La Comisión de la Verdad que encabeza el Padre Carlos Vicente de Roux como mecanismo extrajudicial que integra el Sistema de Verdad, Justicia, reparación y No Repetición, creado por los Acuerdos de Paz firmados entre el Estado y las Farc avanza en sus labores para construir el Informe final sobre la verdad del conflicto social y armado que azoto a la sociedad colombiana desde los años 60 del siglo XX cuando se dio un corte con el ciclo anterior de la “violencia de los años 50”. 

En las distintas actividades que ejecuta la Comisión está recibir documentos de todos los sectores involucrados en la atroz guerra que se pretende superar. 

La Comisión tiene en sus manos todos los trabajos del Centro de Memoria Histórica creado a raíz de la desmovilización parcial de los grupos paramilitares. La Comisión tiene el reto de dar continuidad a las gestiones realizadas por el Centro de Memoria Histórica después de que el gobierno de Duque hiciera trizas el trabajo de dicha entidad mediante el nombramiento de un reconocido enemigo de los Acuerdos de paz y agente del neoparamilitarismo camuflado en las entidades públicas. 

En días recientes la CV recibió el informe elaborado por la Oficina de Memoria de las Fuerzas Armadas que incluye 16 libros de la colección del Bicentenario (elaborados por reconocidos politólogos amigos del Ministerio de Defensa), cuatro documentos y seis casos focalizados en eventos protagonizados por los grupos guerrilleros. 

Los anteriores documentos se refieren a las escuelas militares para el conflicto armado, cuatro documentos producto de una investigación llamada “Surcos de Dolores” y seis casos documentados sobre militares y civiles víctimas del conflicto armado:“ La barbarie de Puerres (1996)”, “El Hotel Bomba de Puerto Toledo (2005)”, “El ataque en la vereda Guayabal, Paz de Ariporo, Guaviare (2002”), “El ataque en la vereda Flor de Amarillo, ocurrido en Tame, Arauca (2013)”, “El niño bomba de Fortul (2003)” y el caso del atentado a la base militar de Santa María, Huila (2004). 

Estos informes muestran un sesgo para desconocer otras dimensiones del conflicto armado colombiano. 

El Padre de Roux lo señaló con mucha franqueza al anotar que a dicho informe le faltaba un reporte sobre el papel de los militares en la organización del paramilitarismo, pues en cada bloque, frente y estructura paramilitar siempre aparece un alto oficial de las Fuerzas Militares. En el momento del encuentro salto el caso del Coronel Hernán Mejía, ex comandante del Batallón la Popa en Valledupar, quien es acusado de varios falsos positivos y de la conformación de los grupos paramilitares en el Guajira, Magdalena y Cesar. 

De Roux planteo que la construcción de la Verdad de lo ocurrido en la guerra demandaba de los militares un reconocimiento de su papel en los falsos positivos y en el uso ilegal de la violencia, práctica que aún se mantiene vigente en las labores  militares como lo confirma el caso del General Marcos Pinto comandante de la Segunda División del Ejército quien llegó hace algunos meses a comandar esa división y desde entonces seis civiles han muerto a manos de tropas bajo su mando en Norte de Santander. Además, es investigado por la Fiscalía por su presunta responsabilidad en 42 ‘falsos positivos’ ocurridos cuando comandó dos batallones en Antioquia y Huila (https://bit.ly/39YDUaX ) 

“Cuando el Coronel Pinto Lizarazo iba a ser ascendido a brigadier general, en noviembre de 2016, la organización internacional Human Rights Watch recomendó no hacerlo. Dijo que su ascenso, así como el de otros dos coroneles y dos generales del Ejército, debía frenarse al estar implicado “con evidencias creíbles y convincentes” en casos de falsos positivos. A pesar de la recomendación, fue ascendido, y desde entonces ha sido director del Centro de Educación Militar, comandante de la Décimo Tercera Brigada y comandante de la Segunda División del Ejército. 

“A esta última llegó en enero de este año. Entre su jurisdicción está la convulsionada zona del Catatumbo y en general el departamento de Norte de Santander, una región en la que desde el año pasado las comunidades han vuelto a denunciar el regreso de los ‘falsos positivos’ y las masacres, que se sintieron con particular fuerza en el pasado. Ahora, solo entre marzo y junio seis civiles – cinco campesinos y un indígena – murieron a manos de integrantes del Ejército, todos adscritos a diferentes unidades militares de la Segunda División, al mando de Pinto Lizarazo. Las organizaciones campesinas de la zona han condenado el actuar del Ejército en particular porque tras la muerte de los civiles, los han señalado de estar involucrados en actividades ilícitas. 

“El caso más reciente fue el de Salvador Jaimes Durán. El campesino murió el 27 de junio, al parecer, por disparos de integrantes del Batallón de Operaciones Terrestres no. 11 en Teorama. Por la reacción de la comunidad, seis militares involucrados en el hecho fueron retenidos y posteriormente entregados a la Defensoría del Pueblo. En los días siguientes empezaron a rondar unas fotografías que señalaban al campesino de ser guerrillero del ELN, principalmente sobre la base de que el peinado de Salvador Jaimes era muy similar al de un insurgente que había participado en la entrega por parte de esa guerrilla de dos auxiliares de Policía a una comisión humanitaria. 

“El general Marcos Evangelista Pinto publicó en su cuenta de Twitter un video en el que el comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, general Olveiro Pérez, daba a entender que el campesino muerto era el guerrillero del ELN que aparecía en las fotos. Sin embargo, días después el ELN desmintió que Salvador Jaimes hubiera pertenecido a sus filas, y el guerrillero con el que lo asociaban apareció en cámara reafirmando que él no era el joven asesinado. 

“Antes de ese campesino, ya había muerto por disparos del Ejército Joel Aguablanca Villamizar, un líder indígena del pueblo u’wa, en Chitagá. Según la denuncia de ese pueblo indígena, el pasado 30 de mayo a la vereda Río Colorado, entraron hombres del Eln y tras ellos llegaron integrantes del batallón de infantería Custodio García Rovira. Estos últimos habrían llegado disparando y, según la denuncia, “cuando el líder indígena u’wa se asomó a la puerta de su casa para ver lo que sucedía, miembros del Ejército le dispararon a quemarropa, hiriéndolo y tratándolo de guerrillero”. Tras hacerse evidente que no era un insurgente, denuncia la comunidad, los militares no agilizaron su traslado a un centro de salud y Joel Aguablanca “estuvo dos horas desangrándose ante la mirada impotente de su familia, luego de lo cual, finalmente falleció”. 

“El primero de junio, el general Pinto publicó en su cuenta de Twitter el video en el que el general Olveiro Pérez entregaba el balance de la operación. Allí, el general dijo que “en desarrollo de los hechos resultan heridas dos personas, las cuales son atendidas por los enfermeros de la unidad militar, una de ellas fallece en el punto de extracción. La otra persona es atendida en un centro médico, se encuentra estable y es uno de los capturados. Todos estos hechos son materia de investigación por parte de las autoridades competentes”. De esa manera, el uniformado no hizo distinción entre la persona herida y capturada y el indígena que murió por los disparos del Ejército. No dijo el general que Joel Aguablanca Villamizar nada tenía que ver con el Eln y que era el coordinador de Educación de la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cablidos u’wa (ASOU’WA) y líder de ese resguardo indígena. 

“Semanas antes de ese hecho, el campesino Digno Emérito Buendía ya había muerto también por disparos del Ejército, esta vez a manos de integrantes del batallón Hermógenes Maza, en medio de operativos de erradicación forzada en el área rural de Cúcuta, el 18 de mayo, y nuevamente las comunidades tuvieron que defender que el campesino no estaba vinculado en actividades ilícitas, como lo habría sugerido el Ejército. El mismo general Pinto salió ante medios de comunicación y entregó unas contradictorias declaraciones sobre lo sucedido. Habló de intercambio de disparos, pero dijo que los campesinos portaban machetes y palos. 

“Se presentó una protesta ilegal violenta, donde lamentablemente hubo un intercambio de disparos cuando esto se salió de control (…) Un grupo de personas con machetes y palos atacaron a los soldados, los soldados se vieron en la obligación de replegarse y en ese movimiento se presentó el intercambio de disparos”, dijo el general. 

“Pero, además, hizo otro señalamiento, rechazado por las organizaciones. “En esa área hay gran cantidad de cultivos ilícitos que en este momento son disputados entre los Rastrojos y el Eln. La información que se tiene es que hay personas que están siendo motivadas y pagas por los Rastrojos para hacer protestas violentas; no todos los campesinos lo hacen de manera violenta, pero hay gente que está infiltrada y ha vuelto violenta esta protesta.” 

“Y el 26 de marzo, también por balas de integrantes de la Segunda División, murió el joven campesino Alejandro Carvajal a manos de hombres del Batallón de operaciones terrestres No. 9, en Sardinata. Esa vez, en medio de un asentamiento campesino para defender las plantaciones de coca de los uniformados que venían a erradicarlas. Carvajal recibió un disparo que lo atravesó y le quitó la vida de inmediato. En aquella ocasión no hubo ni choques ni refriegas entre campesinos y militares” (https://bit.ly/39YDUaX ). 

Los “falsos positivos” de Pinto

“Pero el comandante de la Segunda División tiene otras cuentas pendientes con la justicia. La Fiscalía investiga la responsabilidad penal del general Pinto Lizarazo en las muertes de al menos 42 campesinos que luego fueron presentados como guerrilleros muertos en combate, cuando comandó dos batallones militares. En diciembre de 2018, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz un informe en el marco del caso 003, sobre Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, en el que documentó esos casos (https://bit.ly/39YDUaX ). 

“El primero es el Batallón de Infantería No. 10 Atanasio Girardot, con jurisdicción en el centro y norte de Antioquia. Pinto Lizarazo comandó ese batallón entre el 25 de abril de 2006 y el 16 de abril de 2007. En ese lapso, particularmente entre noviembre de 2006 y abril de 2007, hombres de ese batallón habrían asesinado a 11 campesinos e intentado presentarlos como guerrilleros. En el caso del campesino Carlos Mario Jaramillo Holguín, asesinado en Yarumal el 26 de febrero de 2007, los soldados Víctor Alfonso Vargas y Andrés Horacio Builes ya fueron condenados a 20 años de prisión. Los otros casos sucedieron en San Andrés de Cuerquia, Valdivia, Briceño, Yarumal y Angostura. 

“El otro es el batallón de infantería No. 27 Magdalena, con jurisdicción en el Huila, donde se le investiga su responsabilidad por los asesinatos de 31 víctimas registrados en su periodo de comandancia, entre el 5 de diciembre de 2007 y el 2 de septiembre de 2009. Los hechos ocurrieron en los municipios de Acevedo, Pitalito, San Agustín y Neiva, y buena parte de las víctimas eran habitantes de calle y personas con problemas de adicción a sustancias psicoactivas. Por varios de esos casos también hay soldados condenados e incluso fue condenado el mayor Francisco Adrián Álvarez Calderón, quien fue el oficial de operaciones del batallón Magdalena durante la comandancia de Pinto Lizarazo. 

“El informe argumenta la posible responsabilidad del general Pinto como comandante de esas unidades militares. En las declaraciones que un suboficial a cargo de uno de los pelotones del batallón Magdalena entregó a la justicia, dijo que “el comandante era mi coronel Pinto Lizarazo Marcos Evangelista, un señor de grado teniente coronel, con el estudio que tiene yo creo cómo no se vaya a dar cuenta que en la unidad que lidera se estén realizando falsos positivos o que le muevan armas dentro de las oficinas y que no se haya dado cuenta de eso; si yo vi todo lo que sucedía, él con más razón”. 

“A pesar de ser investigado por esos hechos cometidos bajo su comandancia, el general Pinto Lizarazo rechaza categóricamente ser vinculado con casos de falsos positivos. Así lo demostró luego de que en octubre de 2019 apareciera reseñado en el mural conocido como “¿Quién dio la orden?”, sobre ejecuciones extrajudiciales, elaborado por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), entre otras organizaciones defensoras de DD.HH. Allí, al general se le atribuían 45 falsos positivos y aparecía junto a los generales Nicacio Martínez, Mario Montoya, Adolfo León Hernández y Juan Carlos Barrera. 

“Primero, hombres de la Décimo Tercera Brigada del Ejército, en ese momento comandada por el general Pinto Lizarazo, borraron ese mural cuando artistas lo pintaban en la calle 80 con carrera 30, en Bogotá. Luego, cuando el mural circuló por redes sociales el general decidió presentar una tutela contra el Movice al considerar que había vulnerado sus derechos fundamentales de dignidad humana, buen nombre, honra, presunción de inocencia, debido proceso y buen nombre de su núcleo familiar. Aunque en principio un juez la declaró improcedente, en febrero de este año el juzgado 13 civil de Bogotá la concedió y le ordenó al Movice eliminar en 48 horas esa imagen de murales, redes sociales y otros medios de comunicación, pues el general, al igual que los otros generales que allí aparecen, no ha sido condenado por esos casos. 

El Ejército está plagado de este tipo de oficiales que quieren pasar de agache en el reconocimiento de la Verdad de la guerra. Siguen en sus prácticas violentas y de convergencia con el paramilitarismo de Quinta generación” (https://bit.ly/39YDUaX ).