A partir de la potente devaluación de la moneda en torno al 40 por ciento, decidida a comienzos de la administración de la Alianza PRO, con la excusa de la liberación de las restricciones cambiarias, se habilitó, por la vía de la operatoria de futuros con la cotización del dólar, una ganancia extraordinaria de 54 mil millones de pesos o 3.600 millones de dólares a la cotización del momento de los pagos. Fue una masa extraordinaria de dinero que el Estado transfirió electrónicamente a las cuentas de un puñado de particulares y sin que estos hayan realizado el menor esfuerzo ni puesto en juego ninguna creatividad especial. Una operación más de un largo linaje que se remonta a los orígenes del Estado Nacional y cuyos hitos son todas las bicicletas financieras de la historia junto a grandes negociados, como por ejemplo los seguros de cambio y la estatización de las deudas externas privadas. El macrismo inauguró así su gestión económica retomando una antiquísima tradición del neoliberalismo vernáculo: las graciosas transferencias multimillonarias al capital. El dato notable, la anomalía, es que se cargó al gobierno saliente, bajo la forma de la responsabilidad penal, la culpa de haber creado las condiciones para la megatransferencia.

La cotización del dólar

Acercando la lupa al problema se necesita comprender, a modo de introducción, que en las economías de la periferia del sistema capitalista, como la argentina, la cotización del dólar es una clave multidimensional de la política económica. La divisa no es sólo una variable financiera, sino principalmente, y por sobre todo lo demás, distributiva; característica que explica las pujas históricas a su alrededor. Al mismo tiempo la variación de la cotización es, junto con la puja salarial, uno de los determinantes principales de la inflación. Y hay más: a partir de la restricción externa, es decir de la escasez relativa de dólares, su precio refleja también los ciclos económicos, la base de los ciclos políticos. La estabilidad de la macroeconomía, entonces, es inseparable de la estabilidad del tipo de cambio. Consecuentemente, para los gobiernos el precio del dólar es una preocupación máxima.

Yendo a las fuentes, la discusión por la determinación del nivel del tipo de cambio podría ocupar un libro entero y sólo habría comenzado. Para la corriente neoclásica, por ejemplo, en el largo plazo, el nivel “real” del tipo de cambio está determinado por la productividad de la economía. Uno de los debates más ricos del pensamiento macroeconómico local, que puede leerse en los trabajos de Marcelo Diamand, es el vinculado a los problemas emergentes de las distintas productividades relativas del campo y la industria, situación que no podría resolverse o expresarse a través de un tipo de cambio único.

Aunque centrales y muy relevantes, estos debates sobre la productividad remiten al largo plazo. En el corto la determinación del nivel del tipo de cambio es puramente financiera y resultado de una decisión política. La mejor manera de entenderlo es con un ejemplo. El Estado, a través de sus organismos de gobierno monetario como el BCRA, puede decidir el nivel del tipo de cambio “políticamente”; decidir, por ejemplo, que el dólar valga 10 pesos. Tratándose del principal precio relativo de la economía, el resto de los precios se ordenan en torno a este valor. Pero para sostener la cotización decidida políticamente el BCRA debe “tener con qué”, es decir; debe contar con los dólares necesarios para que todos quienes lo deseen puedan comprarlos a 10 pesos por unidad. Se trata, entonces, de una decisión política condicionada.

Esta relación “libre”, pero condicionada, puede complementarse con otras decisiones de política monetaria. Por ejemplo pueden establecerse restricciones a la compraventa de divisas, en cuyo caso aparecerá indefectiblemente un mercado paralelo, o pueden ofrecerse inversiones alternativas más rentables que la apuesta a la compra de divisas; la más habitual en todas las economías del planeta es el manejo de la tasa de interés. Adviértase que no se hizo aquí referencia alguna a la cantidad de dinero porque es una variable sólo parcialmente controlada por el BCRA y más dependiente de los bancos comerciales y de la evolución del Producto.

Las expectativas y sus costos

Cualquier política para mantener una cotización del dólar de corto plazo, es decir separada del excedente de la cuenta corriente del balance de pagos en el largo plazo, tiene un costo en pesos más o menos elevado. Nótese también que en estas operatorias las expectativas de devaluación juegan un papel fundamental. Si el dólar vale 10, pero se cree que valdrá 12 dentro de un par de meses, existirá una presión compradora (o viceversa), que elevará los costos de mantener la cotización, por ejemplo el costo directo de pagar una tasa de interés más alta y el indirecto sobre la actividad económica. De allí la gran importancia de influir y controlar las expectativas.

Bajo el nuevo régimen económico de la Alianza PRO se supone que las expectativas se ayudan a construir a través de la metodología de “metas de inflación”, cuyo instrumento principal es la tasa de interés a partir del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM). Aunque formalmente se señale que con el nivel de tasas se regulan stocks reales en el sistema productivo, la realidad del mecanismo, en estructuras económicas como la argentina, sigue siendo simplemente tasa contra dólar. Por ejemplo, se puede creer que el dólar valdrá 17 pesos a fin de año, pero canalizar los excedentes financieros no a dólares sino a las Letras del Banco Central (Lebacs). Para ello debe creerse que se conseguirá una retribución monetaria mayor que la que se obtendría por la diferencia de cotización cambiaria. Las metodologías en apariencia más sofisticadas siempre tienen por detrás estas relaciones sencillas. Sólo se necesita desagregarlas.

El primer año de regulación cambiaria de la Alianza PRO mostró una decisión política de llevar el valor de la divisa al precio que había alcanzado en el mercado paralelo sobre el final del gobierno anterior. Luego, el BCRA se abocó a la tarea de mantener su cotización por debajo de la fuerte inflación. No lo hizo sobre la base “real” del comportamiento de la cuenta corriente, sino con ingreso de divisas. El proceso se complementó con la desregulación a la entrada y salida de capitales, lo que facilitó un abundante ingreso de dólares financieros del exterior que por ahora exceden la demanda para fuga y atesoramiento de excedentes. No sólo se tomó deuda en dólares a una velocidad inusitada y se atrajeron capitales calientes, sino que vía elevadas tasas de interés se evitó que los pesos excedentes vayan a dólares. El resultado fue una estabilidad del tipo de cambio de corto plazo basada en endeudamiento y bicicleta financiera. Dicho de otra manera, sobre la base del ingreso de dólares que, antes o después, volverán a salir acrecentados; un costo en cuya dimensión nadie parece reparar en un presente obnubilado por la fiesta del sector financiero. Al momento en que se escribe este artículo la nueva administración lleva colocados 45.000 millones de dólares de nueva deuda, cifra que rondará los 100.000 millones a fines de 2017 según el Presupuesto recientemente aprobado. Estos números, que condicionarán los grados de libertad futuros de la política económica de cualquier gobierno, conviven con un déficit comercial proyectado hasta el fin del actual mandato presidencial. En lenguaje de la ortodoxia, difícil imaginar una estabilidad más inestable.

El pasado de los “futuros”

El gobierno anterior, que en sus primeros períodos contó con abundantes dólares comerciales, sólo comenzó a utilizar la tasa de interés a partir de la correcta gestión de Alejandro Vanoli en el BCRA. Hasta entonces se negó al uso de este instrumento y la tasa se mantuvo negativa, probablemente, con el diario del lunes, uno de los errores monetarios más graves del período. Durante las primeras etapas del kirchnerismo se había influido sobre las expectativas por la vía de la “flotación sucia”, es decir; comprando y vendiendo dólares en el mercado sobre la base de la abundancia del ingreso de divisas comerciales, reales. Posteriormente, cuando siguiendo un ciclo económico predecible los dólares comenzaron a escasear, se recurrió a las restricciones cambiarias, primero, y sólo tardíamente a lo más lógico: la tasa de interés y las operaciones de dólar futuro. Esta última operatoria consiste en contratos de compraventa entre el BCRA y los particulares. Se trata de una apuesta financiera relativamente sofisticada en la que se establece que se comprará una determinada cantidad de dólares a un determinado plazo y por un determinado precio. No hace falta poner la totalidad de la plata al momento de iniciar la transacción, sólo se adelanta un pequeño porcentaje en garantía. Siguiendo con los números del primer ejemplo, si el dólar vale 10 pesos por unidad y se cree que en 2 meses valdrá 12, se puede hacer un contrato de, por ejemplo, 100 mil dólares a 12 pesos a 2 meses depositando un 5 por ciento en pesos del importe de la operación. Si transcurridos los 2 meses el dólar vale 13, el Banco Central pagará la diferencia de un peso por cada dólar, o sea 100 mil pesos. Y viceversa; si mantiene su valor en 10, quien apostó por el valor de 12 deberá pagar 200 mil pesos. Sin dudas se trata de una operación de riesgo porque se apuesta justamente contra quien tiene facultades para incidir en el nivel del tipo de cambio. De hecho, entre octubre de 2014 y noviembre de 2015 el BCRA obtuvo ganancias por 5.500 millones de pesos por estas operatorias. Sin embargo está claro que la potestad del Central no es absoluta, sino condicionada, y además los privados también juegan y pueden presionar sobre la cotización, por ejemplo mediante una corrida, a la vez que la propia autoridad monetaria puede cambiar su política con el transcurso del tiempo o simplemente no ser capaz de controlar los agregados macroeconómicos en la medida de su voluntad. Las posibilidades de la evolución de la cotización son entonces múltiples. Pero cualquiera sea el caso se trata, al igual que en la determinación de la tasa de interés, de una herramienta de política monetaria para influir sobre las expectativas de los actores. Los contratos de futuros no son un invento local. Son instrumentos financieros utilizados con los mismos fines en muchas economías. A nivel global los futuros son mucho más famosos en los mercados de commodities, como cualquiera puede chequearlo ingresando, por ejemplo, a la página web de la bolsa de valores de Chicago. Los futuros, en síntesis, no son ni buenos ni malos, sólo son instrumentos.

La criminalización del adversario político

¿Por qué existen, entonces, causas penales por el “dólar futuro”?

La respuesta es imposible sin su contexto. El primer año de gobierno de la Alianza PRO se caracterizó, en un marco de revanchismo que remonta tristemente a 1955 e inédito en democracia, por profundizar un proceso de reducción del debate político y económico a capítulos judiciales. En algún momento --cuyo tiempo exacto, causas, extensión y duración será tarea de historiadores-- se dejaron de debatir en el ámbito público ideas o relaciones causa-efecto de las diversas políticas y la discusión comenzó a tamizarse a través del Código Penal. Además del citado revanchismo en el margen, el objetivo central de este proceder es político y tiene dos dimensiones. Por un lado apuesta a enmascarar el debate real por el grave y acelerado deterioro de la economía. Por otro se busca la preservación del poder remozado de las viejas derechas por la vía de la criminalización del adversario, casualmente integrante de gobiernos progresistas o de centro izquierda. El fenómeno no es en absoluto local y se observa en otros países de la región, con el golpe parlamentario en Brasil como caso extremo. Su extensión sugiere el diseño de una estrategia continental de aroma imperial.

El resultado más visible de la criminalización de la política es que ya no se dirime la superioridad de tal o cual idea o los efectos de la aplicación de tal o cual política, sino cuan criminal es el adversario. No es simple imaginación. En el Poder Judicial se multiplicaron las causas por presuntas “asociaciones ilícitas”, una figura penal creada durante la última dictadura, supuestamente integradas por los más encumbrados funcionarios de los gobiernos kirchneristas; desde la ex Presidenta a sus ministros y secretarios de Estado. Se llegó así al grotesco de que los gobiernos de la década pasada habrían sido una gigantesca asociación delictiva creada para saquear al Estado. Con ello, la identidad del adversario político queda subsumida por sus presuntas acciones criminales y el debate central ya no ocurre entre oficialismo y oposición, como sería normal en una democracia, sino entre la moral y la corrupción, entre el bien y el mal absolutos. Es casi una obviedad decir que si el adversario político es solamente un delincuente, la democracia se diluye. Se trata de un peligroso paroxismo de la antipolítica cuyas consecuencias resultan hoy impredecibles.

En el camino, la caracterización criminal también resulta funcional al cerco mediático que intenta ocultar a la mayoría de la población las grandes transferencias entre clases sociales, sectores económicos y regiones llevadas adelante por la administración de la Alianza PRO. Mientras la economía continúa sumergida en una profunda recesión inducida, con el objetivo explícito de reducir la participación de los salarios en el ingreso, y abrumada por los indicadores negativos, la prensa del régimen repite a diario presuntas acciones de corrupción del gobierno precedente. No se informa sobre el presente, como se esperaría ocurra en la prensa, sino que se construye y reconstruye cotidianamente un relato del pasado para neutralizar la reconstrucción de fuerzas y el potencial regreso de un Estado neodesarrollista.

El reino del revés

Definido el contexto, el affaire dólar futuro es una muestra de la esencia del régimen macrista por dos razones principales. La primera es la transmutación de significantes judiciales y económicos, la segunda, la corrupción estructural. Aquí se avanzará en las dos interpretaciones, pero existe un hecho de materialidad absoluta. Como se señaló al comienzo, por la operatoria el BCRA realizó pagos equivalentes a 3.600 millones de dólares. El segundo hecho material es que la razón de los pagos no residió en los avatares de que se esperaban del devenir normal de la operatoria al momento de realizarse los contratos, sino en la provocada decisión política de devaluar el 40 por ciento. Este dinero fue cobrado, repartido, en su totalidad por lo más granado de la elite económica local integrada, entre otros, por los principales bancos, los principales consultores, capitalistas varios y, en particular, el dato de real gravedad institucional, por firmas vinculadas a los principales funcionarios del gobierno macrista, desde el vicejefe de gabinete y negociador con los fondos buitre, Nicolás Caputo, al operador judicial Daniel Angelici, solo por nombrar a dos muy cercanos. En cambio, no cobraron un centavo los denunciados funcionarios del gobierno anterior, como la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ex ministro de Economía Axel Kicillof y el ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli. Los tres, junto a otra docena de ex funcionarios, fueron procesados en una causa judicial iniciada por denuncia del actual ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, cuando aún estaba en el llano, es decir; por uno de quienes decidieron la devaluación que habilitó los pagos multimillonarios.

Aquí reside la primera transmutación, la de un Poder Judicial que avanza sin venda y sin balanza, conducido por jueces agasajados por la Embajada estadounidense, y que hace caso omiso de quienes efectivamente aumentaron sus riquezas, a la vez que juzga a quienes utilizaron herramientas tradicionales de la política monetaria. Pero no solamente se juzga a los funcionarios directos que intervinieron en la operación, sino a la misma ex Presidenta, por si quedaba alguna duda sobre la persecución del adversario.

La segunda transmutación, la de los significados económicos, es el segundo hecho material. Como se explicó, la operatoria de futuros no fue un invento del gobierno anterior. No se trató de una estrategia ad hoc, sino de un mecanismo preexistente utilizado en los mercados de capitales para influir sobre las expectativas de devaluación. El análisis desde el presente del contexto macroeconómico de entonces indica que los valores de referencia marcados desde la autoridad monetaria estuvieron en línea con la continuidad que se preveía para la política económica. Recuérdese que el manejo de la tasa de interés y de las expectativas de devaluación permitieron bajar la inflación desde el 38 por ciento anual en septiembre de 2014 al 24 por ciento en noviembre de 2015. Si el gobierno entrante optó por cambiar completamente las reglas del juego cambiario, en particular luego de haber descartado en campaña una megadevaluación, también debió prever una solución para los pasivos contingentes involucrados en los contratos de futuro. No sólo no lo hizo, sino que además la secuencia de pagos mensuales se efectuó en momentos de picos de cotización, aumentando, por causualidad o venalidad, las transferencias a los particulares. Los picos de pagos se produjeron en febrero y en junio. Justo antes de que el Banco Central perdiera pulseadas con el mercado por la cotización de la divisa, que se escapó 12 por ciento en febrero hasta su máximo de 16 y 7 por ciento en junio. En este último mes la diferencia de cotización significó pagar por los contratos de dólar futuro 4000 millones de pesos adicionales, unos 270 millones de dólares que fueron electrónicamente a las cuentas de los beneficiarios. ¿Quién fue el culpable? ¿Las autoridades del BCRA no sabían que si intentaban bajar la tasa antes del vencimiento de los contratos “el mercado” les ganaría la pulseada por la cotización y se embolsaría los 270 millones extra? ¿Fue corrupción, inoperancia o desprecio por los recursos públicos cuando los beneficiarios son los más ricos?

En el escenario del presente, con los resultados en la mano, los multimillonarios pagos por la operatoria de dólar futuro, junto a cuestiones como a las derivadas de los Panamá papers o las asignaciones directas de obras públicas a empresas familiares, ponen de relieve la existencia de dos tipos de corrupción, la del funcionario venal self made man que acumula vueltos en formato físico durante años, y la de la elite económica que se beneficia sistemáticamente de las decisiones de política. La primera sería la única merecedora de repudio. La segunda, en cambio, sería tolerable en tanto dato endógeno del sistema. La indulgencia con la que los medios de comunicación trataron el descubrimiento de las empresas y cuentas ocultas en el exterior del hijo de Franco Macri resulta proverbial. Aunque sea sumamente gravoso para el erario, a nadie escandalizan el sistemático ocultamiento y fuga de activos de la elite las grandes transferencias recibidas desde el Estado.