En la primera vuelta de las elecciones nacionales, 27 de octubre, el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, obtuvo una votación del 28,6% y el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, alcanzó un 39%. Dado que la legislación electoral exige para ser electo en la primera vuelta el 50% de los sufragios emitidos (incluye votos en blanco y nulos), se convocó al balotaje.

En la misma noche del 27 de octubre dieron su apoyo público al candidato de la derecha en el balotaje los líderes de la oposición: Ernesto Talvi, Partido Colorado, con12,3% de los votos; el general retirado Guido Manini Ríos, de Cabildo Abierto, con 11%; Pablo Mieres, Partido Independiente, 1%; Edgardo Novick, Partido de la Gente, 1%.

El 5 de noviembre, la coalición “multicolor” de cinco partidos firmó un documento conjunto, el “Compromiso por el País” (https://partidocolorado.uy/documentos/compromiso.pdf), haciendo constar que: representaban el 53% de los votos emitidos; tenían 56 bancas en la Cámara de Representantes (integrada por 99 diputados); lograron 17 bancas en el Senado (integrada por 30 senadores y el vicepresidente de la República).

Si en el balotaje (24 de noviembre) todos los votantes de la coalición hubieran apoyado a Lacalle hubieran obtenido más del 50% de los votos, sin embargo, fue 48,71% a 47,51%, lo que implica un cambio sustancial de preferencias. Cabe destacar que las encuestadoras hasta el jueves previo a la elección estimaban que la diferencia sería entre 5% y 7%, pero el resultado fue de solamente 1,2%.

La reducción de diferencias se explicaría por tres razones: dos de ellas refieren a técnicas de campaña –se pasó de los actos masivos a la búsqueda de votos persona a persona; la campaña para traer frentistas del exterior– la tercera, es la principal y la políticamente más importante. Guido Manini Ríos¹,, senador electo por Cabildo Abierto, el partido de la corporación militar, dirigió un video a las tropas identificando al Frente Amplio como un enemigo de las fuerzas armadas y pidiendo que no lo votaran (https://www.youtube.com/watch?v=x8Qx5ewUqGs), a lo que se sumó un comunicado del Centro Militar, típico de la guerra fría, en un estilo Bolsonaro que llama a extirpar el marxismo, asumiendo que el Frente Amplio es una fuerza marxista (https://www.martes.com.uy/comunicado-centro-militar).

Vale la pena considerar en este contexto las afirmaciones de una alta autoridad de las Fuerzas Armadas brasileñas: “Jair Bolsonaro no es pura ideología, detrás de todo eso está la estrategia de la cúpula de las Fuerzas Armadas de construir un presidente propio, encargado de imponer lo que denomina una "nueva democracia". Esta consistirá en un programa político ultraconservador y uno económico ultraliberal, con los condimentos de una participación activa de los militares en la vida política y la misión de arrancar de raíz a la 'izquierda que engaña a la sociedad".

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También se difundió un WhatsApp (https://www.elobservador.com.uy) enviado por un comando autodenominado “Barneix” en el que se amenaza a los soldados: “Sabemos quién sos y contamos con tu voto y el de tú familia para salvar a la Patria. Es una orden. Las órdenes se acatan y el que no lo haga es un traidor. Sabemos como tratar a los traidores. (…) Empezamos a volver”³. Para completar el panorama, el Presidente del Centro Militar, que fue candidato a diputado por Cabildo Abierto, declaró éste lunes que no descarta que lo que está pasando en la región pueda pasar en Uruguay y que las Fuerzas Armadas –que tienen “monopolio del uso de la violencia”– están preparadas para actuar.

Este accionar de miembros de la “corporación militar” generó un rechazo de la sociedad civil que se expresó, no solo en un sorpresivo apoyo a la fórmula del FA, sino que además fue cuestionado por dirigentes políticos, movimientos sociales y periodistas de todos los medios de comunicación. El mensaje de la sociedad fue claro: la democracia se respeta.

El nuevo escenario

A pesar del apretado resultado de la segunda vuelta, el resultado final de las dos elecciones es que la coalición de derecha tiene mayoría parlamentaria en ambas cámaras y la presidencia del país, lo que implica un cambio casi total en la elite gobernante.

Una diferencia significativa entre la coalición perdedora y la ganadora, es que el Frente Amplio nació en 1971 y tiene múltiples mecanismos para garantizar el cumplimiento de las decisiones (disciplina partidaria), en cambio, la coalición de derecha es un agrupamiento electoral, recién constituido, y sin ninguna experiencia común de gobierno.

Dentro del Frente Amplio hay un desplazamiento del voto hacia la izquierda: el Movimiento de Participación Popular que dirige José Mujica, tiene 24 diputados y 6 senadores; el Partido Comunista y sus aliados tienen 2 senadores y 6 diputados; el Partido Socialista tiene 1 senador y 3 diputados, sumados son 8 senadores en 13 y 33 diputados en 42.

Debe destacarse, además, que el partido de la corporación militar, obtuvo 3 senadores y 11 diputados por lo cual tiene un peso fundamental dentro de la coalición “multicolor”, porque son la minoría que garantiza la mayoría parlamentaria. Cabildo Abierto se inscribe en el avance, tanto en nuestro continente como en el mundo, de los partidos de ultraderecha, profundamente regresivos y desestabilizadores de la democracia.

Uno de los puntos más relevantes del nuevo escenario es la modificación sustancial de la inserción geopolítica del país, el nuevo gobierno plantea “La defensa de la Democracia y los Derechos Humanos a nivel regional será promovida en el marco de la OEA y todas aquellas instancias que busquen reafirmar tales objetivos (por ejemplo, el grupo de Lima).” (Partido Nacional, Programa de Gobierno 2020-2025, pg. 30, https://www.partidonacional.org.uy/).

Impulsaran una inserción económica internacional “libre de condicionamientos ideológicos”, apuntando a priorizar: el acuerdo de Asociación Estratégica con la Unión Europea; la flexibilización del Mercosur, para posibilitar la firma de tratados de libre comercio con terceros países sin necesidad del aval de los países miembros; las relaciones con la Alianza del Pacífico.

A su vez, se mantendrá la política de apertura a la Inversión Extranjera Directa, y se continuará con la construcción de la cuestionada segunda planta de UPM, sobre el Río Negro. Se plantean incrementar la inversión (básicamente extranjera) a través de la Participación Público Privada, a través de “Modificar el régimen, con el fin de reducir plazos legales, eliminar superposiciones y costos burocráticos, aumentar los atractivos para invertir…” (Punto 5, Compromiso por el País).

Desde el punto de vista macroeconómico plantean un fuerte ajuste fiscal, proponen reducir el gasto y no aumentar los impuestos. Esto reducirá, entre otros, el personal que tiene vínculos laborales directos con el Estado y el número de trabajadores tercerizados que se contratan a través de empresas y ONGs. Elaboran un presupuesto “base cero”, que implica no aumentar los gastos discrecionales, aquellos que dependen únicamente de la voluntad del gobierno (insumos, inversiones, cantidad de personal, etc.).

La asistencia financiera al sistema de seguridad social se tratará de reducir a través de “reformas paramétricas del régimen jubilatorio por solidaridad intergeneracional administrado por el Banco de Previsión Social, así como con perfeccionar el pilar de ahorro individual” (p. 88, Programa del Partido Nacional). Estas medidas implicarán pérdidas en el monto de las pasividades de los trabajadores que se jubilen en el futuro.

Para reducir el costo país y lograr mejoras en la competitividad de precios llevarán adelante un proceso devaluatorio que, como es obvio, reducirá el poder adquisitivo del salario y las pasividades.

Los derechos de los trabajadores están en cuestión, en la medida que: eliminaran el derecho de ocupación de los lugares de trabajo en el sector privado (extensión del derecho de huelga); intentaran reducir el contenido y ámbito de aplicación de los Consejos de Salarios; pretenden, además, reglamentar el derecho de huelga y exigir personería jurídica a los sindicatos.

En esencia podríamos sostener que el “Compromiso por el País” y los programas de los partidos que integran la Coalición de derecha se alinean con los planteos de las Cámaras Empresariales (http://www.ciu.com.uy/innovaportal). Al respecto recomendamos ver el análisis crítico que presentamos en el Semanario “Voces” (.http://semanariovoces.com/contra-el-manifiesto-del-capital-por-antonio-elias/).

Las responsabilidades del progresismo

Existen múltiples ejes de análisis para tratar de explicar lo sucedido: errores en la estrategia electoral, malos candidatos, características de la campaña, etc.; los medios de comunicación masivos se impusieron en la población con una campaña favorable para la derecha; se perdió el peso de los grupos del FA que competían por el centro político con los partidos tradicionales, implosión del Frente Líber Seregni; las capas medias pagaron el ajuste fiscal del tercer período de gobierno (2015-2019) y los desheredados del sistema que –en la necesidad de sobrevivir cada día, buscan la protección de los “poderosos” sin importar el partido– fueron los más afectados por el estancamiento de la economía y la pérdida de empleos.

Todas las razones señaladas tienen una parte de la explicación, a nuestro entender el factor fundamental es que el Frente Amplio hizo un corrimiento al centro dejando de lado su programa. Recordemos qué en el contexto de una importante crisis económica, el Frente Amplio alcanza el gobierno en 2004, que mantiene en 2009 y 2014, teniendo siempre mayorías parlamentarias.

En el proceso para acceder al gobierno el FA desdibujó su programa histórico de cambios, y en el contexto de una estrategia “realista” incluyó una amplia política de alianzas para captar el voto del centro político.

El FA en el gobierno no se planteó en ningún momento aplicar políticas antiimperialistas y antioligárquicas, no solamente como práctica sociopolítica limitada por una determinada correlación de fuerzas, sino como sustento ideológico de su accionar.  Las definiciones programáticas se fueron diluyendo: primero, en forma ambigua; luego, frontalmente para obtener el aval de los señores del «mercado».

Los tres gobiernos del FA, con sus matices y diferencias, se inscribieron dentro de las variadas opciones de la institucionalidad capitalista para administrar la crisis. Renunciaron a su lucha contra el neoliberalismo y asumieron las reformas institucionales de “segunda generación” del Banco Mundial como si fueran un programa superador del neoliberalismo. Los cambios son fuertes en el plano electoral, mínimos o nulos en lo ideológico, pero en lo económico e institucional se profundiza el capitalismo dependiente.

En el tercer gobierno trato de administrar la caída de precios internacionales, el estancamiento productivo, el aumento del déficit fiscal con un ajuste fiscal gradual sobre el salario directo e indirecto de los trabajadores sin afectar al capital.

En efecto, la modificación del ciclo económico mundial y su impacto en el precio de las materias primas provocó una caída global de los ingresos del país. Las políticas de conciliación de clases (socialdemocracia) requieren recursos para atender los intereses del capital y del trabajo. Hasta el 2014 se mantuvieron con dificultades, pero luego el ajuste afectó fundamentalmente a los trabajadores y no al capital.

La inseguridad, el crecimiento de los delitos sobre las personas y la propiedad, se transformó en un problema muy importante, que más allá de que la población uruguaya esté en mejores condiciones de seguridad que otros países del continente, lo que compara la gente es su situación actual respecto a su situación anterior y, objetivamente, empeoró.

No se hizo ninguna política contra el capital transnacional, por el contrario, se lo favoreció ampliamente (Ley de promoción de inversiones, Zonas Francas, libertad absoluta para mover sus capitales). Tampoco se hicieron políticas de preservación del ambiente, las cianobacterias contaminan los ríos y las costas como consecuencia de los fertilizantes que aumentan las ganancias del agro negocio.

Por último, lo fundamental, no hubo lucha ideológica contra los principios y valores del sistema socioeconómico vigente. Esa falencia es una responsabilidad compartida, como señala Rubén Montedonico (“Uruguay en el trance electoral”, Semanario “Voces”, 21/11/2019, pg. 23) “El FA, asimismo, cortó las poleas de trasmisión que lo ligaron con sus bases y pasó a ser una mutualidad cupular donde lo principal se debatió entre líderes; debe añadirse la escasez –en general– de una arquitectura clasista de la central sindical y el papel secundario de la universidad pública.”

Antonio Elías

Master en Economía, Director del Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez (INESUR), miembro de la REDIU.

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Artículo publicado en el #38 del Boletín “Nuestra América XXI. Desafíos y alternativas”, del Grupo de Trabajo: “Crisis y Economía Mundial” del CLACSO y en el Semanario “Voces”, 12 de diciembre de 2019, Montevideo, Uruguay.