo’ y la idea de retornar a Venezuela ‘a la senda del crecimiento y el desarrollo’ –elementos de consenso entre élites políticas y económicas nacional e internacionalmente–, este proceso está apuntando a algo más profundo, que involucra una reconfiguración de los territorios del país, una nueva geografía política del extractivismo, y los intentos de organizar nuevos y drásticos procesos de re-colonización de la naturaleza. Veamos.

II. Venezuela, ¿un archipiélago de economías de enclave?: geografías del ajuste y nuevas estrategias de re-colonización

En medio de esta, la peor crisis de la historia republicana venezolana, la geografía nacional está siendo disputada, repartida, subastada; los recursos vitales del país están siendo ofrecidos, expoliados, hipotecados. Se trata de un proceso complejo y de gran significado. Estas dinámicas se explican por factores coyunturales pero también histórico-estructurales. Nuevos procesos de re-colonización territorial se han venido abriendo a medida que la crisis histórica del modelo petrolero se ha agudizado. Podríamos dar unos pasos atrás y remitirnos al Gobierno de Caldera II el cual, en medio de una profunda crisis, propone un nuevo asalto sobre la Amazonía y reedita la Conquista del Sur, asomando el pago de deuda por naturaleza, con el oro de Imataca como sustento principal. Con Chávez, sobre todo después la crisis mundial de 2008, la “Venezuela Potencia Energética” se planteaba de manera detallada el impulso de proyectos mineros en toda la geografía nacional, teniéndose como proyecto bandera, desde 2011, el llamado Arco Minero del Orinoco (A.M.O.), que representó el gran aliciente para un avance sin precedentes sobre la región amazónica.

Una nueva geografía política del extractivismo se fue configurando, la cual desbordaba la centralidad de la Venezuela petrolera –ubicada fundamentalmente en las cuencas hidrocarburíferas Occidental y Oriental, al norte del río Orinoco. Es en el Gobierno de Maduro, en el marco del histórico colapso económico (y de la renta petrolera), la intensificación del conflicto político y el ‘Largo Viraje’ neoliberal, que el proceso de ajuste comienza a expresarse con más claridad en mecanismos de intervención directa sobre los territorios. Esto fue evidente en medidas como la formalización de las Zonas Económicas Especiales vía decreto en 2014; del A.M.O., también vía decreto en 2016; de la creación de compañías militares para gestionar recursos naturales (como CAMIMPEG); pero sobre todo, a través de coaliciones de poder corruptas de carácter regional, que no sólo fueron creando nuevas formas de control territorial, sino que también fueron multiplicando procesos de extracción y apropiación de recursos en toda la geografía nacional –sea de oro, re-apropiación latifundista de tierras, madera, coltán, diamantes, especies protegidas, agua, entre otros. Es en el Gobierno de Maduro que el oro y la Amazonía van a asumir el protagonismo –mas no el monopolio– en el extractivismo venezolano, y ya no tanto el petróleo.

En este proceso, se fueron generando medidas neoliberales mucho más explícitas en 2019 y 2020, con nuevas privatizaciones de bajo perfil en diversos emprendimientos, hasta llegar a la promulgación de la Ley AntiBloqueo en octubre de 2020, que otorga poderes extraordinarios al gobierno nacional en la gestión de los activos del Estado (para abrirlos a discreción al capital extranjero y local), suprime mecanismos de escrutinio público de las medidas y acuerdos alcanzados, da enormes incentivos a inversores extranjeros y contribuye en la conformación de un marco jurídico interno propicio para una economía del despojo. Las elecciones parlamentarias de diciembre de ese año, controladas por el Gobierno de Maduro, lamentablemente tuvieron como función el colocar un manto de legitimidad política e institucional a todo este proceso de desposesión en curso, tratando de vender una idea de “estabilidad” y control en el exterior, desplazando a la oposición radical de lo que fuese su principal bastión político desde 2015, y colocando en cambio a actores afectos al gobierno en el Poder Legislativo, para que garanticen las esperadas reformas normativas y legales.

De esta manera, como mencionamos más arriba, el año 2021 abre posibilidades de formalización de este proceso de neoliberalización. La nueva Asamblea Nacional anuncia el “Plan Legislativo Nacional” correspondiente a este año, un paquete de 35 leyes de “interés prioritario” que están ya en agenda de discusión y que incluye la reforma de leyes tan sensibles como la de Hidrocarburos y la de Minas. Una de estas leyes prioritarias, a nuestro juicio, es crucial en la configuración de esta nueva geografía política del extractivismo, y simboliza las nuevas estrategias de re-colonización de población y naturaleza en Venezuela: la Ley de Zonas Económicas Especiales (ZEE).

La Ley de Zonas Económicas Especiales

La figura de las ZEEs ya existía en Venezuela, como lo mencionáramos más arriba. La ley, además de ofrecer un marco jurídico y normativo amplio para las mismas, le otorga un rol central en la reestructuración económica en curso, siendo de esta manera la expresión de un modelo geo-económico de territorialización y gobernanza dirigido para todo el país –al menos desde el ámbito formal. Las ZEEs son figuras de organización geográfica propuestas para desregular radicalmente los territorios, con el fin de eliminar cualquier obstáculo para el rápido desarrollo del capital –sea impuestos, cargas aduaneras, permisos, protecciones laborales, restricciones ambientales, etc. Es muy importante mencionar que las ZEEs se han instalado en numerosos países, primordialmente desde la década de los años 90 –con China como su principal promotor mundial–, entre los cuales se cuenta Thailandia, India, Singapur, Vietnam, Mauricio, Kenia, así como en países de Centroamérica y el Caribe, entre otros. Las ZEEs han llegado a generar intensos conflictos territoriales –por ejemplo, los conflictos por tierras en India–, así como variados impactos sociales (por ej. conformación de maquilas con sobre-explotación del trabajo, como ocurre en Centroamérica), económicos (por ej. intensificación de las desigualdades en los territorios) y ambientales, siendo un dispositivo que ha tenido un rol fundamental como catalizador de procesos de reestructuración económica –siendo los países del sudeste asiático los casos más emblemáticos. Esto último merece ser subrayado, para tratar de entender el rol que estas figuras de territorialización pueden tener en Venezuela, en este particular período de reformas y transformaciones estructurales.    

En este sentido, por un lado, el proyecto de ley para nuestro país deja claro que se trata de un formato de organización geo-económica de escala nacional, que prioriza la posición privilegiada de zonas de importante concentración de recursos naturales y su articulación con cadenas productivas y conexiones marítimas, fluviales, terrestres y/o aéreas para la exportación y con miras a los mercados domésticos e internacionales. La insistencia de voceros gubernamentales con la idea de la “diversificación” de la economía venezolana y de la apertura a las “nuevas cadenas productivas” revela que se persigue que el alcance de las ZEE sea extendido.

Por otro lado, entre actores políticos, empresarios y representantes de cámaras y federaciones de sectores económicos nacionales dominantes, las ZEEs están siendo muy promovidas en sus discursos, solicitando su aplicación en sus regiones y estados. Además de la Faja Petrolífera del Orinoco, la región de Ureña (Táchira), Paraguaná (Falcón) o Puerto Cabello (Carabobo), por mencionar casos donde se desarrolla la conformación de ZEEs, ya desde las fechas de fiestas decembrinas de 2020, se oficializaba la creación de la Zona Económica Especial Militar de Desarrollo Forestal (Zeemdef) en la altiplanicie o meseta de Nuria (Bolívar y Delta Amacuro), que militariza extracción forestal y minera en esos estados. El diputado Rodolfo Sanz habló en abril de 2021 de la inclusión del estado La Guaira en esta propuesta, para desde allí fijar el punto de llegada de una “Zona Económica Insular” que abarque todas las islas de Venezuela; el viceministro para el Desarrollo de las ZEEs (Ministerio Popular para la Industria y Producción Nacional), Juan Arias Palacio, junto al alcalde de Colón, Blagdimir Labrador, establecen en mayo reuniones para impulsar la creación de esta figura en el Sur del Lago en el estado Zulia; y en este frenesí propagandístico, medios pro-gubernamentales hacen ver que 47 comunidades indígenas del estado Amazonas supuestamente le estarían solicitando al gobierno regional que la entidad se convierta en una ZEE. También sectores privados aparecen solicitando esta figura de gestión territorial para Paria (Sucre) y para el estado Bolívar.

En este contexto actual de autoritarismo y estado de excepción permanente, ausencia total de transparencia de la gestión pública, corrupción, injusticia social y ambiental, y absoluta prevalencia al enriquecimiento de particulares vinculados al Estado, es evidente la forma como operarían realmente las ZEEs: sustentadas en coaliciones oligárquicas y corruptas, de alianza entre capitales transnacionales (muchos de dudosa procedencia) y los intereses de poderes nacionales y locales (militares, gobernadores, funcionarios estatales, etc.). Las ZEEs, según como ha estado estipulado por el decreto de 2014, prevé la asignación de un tipo de gobernador ad hoc para el territorio en cuestión, lo cual le da aún más independencia respecto al escrutinio de instituciones de gobierno establecido.

La reestructuración desde los territorios: operaciones de reforma y re-territorialización

Una segunda dimensión de esta nueva geografía política del extractivismo en desarrollo, de estas estrategias de re-colonización, que ha venido operando en su propio ritmo y dinámica, pero que se articula con las reformas legales, tiene que ver precisamente con la avanzada concreta que se va produciendo sobre los territorios, sea por la insistencia de iniciar una explotación particular, para reanudar una que había quedado en stand by por la crisis económica o por resistencias locales, o bien mediante irrupciones violentas que buscan cambiar radicalmente en control de los territorios. El interés por ‘reactivar’ la economía, la concesión del emprendimiento a un privado o simplemente la necesidad de ‘despejar la zona’, sustentan estas operaciones de reforma y re-territorialización.

En esta línea vemos nuevos intentos por imponer la minería de sílice en el Cerro El Plan (municipio Torres del estado Lara) en marzo pasado; mismas fechas en las que se anunciaban concesiones a privados para la explotación minera en el Cerro La Vieja (municipio Simón Planas, estado Lara). También en marzo se asignaba a inversionistas vietnamitas más de 1.000 ha en el municipio Veroes (Yaracuy) para la producción de arroz, lo que afectaría el humedal que se nutre del río Aroa, y que alberga una gran diversidad de flora y fauna. Y persiste el significativo avance sobre los parques nacionales y áreas protegidas del país, siendo un ejemplo ello, que está generando mucha polémica en la actualidad, el del PN Waraira Repano (Caracas/La Guaira), donde se busca la modificación del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso (PORU), que termine permitiendo una serie de actividades antes prohibidas, colocando en el centro la generación de beneficios económicos –en este caso vinculado a la construcción de infraestructuras y el turismo–, por encima de los objetivos de conservación.

En relación al Arco Minero del Orinoco, en febrero pasado un empresario británico vinculado a inversiones especulativas internacionales sobre commodities, habría llegado a un acuerdo minero secreto con el Gobierno de Nicolás Maduro; lo que se suma a la presión ejercida por parte de instituciones públicas y militares para la expansión de la minería en el Bajo Caura; y la invasión en febrero de mineros ilegales a la comunidad indígena pemón de San Luis de Morichal, ante la falta de respuesta por parte del gobierno, situación que se está repitiendo en otros territorios en los cuales agrupaciones irregulares buscan ampliar sus controles territoriales.

Los elementos descritos, articulan el asalto a los territorios como una política de Estado –que se produce en simultáneo con la actuación de otros grupos irregulares y criminales que operan con más autonomía– con el formato de las ZEEs como modelo de organización geográfica fundamental a escala nacional.

Esto, en este contexto de debacle económica e institucional y conflicto por los recursos, podría consolidar un proceso que convierta a Venezuela en un archipiélago de economías de enclave, en el cual se imposibilita la democracia y el ejercicio de los derechos sociales, y donde se termine de institucionalizar un nuevo proceso histórico de re-colonización de la población y la naturaleza. A su vez, constituiría una plataforma para el asalto hacia las últimas fronteras de las commodities, poniendo en serio riesgo la conservación de los ecosistemas que hacen posible la vida en el país.

III. Luchas ambientales y territoriales, y disputas por otros modos de vida

Las luchas contra el extractivismo en Venezuela están atravesadas por múltiples complejidades de diversas escalas y dimensiones, y por las particularidades del contexto y la crisis del país, única en todo el mundo.

Estas luchas se están desarrollando al menos en dos escalas: una, la escala territorial, en la cual una multiplicidad de grupos, comunidades, organizaciones sociales y actores políticos, defienden territorios y ecosistemas, y buscan la justicia ambiental. La otra, es la escala nacional, en la cual se interpela al modelo de desarrollo imperante, planteando las posibilidades para transformar el mismo.

En relación a la primera, se trata de una expresión vital que, a pesar del contexto tan adverso, evidencia una vocación ecológica fundamental: un movimiento de jóvenes salen en Carora contra la minería de sílice y en defensa del embalse de Los Quediches, acción que es acompañada por las comunidades de Veracruz; indígenas y criollos se articulan para protestar contra la instalación de balsas mineras en el bajo Caura (estado Bolívar), las imágenes de las protestas contra la minería en Maripa en 2020, en pleno Arco Minero del Orinoco, siguen teniendo gran significado. El Comité en defensa del Cerro La Vieja, junto a habitantes de Sarare, siguen activos contra la minería en esos ecosistemas. La organización EcoBrión persiste en la defensa de la Laguna La Reina; organizaciones ambientales se unen en defensa del PN Waraira Repano; grupos conservacionistas luchan por preservar la Reserva de Caparo (Barinas) y otros más logran acuerdos para recuperar la emblemática Laguna de Urao en Mérida. Decenas de guardaparques dignos mantienen su lucha, de bajo perfil y contra la corrupción gubernamental, para evitar que continúe la depredación de parques nacionales y áreas protegidas.

Resaltamos también cómo comunidades indígenas resisten el avance de mineros ilegales en sus territorios, por medio de la activación de mecanismos organizados de autodefensa, como ocurre con comunidades uwottuja en Amazonas, ye’kwana y sanema de la cuenca del río Caura y Erebato, y varias comunidades pemón en el estado Bolívar, por mencionar ejemplos.

Todas estas movilizaciones se conectan, de una forma u otra, a la constelación de protestas que se desarrollan en todo el país y que se producen por la terrible situación de los servicios públicos (que incluyen al agua), la carencia de gasolina, los bajos salarios o el costo de la vida. Venezuela ha sido un país que ha estado en permanente protesta año tras año, sólo que se caracterizan por la fragmentación y sus dificultades por conectar con una narrativa que converja en un proyecto país. ¿En qué formas y cómo pueden articularse todos estos descontentos?

En relación a la escala nacional, hasta la fecha lamentablemente los líderes y partidos políticos dominantes, sean vinculados al Gobierno o a la oposición, mantienen un horizonte extractivista, neoliberal y entreguista. Algunos, de ambos bandos, siguen con sus sueños de volver a la Venezuela petrolera. Por otro lado, mientras el Gobierno de Maduro continúa con el proyecto del Arco Minero del Orinoco, los actores políticos de oposición de la anterior Asamblea Nacional impulsaban por su lado reformas liberalizantes de la ley de minas y su versión de lo que sería una supuesta ‘minería amigable con el ambiente’.

En esta escala nacional es también fundamental frenar estas tendencias re-colonizadoras de la geografía nacional, pero para ello aún se requiere crear las condiciones para una amplia articulación que genere las posibilidades de la conformación de una alternativa política que pueda, por un lado, recuperar posibilidades de convivencia no-violenta en la sociedad venezolana y las bases para una vida digna (salir de la crisis humanitaria), y por el otro, posicionar otras formas de organización de la sociedad y la economía, que tributen al encuentro, la comunidad y la vida.

Paradójicamente, el colapso de la sociedad venezolana abre posibilidades para una reorganización social, económica y territorial de este tipo, pero para ello debe intensificarse y ganar mayor terreno las ideas de una Venezuela post-extractivista, por la soberanía alimentaria, promotora de la agricultura y el eco-turismo, de la sostenibilidad socio-ecológica, en consonancia con los lineamientos de cambio civilizatorio que se requieren con urgencia a escala planetaria. Se trata de una lucha cultural, de imaginarios, senti-pensares, que requerirá de grandes esfuerzos para poder posicionarlos.

La crisis abre camino a estos cambios culturales, pero hay que impulsarlos con esmero y constancia, no se crearán espontáneamente. El descontento en Venezuela es enorme, el rechazo al Gobierno y los partidos y caras conocidas de la oposición es gigante, rondando el 80%. La gente está cansada, quiere otra cosa. Hay un enorme hartazgo, y este sentimiento resuena en todos los rincones de América Latina, como lo estamos viendo en Colombia, pero también en Ecuador, Perú, Chile, por mencionar ejemplos.

Son escenarios complejos, pero tendremos que estar a la altura de este tiempo histórico.

- Emiliano Teran Mantovani es sociólogo venezolano y miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela.