Las propuestas de reforma política y electoral que ha presentado el Presidente Martín Vizcarra al Congreso de la República para que este someta a referéndum deben merecer una máxima atención, tanto por lo que significan en términos de reforma legal y constitucional, como porque expresan una voluntad política que, más allá de los detalles, énfasis y mecanismos, atiende a problemas reales de nuestro régimen político.

No es casual que la bancada fujimorista y crecientemente los comentaristas de derecha muestren su oposición a las reformas y al referéndum. Lo hacen porque mover las fichas en estos ámbitos perjudica sus intereses inmediatos y los del sistema de representación del que han gozado en este, por lo menos, último cuarto de siglo. Si Vizcarra mantiene su iniciativa se avecina un choque entre poderes y se acentuará la crisis en curso, pudiendo convertirse de crisis en las alturas a crisis política general.  La izquierda y las fuerzas progresistas deben defender la voluntad de reforma y encaminarla a cambios democráticos que nos lleven a una representación de los ciudadanos.

En esta nueva crisis de la república criolla la representación tiene un rol central. Luego de la caída del Muro de Berlín y el colapso de los modelos de partido único, la crítica a las democracias liberales se ha centrado en su dificultad para representar adecuadamente a los ciudadanos. Esta dificultad tiene proporciones no solo de crisis sino casi de catástrofe en nuestro país. 

Las formas democrático liberales han tardado en incluir como ciudadanos a toda la población adulta en el Perú, esto recién ocurre con la Constitución de 1979 y luego tiene un gravísimo bache con el golpe de 1992.  Pero incluso, cuando lo han hecho, han mantenido el intento de proscripción de los movimientos sociales y los partidos de izquierda para hacer política. 

Hoy, esta proscripción se expresa en la frondosa legislación de criminalización de la protesta que dificulta la traducción de los reclamos sociales en propuesta política y su identificación arbitraria con el terrorismo, pero también en los requisitos arbitrarios para registrar un nuevo partido, el 4% del registro electoral, que no existe en ninguna parte del mundo. O sea, los dos motores de la democratización de cualquier democracia, movimientos y partidos, están bloqueados.

Pero vayamos a las raíces estructurales. En el Perú existe una gran dificultad para representar los intereses de la población. Esta dificultad estriba en el modelo económico de exportación de materias primas que se ha impuesto en el país. Este modelo, acentuado por el neoliberalismo, tiene como característica central que no crea trabajo con derechos. Esto tiene como correlato un altísimo grado de informalidad, un promedio del 75% de la PEA, que tiene como consecuencia la dificultad para la organización colectiva y la identificación de las reivindicaciones comunes surgida de la reproducción de la vida material. Las bases sociales de la representación política están entonces seriamente erosionadas.

Tenemos entonces que junto con los esfuerzos por cambiar el modelo económico que dificulta la representación de los intereses sociales, debemos avanzar en cambios profundos en el régimen democrático que a la postre se plasmen en una Nueva Constitución.

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