El militarismo permea buena parte de la sociedad estadounidense bajo el influjo acumulado de su permanente despliegue bélico por todo el planeta.

El tema de la militarización y de los recursos asignados a los servicios policiacos en Estados Unidos ha recibido alguna mayor atención en el marco de las protestas contra la brutalidad racista de la que hacen gala muchos de esos cuerpos supuestamente destinados a garantizar la seguridad ciudadana.

Al alcanzar prominencia esos temas, se denuncia también el escandaloso aumento de las asignaciones destinadas a financiar lo que constituye una especie de complejo represivo doméstico, el sofisticado aparataje de control fronterizo, el abusivo sistema de justicia criminal, así como el aumento de los recursos y la privatización del sistema de prisiones.

El brutal asesinato de George Floyd a fines de mayo de 2020 en Minneapolis no es sino un momento dramático de una secuencia de asesinatos similares de ciudadanos afroamericanos a manos de la policía acaecidos de manera repetida durante años.

Un asesinato similar, ocurrido en el estado de Missouri en 2015, y bajo la presidencia de Obama, dio origen a un nuevo movimiento nacional conocido como Black Lives Matter (Las vidas de los negros importan) que logró el apoyo no solo de las poblaciones negras sino de las agrupaciones progresistas del país y, posteriormente, de algunos sectores políticos liberales.

El grado de impunidad de los perpetradores de esos hechos resulta escandaloso y alimenta la rabia de amplias capas sociales.

La cólera acumulada por años, y la brutalidad ejercida contra Floyd ampliamente visualizada en las redes sociales, ha hecho de estas las más nutridas e impactantes manifestaciones populares efectuadas en Estados Unidos en varios decenios. En ellas hay una participación de jóvenes y personas blancas más allá de la acostumbrada, junto a estadounidenses de muy diferentes orígenes étnicos. Motivaciones éticas, humanistas y solidarias están presentes en esas manifestaciones que han tenido lugar en unos 2 500 ciudades y poblados del país

La cara doméstica de la “guerra al terrorismo”

El uso de la “guerra al terrorismo” con una definición amplia e imprecisa a partir de septiembre de 2001 serviría como justificación adicional del racismo contra negros, musulmanes y latinos. En ese marco se ha redefinido la represión de inmigrantes, y ha llevado indirectamente a la militarización de la frontera con México y de los departamentos locales de policía de todo el país. Estos han sido reforzados con equipos excedentes de las guerras de Iraq y Afganistán, incluyendo tanques y aviones no tripulados.

Según informe del Black Agenda Report, centro de análisis y divulgación con vínculos en las comunidades negras, ha habido un enorme incremento de esas asignaciones, particularmente durante la Administración Obama, que en 2014 llegó a alcanzar $787 millones en armamento bélico para los departamentos de policía locales. El programa 1033 del Pentágono para el suministro de “equipos militares excedentes” desde 1997 ha canalizado armamentos (incluyendo aviones artillados, vehículos blindados y lanza granadas) por el valor de unos $7,400 millones a unas ocho mil agencias locales de aplicación de la ley.

En la mayoría de los estados, en muchas de sus municipalidades, los fondos dedicados a costear las funciones y servicios policiacos consumen más de un tercio de los presupuestos locales, y dejan poco margen para otras prioridades, programas y servicios sociales. En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, el financiamiento de los gastos y las operaciones del departamento de policía cuesta unos $10 mil millones al año; es decir más de lo asignado por el gobierno federal al Centro de Control y prevención de Enfermedades (CDC). A nivel nacional bastante más de $ 100,000 millones se destinan a los servicios policiacos.

Se ha demostrado que la mera posesión de equipos de naturaleza militar ha fomentado en muchos de esos agentes una especie de “cultura bélica” como la que ahora caracteriza a departamentos de policía en muchas ciudades del país los cuales recurren con prontitud y repetidamente a la violencia. En ellas se han conformado unidades especializadas en el uso de Tácticas y Armas Especiales (SWAT), y despliegan sus actividades de rutina con armamento militar supuestamente para acciones antidrogas.

Esa militarización se evidencia también en el tipo de entrenamiento que tales agentes reciben (muchas veces a través de empresas privadas de seguridad), generador de una mentalidad guerrera mediante la cual se llega a percibir a parte del pueblo como el enemigo, generalmente aquellos de los sectores marginales o de las llamadas “minorías de color”.

Esas agencias con funciones asignadas para proveer orden y protección, en la medida que han sido militarizadas, son percibidas y actúan como fuerzas de ocupación en esas comunidades. Sin embargo, actúan como guardianes de la propiedad en las barriadas blancas de clase media.

Un abusivo y vergonzoso sistema de justicia criminal

Existe un sistema de justicia criminal, abrumadoramente integrado por hombres de raza blanca, de marcada parcialidad y duplicidad según consideraciones clasistas y racistas: uno que se aplica a los ciudadanos negros y otro para blancos. Estudios han demostrado la tendencia entre los jueces federales a rechazar, en muy alta proporción y sin más, los casos de discriminación racial puestos a su consideración.

El resultado se manifiesta en las disparidades discriminatorias que atraviesan todos los aspectos de la jurisprudencia estadounidense. En esa institucionalidad inherentemente racista los tribunales desempeñan una función represiva de primera línea. ¿Qué significa pretender ser una nación de derechos cuando la ley es aplicada de manera injusta y desigual?

De ahí la distinción racista que se evidencia en el sistema de prisiones, en todo el sistema judicial corrupto y en el encarcelamiento masivo de ciudadanos negros. Estos constituyen el 40% de la población carcelaria, cuando los afroamericanos son el 13% de los estadounidenses. Unos dos millones y medio de personas permanecen en las cárceles; un aumento de casi un 700% desde 1972, bajo el impulso de la llamada guerra contra la drogas dirigida de manera desproporcionada contra las comunidades de población no-blanca.

Uno de cada cinco reos en el mundo está en una prisión de EE.UU. (según el Pew Research Center on the States). Más de la mitad encarcelados sin haber sido declarados culpable. Por otra parte, más de 7 millones –uno de cada 33 estadunidenses– están bajo supervisión judicial (presos, con libertad condicional, o en un proceso judicial). El costo anual de administrar el sistema penitenciario es aproximadamente de $120 mil millones.

Un factor muy influyente ha sido la multiplicación de prisiones privadas: empresas guiadas por el afán de ganancias, siempre necesitadas de más fuerza de trabajo a la cual explotar. En Estados Unidos el encarcelamiento es un gran negocio.

El ahora analista político y ex subsecretario de Tesoro durante el gobierno de Reagan, Paul Craig Roberts, señala que tales tasas de encarcelamiento se deben a que “el sistema de justicia en EE.UU. es corrupto y en buena medida indiferente respecto a si el acusado es culpable o inocente, lo cual es un problema peor o va más allá del racismo vigente”. Más del 95% de las acusaciones por delitos graves se resuelven mediante negociación (plea bargain), muchas veces bajo coerción a inocentes, sin presentar o poner a prueba la evidencia.

Es un procedimiento de abuso de poder del sistema judicial estadounidense el cual encuentra méritos en forzar a las personas a declararse culpables por delitos que no han cometido con vistas a evitar los gastos de un prolongado juicio y evitarle a amigos y familiares potenciales adeudos y obligaciones financieras.

La militarización de la frontera con México

En los últimos años se ha incrementado sustancialmente la militarización de la frontera entre Estados Unidos y México, tema que también está en el tapete debido al debate en torno al muro fronterizo y la aplicación de medidas anti inmigrantes y de deportaciones del gobierno de Trump. Acciones similares han sido también aplicadas por la administración Obama y sus antecesores, pues en realidad es una política de larga data y bipartidista, aunque de doble rasero dada la necesidad que tiene el país de mano de obra barata y para asumir tareas de segunda categoría.

Estados Unidos ya gasta más dinero para la aplicación de sus medidas migratorias y en la represión fronteriza que el destinado de conjunto para el resto de los demás programas federales de aplicación de la ley. Es uno de los sistemas de vigilancia más militarizados del mundo, integrado por miles de sensores, cámaras de visión nocturna, detectores de movimiento, vigilado por helicópteros y aviones teledirigidos y patrullado por un número récord de 21.000 agentes. Beneficiarios de esa militarización son las grandes productoras de armas y empresas proveedoras de seguridad que, con su gran ascendiente en Washington, impulsan esa política represiva, y obstaculizan otras posibles soluciones al problema migratorio.

ICE (agencia de Aplicación de la leyes de Inmigración y Aduanas) se sostiene con unos $24 mil millones cada año, y es, junto a la Patrulla Fronteriza, una parte del sistema de control migratorio y de las horrendas prácticas de separación de las familias, represión a los migrantes y violaciones de derechos humanos que se aplican. En los últimos 25 años, el cruce a través de la frontera de 3.240 kilómetros entre México y Estados Unidos se ha cobrado la vida de unos 11.500 inmigrantes.

Desde hace décadas ha existido una clara intención de criminalizar al migrante indocumentado. La verborrea insultante de Trump contra los mexicanos ha alimentado en los últimos tiempos las actitudes xenofóbicas de quienes buscan un chivo expiatorio para males que afectan a la sociedad. A ello se suman intereses creados en lo que es un negocio lucrativo. Hay cerca de 250 centros de detención (sean cárceles del condado o centros de mayores dimensiones que gestionan empresas privadas), los cuales actúan con escasa supervisión federal y donde los migrantes son enviados antes de la deportación.

Se ha generado toda una industria en torno a la detención y deportación de inmigrantes, Las compañías carcelarias privadas cobran una media de entre los $122 y los $164 dólares por cada noche que los migrantes pasan detenidos; por tanto, sus ingresos dependen directamente del número de presos y de una mayor permanencia de estos en sus dependencias. Son parte de un entramado de seguridad nacional. Se destacan por sus conexiones políticas y sus donativos electorales para favorecer legislaciones estatales restrictivas de la inmigración o la aplicación de medidas que faciliten la detención y deportación de migrantes.

Esas empresas privadas reciben contratos del gobierno por el diseño, construcción, ampliación y gestión de prisiones y cárceles de detención. Otras por brindar servicios de transporte de presos u otros en nombre de la Oficina Federal de Prisiones, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

Mucha de la militarización fronteriza se mezcla o se escuda en las políticas antinarcóticos y la lucha contra el crimen organizado que refuerzan la militarización de la zona y la presencia a ambos lados de la frontera de agentes de la DEA (Agencia de Control antidrogas), agentes de la CIA y de empresas contratistas privadas de seguridad con personal retirado del Pentágono y otros. Un puesto de vigilancia de este tipo al sur de la frontera con México era caracterizado hace unos años como basado en el modelo de los centros de inteligencia que Estados Unidos operaba en Iraq y Afganistán.

La gallina de los huevos de oro: el gasto militar siempre creciente

Existe un entramado político y socioeconómico interno que nutre y garantiza el permanente crecimiento del gasto militar como uno de los fundamentos de reciclaje del sistema, como elemento contra cíclico y fuente de inmensas ganancias para sus más poderosas corporaciones, con fuerte impacto en los bolsillos y en las mentes de millones de estadounidenses.

De ahí se deriva un importante factor para que políticos de ambos partidos, apoyen estrategias agresivas y defiendan a capa y espada los proyectos y contratos que benefician a sus distritos. Para viabilizar el contubernio, jerarcas de la industria son traídos como directivos en el Pentágono, y viceversa, militares de alto rango son integrados a los directorios de las corporaciones del sector.

Las compañías del Complejo Militar Industrial obtienen ganancias por miles de millones de dólares cada año a partir de generosos contratos con el Pentágono y otras agencias para el desarrollo y producción de armas e implementos bélicos y represivos, así con la venta de armas al exterior.

El total de gastos para fines militares y de seguridad estarían alcanzando cada año más de un millón y medio de millones de dólares, representan casi un 60% del presupuesto anual del país y son de hecho la principal causa del déficit federal.

La parte de ese presupuesto más mencionada es la asignada al Pentágono (contratos para la producción de armas y sostenimiento de las FF.AA., entre otros) – que sobrepasa los $730 mil millones, cada año; equivalentes a casi el 40% de los gastos militares del planeta. Estados Unidos es también el mayor vendedor internacional de armas. Durante la década de 2001-2010, las ganancias de la industria militar casi se cuadruplicaron.

Son reiteradas las informaciones acerca de la falta de control, el libertinaje y la corrupción respecto al manejo de los enormes presupuestos militares, en particular del sistema de adquisiciones y contratos del Pentágono. Parte de ello tiene que ver con el contagio especulativo existente, con Wall Street y sus presiones sobre los ejecutivos para adoptar decisiones diseñadas para impresionar (y sacar ventajas de corto plazo) en los mercados financieros.

Por otro lado, al reportar el total de gastos bélicos del país generalmente se dejan de tomar en cuenta enormes partidas para fines militares adscritos a los presupuestos de otros ministerios y entidades. El Dpto. de Energía paga por las armas nucleares, al Dpto. de Estado se asigna buena parte del costo de los mercenarios y la asistencia militar al exterior; los gastos por las bases militares están manipulados u ocultos en los presupuestos de varios departamentos, mientras que otras dependencias asumen el costoso Programa Espacial o los $243 000 millones de la Administración de Veteranos (costos de pasadas guerras).

Ha habido un aumento brutal de los fondos asignados a las instituciones que forman parte del estado de seguridad nacional estadounidense, como son los $92 000 millones para financiar el Departamento de Seguridad de la Patria (DHS) y los otros asignados al FBI y la agencia antidrogas, entre otros.

Como mencionamos antes el servicio de inmigración y aduanas (ICE) tiene un presupuesto anual de unos $24 000 millones. Dentro del sistema de justicia criminal, solo el costo anual de administrar el sistema penitenciario es aproximadamente de $120 mil millones. Según cálculos modestos más de $ 100,000 millones se destinan a los servicios policiacos.

Algunos expertos señalan que, entrelazado con el Complejo Militar Industrial y con la maquinaria bélica, existe un “entramado permanente militar-industrial de vigilancia y control doméstico” de cuyas maquinaciones y acciones son vulnerables amplios sectores de la población estadounidense.