El tema del referéndum revocatorio me obliga a emitir mi opinión como parte de la Asamblea Constituyente que lo aprobó, y más aún, como militante del movimiento social que impulsó dicho proceso desde inicios de la década del noventa.

Quiero comentar de entrada, que los referendos previstos en la Constitución de 1999 son una creación democrática de la Revolución Bolivariana, especialmente el revocatorio, porque es el mecanismo más radical de soberanía popular, inspirado en el precepto de que, quien vota para elegir, también tiene el poder de destituir.

Es una herramienta de toda la sociedad, que reconoce derechos iguales a toda la ciudadanía: a quienes desean cesar al funcionario revocable, y a quienes piensan que debe continuar en sus funciones. El tiempo revocatorio es una disyuntiva que sólo la paz democrática permite vivir.

Como institución política pionera, el referéndum revocatorio tiene múltiples riesgos. El primero es la instrumentalización oportunista, que ocurre cuando sectores interesados irrumpen con desesperación por asaltar el poder, pretendiendo que el referéndum se haga según la medida de sus ambiciones. El segundo es la manipulación mediática, donde el capital que domina el negocio comunicacional, abusa de su influencia en la ciudadanía para quitar gobernantes que le son incómodos y colocar otros más complacientes a sus negocios. Un tercer riesgo es que fuerzas extranjeras que tengan algún interés geopolítico, puedan penetrar en el debate político nacional, por diversas vías, encubiertas o explícitas, irrespetando la autodeterminación y soberanía del pueblo.

Pues habremos de concluir que estas tres situaciones han convergido en la coyuntura venezolana de estos días. Por eso tiene sentido que las instituciones del Estado sean lo más celosas y cautelosas que sea posible legalmente, en los lineamientos a seguir, y en el manejo de las circunstancias específicas que se vayan presentando.

Irónico que políticos extranjeros se inmiscuyan, cuando han sido incapaces de impulsar este derecho en sus países de origen.

Porque revocar al Presidente de la República no es cambiar al jefe de un condominio o al director de un equipo deportivo. Estamos hablando de la Jefatura del Estado, la Comandancia en Jefe de la FANB, y de la Representación Internacional de la Nación.

Hay ciertos mitos que la parte interesada ha tratado de imponer y que deben ser aclarados de una vez: las firmas no son secretas, lo que es secreto es el acto de votar, por tanto la parte oponente al referéndum tenemos derecho de revisar la legitimidad de los requisitos exigidos para habilitar la revocación.

El árbitro ha demostrado gran profesionalismo y seriedad, aunque la derecha que ganó las legislativas el 6D insista en desprestigiarlo.

También es un mito que el referéndum debe hacerse inexorablemente antes de finalizar el año. El plazo está en la Constitución y el mecanismo operativo está reglamentado desde 2007, pero si el sector solicitante divagó entre un abanico de opciones desestabilizadoras y perdió su tiempo en diatribas intestinas, eso no es problema del resto de la sociedad que quiere calma para atender las secuelas de la difícil situación económica.

Pero si a los opositores les reconocemos su derecho a intentar el revocatorio y a protestar pacíficamente, lo que no estamos dispuestos a aceptar es el fascismo recientemente graficado en una pandilla de criminales ensañándose contra una joven agente de policía, ni que cipayos extranjeros USA-sumisos pidan intervenciones militares o injerencias espurias contra nuestra Patria.

Yldefonso Finol

Constituyente de 1999