Introito

Curiosas coincidencias de una semana septembrina: publicación del “informe” elaborado por un grupo técnico sobre Derechos Humanos en Venezuela y la espuria lista de Trump sobre países narcotraficantes, en momentos que Colombia alcanza récord en producción de cocaína y el gobierno uribista ejecuta masacres y represión atroz contra su pueblo. Para colmo, Trump “certifica” al mayor proveedor del mayor mercado consumidor de drogas del mundo, y Pompeo rodea a Venezuela en una visita guerrerista y nada diplomática a los tres países fronterizos que servirían de plataforma a la “Operación Tenaza”. Las encuestas fastidian a Trump que ahora descubrió una veta de oro en el voto derechista venezolano (pero) en USA.

I

Los Derechos Humanos ya no son sólo la lista de derechos reconocidos por las Naciones Unidas en su Declaración del 10 de diciembre de 1948; también la conciencia colectiva ha venido nutriendo este concepto con las exigencias específicas por la necesidad de una vida digna. Se trata, fundamentalmente, de un concepto histórico, como propone el maestro Norberto Bobbio, cuando afirma que “nacen gradualmente, no todos de una vez y para siempre, en determinadas circunstancias, caracterizadas por luchas por la defensa de nuevas libertades contra viejos poderes” [1].

Bobbio identifica dos direcciones en las que el poder, es decir el Estado, debe actuar ante el reclamo de libertades y derechos por parte del ciudadano: una abstencionista y otra intervencionista. Lo explica así: “Nacen cuando deben o pueden nacer ... cuando el aumento del poder del hombre sobre el hombre, que acompaña inevitablemente al progreso técnico, es decir, al progreso de la capacidad del hombre de dominar la naturaleza y a los demás, crea nuevas amenazas a la libertad del individuo o bien descubre nuevos remedios a su indigencia: amenazas que se desactivan con exigencias de límites al poder; remedios que se facilitan con la exigencia de intervenciones protectoras del mismo poder. A las primeras corresponden los derechos de libertad o una abstención del Estado, a los segundos, los derechos sociales o un actuar positivo del Estado” [2].

Pero el balance de los derechos humanos, no es igual para todas las regiones del mundo ni es el mismo en las diferentes etapas vividas desde la Declaración de 1948. Por tierras americanas, en los Estados Unidos, todavía los afrodescendientes son brutalmente reprimidos por tener el atrevimiento de aspirar a que se cumpla el artículo primero de la Declaración. Y qué decir de nuestra América Latina. Chile por ejemplo, pasó de haber sido un país de leyes y derechos desde un siglo antes de la Declaración, a ser un Estado de crimen y terror en tiempos de la Declaración. “Esta República contaba con la existencia de la primera mutual obrera del continente (1847), una constitución política que contó, atípicamente a lo ya tradicional en la región, con más de un siglo de vida (Constitución de Portales, 1830), una de las primeras implantaciones del sufragio universal de América Latina (1844); una enseñanza progresista y eficiente y auténticamente implantada; estatización, desde hace más de treinta años, de áreas económicas vitales; existencia de partidos políticos de todo tipo y fuertes sindicatos obreros” [3].

Pero el intento de ese país de dar un salto cualitativo, en libertad y en democracia, fue truncado de forma violenta por quienes en el mundo se jactan de representar la cultura de los derechos humanos. Es lo que he denominado “la falacia imperialista de los Derechos Humanos”. También bajo la era de la Declaración, Francia, país sede de su firma, y luego Estados Unidos, perpetraron sus horribles matanzas en el sudeste asiático, en pos de llevar por el mundo la civilización occidental, es decir, llevarse al bolsillo del capital transnacional los recursos naturales de esos países.

De esta manera, las grandes potencias imperiales, se encargaron de convertir los treinta artículos de la Declaración Universal, en un extenso cementerio de buenas intenciones. Cuando muchos ciudadanos de esos países desarrollados, alcanzaron aceptables niveles de vida, con amplios sistemas de seguridad social y salarios dignos, las grandes mayorías del mal llamado Tercer Mundo, quedaban relegados a sobrevivir en la más absoluta pobreza, sin servicios básicos de sanidad y educación, y en condiciones laborales, las más de las veces, humillantes. Dicho en palabras del Director General de la UNESCO a la fecha de la firma, Jaime Torres Bodet: “Mientras la mayor parte del género humano viva en el hambre y la injusticia, para morir en la miseria y la ignorancia, el documento que ha sido adoptado en Paris continuará presentándose ante nosotros como un objetivo aún lejano” [4].

Porque, como nos advierte Haro Tecglen: “Estamos, una vez más, ante los peligros de la institucionalización de un impulso. Es algo que se repite frecuentemente en la historia: cuando las capas dominantes de una sociedad dada llegan a verse desbordadas por la fuerza de un impulso popular y son impotentes para luchar abiertamente contra él, lo asumen y lo adoptan y, al mismo tiempo, lo transforman y lo convierten en un instrumento propio que se va haciendo cada vez más ajeno al propósito que inspiró su crecimiento” [5].

Asumimos los derechos humanos, como la utopía por la dignidad colectiva. Utopía irrenunciable que va aparejada a la lucha por la igualdad. Las Declaraciones, Convenciones, Constituciones y Leyes contentivas del reconocimiento de estos Derechos, son el resultado de la lucha de los pueblos por las libertades y la igualdad, y su realización concreta, lo será también por el empuje efectivo de esas luchas. Las conquistas alcanzadas en materia de derechos humanos en diferentes etapas y geografías, no son inamovibles; al contrario, pueden avanzar profundizándose y extendiéndose, o retroceder peligrosamente haciendo reversible su implantación. No es la diversidad cultural propia de la humanidad, la que condiciona un relativismo frente a la universalidad de los derechos humanos; el obstáculo cierto a su universal ejercicio, son las profundas diferencias socioeconómicas que como brechas insalvables, predominan en el actual sistema internacional.

II

La “falacia imperialista de los Derechos Humanos” se hace tan palpable con la actitud de Estados Unidos y sus socios europeos y lacayos suramericanos hacia Venezuela, que bien deberían las academias utilizar este ejemplo para discutir la vigencia y pertinencia del sistema de Naciones Unidas en esta materia fundamental. Un solo país, con obsesión paranoide de hegemonía, declara a otro, vecino, pacífico y amigable, como una “amenaza inusual y extraordinaria”, sometiéndolo a un sinfín de medidas coercitivas unilaterales (“sanciones”) que causan graves daños a la población en general y al funcionamiento de la economía y las instituciones en particular, colocándonos en el límite del estado de necesidad colectivo.

La utilización muy malsana y manipuladora de instancias informales como ONGs y “expertos internacionales”, es una constante en las mamparas estructuradas por el aparato injerencista de Estados Unidos para desacreditar gobiernos no sumisos a sus designios, llegando al extremo de promover golpes de Estado y toda clase de conspiraciones basadas en las actuaciones de esas herramientas ilegítimas. Basta revisar el financiamiento de tales “expertos” y ONGs para saber quién es el amo. Esta mala praxis debilita el Sistema de Naciones Unidas, al que el agónico gobierno de Trump le ha declarado la guerra.

Ya la Cancillería y el Ministerio Público desmontaron con lujo de detalles el mamotreto de “informe” elaborado por mercenarios del tecleo, corta y pega, y presentado con bombos y platillos por la derecha mediática mundial. Pero debe saber la comunidad internacional, no la elitista de dos letras: EEUU-UE; sino la verdadera, la que incluye a todos los alfabetos de todas las naciones, desde el árabe al cirílico y del mandarín al devanagari, que en Venezuela existe un amplio y dinámico movimiento ciudadano por los Derechos Humanos. Muchas de las actuaciones de los organismos del Estado encargadas de la vigilancia y sanción de las violaciones a las libertades y garantías, se activan a partir de la acción preventiva y las denuncias de la comunidad, que es el primer actor en rechazar prácticas abusivas de los cuerpos de seguridad y la burocracia.

Este protagonismo popular fue el que enfrentó al grupo policial que cometió asesinatos contra dos jóvenes comunicadores alternativos en la petrolera ciudad de Cabimas del estado Zulia. La movilización fue inmediata, sin dar margen de impunidad, encarados los responsables con valentía, porque hay un pueblo que se sabe dueño del Derecho, más allá de la conducta impropia de parcialidades o individualidades dentro del poder estatal. Los asesinos están procesados. Y no hizo falta ninguna falsa mediación por ONG facturada en Washington.

III

En materia de Derechos Humanos hay cuatro verdades que son bandera de los pueblos que luchamos por una mejor humanidad, plena de igualdad, libertades y justicia:

-       Ante la acechanza permanente del imperialismo, el primer y más importante Derecho Humano de la contemporaneidad es el derecho a tener Patria. Sin la existencia del Estado Nacional, reinará el caos y la intromisión extranjera será la peor y más cruel violación masiva de todos los derechos. La soberanía y la autodeterminación de los pueblos es el terreno donde debe fructificar una sociedad respetuosa de la vida y la dignidad de las personas.

-       El ejercicio pleno, la universalidad, preeminencia, indivisibilidad e imprescriptibilidad de los Derechos Humanos, no serán posibles en sociedades serviles a intereses del capital transnacional y las armas del imperialismo; sólo los pueblos libres pueden acceder en condiciones dignas a su emancipación económica, social y cultural.

-       Como ser social por excelencia, la humanidad sólo alcanzará la utopía de los Derechos Humanos cuando las condiciones colectivas de existencia garanticen nuevas relaciones, en una sociedad que haga del trabajo solidario y la educación liberadora sus pilares fundamentales.  

-       No parece ser el modelo estadounidense, supremacista, racista, discriminador, guerrerista, arrogante, embrutecedor, y el de sus lacayos masacradores uribistas, fanáticos bolsonaristas, arrastrados golpistas bolivianos y traidores morenistas ecuatorianos, el que corresponda a la Declaración de 1948. La Venezuela Bolivariana se reserva el derecho a definir y sostener su propio modelo establecido en la insuperable Constitución de 1999.

Para concluir, hacemos un llamado respetuoso al Secretario General de la ONU, señor Antonio Guterres, a quien conocimos durante su magnífica gestión al frente de ACNUR, hombre de gran talante democrático, culto y justo, a resarcir de inmediato a la República Bolivariana de Venezuela, ordenando enmendar la grave afrenta que se nos ha causado con la publicación de tan vil documento, carente de toda validez institucional, pero que está siendo utilizado como inaceptable propaganda antivenezolana.

Notas

[1] Norberto Bobbio: “Tiempo de Derechos”, Ed. Sistema 1991, pag. 18.

[2] Ibid., pags. 18-19.

[3] Candelas, Haro Tecglen, Maestre Alonso y otros: “Los Derechos Humanos”, Editorial Ayuso, Madrid 1976, pag. 101.

[4] Ibid., pag. 17.

[5] Ibid., pag. 18.

Yldefonso Finol es Economista e Historiador. DEA de la Universidad de Salamanca en Historia Contemporánea de los Derechos Humanos. Experto en Derecho Internacional de los Refugiados y Apatridia. Ex presidente de la Comisión Nacional para los Refugiados. Delegado al Comité Ejecutivo del ACNUR 2010-2016. Garante por Venezuela en la Mesa de Diálogos ELN-Gobierno de Colombia.