México.- Un juez distrital de México, Juan Pablo Gómez Fierro, cumplió con transnacionales extranjeras como Iberdrola, Walmart y Bimbo, al ordenar suspensión definitiva a la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, para favorecerlas.

El magistrado echó así gasolina al fuego al arrojar a la pira una de las iniciativas más trascendentes de las presentadas por el presidente Andrés López Obrador, avalada en comisiones, luego en los plenos de ambas cámaras del congreso, ratificada por el Ejecutivo y concretada con su publicación en la gaceta oficial.

Pero una vez recorridos todos esos trechos legales, y ya lista para entrar en vigencia, el juez de distrito Gómez Fierro aceptó los reclamos de esas empresas privadas y otras 27 más, algunas de ellas nacionales, y les concedió amparos a fin de protegerlas de los efectos legales de la legislación, entre ellos suspensión de multimillonarios subsidios.

Ante los reclamos del mandatario, quien envió una carta al respecto al presidente de la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN) Arturo Zaldívar, el magistrado Gómez Fierro escaló su ofensiva contra la iniciativa y ayer la declaró suspendida definitivamente en su totalidad, lo cual significa nulidad en su aplicación.

El mandatario proclamó de interés nacional el tema y a tal efecto convocará un debate público mientras exige una investigación a fondo del juez por defender contratos leoninos evidentes, los cuales han propiciado el saqueo y perjudicado al pueblo mexicano por la imposición monopólica que incluye altas tarifas del servicio eléctrico.

Pero el asunto de fondo no son las tarifas, ni siquiera los exagerados beneficios multimillonarios que han recibido esas empresas desde los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, sino el interés de privatizar el sector y llevar a la quiebra a la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos (Pemex) en beneficio de las españolas Iberdrola, Repsol y otras.

Más allá incluso de esa perjudicial privatización, acusó el presidente, el tema deriva en la búsqueda de un enfrentamiento premeditado de los tres poderes del Estado con el objetivo de empoderar, incluso de manera institucional, a la empresa privada y permitirle actuar por encima de la ley.

Tales perspectivas llevaron a López Obrador, como titular del Ejecutivo Federal, a advertir que, si la acción del juez de distrito conduce a una declaración de inconstitucionalidad de dicha ley, presentará una iniciativa para reformar la constitución e incluso la posibilidad de eliminar la palabra Justicia de la Suprema Corte.

La resolución de Gómez Fierro, y las impugnaciones del Poder Ejecutivo federal, pasarán a conocimiento y análisis a un tribunal colegiado, y de acuerdo con su fallo, el presidente presentará o no la propuesta de reforma constitucional contra el Poder Judicial.

El objetivo de esa iniciativa anunciado por el mandatario, es dejar la Constitución en los términos en que estaba en la época del presidente Adolfo López Mateo, quien en septiembre de 1960 nacionalizó la industria eléctrica y creó la compañía mexicana de Luz y Fuerza, cuya cooperativa destruyó el expresidente Felipe Calderón al entregar el sector al capital privado.

Por lo pronto, el mandatario anunció que México no dará más concesiones para la explotación de petróleo, en momentos en que la suerte sonríe al sector, por nuevos y grandes descubrimientos en aguas someras de Tabasco.

Las ramificaciones del tema se extienden a otros sectores donde ocurre lo mismo como la minería de oro, plata, litio y otros recursos dominada por el capital extranjero privado, en los que es peor la situación por la rapaz explotación de los mineros y los malos tratos.

Tal es el escandaloso caso de Pasta de Conchos donde el Grupo México, del empresario Germán Larrea, tiene sepultados los cadáveres de 63 mineros víctimas de un derrumbe hace 14 años, y no pagó indemnización ni rescató sus cuerpos, como denunciara el senador Napoleón Gómez Urrutia, líder del Sindicato de Mineros.

Los próximos días son decisivos para el futuro del sector y un previsible reforzamiento de la lucha contra la corrupción proclamada en numerosas oportunidades por el propio López Obrador, como el principal objetivo estratégico de su gobierno.