Parte II

La Parte I de este artículo estuvo centrado en el grupo de empresas brasileras (Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez, Quiroz Galvao y otras) que en la actualidad son objeto de investigación por actos de corrupción en Perú como consecuencia de las pesquisas efectuadas en Brasil. Odebrecht, es la principal protagonista no sólo por la magnitud de obras públicas ejecutadas en el país de la samba sino también porque uno de sus principales ejecutivos, Marcelo Odebrecht, reconoció ante el Tribunal de Justicia de EE. UU. haber efectuado pago de sobornos por US$ 788 millones a funcionarios públicos de veinte países; en Perú, el pago de soborno fue de US$ 29 millones efectivizado entre el 2005 y 2014.

Pero las empresas brasileras investigadas, en varios casos se han asociado a otras empresas peruanas así como de otros países, formando consorcios y firmando los respectivos contratos –ya sea de obras directas o de concesión– con el Estado. En otros casos, las empresas peruanas han logrado contratos de obras públicas asociadas con empresas de otros países no investigadas e incluso en forma independiente sin formar consorcio alguno. Este el tema de la Parte II.

La pregunta a raíz de los casos detectados, cae por su propio peso. ¿Es que por el sólo hecho de haberse asociado con las empresas brasileras investigadas en la obtención de obras públicas, las empresas peruanas –o extranjeras–, son pasibles también de sospechas de corrupción? La respuesta sería, por supuesto, que no; pero dados los antecedentes incluso históricos (¹) así como los de la propia Contraloría General de la República (²) o las investigaciones del Congreso, y la extendida opinión pública que asume que el ejercicio de la administración pública es un tácito acceso al beneficio particular (‘roba pero hace obra’), como lo demuestra la reciente información de Transparencia Internacional cuando da a conocer el Índice de Percepción de la Corrupción 2016, en donde el Perú, ocupa la posición 101 (de 176 países), cuando hace ocho años atrás (2008) la percepción lo ubicaba en la posición 72 (³). En ocho años, la percepción peruana sobre la corrupción se ha incrementado en un 50%.

Sin embargo, quién ha ‘certificado’ la complicidad de las empresas socias en los sobornos, es Jorge Simoes Barata, ejecutivo y exdirector de Odebrecht en el Perú, quien ha declarado ante el Fiscal peruano, Hamilton Castro, que: “El pago (soborno) ha sido por Odebrecht, pero el resto de empresas [socias] sí tenían conocimiento, no detalles, pero sí sabían que existía el acuerdo. Lo que sí es cierto es que se distribuyó entre los consorciados, no recuerdo la fórmula exacta, esto lo verificaré. Esto fue más o menos así, ellos sabían que habíamos pagado, y sabían que tenían que asumir lo que correspondería” (⁴)

A su vez, un reportaje del programa de tv, Panorama (⁵), en su edición del 05 de marzo, en base a investigaciones efectuadas, declaraciones de Jorge Barata y opiniones vertidas por congresistas peruanos, deduce que los US$ 29 millones de soborno entregados se habrían distribuido de la siguiente manera: 20 millones corresponderían al Corredor Vial Interoceánico Sur, tramos 2 y 3 (Consorcio formado por  Odebrecht y las peruanas, Graña y Montero, JJC Contratistas Generales, e ICCGSA) y 9 millones a los tramos 1 y 2 de la Línea 1 del Metro de Lima (Consorcio formado por Odebrecht y Graña y Montero).

El mismo programa puntualiza que los 20 millones por los tramos 2 y 3 del Corredor Vial Sur, la distribución alícuota sería en la misma proporción de los aportes de cada socio en el Consorcio, vale decir, 70% a Odebrecht (US$ 14 M), 19% a GyM (US$ 3,8 M), 7% a JJC CG (US$ 1,4 M) y 4% a ICCGSA (US$ 0,8 M), montos que se habrían ‘descontado’ de las utilidades obtenidas en cada ejercicio anual, acción que de ser cierta representaría una percepción fiscal menor por Impuesto a la Renta en perjuicio del Estado.

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