El golpe de Estado contra el presidente Zelaya en Honduras el 28 de junio de 2009 inauguró una fase de golpes parlamentarios contra gobiernos del eje progresista latinoamericano. A este le sucedieron los golpes contra Lugo en Paraguay (2012), contra Rousseff en Brasil (2016) y el fallido contra Maduro en Venezuela (2016-17).

Objetivos golpistas

El derrocamiento de Zelaya tenía como objetivo expreso abortar un proceso que había provocado un rechazo creciente de la oligarquía y el imperialismo estadounidense. Durante el primer año de su mandato (2006) no se produce ningún cambio relevante, pero a partir de 2007 se efectúa un giro con el acercamiento a Venezuela y la entrada en Petrocaribe. 2008 será clave ya que Zelaya se adhiere al ALBA, además de incrementar el salario mínimo más de un 60% y negociar con el movimiento campesino un decreto para legalizar tierras ocupadas.

La propuesta de consulta popular en 2009 para impulsar una Asamblea Constituyente será la gota que colme el vaso y que justifique el golpe.

Zelaya, además de “traidor de clase” para las elites del país, había intentado redefinir el papel geopolítico asignado históricamente a Honduras (ser plataforma contrarrevolucionaria contra los países del entorno, principalmente Nicaragua y El Salvador), por lo que el Pentágono planificó su caída.

El golpe no cuidó especialmente las formas: Zelaya fue secuestrado en plena madrugada por militares, trasladado a la base gringa de Palmerola (al lado de Tegucigalpa) y enviado por avión a Costa Rica. Al día siguiente, el parlamento quiso legitimar el golpe presentando una supuesta carta de renuncia del presidente, que este mismo denunció como falsa.

Laboratorio de distopía

El régimen que desde hace una década se ha impuesto en Honduras es una combinación de autoritarismo político y ultra-liberalismo económico, por lo que lo “liberal” se vacía de la ecuación política, pero se radicaliza en el plano económico. Es un ejemplo del nuevo tipo de régimen que se está ensayando en algunas zonas del planeta en el que se articula un capitalismo cada vez más extremo con sistemas políticos no literalmente dictatoriales, pero si en transición hacia un post-Estado de Derecho. En síntesis, una muestra del laboratorio de distopías del siglo XXI.

El nuevo régimen político post-liberal se expresa en la hibridación de un modelo de elección fraudulento con un modelo de administración del poder cada vez más coercitivo. Por un lado, las dos últimas elecciones presidenciales (2013 y 2017) han sido ganadas por la oposición de centro-izquierda (Partido LIBRE y aliados), pero ha continuado gobernando la derecha golpista (Partido Nacional) a través de un fraude avalado por las potencias occidentales. El modelo electoral, por tanto, permite comicios multipartidistas, pero la presidencia no la ocupa quien realmente gana sino quien conviene que gobierne, suprimiendo abruptamente uno de los principios básicos del liberalismo electoral. En resumen, se garantiza el derecho a presentarse (‘no es una dictadura tradicional’) pero se hace inviable el derecho a gobernar.

El segundo pilar del nuevo régimen es un modelo de administración de gobierno en el que el ‘poder coercitivo’ tiene cada vez más peso frente al ‘poder persuasivo’. Generar consenso cada vez importa menos, por lo que se prioriza la coerción, la cual se ejerce combinando instrumentos legales e ilegales.

La represión ‘legal’ se está materializando a través de tres vías principales: la militarización, la judicialización y el encarcelamiento. COFADEH, una de las organizaciones de derechos humanos más prestigiosas del país ha denunciado la creciente militarización, con la creación de una policía militar y el destino de las Fuerzas Armadas a labores policiales, además de la creciente presencia de asesores del MOSAD, del DAS y obviamente de la CIA. El actual ministro de Seguridad es una de las figuras de la represión de los años 80 y desde el 2011 el gobierno ha impuesto una ‘tasa de seguridad’ para financiar la escalada represiva.

La judicialización es otro instrumento privilegiado de la represión ya que se está haciendo un uso perverso de figuras penales muy duras (terrorismo, usurpación) para imponer penas desproporcionadas a líderes del movimiento popular. Además, en noviembre el Congreso pretende aprobar un nuevo código penal sumamente represivo. Lo anterior se complementa con un incremento sustancial del número de presos políticos y la creación de cárceles de máxima seguridad (formalmente para narcotraficantes, pero de facto para defensoras de la tierra y el territorio).

El régimen articula la represión legal con el uso de instrumentos ilegales de todo tipo. Por un lado, el movimiento campesino e indígena denuncia la infiltración para generar división al interior de las comunidades. Por otro lado, destacan las campañas de criminalización, caracterizando a líderes sociales como pandilleros, narcotraficantes o terroristas, para así legitimar acciones en su contra. A su vez, las amenazas y seguimientos han obligado a que un gran número de líderes populares vivan con fuertes medidas de seguridad y en algunos casos en régimen de semi-clandestinidad. Por último, las agresiones y asesinatos están a la orden del día, con un fuerte incremento de los feminicidios, apunta Suyapa Martínez, del Centro de Estudios de la Mujer. Esto en un contexto de impunidad de más del 90% de los crímenes. Para Berta Oliva, directora del COFADEH, “no estamos en un Estado de Derecho sino en uno de Desecho”.

Régimen económico ultra-liberal

Uno de los principales objetivos del golpe fue la restitución del modelo neoliberal y a su vez una radicalización de este. Los pilares del actual modelo son: intensificación del extractivismo y de la agroindustria, contra-reforma agraria, reducción abrupta del salario y privatizaciones.

A través de la denominada “diarrea legislativa” (Nueva Ley de Minería de 2013, etc.) se ha favorecido la entrega masiva de territorio a proyectos transnacionales mineros y energéticos. La minería ha aumentado un 100%, pero si sumamos los proyectos pendientes el incremento es del 450%. Desde La Vía Campesina de Honduras (LVC) denuncian que es habitual la entrega irregular de licencias ambientales.

Los impactos de todos estos proyectos en las comunidades campesinas e indígenas que habitan o viven cerca de los territorios concesionados son múltiples. Uno de los más destacados por LVC es la restricción del acceso al agua por la privatización de cuencas, el desvío de cauces y la contaminación de acuíferos. También destacan la restricción del acceso a recursos forestales por la tala masiva.

La contra-reforma agraria que viene de los años 90 (Ley de ‘modernización’ agraria) se ha intensificado con la expansión del modelo agro-industrial y la consiguiente expulsión de masas de campesinos de sus tierras. La concentración de tierra se ha acelerado en torno a los productos ‘estrella’ de exportación: café, banano, palma de aceite y caña de azúcar. Paralelamente, la importación de alimentos básicos se ha acelerado, incrementando los niveles de inseguridad alimentaria.

Rafael Alegría, dirigente histórico campesino, señala que el movimiento campesino sigue solicitando tierras al INA (Instituto Nacional Agrario), pero como este no cumple su función las familias se ven obligadas a ocupar (‘recuperar’ lo robado históricamente), y entonces el Estado activa el protocolo de desalojo, generando un alto nivel de conflictividad y represión. En la última década más de 8.000 campesinos/as han sido detenidas tras desalojos.

La reducción del salario de las clases trabajadoras se ha ejecutado a través de la Ley de Empleo por Hora de 2014, que permite pagar menos del salario mínimo. En cuanto a las privatizaciones, además de las vías terrestres, el gobierno ha intentado privatizar en 2019 la salud y la educación, pero no lo ha logrado producto de la movilización popular. Por otro lado, el proyecto estrella de la década han sido las ZEDES (Zonas Especiales de Desarrollo Económico), popularmente conocidas como “ciudades modelo”, donde no solo se entrega el territorio al capital transnacional, sino que además se autogobiernan y disponen de policía y administración de justicia propia. En síntesis, supresión radical de la soberanía nacional.

Las consecuencias sociales de este laboratorio de distopía son dramáticas ya que han llevado al país a una situación de evidente “emergencia social”. Sin embargo, el apagón mediático global invisibiliza esta realidad. En la actualidad, dos de cada tres personas son pobres y más de un 40% sufren pobreza extrema. A su vez, la emigración se ha disparado. Según Eugenio Sosa, sociólogo y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, un 40% de la población tiene planificado migrar y un 20% más no descarta hacerlo.

Resistencia popular

A pesar de esta radiografía dramática, Sosa subraya una serie de elementos que muestran que existe una importante resistencia al modelo. Asegura que a lo largo de estos 10 años se ha desarrollado una lucha constante y que se ha producido un proceso de fuerte politización en los sectores populares. Destaca una serie de luchas que han simbolizado una década de resistencia: la larga lucha, de muchos meses, contra el golpe de Estado; la lucha diaria contra el extractivismo en todo el país; la reactivación del movimiento estudiantil; el gran movimiento contra el fraude electoral de 2017 y la más reciente movilización (exitosa) contra el intento de privatización de la salud y la educación. Concluye augurando una intensificación del conflicto y de la disputa entre el bloque golpista en el poder y el bloque popular del cambio.

-Luismi Uharte. Parte Hartuz Ikerketa Taldea