El ingeniero Jorge Edgar Zambrana Jiménez presenta, ante el pueblo boliviano, las siguientes conclusiones, después del primer dictamen de la Corte de La Haya de septiembre 2015.

El reloj de la Plaza Murillo de La Paz, con numeración y manecillas que giran al revés, está en un mapa que incorpora el territorio del Departamento del Litoral, arrebatado, ocupado y usurpado de facto por Chile en la invasión militar y posterior guerra del Pacífico en 1879.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó hoy que el llamado "reloj del sur", con la forma del mapa boliviano que incorpora el territorio costero perdido en una guerra ante Chile, recuerda que su país sufrió una "invasión" en 1879.

"Nosotros refrescamos la memoria mediante un pequeño regalo que hicimos a quienes nos visitaron con motivo de la Cumbre G77 más China. Recordamos que esto es lo que nos han usurpado (...), el litoral boliviano dentro del mapa", dijo Morales en un discurso al mostrar uno de esos relojes, que marcan las horas a la inversa.

El Gobierno obsequió esos relojes de mesa a las delegaciones que asistieron recientemente a la Cumbre del G77 más China en Bolivia, como un símbolo de la reivindicación marítima de Bolivia.

Según Morales, en Chile se ha generado un debate, no tanto por el reloj que gira a la izquierda sino porque se añade el territorio que Bolivia perdió en la guerra del Pacífico, lo cual ha provocado reacciones de enojo y remordimiento por parte de las autoridades chilenas.

El mandatario agregó que no se puede "ocultar la historia" y que no fue el pueblo chileno, sino su "clase dominante y oligarquías coludidas con trasnacionales", las que causaron la invasión del territorio costero boliviano para provocar un enclaustramiento que lleva 138 años.

"Mientras no hayan soluciones sobre el derecho que tienen los bolivianos a retornar a sus puertos ancestrales en el Pacífico, con soberanía, con seguridad seguirá habiendo un tema pendiente durante esta generación y las futuras generaciones", sostuvo el gobernante.

Este reloj tiene un mapa con nuestro mar, nuestro Litoral. Nos tiene que recordar que nuestro derecho al mar es irrenunciable. Tenemos que recordar eso todos los días, todas las horas, todos los minutos.

Llegará la alborada en que desde las playas del Océano Pacífico Sur vaya a todos los mares el rumor gozoso del pueblo boliviano que va a recuperar sus puertos soberanos, después de vivir injustamente enclaustrado.

Se debe hacer un llamado a la niñez y la juventud en no claudicar el retorno de Bolivia al mar y que se identifiquen mucho con nuestro litoral cautivo, con nuestros héroes que han sido grandes y valerosos hombres y mujeres quienes sacrificaron sus vidas por la patria en una guerra desigual tras una cobarde invasión donde nos han usurpado nuestro mar en un latrocinio fratricida.

El dominio actual que Chile ejerce sobre el litoral ocupado, es un dominio de fuerza, impuesto sin respeto al derecho. Es un despojo que se ha originado después de firmado el fraudulento tratado de 1904, el cual equipara los derechos legítimos de propiedad boliviana con el dominio ilegal chileno sobre un territorio ocupado durante la invasión y la guerra.

La invasión de 1879, la ocupación de 1884 y el despojo de 1904 son los antecedentes de fuerza militar, no de derecho, con los que Chile ha despojado y detenta hoy el Departamento del Litoral.

Está reconocido a nivel mundial hoy, el derecho de Bolivia a reivindicar y recuperar su Departamento del Litoral, y no a negociar un callejón de salida al mar sin puerto propio ni soberano.

El tratado de 1904 debe terminar como un instrumento de dominio colonizador, y Bolivia debe acabar con ese fraude.

Dicho tratado, que Chile ha llamado de “amistad” y el gobierno de Montes lo ha aceptado, es un documento mediante el cual se ha enclaustrado al pueblo boliviano, cercenando su soberanía, convirtiéndonos en Estado tributario y que soporta actualmente la nueva agresión masiva y organizada del contrabando chileno, mientras Chile insiste en su intangibilidad con amenazas militares. Esa es la naturaleza de la “paz” del tratado en que se hallan actualmente las relaciones de vecindad.

Pedir a Chile cumplimiento del “tratado de paz” y la mejora del “libre tránsito”, tal como lo hacen los chilenófilos, es como pedir soga para ahorcarse.

Bolivia reclama lo que es suyo propio, a pesar del dominio “absoluto y perpetuo” que Chile le impone con un despojo armado. El Departamento del Litoral, por derecho y por ley es territorio del Estado Boliviano, aunque hoy bajo dominación ilegítima y de facto.

No existe hoy la intangibilidad de los tratados en el derecho internacional público; tampoco la eternidad del despojo impuesto por un país sobre otro.

La defensa chilena de su tratado de 1904, como un “derecho de victoria” ganado por las armas, no es propio de un tratado de Amistad; es un despojo insano contra la democracia, contra la soberanía y la libertad. La fuerza de la causa boliviana de reivindicación tiene en estos fundamentos la justicia que debe primar.

Bolivia debe ser reintegrada al Océano Pacífico, porque es su derecho, ya que su enclaustramiento ha sido resultado de una invasión militar con la fuerza de las armas y de la injusticia.     Por eso, la demanda marítima boliviana debe ser categórica y debe pedir la devolución de su costa marítima con puerto y en territorio que ha sido suyo propio.

No queremos que nos vuelvan a tomar el pelo con el callejón inservible al norte de Arica.

No hay razón para que Bolivia acepte el callejón como una dádiva graciosa de parte de Chile. En cambio, debemos demandar la reivindicación de nuestro mar y territorio sin condicionamientos ni compensaciones de ningún género. No estamos pidiendo que nos concedan ni un centímetro de su territorio. Lo que clamamos es la devolución justa de lo mal habido. Tampoco estamos pidiendo lo que Melgarejo y Frías les regalaron, desde el río Salado hasta el paralelo 24°. Vergüenza debería dar a quienes quieren trocar mar por recursos naturales o por mayores enajenaciones territoriales, satisfaciendo la eterna codicia del usurpador de siempre.

La fuerza militar no da derechos. Chile se ampara en su poder bélico y económico, alcanzados con la riqueza usurpada a Bolivia, para manejar la cantaleta de que Bolivia solo tiene “aspiración” y no derecho al mar. Ello no es ético ni razonable. Chile ha obtenido nuestra riqueza mediante el despojo y la ley filibustera de que la agresión y la victoria da derechos, y los bolivianos seguimos embaucados con la fraseología de la confianza mutua y esperando la limosna de la “cualidad marítima” que el soberbio agresor tenga a bien concedernos en una negociación por un corredor sin puerto al norte de Arica, lo cual es la aspiración de los demandantes ante La Haya, contrariando los derechos del pueblo boliviano.

La actual demanda marítima ante la Haya, se basa en compromisos y ofrecimientos unilaterales de Chile, limosnas retaceadas al botín usurpado al Perú. Pero, habida cuenta de lo debido por el usurpador, tenemos fundamentos de mucha fuerza para plantear una negociación que persiga la reparación de todo el latrocinio inferido a Bolivia. Lo robado no se puede convertir en soberanía intangible. Las apropiaciones chilenas han sido completamente gratuitas, aprovechando la traición de tantos coludidos con la oligarquía chilena.

En lugar de cambiar el sentido de las horas del reloj, al revés, el gobierno boliviano debería impugnar la política de la Corte de La Haya y del Pacto de Bogotá, impuesta por las grandes potencias a su conveniencia, donde impiden que la Corte de Justicia pueda revisar tratados internacionales impuestos a la fuerza, como el de 1904, lo cual va en contra de los derechos del pueblo de Bolivia. La demanda marítima presentada ante La Haya está pidiendo obligar a Chile a negociar con Bolivia en base al callejón sin puerto al norte de Arica, lo que va en desmedro de nuestros legítimos derechos en el Departamento del Litoral. La política internacional de “papelitos cantan” debería ser cambiada por “derechos valen y no caducan”.

Basta de entreguismos, como el regalo de Melgarejo en 1866 cuando obsequió a Chile un grado y medio geográficos; como el intento del gobierno de Banzer de mutilar otra vez a la Patria a cambio del callejón sin puerto al norte de Arica; como el mutismo gubernamental y periodístico cuando los cónsules chilenos en La Paz expresan que “Bolivia no tiene derecho al mar”.

La demanda ante La Haya debe urgentemente ser complementada con una comunicación gubernamental oficial expresando que Bolivia no renuncia a su derecho de que le devuelvan sus cuatro puertos ancestrales legítimos invadidos y ocupados de facto por el ejército chileno.

Las embajadas bolivianas deben publicar por todos los medios la escandalosa usurpación de 1879, y Bolivia debe proceder a buscar aliados en su justa demanda, ya que cualquier negociación con Chile siempre será un fracaso, porque debemos darnos cuenta que el trato bilateral nunca ha encontrado ni la más remota intención de reparación por parte de Chile al daño causado con su asalto invasor.

Los alcances de un fallo de la Corte de La Haya, para una obligación a negociar, seguramente no serán bien establecidos, y menos esa negociación será necesariamente favorable a la parte demandante.

Conclusiones en La Haya

1.- Chile tiene una obligación de negociar con Bolivia un acceso plenamente soberano al océano Pacífico.

2.- Bolivia se reserva el derecho de solicitar a la Corte Permanente de Arbitraje la constitución de un tribunal arbitral por cualquier reclamo que pueda surgir del Tratado de 1904.  En términos prácticos, los tratados entre estados son legítimos, siempre y cuando no hayan sido coartados. En los ojos bolivianos, ése es precisamente el caso del Tratado de 1904, dada la frágil posición de Bolivia para negociar en su momento, y la potencial amenaza a su soberanía. Sin embargo, en una primera instancia, ésa es una de las razones por las cuales se acude al Tribunal de la Haya. Es importante que Chile empiece a comprender que la demanda boliviana de acceso al mar se basa en una noción moderna de soberanía, una soberanía abierta que beneficie a todos y ponga atrás un conflicto histórico que no ha hecho más que distanciar a tres naciones.

3.-  Mediante nota del 1 de junio de 1950,  al canciller chileno, dirigida por el embajador boliviano en Santiago, Alberto Ostria Gutiérrez, se solicitó: [...] que los Gobiernos de Bolivia y Chile ingresen formalmente a una negociación directa para satisfacer la fundamental necesidad boliviana de obtener un puerto propio y soberano al Océano Pacífico, resolviendo así el problema de la mediterraneidad de Bolivia sobre bases que consulten las recíprocas conveniencias y los verdaderos intereses de ambos pueblos. En su respuesta del 20 de junio de 1950, el canciller chileno Horacio Walker Larraín señaló: En la presente oportunidad, tengo el honor de expresar a Vuestra Excelencia que mi Gobierno será consecuente con esa posición y que, animado de un espíritu de fraternal amistad hacia Bolivia, está llano a entrar formalmente en una negociación directa destinada a buscar la fórmula que pueda hacer posible dar a Bolivia una salida propia y soberana al Océano Pacífico, y a Chile obtener las compensaciones que no tengan carácter territorial y que consulten efectivamente sus intereses.

En cuanto al contenido del acuerdo, se sabe que la alternativa que se venía discutiendo era entregar a Bolivia un corredor al norte de Arica de alrededor de 10 km de ancho y la posibilidad de construir un puerto y usar el ferrocarril Arica-La Paz, a cambio de la utilización por Chile de las aguas del lago Titicaca, del río Desaguadero y del lago Poopó, para generar energía hidroeléctrica para las provincias chilenas de Tarapacá y Antofagasta.

4.-  La segunda negociación importante sobre la mediterraneidad de Bolivia se inició el 8 de febrero de 1975, en la zona fronteriza de Charaña, en la cual se reunieron los presidentes de facto de Bolivia y Chile, a cuyo término firmaron el Acta de Charaña, donde convinieron que: [...] continúe el diálogo a diversos niveles para buscar fórmulas de solución a los asuntos vitales que ambos países confrontan, como el relativo a la situación de mediterraneidad que afecta a Bolivia, dentro de recíprocas conveniencias y atendiendo a las aspiraciones de los pueblos boliviano y chileno.

5.-  El 26 de agosto de ese mismo año, Bolivia lanzó una ayuda memoria en la cual básicamente planteaba un corredor al norte de Arica hasta la línea de la Concordia y un enclave situado al sur del territorio que el Perú perdió a partir del Tratado de 1929. En diciembre de 1974, luego de cinco meses, Chile formuló su respuesta, en la que aceptó ceder a Bolivia el corredor señalado, pero al mismo tiempo descartó toda cesión al sur que pudiera afectar la continuidad territorial del país y agregó la necesidad de que Bolivia compensase territorialmente a Chile con una superficie equivalente.

6.- Banzer resolvió romper relaciones con Chile, ante la ola de críticas producidas en Bolivia opuestas a cualquier canje territorial.

7.- La Organización de Estados Americanos (OEA) declara que: Es de interés hemisférico permanente encontrar una solución equitativa por la cual Bolivia obtenga acceso soberano y útil al Océano Pacífico. [...] Resuelve:  Recomendar a los Estados a los que este problema concierne directamente, que inicien negociaciones encaminadas a dar a Bolivia una conexión territorial libre y soberana con el Océano Pacífico. Tales negociaciones deberán tener en cuenta los derechos e intereses de las partes involucradas y podrían considerar, entre otros elementos, la inclusión de una zona portuaria de desarrollo multinacional integrado y, asimismo, tener en cuenta el planteamiento boliviano de no incluir compensaciones territoriales.  [...] Reafirmar la importancia que tiene la solución del problema marítimo de Bolivia sobre bases que consulten recíprocas conveniencias y los derechos e intereses de las Partes involucradas, para un mejor entendimiento, solidaridad e integración del hemisferio, exhortando al diálogo de las Partes.

8.- Los presidentes Evo Morales y Michelle Bachelet, a través de la llamada Agenda de trece puntos, acordaron: 1. Desarrollo de la confianza mutua. 2. Integración fronteriza y cooperación aduanera. 3. Libre tránsito y habilitación del puerto de Iquique. 4. Integración física con el ferrocarril Arica-La Paz. 5. Complementación económica. 6. Tema marítimo. 7. El Silala y recursos hídricos. 8. Instrumentos de lucha contra la pobreza. 9. Seguridad y defensa. 10. Cooperación para el control del tráfico ilícito de drogas y precursores químicos. 11. Educación, ciencia y tecnología. 12. Cultura. 13. Otros temas, como convenios en materia de seguridad social, otorgación de visas a estudiantes chilenos en Bolivia y aporte en la solución de problemas de género, entre otros aspectos sociales.

9.- El 23 de marzo de 2011, el presidente Evo Morales anunció la creación de la Dirección General de Reivindicación Marítima (Diremar), cuyo mandato sería preparar una demanda contra Chile en instancias internacionales, denunciando la actitud chilena de no tener voluntad de avanzar en el tema del mar. Ante este hecho, el propio presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció que su gobierno defendería con firmeza su soberanía.

10.- El Estado Plurinacional de Bolivia sorprendió al dejar de lado su posición tradicional de nulidad del Tratado de Paz de 1904 y presentar ante la CIJ, el 24 de abril de 2013, una demanda sobre la obligación de negociar que tendría Chile frente a este Estado, con el fin de llegar a un acuerdo para devolverle un acceso soberano al mar.

11.- Bolivia alega la existencia de una obligación internacional asumida (bilateral y unilateralmente) por Chile, de negociar de buena fe con el primero, un acuerdo que le permita un puerto soberano al océano Pacífico. Bolivia sostiene que Chile no ha cumplido con esta obligación, por lo cual, solicita a la Corte declare el incumplimiento y establezca el deber de Chile de negociar de buena fe y prontamente con Bolivia una alternativa de puerto soberano al mar.

12.- Aunque la CIJ aceptase que Chile está obligado a negociar, ello no resolvería el fondo de la controversia que es darle el puerto soberano al mar a Bolivia, en tanto no existiría obligación de llegar a ese resultado mediante la negociación.

13.- No llegamos a entender cuál es el propósito de la demanda boliviana, en la medida que en el supuesto que Bolivia ganara el caso, ello no resolvería su situación mediterránea, sino que tan solo obligaría a Chile a ingresar a una nueva negociación, pero no garantizaría que este país le devuelva un puerto soberano al mar. Esto último nos lleva a un segundo tema y es en qué medida la Corte Internacional de Justicia puede llevar adelante un proceso cuya petición no conduce —en caso de ser declarada fundada— a la solución misma de la controversia. Sobre el particular, este tribunal ya se ha pronunciado anteriormente, señalando que no es posible recurrir a él cuando verifique que la sentencia será simplemente declarativa, esto es, sin ningún efecto práctico; concretamente se ha negado a resolver el fondo del asunto cuando ha considerado que el fallo tendría un mero efecto declarativo.

14.- Un tercer tema está relacionado a los denominados actos unilaterales de los Estados (AUE), que en la actualidad son indiscutiblemente fuente del derecho internacional, es decir, normas generadoras de derecho. Al respecto, debemos tener en cuenta que no todos los actos unilaterales son creadores de derecho, por lo que Bolivia deberá probar que las declaraciones chilenas que presenta como probatorios de un AUE son en realidad tales, para lo cual deberá establecer sus elementos constitutivos: manifestación de voluntad autónoma, unilateral, con el objetivo e intención de producir efectos jurídicos, cuya validez no dependa de otros actos jurídicos, conforme al derecho internacional y que reúna ciertos requisitos de capacidad (emanada por órgano competente), de forma (pública) y de fondo (la declaración debe ser hecha con ánimo vinculante).

El vergonzoso abrazo de Charaña,   8 de febrero de 1975, Pinochet le dice: Ven, te voy a vender un callejón. No tienes derecho a ningún puerto.

El vergonzoso abrazo de Charaña,   8 de febrero de 1975, Banzer le responde: “Mi General, la victoria le da derechos”

Finalmente, en la medida en que un acto unilateral es una reconocida fuente de derecho internacional, produce inmediatamente la existencia de una obligación para el Estado declarante y un derecho para el Estado receptor. Sin embargo, en el presente caso, Bolivia no solo sostendría que las declaraciones unilaterales chilenas han creado a su favor el derecho de exigir a Chile una negociación, sino también afirma que tales declaraciones han creado un «derecho expectaticio» a su favor, concretamente, la expectativa de tener puerto soberano al océano Pacífico. Este es un punto interesante que tendrá que ser resuelto por la Corte, es decir, determinar si el AUE puede generar no solo derechos en favor del destinatario de la declaración, sino también «derechos expectaticios».

Debe considerarse que Chile y Bolivia son países ratificantes del Pacto de Bogotá de 1948 que tiene por objeto la solución pacífica de controversias y que, según el mismo, ambos Estados han aceptado el sometimiento ipso facto a la jurisdicción de la CIJ para considerar la existencia de cualquier hecho que pudiere constituir el incumplimiento de una obligación internacional. En esta oportunidad, la petición boliviana no se fundamenta en la nulidad del Tratado de Paz y Amistad de 1904. Muchos juristas piensan que un tratado de paz es prácticamente inamovible, de acuerdo a la doctrina impuesta por las grandes potencias, y que no es condición suficiente que una de las partes invoque que es injusto o fue impuesto por la fuerza. Por tanto, resulta interesante el nuevo camino que está siguiendo Bolivia dado que fundamenta su argumentación en la validez de los actos unilaterales de los Estados como fuente de obligaciones jurídicas internacionales, tal como sería el compromiso adquirido por Chile para negociar un acuerdo con Bolivia devolviéndole a ese país un puerto soberano al mar.

Para Bolivia, existe una disputa legal derivada de las promesas incumplidas por parte de Chile que han generado una expectativa frustrada o “derechos expectaticios”. En consecuencia, solicita a la Corte que se pronuncie y declare que Chile tiene que reconocer la existencia de una obligación de negociar de buena fe, prontamente y de manera formal, un puerto soberano boliviano al océano Pacífico, dado que los actos unilaterales se encuentran admitidos tanto en la doctrina como en la jurisprudencia internacionalista.  En otras palabras, el Derecho Internacional contempla que un Estado, además de sus obligaciones convencionales, puede comprometerse unilateralmente a través de una serie de actos con efectos jurídicos que se manifiestan en múltiples formas y circunstancias (declaraciones de autoridades competentes, negociaciones, propuestas, compromisos previos, etc.).

La situación es que Bolivia tiene un buen caso y la controversia estará centrada en probar la existencia de la obligación del Estado chileno de negociar un acuerdo para que su vecino pueda terminar su condición de mediterraneidad existente desde la pérdida de su litoral en la Guerra del Pacífico. Por su parte, Chile, tendrá la tarea no menos ardua, de convencer a los jueces que deben desestimar las pretensiones bolivianas, en el sentido que las declaraciones de los altos representantes chilenos no tuvieron como base una intención clara e inequívoca de generar compromisos con validez jurídica respecto de la cesión de derechos territoriales soberanos sino, en todo caso, facilitar de buena fe y con la mejor voluntad, a través de otros mecanismos y soluciones mutuamente acordadas, un mejor acceso de Bolivia al Océano Pacifico, pero teniendo como base segura y firme el respeto al Tratado de 1904.

Resulta incomprensible que el Canciller chileno sostenga que “…no existe ningún compromiso que Chile haya tomado ni antes ni ahora ni nunca de otorgar una salida soberana a Bolivia a través del territorio chileno…”.  Compromiso es la obligación contraída, la palabra dada, la manifestación de la voluntad que se traduce en un acto jurídico. Es exactamente lo que ocurrió, sin réplica posible, en el marco de las varias anteriores negociaciones de Chile con Bolivia, y en tantas otras declaraciones oficiales chilenas, que no se pueden borrar del registro histórico sólo porque las autoridades chilenas hubieran sufrido, ante la demanda boliviana, un súbito ataque de amnesia.

15.-  La convicción es que, si el fallo es favorable a Bolivia, siguiendo la coherencia del contenido y el espíritu de los Actos Unilaterales de Chile, la Corte de La Haya no separará negociación —sólo un medio— de su resultado que es el puerto soberano al mar, el fin último y sustantivo de la Demanda Boliviana.

16.-  Ahora bien, esperemos que los derechos expectaticios no vuelvan a ser los ridículos del año 1975, cuando el gobierno boliviano expuso, ante el mundo, su carácter anti boliviano al mendigar un callejón inservible, sin puerto, y ofreciendo, a cambio, el regalo a Chile de más territorio, imitando a Melgarejo.

17.-  Si los gobiernos chilenos dicen que “nunca” negociarán con Bolivia una solución que suponga la cesión de soberanía o que parta su territorio, de nada sirve exponer nuestras sólidas razones de derecho histórico ante un tribunal internacional que ratificará la necesidad de diálogo en aras de solucionar, vía bilateralismo ficticio, un conflicto que terminará dentro del marco del trilateralismo. Bolivia debe terminar con su estoico autoengaño, tiene que elegir entre continuar con el diálogo infructuoso o ser pragmático.  ¿Tiene algún sentido el esfuerzo y el tiempo que demandará una hipotética negociación para obtener algo que ya tenemos en el puerto peruano de IIo, y sin condicionamientos ni compensaciones? ¿Para qué perder más tiempo? Tomemos lo que tenemos a mano. Sin que signifique renunciar a nuestro derecho histórico a la reintegración marítima vía territorio, ayer boliviano y hoy chileno, el Perú nos tiende el puente para acabar con la pobreza. En lugar de invertir en la construcción de un puerto propio en Chile, si es que logramos algo que no sea el callejón inservible al norte de Arica, al que estaríamos obligados, ¿Por qué no lo edificamos en Ilo? Tiene la palabra el pueblo boliviano.

Mayo 2017

Jorge Edgar Zambrana Jiménez, ingeniero civil, desde Bolivia