El pasado, 1 de octubre del 2019, el presidente de la República, Lenín Moreno, en cadena nacional anunció el envío de reformas tributarias y laborales a la Asamblea, además del alza de todos los combustibles de uso diario. Esto a pesar que en 2017 el mismo primer mandatario aseguró que no se iban a dar estos recortes. Todas estas decisiones llegan una vez que el país latinoamericano firmará un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD$ 4,5 mil millones de dólares.

El alza de los combustibles ha generado una fuerte reacción de sectores gremiales y sociales que consideran que la medida afectará la ya golpeada economía popular. Los gremios de transportistas paralizaron sus actividades a la vez que pobladores y estudiantes realizan manifestaciones de protesta en distintos puntos del país. El gobierno se vio obligado a suspender las actividades escolares, a la vez que, en los hechos, hay una paralización de las actividades económicas, hay represión policial y está alterada la vida cotidiana.

En primera instancia, el Gobierno ecuatoriano estaba obligado a aprobar estas reformas para que el FMI desembolse USD$ 250 millones al país. Sin embargo, lo que en verdad busca la entidad financiera internacional es cambiar el modelo económico en todo el país, pretendiendo que el neoliberalismo se haga irreversible.

Paralización de los taxistas en Quito

 

La primera acción es cambiar la estructura de los impuestos. Por ejemplo, la rebaja de  aranceles a la importación de computadoras, tablets y celulares   tecnología y a los  vehículos que cuesten menos de 32.000 dólares, beneficiando a importadores que podrán ingresar sus productos a menores precios, olvidando por completo que la empresa automotriz ecuatoriana está cerca de la quiebra total. Así, el Gobierno deja de lado su política de protección a la producción nacional.  

Con estas acciones, el Ejecutivo responde a la hoja de ruta trazada por el FMI para que el país se abra a los mercados internacionales y a las importaciones, se impulse las privatizaciones, se achique el tamaño del Estado y se impongan medidas de ajuste para equilibrar las cuentas fiscales.

Además, el presidente Lenin Moreno y su gabinete, han decidido reducir a la mitad el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) que fue creado para evitar la fuga de capitales y proteger la dolarización. Pero el Gobierno ecuatoriano se escuda en la idea de entregar “mejores condiciones” para el emprendimiento.  

Por otro lado, el Ejecutivo tiene previsto enviar a la Asamblea Nacional un proyecto económico de carácter urgente, que incluye la flexibilización de las relaciones laborales, en otras palabras, la precarización del trabajo. La reforma laboral contempla extender el plazo para los contratos de prueba y flexibilizar la jornada laboral de 40 horas semanales, para que pueda ser repartida de acuerdo a las exigencias de las empresas.

De este modo, el gobierno de Lenin Moreno accede a los deseos y exigencias del FMI que propuso un cambio a la jornada laboral, dejando de lado la vieja conquista del movimiento sindical: “8 horas de trabajo, 8 horas de recreación y 8 horas de descanso”. Según el gobierno la medida generará empleo pero, en el fondo, esta decisión beneficiará a los empresarios que ya no deberán pagar horas extras tanto en los días normales como los fines de semana. Al final del día las empresas pagan menos y consiguen 6 días laborales en los horarios que ellos deseen.

Dado el aumento del subempleo y desempleo en Ecuador en estos años, la población no tendrá más remedio que aceptar las condiciones retrógradas de una jornada que podría extenderse a 12 horas diarias, y contratos parciales de trabajo sin los beneficios que hoy cuentan los trabajadores como estabilidad y otros beneficios sociales.  

Pero detrás está el FMI buscando que los empresarios obtengan facilidades de contratación y que los grandes grupos económicos tengan las de ganar. Mientras tanto el presidente, escudándose en el emprendimiento, asegura que el trabajo infantil significa desarrollo y que se acabó el empleo en el sector público, vanagloriándose de haber despedido a 25.000 empleados. Como si no fuera poco, excusándose en la crisis y la falta de recursos, propone rebajar en un 20% los sueldos de los empleados públicos con contratos ocasionales La pregunta es ¿Qué pasó con los derechos constitucionales y los derechos de los trabajadores?

Y como cereza del pastel, el Presidente Moreno decide liberar los precios de los combustibles, sin pensar en el transporte, producción, agricultura y la posible especulación e inflación que esto podría generar. Una vez, más la población debe hacerse cargo de una acuerdo firmado con el FMI sin consultar a nadie.

La subida de precios permitirá recaudar USD$ 1500 millones que el gobierno no ha especificado en qué se invertirán,  ya que el ministro de Finanzas, Richard Martínez, entregó, a inicios del 2019, un presupuesto de Estado que no especificaba el ingreso de este rubro a las arcas fiscales.

Lo cierto es que esta es la medida más efectiva para poder acceder a liquidez inmediata ya que el planteamiento de subir el IVA del 12 al 15%, fue descartada por el Ejecutivo luego del gran rechazo que esta propuesta generó.

Entre tanto, el endeudamiento del Ecuador llegó a más de 51% con relación al Producto Interno Bruto (PIB), algo que era ilegal hasta que se aprobó la Ley de Fomento Productivo presentada por este gobierno que determinó que el endeudamiento puede superar el 40% del PIB.

El gobierno sigue cumpliendo las condiciones impuestas por el FMI, a pesar de que las 19 veces que el Ecuador ha firmado una carta con este Fondo ninguna ha salido bien y ahora, pese al claro ejemplo de Argentina, en donde el programa fondomonetarista llevando adelante por Mauricio Macri ha llevado a ese país a un grave crisis económica.

Para aclarar otro punto, el portal “El Observatorio de la Dolarización”, con trabajo de varias organizaciones consiguieron los documentos que preparó el Estado para acceder al préstamo con el FMI.- y en el Memorando MEF-SFP-2019-0026 suscrito por el Subsecretario de Financiamiento Público, documento vinculante para la toma de decisiones del Comité de Deuda y Financiamiento, presidido por Lenín Moreno se establece que:

“4.1.4 Usos

El presente programa considera dos usos para las fuentes de financiamiento antes detalladas:

‘Amortización de Deuda Pública: Comprende el pago de la amortización de la deuda pública. El pago de estas obligaciones que el Estado ecuatoriano preservará su patrimonio, así como coadyuvará a su capacidad financiera, al garantizar el cumplimiento de sus obligaciones de deuda pública. Al respecto, es necesario aclarar que la amortización de la deuda pública no es un gasto corriente, a diferencia del pago de intereses que genera dicha deuda, por lo que es viable el financiamiento de dichas amortizaciones mediante recursos obtenidos de operaciones de endeudamiento público.

Pago de otras obligaciones del Estado: Comprende el pago de obligaciones correspondientes a Laudos en el ítem 990103. Al cumplir con dichas obligaciones, se evita que se limiten las fuentes de financiamiento a nivel internacional, por lo que su cumplimiento contribuye a la capacidad financiera del Estado”.

Es decir, los recursos obtenidos del FMI serán utilizados para pagar deudas del Estado con empresas como la petrolera Chevron (compañía responsable de la destrucción de territorios amazónicos por contaminación) y otras, demostrando claramente la relación que tiene el FMI con multinacionales en busca de su beneficio.