La delicada situación actual de Bolivia tuvo su diseño preliminar en el documento que el Departamento de Estado norteamericano emitió a mediados del 2018, conocido como “estrategia de país”. En el mismo se adelantaba que la elección presidencial 2019 constituiría un punto de inflexión en la historia boliviana, y que el candidato Evo Morales competía en contra de lo determinado por la Constitución y favorecido por el Tribunal Constitucional.

De ese marco de referencia se entiende que Carlos Mesa, candidato opositor que obtuvo ahora un 36.51% de los votos, se apresurara a indicar que debía haber un balotaje, aún antes de conocer los resultados oficiales finales. Hubo luego una breve fase en la que ciertos sectores intentaron proclamarlo presidente en un cabildo abierto, plan que no prosperó, probablemente por la fallida experiencia con J.Guaidó en Venezuela. A la fecha Mesa pasó a otra exigencia: nuevas elecciones, alegando un supuesto fraude (idea fuerza que hoy está instalada en una parte de la ciudadanía, por obra del poder mediático). También se pronunció en pocas horas a favor y en contra de la auditoría que realiza la OEA. Esa característica voluble y contradictoria es un sello personal que Mesa arrastra desde sus infaustos días como vicepresidente del neoliberal Sánchez de Lozada, y luego como presidente fracasado y renunciante en 2005.

En el entretiempo se conocieron los resultados finales oficiales, que otorgan a Evo Morales una ventaja de poco más de 10% sobre Mesa, lo que descarta un balotaje. En forma paralela se produjeron renuncias de miembros de tribunales electorales (nacional o departamentales) que sumaron confusión a todo el proceso.

Entre las múltiples protestas antigubernamentales que se desarrollan en los diferentes departamentos del país destaca por su contundencia la de Santa Cruz, encabezada por el denominado Comité Cívico o Comité pro Santa Cruz (CC). Se trata de una institución fundada en 1950, que periódicamente renace de sus cenizas; se autodefine como “gobierno moral de los cruceños”. Erigida con el argumento de la defensa de los intereses regionales frente al centralismo de La Paz, en la práctica se constituyó como defensora de empresarios y hacendados, cuyos apellidos se reiteran en cargos directivos a lo largo de décadas, debido a procesos eleccionarios cerrados y excluyentes.

En la coyuntura actual, como aporte al proyecto desestabilizador y luego de varios períodos presidido por figuras opacas, el CC seleccionó como presidente a Luis Fernando Camacho, que cuenta con peculiaridades que lo hacen atractivo para un sector de la sociedad cruceña: joven, blanco, varón, empresario, emisor permanente de discursos confrontativos y amenazantes. Con relación a esto último, es interesante destacar su escasa habilidad para el pensamiento complejo, una característica que en la política tradicional hubiera significado desventajas, pero que en el mundo contemporáneo se erige como nota favorable. Basta escuchar a Trump, Bolsonaro, Macri, Salvini o Johnson para advertir que lo que muchas veces funciona en sus planteos es el argumento elemental y binario, que apela no tanto al raciocinio como a lo emotivo.

En el entendido de que llegó la hora de la confrontación final con el gobierno nacional, este individuo y sus secuaces también declararon nulo el reciente proceso electoral, exigiendo además la renuncia de Morales. Para reforzar la declaratoria, y al no contar con articulaciones fuertes en el resto del país, decidieron imponer un paro indefinido sobre Santa Cruz, que incluye bloqueo de calles y avenidas, prohibición de circular al transporte público, vigilancia y amedrentamiento por parte de grupos de choque y ciudadanos fanatizados en medio de una especie de psicosis colectiva, así como cierre compulsivo de escuelas y establecimientos comerciales. Más allá de la protesta en sí, esta mecánica es reveladora de la imposición de determinado modelo de sociedad sobre un territorio y un pueblo que consideran de su propiedad. Es el paradigma anhelado por los grupos de poder. A saber, una institución (el CC) elegida por unos pocos, que opera por encima de gobernación y alcaldías, elegidas democráticamente; un aparato que acecha, señala y castiga a los que considera enemigos, y que en medio del cierre generalizado de comercios otorga permisos exclusivos a ciertas empresas amigas para comprar y vender productos; un potenciamiento de la discriminación y el racismo como señales identitarias regionales; la difusión de elementos que nutren una falsa conciencia de clase sobre ciertos sectores populares y de clase media, que asumen y se tornan defensores de los intereses de las élites; el ejercicio de disciplinamiento contra vastos sectores sociales, obligados a abandonar sus actividades laborales, o realizarlas en condiciones penosas, etc.

Las cartas están echadas y el golpe sigue la ruta prevista y aplicada en otros lugares del mundo. El gobierno nacional esperará los resultados de la auditoría pactada con la OEA, que demorará varios días en los que los golpistas, conscientes o no de sus roles en el plan, procurarán subir la apuesta por la desestabilización. La ciudad de La Paz, sede de gobierno, es el blanco elegido. Mientras tanto, diversos enfrentamientos han producido numerosos heridos y dos muertos. Se ha cruzado ya la línea roja, y habrá que ver si el pueblo boliviano es capaz de ejercitar la sensatez.