Una de cada cuatro plazas laborales está bajo el régimen de la subcontratación. Es decir, el 25 por ciento de los asalariados funcionan bajo el esquema de tercerización, que por lo general es sinónimo de precarización al carecer del ya no digamos derecho a la jubilación sino aun del reparto de utilidades. Propicia, además, la creación de empresas fantasmas que no asumen responsabilidades en los despidos.

Lo anterior no lo sostiene ningún sindicalista defensor de los intereses de los trabajadores, sino nada menos que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, dependiente de la Organización de las Naciones Unidas.

Para la secretaria Ejecutiva de la CEPAL, la generalizada práctica patronal conocida como outsourcing no es privativa de México sino característica del subcontinente, pero en el caso azteca llegó a un punto en el que “toda la plantilla laboral podía funcionar con este esquema, no había equilibrio”. Cierto es que no descartó la existencia de empresas que saben llevar los “derechos de los trabajadores con altura”.

El importante tema se debate ahora en lo que se denomina parlamento abierto, gracias a un acuerdo suscrito en diciembre pasado en Palacio Nacional entre la representación sindical, encabezada por la Confederación de Trabajadores de México, y la patronal a cargo del Consejo Coordinador Empresarial; y con el presidente Andrés Manuel como testigo.

La reforma legislativa busca limitar la subcontratación a casos específicos y evitar que existan empresas dedicadas exclusivamente a ello, como el muy lucrativo negocio que es. En tanto que las cámaras empresariales pujan, como es comprensible, por frenar los cambios porque afectarían sus estrechos pero legítimos intereses.

López Obrador interpretó (10-XII-20) la conducta patronal ante el outsourcing como que los empresarios “Están porque se resuelva este asunto, que se fue creando por la práctica ilegal, inmoral, de despedir a trabajadores y no reconocerles sus prestaciones, sobre todo en fin de año”. Ojalá (Alá quiera).

El hecho es que en diciembre los despidos de trabajadores se colocan a la orden del día para eludir el pago de aguinaldos. Sin embargo, en el equipo negociador del CCE se justifica porque “son despidos estacionales que se registran de manera usual en diciembre y se han presentado al menos desde hace 20 años”.

Algunos intelectuales orgánicos, como Sergio Sarmiento, defienden el depredador sistemita laboral bajo el argumento de que se usa en el gobierno federal, lo cual es cierto; Alicia Bárcena reconoció que también en la ONU, mas son excusas para defender la sobreexplotación laboral en pleno siglo XXI y cuando los ideólogos del capitalismo salvaje (neoliberalismo) acaban de asumir en el Foro Económico Mundial:

“Es hora de un nuevo capitalismo más justo, un capitalismo equitativo y sostenible que realmente funciona para todos y donde las empresas, incluidas las tecnológicas, no sólo se nutren de la sociedad, sino que realmente devuelven los beneficios, creando un impacto positivo”. La utopía de los dueños del mundo.

Otros sólo saben amenazar, chantajear, como Larry Rubin, presidente de la American Society, “las inversiones de empresas de Estados Unidos pueden migrar a otras latitudes, ya que 92% de las firmas hacen uso de ese esquema laboral”. Igualito que lo hacen con la Ley de la Industria Eléctrica, respaldados por el PAN, PRI y PRD, coordinados por Claudio X. González, el plutócrata que jura combatir la corrupción y evade sus obligaciones fiscales.

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