Las impresionantes revelaciones de latrocinios cometidos no sólo por los altos mandos de Carabineros sino de todas las instituciones de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Investigaciones de nuestro país, por graves que sean no parecen quitarle el sueño a los responsables de la marcha del Estado ni mucho menos les lleva a pensar con seriedad y patriotismo en cambios reales, de fondo, respecto de estos organismos estatales más allá del justo castigo a los culpables.

Porque el Estado es la organización política de la sociedad y ella, es decir el conjunto de ciudadanas y ciudadanos, es la que debe entregar orientación, doctrina, atribuciones, funciones y recursos a los aparatos superiores del Estado que se ha dado, lo que por supuesto implica el máximo de cuidado e interés cuando se trata de entidades a las que se entrega el poder de la fuerza material.

Es decir la fuerza física necesaria ya sea para defender la soberanía nacional en el caso de las Fuerzas Armadas o para cuidar el orden público y prevenir y atacar los delitos en el caso de las policías, sean uniformadas o civiles.

Por lo que resulta inaceptable, como ha sucedido, que la sociedad, es decir todos nosotros, aceptemos dotar de fuerza a sus propios organismos a efecto de que ésta se aplique contra la misma sociedad que los engendró. Como sucede con las dictaduras militares. Y lo ocurrido en Chile es, precisamente, un triste ejemplo de aquello.

Todo lo cual debe obligar a todos los sectores políticos a mirar con mayor preocupación y rigor cuanto hoy sucede respecto del deterioro moral de estas organizaciones, reflexionar sobre sus causas y orígenes y pensar seriamente en cómo explicar y, sobre todo, como resolver y poner término a situaciones tan deleznables. Porque la impunidad deriva del exceso de poder que en un momento les fuera conferido al margen de la Constitución y la Ley.

No agotaremos la referencia a los numerosos casos delictuales de estos últimos tiempos pero al menos, para ilustrar el comentario, recordemos algunos ejemplos del lamentable deterioro que viene desde hace años y cuya causa no es otra que el poder omnímodo que les otorgó el régimen de facto de Pinochet con el concurso de las erradas orientaciones doctrinarias mantenidas por años en estas instituciones.

Por ejemplo, ha sido el propio Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, quien confirmó hace sólo unos días que los institutos uniformados y la policía civil, han venido cometiendo ilícitos como el pago ilegal de sobresueldos, comisiones y pensiones.

No se trata pues sólo de los conocidos “Pacogate” o “Milicogate” de por sí acciones deleznables. Tampoco se trata sólo de la increíble institución de los llamados “gastos reservados” un estigma que ninguno de los gobiernos de esta dilatada transición se ha atrevido a poner término.

Pagos, a sabiendas dolosos, a personas ya fallecidas o a otras que no eran titulares de ese derecho como conceder montepíos a quienes nunca estuvieron casados, o pagarles más de una vez por la misma supuesta razón a una misma persona, o las falsas reliquidaciones de pensiones de retiro y montepíos, ejecución de movimientos financieros en Dipreca y no en entidades bancarias, actos administrativos irregulares. Comisiones ilegales a los directores de mutualidades, etc., etc. Sólo respecto de estos pequeños ejemplos hablamos de cifras que superan muchos miles de millones de pesos.

Lo cual se suma a los conocidos fraudes empresariales y los negociados de los sectores políticos vinculados a ese gremio. Escándalos no siempre bien reflejados en aquellos medios de prensa que se mostraron afines a la orientación ideológica y a la política ejercida durante la dictadura que estructuró un tipo de modelo económico y social que, salvo algunos de los cambios logrados bajo el reciente gobierno de la presidente Bachelet, se mantiene igual en lo esencial.

Modelo de consumismo desenfrenado y por tanto de un también desenfrenado endeudamiento de las familias chilenas que registra un porcentaje de más del 70% del ingreso de los hogares del país.

La preocupación aumenta cuando en el país ha vuelto al gobierno el sector político que fue la base civil de la dictadura. No olvidemos que cuando Pinochet se encontraba detenido en Londres, en aplicación de claras normativas del Derecho Internacional Humanitario, el encendido discurso del principal orador del acto central en Santiago en defensa del dictador fue el de don Sebastián Piñera.

Tampoco olvidemos los recientes dichos del diputado Urrutia, parlamentario de las filas del gobierno que ha ofendido a las víctimas de la dictadura, ni olvidemos, más allá de las declaraciones oficiales, el apoyo que a Urrutia han dado diversos personajes como Kast o la señora Van Rysselberghe, todos de gobierno.

Por cierto que debe preocupar también aquella estadística según la cual más del 50% de los estudiantes estaría de acuerdo con una dictadura en Chile. ¿Qué nos está sucediendo?

¿Hasta qué punto se impone la cultura del consumismo y la indiferencia hacia lo que sucede todos los días a nuestro alrededor?

Porque tal parece que ningún gobierno, ningún parlamento, ninguna autoridad del Estado, ninguna organización social planteará la revisión de la llamada doctrina de la “seguridad nacional” formulada por EEUU y según la cual el enemigo es el propio pueblo.

Formulación ideológica de tiempos de la llamada “guerra fría”, una doctrina defendida a raja tabla hasta hoy por los sectores más conservadores del país. Los mismos que propiciaron el golpe del 73.

Tras el horror de los años de dictadura, tras todo lo sufrido por la sociedad chilena, ¿no será que llega la hora de un amplio debate entre todos los sectores de nuestra nación para poner fin a los actuales desequilibrios del poder político?

Un debate serio, profundo, con participación de todos, civiles y militares, a fin de establecer una dirección nueva, acorde con los tiempos, integradora, patriótica, latinoamericanista, que ponga fin a secretismos propios del pasado, que ponga fin a gastos “ reservados”, y a todo tipo de abusos y excesos de quienes han sido autorizados al uso de la fuerza física.

Una nueva formulación doctrinaria democrática traería como consecuencia no sólo el fin de la escalada de latrocinios que comentamos y de otros delitos como la violencia indebida, de lo que somos testigos y que continuamente cometen sectores uniformados, sino además sellaría una real unidad patriótica de nuestra sociedad garantizando un futuro democrático estable sin interrupciones.

Este es un asunto que no admite más postergaciones. Desde hace mucho distintos pensadores de diversos sectores democráticos se han pronunciado de una u otra manera.

Fue, por ejemplo, en 1950 que Pablo Neruda escribió su poema “El Barco”, relativo claramente a lo que es el viaje de la vida, y en relación a tanta injusticia y a sus culpables termina señalando… “ si es una broma triste, decídanse señores a terminarla pronto, a hablar en serio, ahora. Después el mar es duro. Y llueve sangre ”.

En nuestro país ha llovido ya demasiada. Es tiempo en que abordemos todos juntos, pero pronto, estos temas de fondo.

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