Hoy, en medio de la implementación de un proceso de paz en Colombia, reciben una vez más amenazas de muerte líderes sociales y defensores de Derechos Humanos. Denuncio públicamente la grave amenaza de muerte dirigida hacía tres miembros de organizaciones sociales y de Derechos Humanos de la ciudad de Armenia, Departamento del Quindío, los cuales han sido objeto de intimidación   y amenaza de muerte.

Un funcionario de la Defensoría del pueblo, el abogado César Ramírez y dos defensoras de Derechos Humanos: Marleny Zabala y Nhora Vélez, quienes luchan día a día por los desaparecidos en el Quindío, con verdadera ética y valor, están gravemente amenazados.

El paramilitarismo, sigue operando y aunque sea obtusamente invisibilizado, y siga siendo negado por el Estado colombiano, es importante decirle al mundo que Colombia está atrapada por un Estado mafioso, corrupto y paramilitar.  El gobierno de Juan Manuel Santos y  el fiscal Néstor Humberto  Martínez Neira, acordonados  en su institucionalidad,  se empeñan en negar,  refutar la evidencia de que los paramilitares existen, que amenazan y  entra en el modus operandi de destinar  su brazo operativo de corte selectivo y  fascista. El gobierno de Santos asegura que no hay “sistematicidad”, pero las amenazas de muerte, los asesinatos de dirigentes sociales, populares, rulares, comunitarios, defensores de los derechos humanos están al orden del día, como sucede también con militantes de izquierda, miembros de las familias de ex–guerrilleros que entraron en el proceso de paz y algunos exguerrilleros. Me pregunto: ¿Esto es una odisea o una horda maquiavelista de qué sectores?

En este ángulo obtuso, la institucionalidad no quiere desestructurar el paramilitarismo local y regional.  El fiscal Humberto Martínez, no hace alusión a las amenazas o asesinatos, donde asépticamente, sin el menor recato y dolor de las víctimas, expresa que es un asunto de “bandas criminales” generando una desviación del tema, y sobre lo que verdaderamente debe ocuparse su organismo: la protección a los ciudadanos como política de Estado y desestructurar estas   organizaciones paraestatales.  ¡Cómo si el derecho a la vida, fuera un tema de delito menor en manos de agentes externos! ¡No, señor presidente y señor Fiscal, esto es  un asunto de Estado! ¡El derecho la vida es un tema de Estado!

María Fernanda Quintero Alzate

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