Entre Estados Unidos y Venezuela no existen litigios territoriales ni comerciales, que son la causa principal de los conflictos entre naciones. Por supuesto, existen visiones distintas de carácter político, pero estas diferencias no pueden ser consideradas como causantes de la actual situación conflictiva, como lo demuestra la experiencia histórica y el hecho de que ambos países tienen relaciones cordiales con Estados de diverso signo, bien sea Arabia Saudita, Francia o Vietnam.

En realidad, la tensión en curso tiene que ver es con motivos geopolíticos. A Washington le interesa que Venezuela, por su ubicación geográfica y sus riquezas naturales, haga parte de su “zona de influencia”. Por su parte, el interés de Venezuela es distinto: desarrollarse como país independiente.

Para evitar el distanciamiento geopolítico de Venezuela, el gobierno estadounidense ha tomado acciones desde hace varios años. En 2014 el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de protección de los derechos de los venezolanos, que fue firmada por Barack Obama el 18 de diciembre de ese año, a pesar de que contravenía el principio elemental según el cual población y territorio están bajo la soberanía única del Estado de cada país.

No hay ninguna normativa internacional vigente que permita que el Estado de un país ejerza la protección de la población o del territorio de otro país, bajo ningún argumento. Ni siquiera si se hace a nombre de los derechos humanos o ambientales. Es un asunto tan grave como lo sería si el Congreso de Colombia aprobara una Ley de protección de las costas venezolanas o la Asamblea venezolana legislara sobre la protección de los trabajadores argentinos. Este tipo de hechos, se traduzcan o no en actos materiales concretos, es causante automático de litigios y conflictos en cualquier parte del mundo.

Ahora la cuestión se ha agravado, pues se ha llegado al punto extremo en el que el presidente de Estados Unidos ha comunicado la posibilidad de una intervención de sus fuerzas militares con el fin de obligar a Venezuela a realizar acciones internas de carácter político e institucional distintas a las aprobadas por su propio Estado. No estamos en este caso frente a opiniones o críticas, sino ante actuaciones que son contrarias a lo estipulado por las leyes internacionales.

Solo cuando existían los protectorados o territorios en fideicomiso podían admitirse estas actuaciones. Pero Venezuela no tiene la condición de protectorado o fideicomiso, de modo que las diferencias políticas que existen deben ser procesadas por medio de los métodos de resolución pacífica de controversias establecidos por Naciones Unidas. En este marco, le corresponde a Washington revertir la ley señalada, dejar de lado las anunciadas medidas de embargo y descartar el uso de la fuerza. Es necesario un diálogo entre ambos países para abrir las puertas a la cooperación en diversas áreas, más allá de las diferencias y opiniones políticas.

Flash Rojo

PUDIERA DAR resultados el mecanismo que se estudia en la ANC para hacer frente a los problemas económicos y que consistiría en permitir a las empresas privadas realizar sus importaciones en dólares cuyo precio se forme en un mercado público del BCV. Por su parte, las divisas del petróleo irían a importaciones del Estado para alimentos y medicinas.

SON NUMEROSOS los empresarios de la llamada “boliburguesía” que han roto sus lazos con el Gobierno y ahora financian a sectores de la oposición. Pero asunto extraño, continúan haciendo negocios, incluso en la Faja del Orinoco, bajo la cobertura de asociaciones desde España, con el aval de funcionarios venezolanos.

Flash Negro

LA ESTRATEGIA adoptada por la oposición para deponer a Nicolás Maduro no dio frutos. La violencia de calle se convirtió en un bumerán. Ahora la Mud ha dado un giro hacia las elecciones, pero no se ha dado el paso decisivo: una negociación para la coexistencia. ¿La razón? Los sectores opuestos al diálogo siguen siendo hegemónicos.

DE LAS OPINIONES de los dirigentes de oposición se desprende que una elevada porción sería partidaria de una intervención extranjera si se realiza con el argumento de ayuda humanitaria, en medio de disturbios sociales o con blancos quirúrgicos. Algunos piensan que no es necesaria, pero no la descartan. El nacionalismo sería obsoleto.

El Socialismo en la Historia

Doble poder

Se considera que hay una situación de doble poder cuando existen dos centros o formas institucionales que detentan el poder de manera simultánea. El modelo clásico es el de la revolución rusa que se inicia en febrero de 1917. Sin embargo, es una situación que ya se había dado con anterioridad en otros contextos históricos, como en la revolución inglesa del siglo XVII, que colocó de un lado el poder de la aristocracia asentado en el trono real y del otro el poder de la burguesía emergente afincada en el parlamento. De forma parecida, en la revolución francesa de 1789 la Asamblea Constituyente concentra el poder en sus manos pero al inicio no suprime totalmente las prerrogativas del rey. Del mismo modo, la comuna de París de 1871 asume tareas del Estado en paralelo al gobierno central establecido en Versalles. Ahora bien, lo específico de Rusia fue la creación de estructuras de poder, los soviets, electas por los sectores obreros, soldados y campesinos, que se federaban en elecciones de segundo grado. En marzo de 1917 llegaron a un compromiso de convivencia con el gobierno provisional de mayoría liberal nombrado por el parlamento, compromiso que no duró sino hasta octubre, cuando todo el poder pasó a los soviets.

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