La necesidad de una nueva Constitución para Chile se debe al hecho de que la actualmente vigente ha impuesto por la fuerza un modelo neoliberal del que se ha desprendido una estructura social, política, económica y cultural que privilegia a pocos y excluye a las mayorías. Es así como se ha desmantelado el Estado; se han desregulado los servicios públicos; se han mercantilizado los bienes que son comunes; y se ha dado prioridad a la concentración de la riqueza en manos del 1% de la población. De esta forma, el poder es ejercido para acallar, marginar y aplastar a los más débiles y que son la mayoría. En consecuencia, la sociedad chilena no es democrática, puesto que la democracia se establece en base a la igualdad y la participación, categorías inexistentes en el país.

En 1979, Jaime Guzmán planteó el núcleo de la Constitución que nos rige hasta hoy y que urge cambiar: “en vez de gobernar para hacer, en mayor o menor medida, lo que los adversarios quieren, resulta preferible contribuir a crear una realidad que reclame de todo el que gobierne una sujeción a las exigencias propias de ésta. Es decir, que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella, sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario”. (1)

La Concertación aceptó esta fórmula, así como también se han sometido a los dictámenes de la oligarquía los dirigentes de partidos que firmaron el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. (15-11-2019). Allí aceptaron el quórum de 2/3 para la aprobación de mociones en el órgano redactor de la nueva Carta Fundamental otorgando poder de veto a la derecha; tampoco se podrían abordar las leyes orgánicas constitucionales, ni los TLCs firmados por Chile. Se buscaría así una nueva Constitución “consensuada”, de tal manera de prolongar el modelo. Es un hecho que la dirigencia política opositora tomó una representatividad popular que no ha ganado, lo que se ha sumado a haber contribuido a salvar la institucionalidad vigente al haber negociado con el gobierno aún en medio de su desprestigio. (2)

Las organizaciones populares deben tomar conciencia de los riesgos que esto implica y mantener y profundizar sus propios planteamientos. Favorecería a ello que en el plebiscito del 25 de octubre las opciones APRUEBO y CONVENCION CONSTITUCIONAL logren obtener una mayoría amplia e indiscutible. Además, se debe continuar el debate público y el análisis teórico sobre el contenido y significado de una nueva Constitución democrática.

Lo anterior se explica porque, en la “transición a la democracia”, la Concertación negoció con la derecha allanándole el camino del veto a las demandas populares al facilitarle la mayoría parlamentaria en la reforma constitucional de 1989. También privatizó el 70% de la gran minería del cobre. Legitimó la ley de amnistía de 1978. Posibilitó la disminución de penas a violadores de derechos humanos en 1990, 1991, 1993, 1995, 1996, 1999, 2003, 2003, 2007 y en años posteriores. Fueron designados diplomáticos y agregados militares vinculados a violaciones de derechos humanos. Habiendo sido detenido y sometido a juicio en Londres, Pinochet fue defendido y devuelto al país. Fueron aceptadas e incrementadas las privatizaciones. Se firmaron TLCs sin información pública. Se ha mantenido un sistema tributario que ha permitido la elusión tributaria a las grandes fortunas. Fueron destruidos todos los medios informativos que habían sido contrarios a Pinochet, además de haberse “neutralizado” el Canal Nacional de Televisión, privatizado el Canal 9 e impedido la reapertura del diario “Clarín”. Etc…, etc…, ete…(3).

La “suma” de las negociaciones de espaldas al pueblo entre los dirigentes de la Concertación, el gran empresariado y el alto mando de las FFAA, bajo la tuición del imperialismo norteamericano y atemorizados por el poder que habían adquirido las organizaciones populares, ha desembocado en el “estallido social”, después de innumerables llamados de los trabajadores frente a los bajos salarios e inestabilidad laboral, de los estudiantes secundarios en 2006, de los estudiantes universitarios en 2011, del movimiento No+AFP, de los jóvenes que no estudian ni trabajan, de los “allegados” y pobladores en “tomas de terrenos”, de familias acosadas por bandas de narcos en concomitancia con las policías, de las víctimas del SENAME, etc…, etc…, etc.

Todo lo que Chile ha vivido desde el golpe de Estado de 1973 ha sido violento, pues no han existido garantías de los derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad personal debido a que “el individualismo asocial que predomina en la sociedad ha dañado profundamente la convivencia, porque niega algo constitutivo y constituyente del ser humano”. (4) Este daño lo ratifica el “Mapa de violaciones de Derechos Humanos” del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) (16-10-2020): han sido presentadas 2.520 querellas en el país, por violaciones a los derechos humanos desde octubre del año pasado. De éstas, 2.340 son contra de carabineros. 97 contra el ejército. 34 contra la PDI. 49 contra otros. De todas las querellas, sólo hay 31 formalizadas y 72 funcionarios imputados. Hay 1.730 querellas por apremios ilegítimos. 460 querellas por tortura. 101 querellas por violencia innecesaria. 81 querellas por abusos. De las víctimas, 1.810 son hombres. 621 son mujeres. 336 son niños y adolescentes. 132 son niñas y adolescentes. 110 de las víctimas han sufrido traumas oculares. De estas, 21 han padecido estallido del globo ocular. 32 han perdido la visión por trauma ocular irreversible. El INDH ha pedido al Estado que responda con la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. La respuesta ha sido la continuación de la represión.

Por su parte, la oficina para América Latina de Amnistía Internacional ha publicado un informe que contempla sólo el período entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre de 2019: “Ojos sobre Chile: violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social”. En él formula acusaciones al Director, Subdirector y Director de Orden y Seguridad de Carabineros por “responsabilidad deliberada o culposa por negligencia reiterada”. Ello, debido a que tras las acusaciones de violaciones a los derechos humanos de parte de Carabineros, las autoridades de la Institución han mostrado ausencia de sanciones disciplinarias; han recibido apoyo del gobierno para permanecer en los cargos, lo cual ha alentado la repetición de los delitos debido a la impunidad imperante. Por tanto, los hechos deben ser dilucidados por la justicia porque se han violado los derechos humanos para desalentar la protesta social, lo cual constituye un patrón de conducta constante e histórico. El Informe agrega que “existe constancia de que oficiales de Carabineros ejercieron fuerza física deliberada, desproporcionada y sin necesidad, con bastones, puñetazos y patadas, incluso cuando las personas estaban bajo custodia del Estado”. Usaron balines de goma y metal que penetraban la piel y se dispersaban al disparo. Detonaron más de 104.000 cartuchos. Dispararon a la cabeza y el tórax, dejando cientos de lesiones oculares, además de lanzar gas lacrimógeno en forma desproporcionada.

En este contexto resulta indiscutible la necesidad de que Chile pueda contar con un marco ético que abra las puertas a la superación de una “cultura del descarte” que no es otra cosa sino un atentado contra la humanidad, puesto que no hay respeto por la dignidad de la vida humana al estar negados los derechos básicos universales, subordinados a una ideología reduccionista de la persona, vivenciada bajo un poder y control absoluto. (5) Porque el respeto a los derechos humanos, de acuerdo a las palabras del Papa Francisco, es una condición indispensable para el desarrollo integral, lo cual no es posible en “un modelo económico basado en las ganancias, y que no duda en explotar, descartar e incluso matar al hombre”. (6) Y agrega en el mismo documento como si estuviera mirando expresamente a los gobernantes y al gran empresariado de Chile: “El mercado solo no resuelve todo (…) Se trata de un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presente. (…) La especulación financiera con la ganancia fácil como fin fundamental sigue causando estragos. (…) La fragilidad de los sistemas mundiales frente a las pandemias ha evidenciado que no todo se resuelve con la libertad de mercado (…) pues se requiere rehabilitar una sana política que no esté sometida al dictado de las finanzas (…) y volver a llevar la dignidad humana al centro y que sobre ese pilar se construyan las estructuras sociales alternativas que necesitamos”. (7)

Este debe ser el eje del proceso constitucional para la elaboración de una Constitución que establezca valores éticos de tal manera que la violencia institucionalizada no continúe en la actual forma, tanto abierta como solapada, despreciando al “diferente” cuando sus reclamos perjudican los intereses de quienes detentan el poder, porque el poder debe estar distribuido.

Santiago de Chile, 20 de octubre de 2020.

Notas

1. Guzmán Jaime, “El camino político”. (Texto fotocopiado de revista “Realidad”, publicación del movimiento gremialista).

2. Acuña, Manuel, Fundación Clotario Blest, artículo inédito (14-9-20).

3. Cfr: Portales, Felipe, “Chile: una democracia tutelada”. (Ed. Sudamericana, Santiago de Chile, 2.000. También en diversos artículos de prensa nunca desmentidos).

4. Mifsud, Tony, “La pandemia, como una oportunidad”, en “Mensaje” Nº 689, junio de 2020, pág. 17, Santiago de Chile.

5. Cfr: Discurso del Papa Francisco en la 75º Asamblea General de Naciones Unidas, 2020.

6. Francisco, encíclica “Fratelli tutti” (Sobre la fraternidad y amistad social), Roma, 4-10-20, párr. 22.

7. Francisco, op. cit., párr. 168.

8. Fuente: El Ciudadano (Chile)