Con ocasión del 75 aniversario del sindicato Luz y fuerza Mar del Plata se realizó el Encuentro Internacional: La energía como derecho humano, un problema de todos, los días 12 y 13 de octubre de 2018, encuentro que tuve la posibilidad de compartir con compañeras y compañeros de Latinoamérica y que produjo la Declaración de Mar del Plata por el derecho a la energía y la solidaridad internacional de las trabajadoras y los trabajadores, declaración de la cual transcribo algunos párrafos (que tienen comillas) con el objetivo de introducir algunas ideas y pensamientos.

Desde la apertura del Encuentro y las palabras del Secretario General de la CTA autónoma, Pablo Micheli, en comparación con los encuentros del 2014 y 2016, el carácter de las intervenciones mostró un fuerte rasgo político-sindical que se manifestó dominante con respecto a las cuestiones técnicas referidas a la energía. La conciencia de vivir una etapa difícil en la que hay cuestiones que se reiteran, pero aparecen también nuevas formas de dominación por parte del poder económico (privado y extranjero) ante las cuales se nos impone la organización y la unidad como premisas fundamentales, fue determinante.

“La ofensiva se asienta en una fuerte iniciativa cultural, propagandística y de manipulación de la conciencia social. En ese sentido, destaca el papel de los medios de comunicación, los que actúan desde plataformas articuladas en multimedios privados, prensa escrita, radial, televisiva, redes sociales, condicionando la agenda de discusión de la sociedad en el interés del gran capital transnacional”.

“Nuestramérica está en disputa y no solo interviene el accionar del imperialismo, las clases dominantes y las corporaciones transnacionales, sino también la iniciativa política, social, cultural de nuestros pueblos, y en especial del movimiento obrero en su conjunto. Vale en este sentido analizar la disputa por la región que se manifiesta en la guerra comercial declarada por EEUU contra China, quien ha crecido en los últimos años como socio comercial, económico y financiero de muchos países en la región”.

La preocupación fundamental que orientó las propuestas y acciones es el avance de la derecha en la región, con eje en el triunfo (parcial por ahora) del candidato fascista en Brasil y la necesidad de profundizar rápidamente la autocrítica desde todo el campo popular ante la llegada a los gobiernos de grupos representativos del capital transnacional, que, en esta etapa del capitalismo, arrasan con la dignidad humana y los derechos de las personas.

Agua, alimentos y energía son derechos mínimos, básicos para la supervivencia, a los que hay que agregar salud, educación, cultura, vivienda, comunicación, transporte. Techo, tierra, trabajo es otra forma de formular un mínimo de dignidad. Obviamente esto tiene que ser garantizado para todas las mujeres, para todos los hombres sin excepción, para las niñas y niños, para los adultos mayores. Bueno, este objetivo no sólo no está garantizado, sino que se encuentra en pleno retroceso en esta ofensiva del capital concentrado, del capital especulativo, del saqueo permanente al que somos entregados mediante una “democracia” limitada por la formalidad y la gran desigualdad. Esto podemos recuperar pensando en participar y protagonizar desde un amplio movimiento nacional, popular, democrático, feminista y con conciencia latinoamericana.   

“La nueva ronda de la ofensiva capitalista supone avances en privatizaciones y extranjerizaciones, donde lo energético aparece como ámbito de negocios que disputan los capitales más concentrados. Lo que denunciamos es una nueva ronda neoliberal, en la tradición de la establecida por las dictaduras genocidas a comienzos de los años 70, recreadas en los 90 con la generalización de las políticas neoliberales en el ámbito mundial. El argumento era la subordinación de la región al sistema mundial de apertura y liberalización y hoy se avanza bajo la crítica a la corrupción, ocultando la propia de los gobiernos reaccionarios propiciadores del capitalismo criminal con violencia sobre los pueblos y enriquecimiento propio”.

Esta etapa bajo el gobierno de Cambiemos, acá en Argentina, supone un avance en borrar historia, memoria y derechos, los precios de los servicios públicos agua, luz y gas no sólo nos achican permanentemente el salario sino que son inalcanzables para amplios sectores de la población, la situación general hace imposible visualizar qué nos están cobrando, para quiénes son las ganancias, y también intentan borrar su carácter de derecho para instalarse en esta maquinaria de la deuda y la culpa como si no poder pagarlos fuera una responsabilidad del pueblo. Una política criminal, desde donde se la mire,  ya que no estamos hablando de lujos ni de productos superfluos sino de derechos mínimos indispensables para la vida humana.  

“Defendemos el carácter de servicio público de la energía, en donde el Estado no puede obviar su papel de control efectivo restringiendo la impunidad de las empresas contra la sociedad. Por eso mismo estimulamos la participación de los usuarios en la toma de decisiones relativas a tarifas y política energética. Al mismo tiempo proponemos la articulación de la lucha de los trabajadores con los usuarios en una perspectiva de confluencia de los derechos comunes entre trabajadoras, trabajadores y usuarios”.

“Que la extensión de la participación social masiva condicione y oriente el rumbo político de las sociedades que pretendemos construir. Se trata de pasar de la unidad en acción a la unidad programática para conformar alternativa política. Solo la calle y la conflictividad pueden vencer la ofensiva de las derechas y por eso la más amplia unidad en defensa de los derechos por los que luchamos, entre ellos, el derecho a la energía”.

José Rigane, Secretario General de Luz y Fuerza Mar del Plata, de la FETERA y adjunto de la CTA Autónoma, afirmó que el gobierno está consumando una estafa hacia los usuarios (con la pretensión de que paguen la devaluación), que el único objetivo que tiene es garantizar la seguridad jurídica de las empresas y que esto sucede porque hay que cambiar el modelo energético. Tenemos que terminar con este modelo energético basado en la privatización y la extranjerización, necesitamos empresas públicas, nacionales, estatales, que intervengan seriamente garantizando los derechos a la población. La energía no es una mercancía, es un bien social y un derecho humano. En pleno siglo XXI hay que poder acceder a la electricidad, el gas y el agua. Lograr este acceso básico implica una batalla de carácter político, social, sindical y cultural. 

Mujeres sindicalistas

Párrafo aparte merece el avance de las mujeres sindicalistas, de la mano de los movimientos de mujeres en general y de las mujeres sindicalistas en particular, pudimos intercambiar información y organizar coordinación con Yoanna Costabile de AUTE Uruguay, la participación de las mujeres es fundamental en este momento histórico y estamos seguras que constituye un aporte indispensable en la construcción de una alternativa política concreta que se traduzca no sólo en resistencia sino también en poder concretar sociedades organizadas y solidarias, con plenos derechos para el pueblo todo.     

Bahía Blanca, 19 de octubre de 2018