La nueva propuesta de Vizcarra de  “adelanto de elecciones”, más allá del futuro que pudiera tener, revela que no estamos ante una crispación política cualquiera sino frente a una crisis de régimen. En otras palabras, frente a un desorden de gran calado, que se está llevando de encuentro al conjunto de la clase política que nos gobernó en las últimas décadas, de allí la medida de envergadura que se plantea.

Este es un dato central para analizar la actual coyuntura, de lo contrario no entendemos nada. Lo que está en crisis es el arreglo del cinco de abril de 1992, que parece llegar a su momento final. Me refiero al capitalismo de amigotes que inauguraron Fujimori y Montesinos y que tuvo una primera expresión institucional en dictadura y una segunda en democracia (neoliberal), sin que esta última pudiera corregir los defectos de nacimiento de la primera.

Frente a la crisis de régimen dos sectores de la derecha peruana, que comparten el modelo neoliberal, se disputan la solución de la misma. Uno, el de Vizcarra que expresa la facción más lúcida entre los conservadores y asume la crisis del modelo buscando remediarla por la vía de la reforma institucional. El otro, el fujiaprismo, que para defender sus privilegios trata de insistir en las recetas que funcionaron en el cuarto de siglo anterior pero que hoy están agotadas.

En este escenario la izquierda es todavía un factor menor en la definición que sirve más para asustar que para decidir. El reto de las fuerzas progresistas es entonces pasar a ser un factor de decisión. Para ello hay que valorar adecuadamente la oportunidad, mucho mayor que en el caso de la reforma política, que se presenta ante nosotros. No se trata entonces de quedarnos en los detalles, debatiendo por ejemplo cuánto se ha avanzado en la reforma, sino atrevernos a señalar cuál debe ser la orientación del proceso, un nuevo gobierno para un nuevo arreglo institucional que ponga por delante la soberanía del pueblo y no los intereses de los políticos como ha sucedido hasta ahora. Ir por menos es pedir muy poco y a la postre no lograr nada.

Las nuevas elecciones, que la izquierda viene pidiendo casi desde el inicio de esta crisis dos años atrás, deben de plantearse como un camino para la solución de fondo a los problemas de la crisis de régimen, de allí la importancia de señalar la necesidad de una Nueva Constitución y una Nueva República. De lo contrario, podrán ser interpretadas como un simple reclamo electorero para ocupar los asientos que dejarían los actuales representantes. Este debe ser el contraste fundamental en la coyuntura que se abre ante nosotros: quiénes plantean una transformación verdadera y quiénes quieren que algo cambie para que, a la postre, nada cambie.

Por supuesto que se trata de una lucha cuesta arriba. Porque no es solo una disputa política, ya sea en el terreno de la movilización popular o de la opinión pública, sino una pelea por el sentido común de la gente a la que desde hace casi tres décadas le machacan que su porvenir depende exclusivamente de su esfuerzo individual. Esta es quizás la certeza más profunda que se puede poner en cuestión con la crisis y por ello las fuerzas progresistas tienen el deber de conectar con las cabezas y los corazones de los peruanos de a pie, para mostrarles otro camino posible

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