Después de todo un año de horror racista y represivo perpetrado por el gobierno de facto resultante de un golpe de Estado, el pueblo de Bolivia acudió a las urnas el 18 de octubre de 2020 y asombró a su propio país y al mundo al dar al candidato del partido MAS-IPSP de Evo Morales, Luis Arce, una victoria aplastante. El golpe de Estado que instaló un régimen racista liderado por Jeanine Añez, fue orquestado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, llevado a cabo por fascistas en noviembre de 2019 y, por supuesto, apoyado por los Estados Unidos.[i]

Los detalles del esta aplastante victoria revelan el tamaño de la derrota del régimen de extrema derecha de facto: el MAS-IPSP ganó la presidencia con un 55% de los votos emitidos, frente al 28% del derechista Carlos Mesa, y el 14% del ultraderechista Luis Camacho. Este fue un mucho mejor desempeño en comparación con las elecciones de noviembre de 2019, cuando su candidato, Evo Morales, ganó con el 48% contra el 36% del derechista Carlos Mesa.

No sólo eso, el MAS-IPSP ganó en 6 de los 9 departamentos del país (con el 68% en La Paz; 65% en Cochabamba; 62% en Oruro; 57% en Potosí; 49% en Chuquisaca; y 46% en Pando), la derecha ganó en 2 (con el 50% en Tarija, y el 39% en Beni) y la extrema derecha que salió victoriosa sólo en Santa Cruz (con el 45%, y el MAS-IPSP con el 36%). Los 6 departamentos en los que Arce resultó victorioso contienen casi 7 millones de la población total de Bolivia de 11 millones.

La cosa se pone mejor: Los candidatos del MAS-IPSP obtuvieron 75 de los 130 escaños de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y 21 de los 36 del Senado. El candidato presidencial del MAS-IPSP también ganó en 314 municipios, la extrema derecha en 21 y la derecha en 18.

Se trata de una victoria electoral muy sólida, tanto más impresionante cuanto que se produjo en el marco de un año de persecución política y judicial sistemática contra el MAS-IPSP, sus dirigentes y cuadros (el propio Morales fue acusado de terrorismo que le obligó a huir del país), incluyendo una brutal represión contra los movimientos sociales asociados a él; el encarcelamiento ilegal, el acoso y el exilio de sus dirigentes y el uso entusiasta del lawfare. Todo ello en un contexto de violencia racista bien organizada y muy bien financiada, desatada especialmente contra las mujeres indígenas, por grupos paramilitares fascistas, la policía y las fuerzas armadas que perpetraron masacres contra los movimientos sociales que defendían sus derechos y luchaban por la democracia. Para colmo, los principales medios de comunicación nacionales e internacionales, en el mejor de los casos, trataron de encubrir, y en el peor, de apoyar, a los golpistas y a la brutal violación de los derechos humanos por parte del régimen de Añez.

Las políticas económicas de Añez, en consonancia con la ideología de la extrema derecha y la de sus mentores extranjeros, se dirigieron deliberadamente tanto a demoler lo que se había logrado para la nación en los 14 años de gobierno de Evo Morales como a revertir brutalmente todas las políticas sociales que habían beneficiado al pueblo. No es una empresa menor dado el progreso y la transformación bastante asombrosa que Bolivia y su pueblo habían experimentado en ese corto período de tiempo. A continuación enumeramos algunos de los logros más importantes del gobierno del MAS-IPSP durante el período 2006-2019:

• El PIB de Bolivia pasó de 9.574 bn de dólares en 2005 a 40.000 bn de dólares en 2013 (un incremento de más del 400%), es decir, un promedio anual del 4,6%, el más alto de la región, por lo que a partir de 2006 Bolivia tuvo superávit fiscal en 2006 por primera vez en su historia; y en 2018 tuvo 8.946 millones de dólares en reservas internacionales.
• La pobreza extrema se redujo del 38% en 2006 al 16% en 2018 (un mínimo histórico)
• La mortalidad infantil se redujo en un 56%;
• Los bonos sociales (para ancianos, alumnos de primaria y secundaria, mujeres embarazadas) beneficiaron a 5,5 millones de personas (más del 50% de la población)
• El ahorro interno en el período 2006-2018 pasó de 4.361 millones de dólares a 27.123 millones de dólares.
• La deuda externa bajó del 61% del PIB en 2004 al 23% en 2018
• El número de centros de salud pasó de 2.870 a 3902, y se construyeron 49 nuevos hospitales bien equipados por el Estado con la última tecnología médica (la sanidad pública es gratuita)
• Con la colaboración de médicos cubanos, la Operación Milagro realizó más de 3 millones de atenciones oftalmológicas y 742.000 cirugías que permitieron devolver la vista a muchos bolivianos (Añez expulsó a los médicos cubanos) - El presupuesto para salud pasó de 2,5 millones de bolivianos (moneda nacional) en 2005 a 18, 805 millones en 2018
• El analfabetismo, con el uso del método cubano Yo Si Puedo, fue erradicado en 2014.
• Entre 2014-18 el metro-cable de nueve líneas en La Paz (terminado en 2014), había transportado 174 millones de pasajeros
• El agua potable para 2020 llega a 9,7 millones de personas de una población total de 11 millones
• El fin del sistema de latifundios llevó a la redistribución de cerca de 1 millón de hectáreas de tierra a campesinos y familias campesinas.
• En 2005 sólo el 18% de los parlamentarios eran mujeres, en 2018 han aumentado al 51%
• Bajo décadas de neoliberalismo sólo se construyeron 1.098 km de autopistas, pero entre 2006-18 se añadieron 4.796 km nuevos a las autopistas existentes
• Todo lo anterior fue financiado por la renacionalización de la industria energética (Bolivia es rica en gas principalmente pero también tiene petróleo; y es extraordinariamente rica en minerales, especialmente litio)
• Bolivia puso en el espacio el satélite Tupac Katari y renacionalizó ENTEL (empresa de telecomunicaciones) otorgando acceso a Internet a millones de bolivianos de forma gratuita, como un derecho fundamental
• Con una decisión histórica a nivel mundial, se reconoció a 36 naciones indígenas derechos culturales especiales y ancestrales a la tierra, por primera vez en 500 años, lo que se consagran en la nueva Constitución del Estado Plurinacional
• No es de extrañar, que en 2018 el Informe Mundial de Desarrollo Humano, clasificara a Bolivia por primera vez como “país de alto desarrollo humano.”
• El MAS-IPSP de Morales afirmó la soberanía nacional eliminando la injerencia extranjera (de EEUU) con la expulsión de la DEA, USAID, CIA y hasta del embajador de EEUU.
• Y mucho, mucho, más.

El régimen de Añez adoptó políticas que buscaban echar por tierra todos estos avances, algo que casi logró en menos de un año. Nada demasiado sorprendente aquí, un estribillo popular entre los activistas de América Latina dice así: ‘mientras que el ecuatoriano Lenin Moreno tardó 3 años en destrozar tanto los logros del gobierno de izquierda como la economía del país, Bolsonaro lo hizo en Brasil en 2; pero Añez lo hizo en solo 6 meses’. Así, una de las primeras medidas de Añez fue una ola de despidos masivos de empleados públicos, agravada por una total falta de apoyo estatal a las empresas, negocios y trabajadores en problemas debido a la pandemia de Covid-19.

Con respecto a la pandemia, en lugar de tomar medidas extras de apoyo, justo cuando los contagios y las muertes arreciaban, el gobierno de facto no sólo expulsó a cientos de médicos cubanos que se encontraban en Bolivia como parte de la colaboración de Cuba con el gobierno de Evo -literalmente días después del golpe de Estado-, sino que se negó de plano a asignar recursos extras a la salud para fortalecer el combate al Coronavirus y, para colmo, redujo el gasto en salud. Pero, cuando, obligado por la presión de la movilización masiva, dispuso de recursos extras para la compra de insumos de salud, el ministro a cargo incurrió en una grosera corrupción que llevó a su renuncia, pero no a una investigación o juicio serio. Las nuevas autoridades del gobierno de Arce ya han iniciado investigaciones en casos “emblemáticos” de corrupción como el sobreprecio en la compra de ventiladores; la contratación de compinches para trabajar en empresas estatales con enormes sueldos o estipendios injustificados; millonarios contratos “de emergencia” en YPFB (empresa estatal/de gas) sin el debido proceso ni concurso público legal defraudando así masivamente a la empresa; millonarios pagos en contratos “fantasmas” para viviendas públicas; etc.

Peor aún, a finales de 2020, el gobierno de facto todavía no tenía una lista de las empresas que habían cerrado sus negocios a causa de la pandemia, ni una idea clara de cuántos puestos de trabajo se habían perdido en la economía del país, aunque la información estaba disponible. Según el Centro de Desarrollo Laboral y Agrario, no sólo la pobreza había aumentado masivamente, sino que el desempleo había saltado del 4,3% al 9,6% en un país donde el sector informal del empleo ha alcanzado el 80%.[ii]² 

La respuesta neoliberal del gobierno de facto a la pobreza, al desempleo y a la crisis económica que mordía no fueron políticas sino represión, por lo que miles literalmente pasaron hambre. Un informe de la época (mayo de 2020) informaba que alrededor de 1,7 millones de bolivianos no podían cubrir los gastos ni siquiera de una canasta básica de alimentos. Mientras que el total abandono y la falta de medidas por parte de Añez y compañía permitieron que la pandemia hiciera estragos entre los más pobres con cientos de miles de infectados y miles de muertos. Así, mientras el “gobierno interino” de Añez añadía ilegitimidad a la ilegalidad, brutalidad a la incompetencia y neoliberalismo a la corrupción, las consecuencias de tan terrorífico cóctel “bolsonaresco” la situación había creado casi 2 millones de nuevos pobres. E invariablemente su explicación a cualquier crítica a tan desordenada gobernanza era culpar de todo a Evo Morales y al gobierno del MAS-IPSP. Y, como la noche sigue al día, las “urgencias” neoliberales de Añez la llevaron a terminar solicitando una innecesaria ayuda financiera de emergencia al FMI, que inmediatamente le llevó a emitir un préstamo de 327 millones de dólares con las habituales y onerosas condicionalidades que socaban la tan duramente conquistada soberanía económica de Bolivia.

Para 2020, la economía se había contraído en un 10%, lo que provocó más desempleo, penurias y hambre, y dio lugar a protestas masivas y, por supuesto, a más represión. El ahora tristemente célebre ministro del Interior de Añez, Arturo Murillo, en respuesta a esta oposición política masiva, dijo que “disparar balas [a los manifestantes] sería lo que se requiere políticamente”. No se trataba de una retórica ociosa; las fuerzas represivas ya habían perpetrado dos masacres en noviembre de 2019, en Senkata (La Paz) y Sacaba (Cochabamba), sobre las que una organización de derechos humanos informó de 36 personas muertas y más de 500 heridas, describiendo la situación con el elocuente título “Nos dispararon como animales”.[iii]³

Como el gobierno de Añez era sólo temporal y sin autoridad constitucional o legal para cambiar nada, ya que su única tarea era organizar las elecciones nacionales, la coalición de extrema derecha que llevaba las riendas del poder utilizó la pandemia como excusa -sobre la que se estaba haciendo muy poco- para posponer las elecciones, lo que hizo en cuatro ocasiones. Afortunadamente, mediante la presión de las masas, la disciplina política, la inteligente unidad de acción del movimiento de masas liderado por el MAS, y la utilización de unos pocos puestos en el edificio político existente, el pueblo logró persuadir (en realidad, forzar) al gobierno de facto de Añez a aceptar la decisión legal del Parlamento de celebrar elecciones el 18 de octubre de 2020, con los extraordinarios resultados antes mencionados.

Cuando el recién elegido presidente, Luis Arce, que había sido ministro de política económica de Evo y artífice de los impresionantes resultados económicos de Bolivia en el periodo 2006-2019, anunció que como primera decisión política restablecía las relaciones diplomáticas plenas con Cuba, Venezuela e Irán, provocó escalofríos en los derechistas desde la Patagonia hasta el Klondike.

Las primeras medidas económicas de Arce fueron igualmente interesantes. En primer lugar, el Bono contra el Hambre de 1.000 bolivianos (150 dólares / 100 libras) destinado a los más desfavorecidos (discapacitados, mujeres embarazadas, ancianos, los más pobres, etc.) que beneficiará a unos 4 millones de personas. En segundo lugar, la reducción del impuesto sobre los pagos con tarjeta de crédito del 13% al 8% y la devolución de la diferencia (5%) al cliente, la devolución del IVA a las personas de bajos ingresos, y un impuesto a las grandes fortunas sobre su patrimonio en bienes inmuebles y no inmuebles, y sobre la renta. En tercer lugar, entablar negociaciones con organismos multilaterales (Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo) para obtener créditos sin condicionamientos económicos ni políticos, e incluyendo una moratoria y la condonación de la deuda del país y de los intereses de la misma. En cuarto lugar, evitar, en la medida de lo posible, la devaluación de la moneda nacional para favorecer el crecimiento económico, y fomentar la sustitución de importaciones entre otras políticas reactivadoras. En quinto lugar, fortalecer la demanda económica interna para contribuir a la reactivación de la actividad económica mediante subsidios a los más pobres y otros segmentos de la sociedad. Sexto, profesionalización del poder judicial a través del mérito y la cualificación y no por cuotas políticas determinadas por la fuerza relativa de las fuerzas políticas existentes, método que Arce calificó de “inservible”. Y séptimo, en el mediano y largo plazo continuar con la industrialización del litio y el hierro, junto con un programa hacia la soberanía alimentaria, la promoción del turismo interno, la exportación de electricidad y la industrialización del gas, todo ello en el contexto de mantener todas estas actividades ampliamente bajo control y propiedad del Estado.

El gasto estatal en salud y educación se incrementará hasta el 10 y el 11 por ciento, respectivamente. Un factor crucial será la inversión pública, que se incrementará para lograr una tasa de crecimiento económico del 4,8% para 2021 (Añez había destruido o desmantelado todas las obras públicas en curso, que Arce pretende retomar y llevar a término como otro puntal para la reactivación de la economía nacional). En este sentido, impulsada por Arce, la mayoría del MAS-IPSP en el parlamento ya ha aprobado leyes para garantizar la aplicación de todas estas medidas urgentes. Cabe destacar la decisión de Arce de devolver el préstamo del FMI contratado por Añez en 2020.[iv]⁴

Además, Arce ha desarrollado un plan estratégico integral para combatir el Covid-19 que incluye métodos rigurosos para frenar el contagio, medidas de bioseguridad en el lugar de trabajo, el fortalecimiento de las instalaciones médicas existentes y la dotación de equipos e insumos sanitarios adecuados, la realización de pruebas masivas para mejorar sustancialmente la detección, el uso masivo de hierbas ancestrales para ayudar a la prevención y la vacunación masiva. Para esto último, Arce ha conseguido el suministro masivo de vacunas de Rusia y China (Sputnik V y Sinopharm, respectivamente), y la vacunación masiva ya ha comenzado.

Sin embargo, la decisión de Arce de decretar una ley de emergencia sanitaria, plenamente justificada en el contexto letal de la pandemia de Covid-19, está siendo utilizada por los médicos del sector privado para lanzar una huelga nacional que tiene muy poco que ver con su ostensible objeción a la ley por ser “punitiva”. Un complot racista de la ultraderecha parece estar asomando su fea cabeza a caballo de esta “acción de masas” de desestabilización claramente orquestada por las fuerzas reaccionarias. En apoyo a los médicos, el líder de la extrema derecha, Luis Camacho, el 20 de febrero de 2021, se opuso totalmente a la ley de emergencia sanitaria, y llamó a respetar a los profesionales de la salud, amenazando de hecho con un (otro) golpe de Estado.[v]⁵ 

Es de esperar que la derecha y la extrema derecha bolivianas cooperen para desencadenar movilizaciones antigubernamentales de grupos de “clase media” como médicos, abogados, mujeres de la élite no indígena, estudiantes universitarios, comercio, empresa privada y similares. En otros países de América Latina estos grupos son susceptibles de recibir millonarios subsidios financiados por el contribuyente estadounidense y distribuidos por la maquinaria intervencionista de Estados Unidos a través de la USAID, la NED y similares, como hicieron en Chile bajo Allende, y han hecho también, por ejemplo, en Nicaragua y Venezuela. Esto significa que en el próximo período debemos esperar todo tipo de provocaciones, noticias falsas, banderas falsas, campañas de demonización internacional, con el apoyo ferviente casi garantizado de los principales medios de comunicación corporativos nacionales e internacionales (incluyendo no corporativos, la BBC y el “progresista” The Guardian en el Reino Unido, que en su momento “editorializaron” que el golpe había sido culpa de Evo).[vi]⁶  En otras palabras, la robusta victoria electoral del 18 de octubre de 2020 ha llevado a Bolivia a recuperar su democracia, a reactivar su economía, a restaurar los derechos sociales, políticos, económicos y culturales de toda la población, pero el gobierno del MAS-IPSP Arce aún no ha salido del difícil terreno: el camino que le queda por delante es probablemente una batalla tortuosa y cuesta arriba.

Esto lleva nuestro análisis a la cuestión crucial de la solidaridad con el pueblo de Bolivia y con la transformación progresiva de esa nación que comenzó en 2006 bajo la presidencia de Evo. El principio clave de la solidaridad con el pueblo de Bolivia debe ser la defensa incondicional de su derecho a la autodeterminación y a la soberanía nacional, oponiéndose así, rechazando y condenando cualquier injerencia externa especialmente proveniente, como lo ha hecho durante tanto tiempo, de los Estados Unidos y sus aliados. En segundo lugar, la recuperación total de la economía, a pesar de la formidable base económica construida por el gobierno de Evo en 2006-2013, no será nada fácil. La dificultad adicional proviene del hecho de que la pandemia de Covid-19 ha desencadenado una prolongada crisis económica mundial de proporciones bastante gigantescas, deprimiendo así la demanda de materias primas y minerales, el punto fuerte de la economía boliviana.

Esto significa que la derecha boliviana utilizará cualquier complicación o dificultad económica que pueda enfrentar el gobierno de Arce, movilizando el descontento -especialmente de la clase media- para oponerse a él, por lo que, como bien ha dicho Wiphalas por el Mundo: la solidaridad internacional jugó un papel fundamental para ayudar al pueblo de Bolivia a luchar durante todo un año contra el régimen racista y fascista de Jeanine Añez, pero esta solidaridad debe mantenerse al menos durante los próximos cinco años de reconstrucción. Hay que tener en cuenta que el objetivo explícito de la oposición de la derecha racista al actual gobierno del MAS-IPSP Arce, como lo fue con el gobierno de Evo, no es ser una oposición leal que respete las reglas del juego e inflija una derrota político-electoral, sino que aprovecha todas las oportunidades para capitalizar cualquier problema que pueda surgir buscando el derrocamiento violento del gobierno democráticamente elegido. Además, las persistentes amenazas golpistas de las fuerzas reaccionarias de Bolivia están impulsadas por un odio intensamente racista hacia la mayoría indígena del país.

En este contexto, la plena recuperación de la democracia presentará complejidades similares. Entre las muchas tareas está la ineludible de llevar a juicio a todos los culpables de corrupción, incumplimiento de la ley, actos inconstitucionales y atrocidades contra los derechos humanos. Esto último plantea la delicada pero ineludible cuestión de reformar las fuerzas armadas y la policía para garantizar que no participen en el futuro en el apoyo a los golpes de Estado como lo hicieron en noviembre de 2019. Así, el camino que queda por delante estará plagado de trampas, provocaciones y peligros. En este sentido, el movimiento de solidaridad no debe apresurarse a sacar conclusiones ultimatistas, puristas o doctrinarias de cualquier decisión difícil o movimiento táctico que el gobierno de Arce se vea obligado a tomar.

Más importante aún, dado su gigantesco significado geopolítico, es seguir organizando la solidaridad para defender y ayudar a preservar la victoria electoral y política de octubre de 2020. Además, el heroico triunfo del pueblo boliviano ha contribuido dramáticamente a cambiar la relación de fuerzas continental a favor de la política progresista. La victoria obtenida en octubre de 2020 es inmensa y preciosa, pero precaria. Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcan