Venezuela es objeto de atención. Se juega en ella todo el escenario de conflicto geopolítico, no sólo por la tradicional postura en torno a sus cuantiosos recursos estratégicos (reservas de petróleo extraíbles superior a los 3,3 billones de barriles, tercera reserva de oro del mundo, posiblemente segunda coltán, entre otros) sino sobre todo por el papel que juega en términos de sus posiciones anti-imperialistas.

Un teórico ruso, Alexander Dugin, asesor del presidente Vladimir Putin, señala que Venezuela es después del Estado islámico, la peor amenaza a los intereses estratégicos de los EEUU. No es descabellado este planteamiento, pues desde la formulación del mapa estratégico por parte de Chávez en 2004, se dibujaba una perspectiva propia desde el punto de vista geopolítico, en donde resaltaba los cambios en el escenario mundial (los polos de poder como los denominó) y los progresivos acercamientos con Euroasia (Rusia y China), así como las prospectivas de cambio político en Nuestra América. Chávez habló de un impulso al Nuevo Sistema Multipolar y eso coloca en una situación de liderazgo no alineado al país, aspecto éste que ha continuado el presidente Nicolás maduro, a pesar de las dificultades.

Los esfuerzos definidos por los EEUU en un conjunto de documentos estratégicos, tanto oficiales como de analistas del departamento de estado y de Defensa, así lo demuestran. Esencial es la postura reflejada en el texto del año 2010 denominado Fuerzas especiales y Guerra No Convencional (documento Circular TC-18-01 de noviembre 2010), en donde se establece una estrategia de creación de un escenario de conflicto interno, que propicie la conformación de lo que denominan “movimientos subversivos”, que son aquellos que buscan desequilibrar un gobierno hostil a los intereses de EEUU. Complementario a ello, hay que señalar los documentos y declaraciones de otros funcionarios que señalan la posibilidad de un escenario de eclosión social durante el Gobierno del presidente Nicolás Maduro. Tal es el caso del analista del Departamento de Guerra Robert Ellis, quién en dos trabajos denominados la inminente implosión en Venezuela (publicado en julio 2015) y la estrategia de EEUU para América latina y el Caribe (publicado en el primer trimestre de 2017), resalta los peligros de una implosión social en Venezuela, ante lo cual los EEUU debe intervenir a través de los países aliados vecinos (Colombia, Guyana, Perú, Panamá, Argentina, Brasil, entre otros).

Esto planes de desestabilización, habían sido recurrentemente banalizados, como simples “amenazas sin sentido” por parte del Presidente Maduro y del PSUV. Líderes de oposición, vinculados a los partidos Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo (UNT) han avalado las amenazas o guardado un silencio casi cómplice sobre las mismas. De no ser por las contundentes declaraciones de Donald Trump en agosto sobre una amenaza real de invasión al país, se mantendrían la matriz que el gobierno especula sobre esa posibilidad. La realidad indica todo una dinámica de acciones encubiertas y de guerra no convencional, cuyo objetivo esencial es desestabilizar internamente el sistema político venezolano, para justificar una acción militar con apoyo de la tríada Perú, Colombia, México, como principal punta de lanza de la agresión.

El escenario conflictivo en Venezuela (abril-julio 2017)

En Venezuela, se ha venido aplicando lo que hemos llamado una agenda trasgresora, es una interacción episódica y pública, entre el gobierno y actores políticos recientemente autoidentificados con una agenda innovadora, en cuanto sus estrategias no habían sido antes utilizadas. Con ello, nos referimos a las estrategias de acción colectiva, que caracterizamos como muy violentas, implementadas por la oposición desde 2014 y que se caracterizan por lo que hemos dado en llamar “la colombianización de Venezuela", que es la introducción de métodos violentos (linchamientos, incendios de edificios, acoso a funcionarios) en la protesta social y que encajan en formas no convencionales implementadas en la sociedad venezolana.

Desde abril de este año, hasta la celebración de las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) el 30 de julio, las protestas tuvieron un saldo terrible: 131 personas fallecidas, más de 200 vehículos oficiales incendiados, cerca de 70 instituciones o edificaciones afectadas por incendios, linchamientos o quema vivo de cerca de 25 personas, pérdidas económicas superiores a los 1000 millones de BsF. Todo ello, enmarcado en la creación de condiciones para identificar al Gobierno de Maduro como un “Estado Fallido”, es decir, incapaz de mantener la paz y asegurar los DDHH de los ciudadanos. Aunado a ello, el Gobierno de Trump ha incrementado las sanciones tanto sobre personas como contra instituciones de los poderes públicos venezolanos, buscando con ello incrementar la presión sobre el Gobierno con el objeto de “facilitar” una transición política. Notable han sido las posturas del Vicepresidente Mike Pence y del director de la CIA, Mike Pompeo, quienes abiertamente han apostado por una acción desestabilizadora, contando con ayuda internacional.

Complicando este escenario, los resultados de las consultas electorales efectuadas en el mes de julio, le agregan presión. La oposición venezolana, organizó – sin contar con aval jurídico del poder electoral- un proceso electoral, que inicialmente definió como plebiscito – figura que no existe en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela- y que luego cambió de denominación (llegaron a llamarlo referendo popular entre otras cosas) . Lo particular del caso, es que comparando la votación resulta que la oposición venezolana perdió una importante cantidad de votos, en relación con lo obtenido en diciembre de 2015. En ese momento, obtuvo 7.707.422 votos. Mientras que en el proceso del 16 de julio de 2017 alcanzó 7.186.170 votos. Eso representa una pérdida de 521.252 votos. Que reflejan el cansancio y el agotamiento de sus seguidores ante una agenda que sugirió “sacar a Maduro en 6 meses”, “inhabilitarlo” o convocar un referendo revocatorio, pero que no cumplió ninguna de sus promesas. Por otra parte, hay quienes cuestionan – con razón en nuestro criterio- los resultados de ese proceso electoral, que no contó con veedores o supervisores.

Por otra parte, el resultado de la elección de la ANC el 30 de julio, donde los candidatos del PSUV y del Gran Polo Patriótico obtuvieron la cifra de 8.089.320 votos, que significó una recuperación en relación con lo obtenido en 2015, de 2.490.295 votos, introduce una interesante disputa para el proceso electoral de este domingo 15 de octubre.

Escenarios postelectorales en Venezuela

La instalación de la ANC, ha significado el desplazamiento de la discursividad política que en un momento tuvo la Asamblea nacional controlada por la oposición, a un mayor protagonismo de actores pro- gobierno, que han llevado adelante una agenda política que marca la pauta de la agenda mediática. Sin embargo, ante este retroceso de la oposición venezolana, han contado con un apoyo en el escenario internacional: el Vicepresidente de los EEUU realizó una gira por América Latina en donde recorrió posibles aliados en las sanciones o presiones sobre Venezuela (México, Perú, Colombia, Argentina, Brasil, Chile). Asimismo, el Secretario General de la OEA, Luís Almagro, acaba de realizar la instalación de una especie de Gobierno “paralelo” en la sede de ese organismo, juramentando a los jueces nombrados en forma espuria por la Asamblea nacional. Con ello, busca implementar una de las acciones que guarda peligrosa similitud con los procesos de intervención militar en Libia y Siria: la conformación de un Estado “sombra”, cercano a los intereses de EEUU.

¿Cómo entender esta medida? En nuestro criterio obedece a la presunción de los expertos y asesores de seguridad de EEUU que el proceso electoral de este domingo pueda arrojar resultados contrarios a las fuerzas políticas internas que tienen en Venezuela. El descontento con el accionar de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), que durante los conflictos violentos de abril a julio prometió no ceder hasta sacar a “Maduro por cualquier medio”, pudiera reflejarse en una abstención relativamente alta, que afecta mayoritariamente el voto opositor. Al respecto, creemos posible un escenario con una abstención cercana al 50% (entre mínimo 45 y máximo 54%) que favorecería a las fuerzas del PSUV, obteniendo cerca de 12 de las 23 Gobernaciones (con abstención de 46%) o alcanzando 15 de las 23 Gobernaciones con una abstención de 54%. Este sería el mejor escenario para el Gobierno de Nicolás Maduro, pues significaría que navega sobre una repolitización de sus bases de apoyo, que no obstante siguen exigiendo medidas más radicales contra la Guerra Económica.

Otro escenario, es el que se puede dar, sí la oposición logra movilizar en gran medida sus votantes. Con una abstención relativamente baja (entre 40% como máximo y mínimo 30%) la MUD obtendría 13 de las 23 Gobernaciones. Pero sí la abstención supera el 45% el triunfo del PSUV, abriría un escenario de mayor conflicto y presión, tanto interno como externo. Interno, porque cualquiera que sea el nivel de abstención la posibilidad de perder Estados claves fronterizos es muy real. Nos referimos a los casos de Zulia, Táchira y Mérida, también conocidos como la “media luna”. Estos espacios, que cuentan con gobernadores militantes del PSUV están en riesgos por diversos motivos, principalmente por el accionar de sus gobernadores en términos muy ambiguos ante las acciones de la Guerra Económica y el comercio de extracción, pero también por las críticas que han recibido por la conformación de sus gabinetes regionales, con figuras cuyo compromiso militante ha sido puesto en duda y finalmente, grandes críticas por hechos de corrupción ligado a negocios con la construcción de viviendas, venta de alimentos y contrabando de gasolina.

La pérdida de estos Estados, ante candidatos muy radicalizados aunados a la presencia de elementos paramilitares en los lindes fronterizos, amenaza con reforzar la tesis del “caos constructivo” propuesto por teóricos norteamericanos, pues se generaría un conflicto de mediana intensidad, que encaja perfectamente en lo establecido en el Manual de Operaciones hecho público en 2010, de crear “territorios liberados” y cercanos a los intereses de EEUU. Las tensiones entre los EEUU y el Gobierno de Maduro irán en incremento. En nuestro criterio sobre una acción disuasiva determinada por el establecimiento de acuerdos de asistencia militar recíproca con China y Rusia pueden impedir una agresión mayor contra el país.

El Gobierno de Trump, atrapado como esta por el complejo industrial-militar-financiero, no perderá ninguna oportunidad de profundizar la desestabilización del Gobierno de Nicolás Maduro, más aún si tal como sostenemos, en un escenario de abstención relativamente alto (entre 45 y 56%), obtiene una mayoría de Gobernaciones que le otorga una gran base de apoyo y un golpe psicológico profundo a las aspiraciones de la oposición de sacarlo del poder. Esperemos la votación del domingo para ver cuál será la siguiente acción en este juego geopolítico en el que se encuentra Venezuela y el Presidente Nicolás Maduro.

Dr. Juan Eduardo Romero

Director Centro de Investigaciones y Estudios Políticos Estratégicos (CIEPES)

Historiador/politólogo

Juane1208@gmail.com

14/10/2017