El sociólogo Patrick Champagne ya hablaba, hace 30 años, de estos «consejales en comunicación política» que ayudan en organizar y poner en escena, como un espectáculo, [el] movimiento de protesta, para que tenga un "impacto" máximum sobre la "opinión" »¹. Si nos hemos acostumbrados a una teatralización omnipresente en nuestros paisajes mediáticos, se hace necesario investigar de manera sistemática quienes son los actores suceptibles de cumplir tal papel en cada movilización, y lo que contribuyen a esconder e incentivar².

A través de lo sucedido a finales del año 2019 en Bolivia en torno a las elecciones generales del 20 de octubre y de la sospecha de un fraude «masivo»³ tras la suspensión «dudosa» del sistema de conteo rápido de votos⁴, nos proponemos volver sobre el fenómeno social y mediático que desembocó sobre el derrocamiento del presidente Evo Morales en su tentativa de brindar - bajo la nueva Constitución de 2009 - un tercer mandato formalmente anticonstitucional⁵, y eso a pesar del resultado del referendum del 21 de febrero de 2016 que le había dado por un estrecho margen un «no» a su posible cuarta candidatura⁶. Tal fenómeno, llevado a cabo en las calles por la dicha «revolución de las Pititas» en apariencia «pacífica» y «apolítica», a favor de la «democracia» y contra la «dictadura», se encuentra en realidad nutrido por precedentes históricos corporatistas, violentos y racistas cuales alcanzaron en 2019 a conseguir una legitimidad que hizo pasar el Movimiento al Socialismo (MAS) – que obtubo un 47% de las votaciones, según el conteo oficial – del estatuto del adversario político a combatir a él del enemigo a eliminar.

1. El Comité Pro Santa Cruz y la Unión Juvenil Cruzeñista : el par de sombra de las « Pititas ».

Si bien por un lado «diferencias [aparecian] cada vez más evidentes entre el modelo desarrollista adoptado por Evo Morales y él defendido por las organizaciones autóctonas»⁷, y que por otro lado unas clases medias urbanas nunca se habían sentido realmente defendidas por su gobierno, la oposición más peligrosa por el MAS seguía la región de la «Medialuna» y en particular el departamento de Santa Cruz cual comité cívico⁸, el Comité Pro Santa Cruz, es «el más poderoso de todos en capacidad de movilización popular y de lobbying»⁹.

La Unión Juvenil Cruceñista (UJC), agrupación autónoma de extrema derecha creada en 1957 y considerada como paramilitar por la Federación Internacional de Derechos Humanos, fue concebida como el «brazo armado del Comité Pro Santa Cruz, encargado de la lucha de calle, del endoctrinamiento popular y del apoyo militar al Comit黹⁰. Su filosofía se arraiga en una larga tradición colonial, racista y fascista contra los pueblos indígenas y a favor de los intereses de una oligarquía blanca, exportadora y separatista conocida, entre otro, por sus malversaciones en término de evasión fiscal. En unos videos publicados por la misma UJC, se puede apreciar el tipo de pronunciamiento del grupo a favor de la « democracia » y contra la « dictadura » de Evo Morales¹¹, dicotomía igualmente empleada por el movimiento « pacífico » de las autonombradas « Pititas » que manifestaron en las calles contra el gobierno del MAS.

Luis Fernando Camacho, actual candidato a la presidencia, es un emprendedor y millonario cruceño quien dirigía hasta recientemente el Comité Pro Santa Cruz después de haber sido un tiempo vice-presidente de la Unión Juvenil Cruceñista. Tubo un rol determinante en los eventos de octubre y noviembre por su habilitad a movilizar las masas en grandes cabildos y su aptitud a teatralizar sus acciones. Intentó varias veces llegar a La Paz con una carta de renuncia para hacerla firmar al presidente Evo Morales y entró en el palacio presidencial el 10 de noviembre con una Biblia en mano, símbolo sujeto a polémicas – al igual que los retiros de escudos y las quemas de Wiphala, la bandera indígena, por parte de unos policías amotinados – y que la presidenta interina Jeanine Añez usaría de la misma manera como signo de « esperanza »¹².

Pero retrocedemos. En 2006 en Santa Cruz, los grupos de choque de la juventud cruceñista « circulaban en las calles y saqueaban los negocios de los propietarios que no respetaban el paro cívico [contra el gobierno de Morales] y linchaban unos militantes del MAS » mientras « los dirigentes regionalistas […] demostraban un cierto laxismo respecto al activismo violento y racista de unas de sus bases »¹³. Con tales antecedentes, se podría entender porque la oposición radical a Evo Morales tuvo que trabajar positivamente su imagen, aprovechándose de un movimiento « no violento » para disimular o por lo menos matizar la virulencia de semejantes acciones que no tardaron a reproducirse en 2019¹⁴. Como bien lo destaca Renaud Lambert, gracias al movimiento de las « Pititas », la oposición encuentra « un nuevo ángulo de ataque: no denunciará más el "Indio analfabeto" o el "comunista", sino más bien el "dictador" que se arraiga al poder. Abordará las elecciones generales de 2019 no apelando a ganar contra un adversario, sino a echar un "dictador" »¹⁵. Sin embargo, la reivindicación de la « democracia » por parte de los comités cívicos no es nueva ya que en 2007, en medio de disturbios perpetrados por la oposición, ya se trataba de imponer en los medios la dicotomía « por la democracia » y « contra la dictadura de Evo Morales »¹⁶.

En este momento, más de un millón de personas se habían reunido en El Alto en julio de 2007 en apoyo al gobierno de Evo Morales y la tentativa de desestabilización había fracasado. Era demasiado temprano para acusar de « dictadura » un gobierno recientemente electo con un 53,7% de los votos en primera vuelta. Además de subrayar la misma dicotomía maniquea, estos ejemplos demuestran la realidad de unos modos operativos muy similares a los que ocurrieron en 2019 y que los medios dominantes no mostraron, disminuyeron o presentaron como legítimos.

Asimismo, el storytelling de las « Pititas » funciona como máquina discursiva para invisibilizar actos indeseables como para justificar lo visible. Según el mismo efecto de polarización, y bajo la excusa de una reacción ciudadana adecuada al autoritarismo del gobierno y la presencia de sus grupos de choque, se pudo presentar la quema de los Tribunales electorales y los numerosos saqueos, incentivados por el mismo Luis Fernando Camacho¹⁷ (impidiendo de paso la posibilidad de llevar a cabo una investigación completa sobre el sospecho de fraude) como un gesto comprensible de rabia popular. Asimismo, minorizando o ignorando los innumerables testimonios de agresiones perpetuados por los cívicos, en particular en la área rural, igual que la represión a la prensa independiente o afiliada al oficialismo, se pudo incentivar en los medios sobre los casos convenientes por el movimiento destituyente (por ejemplo la quema de la casa del rector de la UMSA Waldo Albarracín) y evacuar de las pantallas la realidad de los saqueos y quemas de domicilios de afiliados al MAS¹⁸, las amenazas que sufrieron ellos y sus familiares, en particular el día mismo de la renuncia de Evo Morales, perpetrando tras estos actos de terror las renuncias en cadena de partidarios al gobierno. La campaña de persecución a unos militantes y funcionarios que armó el gobierno « de transición », apoyada sobre grupos de choque cívicos y con la complicidad de los grandes medios, se inscribió en esta lógica autojustificadora aparentemente sin límites que pudo hasta legitimar la dramaturgia de maniobras reveladoras de estrechos vínculos entre fuerzas de policía, fuerzas armadas y comités cívicos¹⁹.

2. De la negación del conflicto a la criminalización del enemigo

Como bien lo destacan Angélique del Rey y Miguel Benasayag en su libro Elogio del conflicto, « lejos de ser pacificadas, las sociedades contemporáneas que se niegan a considerar el conflicto quedan cargadas de una violencia – fria o caliente – extrema y sin límites »²⁰. De hecho, como no vislumbrar en ellas, destacan los autores, « un ahogamiento del conflicto que implique una desvitalización del tejido social, el olvido de este anclaje determinante en los conflictos orgánicos a la sociedad, constituyendo el principio mismo de su evolución »²¹. En este sentido, « según la ideología dominante de nuestras sociedades disciplinarias, solo un loco puede querer la guerra »²² mientras « en gran mayoría de las culturas, el guerrero fue una imagen central de la sociedad, incomparable con la actual hipocresía que articula sin dilema la industria prospera del armamento y el prestigio del uniforme con discursos lenificantes sobre la investigación del fin de los conflictos armados »²³.

De esta manera, es interesante observar el desplazamiento significativo en la percepción de un ethos guerrero indígena (en particular Aymara), históricamente condenado por los gobiernos coloniales y neocoloniales, luego valorado en el 2003 en la época de la asunción de Evo Morales y determinante en la conformación del MAS, y nuevamente criminalizado durante los acontecimientos de 2019.

Otra vez, retrocedemos. 20 de septiembre de 2003. Varios sectores de la población se movilizan contra el plan de privatización del gas que el entonces presidente Sánchez de Lozada quiere vender a Chile. En un contexto particularmente represivo, « los combativos Aymaras de Achacachi publican un manifiesto anunciando la constitución de un alto comando de la resistencia civil, sostenido por una maquina de guerra indígena potente […] por su capacidad en apoyarse sobre las estructuras sindicalistas y comunitarias que encuadran la vida rural del Altiplano. El objetivo consiste en preparar bloqueos de calle para, progresivamente, llegar a cercar el gobierno »²⁴. Ahí, los militares y los campesinos libran duras batallas para el control de las rutas, los campesinos adoptan el lema « Bloquear sin ser masacrados » y así, « los principales ejes de transporte se encuentran cubiertos de piedras sobre kilómetros [mientras] la consigna aymara "Ahora sí, guerra civil" llega hasta El Alto [donde] las juntas vecinales se unen al conflicto, anunciando, el 8 de octubre, una guerra cívica ilimitada »²⁵.

De ser los héroes de una revolución – incluso según la opinión de muchos ciudadanos de clase media en el entonces solidarios de esta lucha contra el gobierno represor de Sánchez de Lozada –, los mismos tipos de actores y sus prácticas pasaron a ser « hordas del MAS » en el marco del storytelling « democracia » contra « dictadura » que, después de que asumiera el gobierno « de transición », se transformó en la consigna de « pacificación » contra el « terrorismo ». El grito de los diversos sectores movilizados que llegaron para protestar contra lo que calificaban de golpe de Estado y bajo el mismo lema « Ahora sí, guerra civil »²⁶ al cual se había sumado « Evo no estás solo carajo »²⁷ fueron ignorados o descritos, implícitamente o explícitamente, como salvajes fanáticos y antidemocráticos por los principales medios televisivos²⁸. Ahí se negaba la conflictiva histórica de las luchas indígenas²⁹ cuales métodos de resistencia armada ocurrieron solamente en unos momentos determinados de la historia (y con manifiesto desequilibro de fuerzas)³⁰ y cuales métodos de lucha tradicionales, mayoritariamente pacíficos, como los bloqueos y los cercos³¹, fueron empleados nuevamente en 2019. Estos últimos han sido calificados por el ministro de gobierno Arturo Murillo de « crimen de lesa-humanidad »³², expresión habitualmente empleada en la región para describir los casos de tortura y los genocidios perpetrados durante las dictaduras cívico-militares latino-americanas.

Cabe destacar que tal marco de interpretación fue, entre otro, permitido por las previas conductas del principal opositor a Evo Morales, Carlos Mesa, quien se sumó, con el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE, poco a poco minorizado por el creciente protagonismo de Luis Fernando Camacho) a la amplia Coordinadora de Defensa de la Democracia³³ asegurando ante las cámaras, con un impecable estilo diplomático y mientras había durante dos semanas incentivado las movilizaciones de calle, que no había sucedido ningún golpe de Estado sino una « verdadera primavera boliviana democrática »³⁴.

3. Sacaba, Senkata, de 2002 y 2003 a 2019: mismas masacres, distinta recepción

Damos por última vez una vuelta por unos antecedentes en las mismas zonas de Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba) donde ocurrieron las masacres de 2019 que elevaron, sumado al resultado de la represión en otras regiones, el saldo de víctimas bajo el gobierno « de transición » a 37 muertos y 500 heridos³⁵. Los acontecimientos del 10 de octubre de 2003 son elocuentes de semejanza con lo sucedido en el 2019, salvo en sus resultados : en Senkata, el gobierno de Sánchez de Lozada mandaba, dieciséis años antes y al igual que el gobierno de Jeanine Añez, los militares para liberar el paso de camiones cisternas paralizados por los bloqueadores. Pero la operación se soldó en el entonces por un fracaso para el gobierno y desembocó sobre la renuncia del presidente³⁶.

Los atropellos de Senkata el 19 de noviembre 2019 se concluyen por un fracaso para los movilizados y una desgracia mediática por las nueve víctimas : el bloqueo está levantado en la sangre y los camiones-cisternas, al igual que el reaprovisionamiento en comida, terminan yendo a la capital con la aprobación de la mayoría de la población urbana que se sentirá liberada por la policía y los militares de esos « maleantes asesinos » así presentados desde el gobierno y en los principales medios de comunicación.

En término de semejanza en el discurso, retomamos este otro evento sucedido 17 años atrás:

«El 15 de enero de 2002, una manifestación de cocaleros en Sacaba, cerca de Cochabamba, encuentra una salida en un enfrentamiento sangriento entre policías y militares por un lado, y cocaleros por otro lado. Este conflicto que duro 4 días se acaba con un resultado de 9 víctimas: 5 campesinos, 3 soldados y un policía. Numerosos cocaleros, acusados de « sedición » y « asesinato », están presos. En este contexto, el clima anti-cocalero se vuelve pesado. Un editorial del periódico La Prensa (La Paz, 19 de febrero de 2002) presenta informes de los servicios secretos relativos a la presencia en Sacaba de « franco-tiradores extranjeros » (supuestamente colombianos), haciendo recordar los frecuentes viajes en Cuba de Evo Morales. A la mañana, otro editorial del mismo periódico vuelve sobre la orientación « sediciosa » de un movimiento cocalero infiltrado por « terroristas », asi que también sobre la necesidad de « neutralizar Evo Morales ». Unos días después del conflicto en Sacaba, la sede de la federación cocalera del trópico [en Cochabamba] es asaltada por una unidad policiaca de choque. Una centena de campesinos es arrestado, entre los cuales 21 dirigentes. Mientras tanto, las autoridades exigen la interrupción de la radio cocalera Soberania que emite desde el Chapare ».³⁷

Como en 2002, se denunció en 2019 una injerencia extranjera, planteo que se sostubo entre otro gracias a una puesta en escena organizada y defendida ante los medios por el mismo ministro de gobierno Arturo Murillo³⁸. Como en 2002, los ministros Roxana Lizarraga y Arturo Murillo emplearon las palabras « sedición » y « terrorismo » para calificar los métodos de movilización campesinos e indígenas. Tales formulas llevaron a ratificar el entonces polémico decreto Supremo 4078 que permitió a las Fuerzas Armadas de actuar en total impunidad. Los comentadores más opuestos al ex-gobierno de Evo Morales, como Carlos Valverde, no dudaron en expresarse con énfasis en sus propios medios privados a favor del gobierno « de transición » y de sus métodos³⁹.

Como bien lo relata Peter Gelderloos, « el Estado no es cosa pasiva. Si quiere reprimir un movimiento o una organización, no espera tener una excusa para hacerlo ; la inventa ». Durante una « campaña general de desinformación del FBI cual objetivo era facilitar el encarcelamiento y el asesinato, sin impunidad, a varios activistas y militantes », el mismo FBI « afirmó que no era "necesario que existiesen hechos para justificar cargos. El repudio [en los medios] pudiendo cumplirse sin hechos para justificarlo" »⁴⁰. Al inventar y manipular⁴¹, y más allá de unos esfuerzos de parte de la comunidad, de militantes o de unos medios para desmentir los relatos oficiales y llevar adelante pruebas⁴², se pudo diabolizar, en un pronunciamiento del ministro de defensa Luis Fernando López tras los acontecimientos ocurridos en Senkata, a un enemigo calificado como « hordas » dedicadas al « vandalismo », que había « decidido ir por el camino de la violencia », que recibía « dinero » y « alcohol » de fuentes oscuras, acusado de querer propiciar lo peor de los actos criminales (un « atentado a la planta de gas de Senkata » que podría matar centenas de personas)⁴³ mientras en la acción represiva (de la cual el ministro reconocía en aquel momento tres muertos) no se había dado ningún disparo por parte de las Fuerzas Armadas (« del ejército no salió ni uno proyectil »)⁴⁴. Como lo destacan Angelique del Rey y Miguel Benasayag,

Esta utilización por el poder de la amenaza terrorista (real o imaginaria) manifiesta la articulación de la realidad de la guerra a la emergencia del « biopoder », forma avanzada del poder disciplinario en la « gestión de las poblaciones » que había analizado Michel Foucault […] Los enemigos no son más percibidos como adversarios políticos sino como peligros (externos o internos) por la población » así que, según el argumento de « la preservación de la salud de los cuerpos », « el biopoder produce hoy guerras presentadas como operaciones de seguridad, casi guerras sanitarias […] La sociedad (oír « el mundo civilizado ») estaría amenazado por organismos « patógenos » a «erradicar» y los métodos requeridos para defenderla estarían justificados con antelación, pues no hay mas dos partidos en conflicto (lo que significaría dos razones de ser opuestas) sino una población a gestionar y agentes patógenos a destruir⁴⁵.

Conclusion

Si muchas veces los actores de los movimientos sociales, y hasta candidatos funcionales al sistema capitalista neoliberal, se animaron a hacer su « revolución »⁴⁶, queda bien imposible concluir que cada movimiento que la reivindique al implicar « el pueblo », o más bien parte de él, responda en algo « revolucionario » con la virtud anunciada.

Igual, aunque siempre hubo en los movimientos sociales procesos de « framing » - esta manera de crear un « marco » para definir las reivindicaciones -, sus objetivos reales, la coherencia en la manera de conseguirlos y al fin y al cabo sus resultados efectivos, quedarán a la apreciación de la historia, del pueblo (entero) y del público de su puesta en escena mitificada⁴⁷.

Lo acontecido en Bolivia en 2019 se inscribe en una tendencia a la criminalización de los movimientos sociales o, mejor dicho en este caso, a la criminalización desde una movilización ciudadana y cívica hacía un gobierno (y a sus partidarios y apoyos) construido históricamente desde movimientos sociales obreros, campesinos y populares. De semejante consideración resulta los siguientes dos efectos paralelos : por un lado, la descalificación y el aislamiento de un movimiento político de centro izquierda, de sus militantes y de casi la mitad de la población que lo había votado, mayoritariamente popular, urbana periférica o campesina, por una otra franja de la población, mayoritariamente urbana céntrica, de clase media y privilegiada, aliada de unos sectores populares « desilusionados » ; por otro lado, una recuperación, tras un vaciamiento de su contenido político « socialista », de un repertorio de valores, temáticas y técnicas de movilización⁴⁸ de tradición popular o de izquierda que pudo, envuelta de una actitud « rebelde » y de una postura « apolítica », inspirar un abanico de sensibilidades muy diversas que van, pasando por unos sectores minoritarios de la izquierda⁴⁹, de franjas sensibles a una derecha liberal o neoliberal hasta más conservadora y neofascista.

Mientras en 2020 el ministro del gobierno “de transición” Arturo Murillo multiplicó por dieciocho el gasto en armas para la policía, elevándolo a 15,25 millones de dólares⁵⁰, y que los militantes del MAS como su candidato Lui Arce son respectivamente las principales víctimas de numerosas violencias o de impedimento a presentarse a las elecciones del 18 de octubre, está permitido preocuparse seriamente de las consecuencias de tales procesos de banalización de la criminalización de los adversarios transformados en enemigo de la democracia y frente a los cuales se justifican las peores maniobras políticas.

- Baptiste Mongis es Doctorant en sociología, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 (IHEAL – CREDA / UMR 7227 – ED 122). Universidad Nacional San Martin (UNSAM / IDAES)