En su afán de privatizar todo, los gobiernos anteriores y este también, han promovido y facilitado al máximo las APPs, abriendo las puertas a una gigantesca corrupción. Odebrecht y sus socias corrompen funcionarios, ministros y presidentes con coimas millonarias para verse favorecidas con contratos de concesión y adendas que les reportan ganancias multimillonarias.

Se suponía que la ventaja es que traían plata fresca, financiamiento nuevo para hacer lo que el estado no tenía fondos para hacer. Con el Aeropuerto de Chinchero hemos visto que eso no es verdad. Por el contrario, traen un mayor costo del financiamiento de proyectos de infraestructura, dado que el Estado puede conseguir créditos más baratos que cualquier consorcio privado.

Luego, representan mayores costos de las obras a través de múltiples adendas que los incrementan a veces en más del 100% respecto del contrato original, aumentan los costos de financiamiento de los proyectos, extienden los plazos de entrega de obras, eximen de inversiones a los concesionarios, reducen estándares de calidad de las infraestructuras, extienden los periodos de concesión, incrementan las tarifas cobradas a los usuarios, y/o adelantan pagos del Estado a los concesionarios. Todo eso para que las empresas tengan más ganancias a costa del estado o de los consumidores y ciudadanos.

Logran además mayores pagos del Estado en el caso que las obras de infraestructura no tengan la demanda mínima garantizada o el concesionario no obtenga los ingresos mínimos garantizados en la operación de las carreteras, puentes, puertos, aeropuertos, etc., estipulados en el contrato.  Las ganancias para ellos, los riesgos para el estado y todos los peruanos.

Muchas veces esto lo hacen no saqueando las arcas del Estado sino directamente nuestros bolsillos. Es el caso de los peajes, que hoy la ciudadanía no ha aceptado en el caso de Puente Piedra, donde el alcalde Castañeda permitió un peaje sin que se hubieran hecho las obras y reconociendo más pagos a la corrupta Odebrecht. Peor todavía en la Interoceánica Sur, donde los peruanos pagamos por las casetas de peaje más de 50 millones de dólares, ¡más que un palacio! gracias al gobierno de Alan García. Pero había antecedentes aún más abusivos, como la llamada “Vía expresa del Callao” de Alex Kouri, hoy en la cárcel por ese robo. Increíblemente, uno de sus hombres de confianza, Víctor Abrecht, es quien Fujimori ha designado para presidir la comisión investigadora del congreso llamada “Lava Jato”. ¡Qué tal¡

Las APPs se han impuesto a pesar que también en las obras públicas se contrata a constructoras privadas. La diferencia es en qué condiciones: si siguiendo las pautas establecidas por el sector público en la Inversión Pública, o siguiendo lo establecido en los contratos de concesión de APP, que no se sujetan a la revisión previa de la Contraloría y están sujetos a sucesivas modificaciones a través de adendas, siempre a favor del concesionario y en contra del Estado.

Es urgente, como parte de la lucha frontal contra la corrupción, al mismo tiempo que se enjuicia y mete a la cárcel a funcionarios y expresidentes coimeros, cambiar esta situación. La Inversión Pública tiene que reactivarse, en base a un Plan nacional de inversiones, impidiendo que siga habiendo APPs que responden al interés privado y no al interés nacional.  Ya no podemos seguir teniendo APPs donde lo que en verdad hay y lo que conviene que haya es obra pública, como en el Aeropuerto de Chinchero: eso debe asegurarse por ley. Ya no podemos seguir teniendo adenda tras adenda tramposa ni Contraloría pintada en la pared. La ley debe cambiarse. Para eso la movilización anti-corrupción del 16 de febrero.

http://elgranangular.com/blog/opiniones/el-problema-con-las-app-como-sea/