A finales de julio de 2019, la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) anunció su interés en adquirir nuevos aviones para renovar su flota militar. Según la FAC, luego de cuatro años de análisis técnicos y presupuestales se seleccionaron tres opciones de aviones para actualizar el convoy y jubilar a los Kfir C-12 cuya tecnología ha quedado rezagada con los nuevos avances. Hasta este punto no existe ninguna controversia, toda vez que es obligación de los Estados proveer protección a la soberanía nacional y la compra de aviones es una manera de hacerlo. Sin embargo, el problema pasa por el costo de la nueva flota, pues según se pudo establecer, el valor unitario de estos aviones oscila entre 18 a 20 millones de dólares. Esto quiere decir que la compra total estaría alrededor de los 300 millones de dólares (poco más de 1 billón de pesos) para una escuadra de supremacía aérea entre 20 y 25 aviones. La pregunta que salta a la vista es si es necesario un cambio en la flota de defensa aérea en un momento de crisis económica, con alta tasa de desempleo y siendo Colombia uno de los países más desiguales del subcontinente latinoamericano.

Además, debe considerarse la denuncia de la Contraloría General de la Nación por supuesto detrimento patrimonial en las compras del Ejército Nacional. De acuerdo con el ente de control, se hallaron múltiples irregularidades en la contratación que realiza el Ejército lo que puede significar un detrimento al patrimonio de la nación de 3.740 millones de pesos en varias unidades militares, particularmente, en la Cuarta Brigada con sede en Antioquia. Esta noticia deja entrever que existen sobrecostos en la reparación de componentes de asalto aéreo; presuntos pagos excesivos de kits para soldados y beneficios para el proveedor de combustibles. Así las cosas, ¿qué debe esperarse de la licitación que se abrió para la compra de la escuadra de supremacía aérea? También debe considerarse que la nueva flota no sólo es un asunto económico, sino también geopolítico ya que afecta directamente la seguridad del país.

Con esto en la retina, la FAC cuenta con tres opciones para remplazar a los Kfir. La primera de ellas, por supuesto, es promovida por el gobierno de los Estados Unidos que ha ofrecido el nuevo F-16 Block 70, el cual según los expertos cuenta con un nuevo motor, más capaz y de menor consumo con electrónica proveniente del programa F-35. La segunda propuesta de la empresa sueca Saab es un avión Gripen NG que ofrece costos de mantenimiento reducidos e integra el misil europeo Meteor. Finalmente, el tercer proponente es europeo en particular el Ejercito del Aire Español que ofreció el Eurofighter, un avión con dos motores, hecho que podría aumentar los costos de adquisición y mantenimiento, pero que otorga un salto cualitativo en tecnología militar. Según se pudo establecer, el Ejército colombiano inició una licitación para adquirir el nuevo escuadrón aéreo, haciendo la salvedad que los pilotos consideraron que los F-16 norteamericanos tienen una tecnología menor y que de hecho se consideran “están de salida” en las nuevas dinámicas de defensa.

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Desde esta perspectiva, la mejor opción sería los Gripen NG de fabricación sueca (que, dicho sea de paso, hacen parte de la fuerza aérea brasilera) por costos y por la inclusión del misil de defensa. No obstante, para nadie es un secreto que la primera opción la tienen los aviones estadounidenses, los cuales en comparación a los otros proponentes tienen una tecnología rezagada. En este escenario, se observa la relación de lealtad subordinada que ha tenido el gobierno y ejército de Colombia para con las directrices de los Estados Unidos. En efecto, la “lucha contra el narcotráfico y el terrorismo” ha sido el relato para justificar una serie de violaciones e injerencias al territorio nacional que serán reafirmadas con la compra de los aviones. Para la Casa Blanca, Colombia ha sido el más fiel de sus vasallos, y esto se confirma década tras década por los intentos de acercar a Bogotá a una de las alianzas más anacrónicas del mundo: La OTAN. De esa manera, el hecho de que la defensa aérea dependa de los Estados Unidos es un capítulo más de una relación de dependencia asimétrica que cuenta con la complicidad de las élites colombianas.

Hilando más fino nos encontramos en un escenario verdaderamente complejo pues, ¿la renovación del escuadrón aéreo no es acaso una forma de alertar al mundo sobre una posible e innecesaria confrontación con la República Bolivariana de Venezuela? La supuesta asistencia técnica a la que estaría supeditada Colombia en caso de adquirir los aviones norteamericanos sería una excusa ideal para orquestar, desde territorio nacional, un golpe de Estado en contra del gobierno de Nicolás Maduro. No debe perderse de vista que ese es el modus operandi de los Estados Unidos: lanzar un golpe militar lo más popular posible con el fin de adquirir visibilidad positiva. Lo hizo Obama con la operación que acabó con la vida de Osama Bin Laden y no sabemos si Biden estaría dispuesto a derrocar a Maduro si ello significa réditos políticos y un baño de popularidad. No obstante, las consecuencias para América Latina serían siniestras y el hecho de que Colombia pueda ser cómplice de una intervención de estas proporciones es bastante preocupante.

En consecuencia, como se ha mencionado con antelación, la compra de aviones no es sólo un asunto económico sino del ámbito de la seguridad. Si bien podría argumentarse que en una sociedad tan desigual como la colombiana se inviertan cifras astronómicas para la guerra puede ser un despropósito; el hecho de que el vendedor tenga intereses involucrados en la región puede resultar altamente peligroso si se observa el panorama en general. Como hemos mencionado ya en otras oportunidades, el objetivo inicial de la política exterior estadounidense en América Latina es crear un ambiente disociador capaz de enemistar naciones históricamente emparentadas. No hay que escatimar en el asunto de que una flota aérea puede crear dependencia en diversas figuras: desde la asistencia técnica a la influencia de la estrategia de combate y defensa. Por esa razón, el tradicional servilismo de la élite colombiana puede traer consecuencias nefastas para la seguridad en América Latina.

Un rápido panorama de los aviones de combate en el continente da cuenta de la posición y los intereses involucrados: En el caso argentino se habla de una situación crítica en materia de defensa aérea al punto que un avión de negocios puede superar la velocidad promedio de los aviones de su fuerza aérea, lo que ha repercutido en el control del espacio nacional. El caso mexicano es similar al de Colombia pues se encuentra entre tres opciones para la sustitución de su escuadrón aéreo. En cuanto a Perú se ha hablado de la adquisición de un caza multipropósito y una baraja de opciones para la renovación de su flota que incluye básicamente modelos europeos. Para terminar esta breve radiografía está la flota de aviones chilenos compuesta por F-16 y F-5 Tigre III que se encuentra consolidada, sumada a la llegada de aviones Gripen a Brasil. Este escenario nos permite dar cuenta que son varios los países latinoamericanos que se hallan en proceso de renovación, pero más allá de eso debe verse el sentido estratégico implementado desde el Pentágono que buscará a toda costa vender su tecnología, creando un círculo de dependencia. Ya está la flota chilena a la que seguramente se sumará la colombiana y de ahí podrían venir otras como la peruana y la paraguaya. El hecho de que la compra de los aviones se haga bajo el auspicio de Washington puede, por una parte, minar la confianza y unidad con las naciones vecinas y, por otra, evitar que el país tenga su propio criterio en materia de política de defensa.

Diciembre 2.020