BRASILIA - Paulo Maluf, un diputado de Brasil, está tan mal evaluado por sus propios escándalos de corrupción que sus partidarios a menudo lo describen con el slogan "Rouba mas faz”. Traducción: “Roba, pero se las trae".

Sin embargo, al igual que una serie de otros miembros del Congreso de Brasil saturados de escándalos, el Sr. Maluf dice estar tan harto de toda la corrupción en el país que apoya expulsar del gobierno a la presidenta Dilma Rousseff.

"Estoy en contra de todo el dudoso toma y daca de este gobierno", dijo Maluf, 84, ex alcalde de Sao Paulo, que enfrenta cargos de robo en Estados Unidos por más de $ 11,6 millones en un esquema de sobornos.

El propósito de acusar a la Sra. Rousseff está ganando impulso. El fin de semana se espera una votación crucial para enviar su caso al Senado a un posible juicio político (impeachment) y esta semana la abandonaron varios de los partidos políticos de la coalición de gobierno, dejándola especialmente vulnerable.

Sin embargo, algunos de los legisladores verbalmente más activos en el empeño por acusar a Rousseff enfrentan graves cargos de corrupción, fraude electoral y violaciones de los derechos humanos, destapando un debate nacional sobre la hipocresía de la clase política de Brasil.

"Dilma puede haber cavado su propia tumba al no cumplir con lo que prometió, pero ella no está teñida en un ámbito político manchado de excrementos de arriba a abajo", dijo Mario Sergio Conti, columnista del diario Folha de S. Paulo. "Ella no robó, pero a ella la está juzgando una banda de ladrones."

Rousseff se resiente profundamente en Brasil, después de presidir la peor crisis económica en décadas, un gran escándalo de corrupción que envuelve a la compañía nacional de petróleo y la caída en la pobreza de millones de brasileños de clase media.

En el caso de la acusación (impeachment) para destituirla, la presidenta no enfrenta cargos de corrupción. En cambio, es acusada de utilizar dinero de los bancos públicos más grandes para cubrir brechas presupuestarias, dañando la credibilidad económica de Brasil.

Dilma Rousseff, entonces, es una rareza entre las principales figuras políticas de Brasil: Ella no ha sido acusada de robar para sí misma.

Eduardo Cunha, el poderoso presidente de la cámara baja que dirige el esfuerzo para la destitución, se va a juicio en la corte más alta del país, el Tribunal Supremo Federal, bajo cargos de haberse embolsado en sobornos tanto como 40 millones de dólares. El Sr. Cunha, un evangélico cristiano, comentarista de radio y economista, que emite periódicamente mensajes de twitter con citas de la Biblia, es acusado de lavado de las ganancias ilícitas a través de una megaiglesia evangélica.

El vicepresidente Michel Temer, que se espera se haga del cargo si Rousseff se ve obligada a hacerse a un lado, está acusado de participar en un programa de compra ilegal de etanol.

Renan Calheiros, el líder del Senado, que también está en la cadena de sucesión presidencial, está siendo investigado por reclamos de que recibió sobornos en el escándalo gigante que afecta a la empresa nacional de petróleo, Petrobras. También ha sido acusado de evasión de impuestos y de permitir que un grupo de lobbystas le pague la manutención de una hija de una relación extramatrimonial.

En total, el 60 por ciento de los 594 miembros del Congreso de Brasil enfrentan cargos graves como soborno, fraude electoral, deforestación ilegal, secuestro y homicidio, según Transparencia Brasil, un grupo de vigilancia de la corrupción.

El problema incluso se ha convertido en parte de la estrategia de defensa de la presidenta. En particular, Rousseff y sus partidarios argumentan ¿cómo el proceso de destitución puede estar dirigido por alguien que por sí mismo está en un juicio por corrupción?

El jueves, el procurador general, José Eduardo Cardozo, dijo que su oficina había apelado al Tribunal Supremo Federal en un intento de bloquear las actas de acusación.

Dijo que el concierto para expulsar a Rousseff estaba tan extendido que era "un verdadero proceso kafkiano donde la acusada no puede averiguar con certeza de qué está siendo acusada y por qué."

En una sesión pasada la media noche y primeras horas del viernes, una mayoría de jueces del alto tribunal rechazó la petición del Gobierno de Rousseff de anular la votación de destitución de este fin de semana.

Nadie puede discutir que Rousseff es muy poco popular en todo el país, como reflejan sus índices de aprobación de casi un solo dígito, la amplia ira sobre el soborno y coimas dentro del Partido de los Trabajadores y las protestas de callejeras regulares que exigen su destitución.

Aún así, algunos brasileños argumentan que la agitación de la acusación tiene menos que hacer con el desarraigo de la corrupción que con un esfuerzo para traspasar el poder a legisladores con registros de ellos mismos cuestionables. Entre los rivales de Rousseff en el Congreso se encuentra Éder Mauro, quien enfrenta cargos de tortura y extorsión desde su anterior etapa como oficial de policía en Belém, una ciudad de la Amazonía dominada por el crimen.

Otro miembro del Congreso tras el objetivo de acusar a Rousseff es Beto Mansur, quien tiene cargos por mantener en condiciones tan deplorables a 46 trabajadores de sus granjas de soja en el estado de Goiás que los investigadores dicen que tales operarios eran tratados como esclavos modernos.

Casi todos los días, los fiscales revelan acusaciones que involucran a aliados y adversarios de Rousseff en el Congreso, señalando que se embolsaron sobornos en el esquema colosal de corrupción que afecta a las empresas de energía controladas por el gobierno.

Incluso circularon este mes fotos e imágenes de prostitutas que operan en un ala del Congreso reservada para deliberaciones de los comités parlamentarios, recordando a los brasileños la atmósfera circense de la institución en estos días.

Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, ha criticado el proceso del juicio político, diciendo que las acusaciones contra Rousseff "no aluden delitos, sino mala administración".

Dijo que los pasos presidenciales en falso eran "acciones que en el pasado otros presidentes manejaron por sí mismos", pero que ahora los políticos de Brasil están "juzgando de manera diferente."

El Sr. Almagro también criticó a los políticos que estaban empujando la acusación, mientras ellos mismos enfrentan acusaciones de corrupción. "Estoy preocupado por la credibilidad de algunos de quienes van a juzgar o decidir este proceso de juicio político", dijo.

El Sr. Maluf, el ex alcalde que apoya la expulsión del presidente, pasó semanas en la cárcel hace una década por cargos de lavado de dinero y evasión de impuestos. Sin embargo, fue puesto en libertad bajo una ley que permite hacer frente en su casa a tales acusaciones a personas mayores de 70 años. A continuación, el Sr. Maluf ganó un asiento en el Congreso, dándole la posición judicial privilegiada que mantiene la prerrogativa de estar fuera de la cárcel a casi todos los altos cargos políticos brasileños.

A despecho de que el Sr. Maluf afirmó en los últimos días que podía viajar fuera de Brasil sin ser detenido, sigue siendo buscado por la Interpol por el caso en su contra en Estados Unidos, según el Departamento de Justicia de ese país. Francia también tiene pendiente una orden de detención en su contra por un caso distinto que implica lavado de dinero organizado.

"Mi vida pública siempre fue lo contrario de todo eso", dijo Maluf la semana pasada, al criticar malas acciones del gobierno de Rousseff, incluyendo la acusación de ofrecer puestos en el gabinete a los legisladores para poner una valla al juicio político.

Académicos destacan las amplias protecciones legales que amparan a cerca de 700 funcionarios de alto nivel, entre ellos ministros y todos los miembros del Congreso. Sólo el Tribunal Supremo Federal puede procesarlos al costo de años de apelaciones y demoras. "Ganar las elecciones al Congreso es una licencia de ciertas figuras para robar," dijo Sylvio Costa, el fundador de Congresso em Foco, un grupo de vigilancia que rastrea la corrupción legislativa. "En este sistema grotesco, los ladrones más grandes son los que poseen el mayor poder".

Las reclamaciones de fechorías entre otros legisladores no molestan a algunos políticos que quieren a una Sra. Rousseff acusada. Roberto Jefferson, un antiguo legislador que fue a prisión condenado por su papel en un esquema de compra de votos, dijo que por razones políticas el talento del Sr. Cunha para el doble juego sirvió como ventaja estratégica. "El bandido en que más estoy apoyándome es Eduardo Cunha," dijo el Sr. Jefferson. (Varios legisladores que tratan de expulsar del poder a Rousseff, entre ellos el Sr. Cunha, declinaron la solicitud de comentarios o no respondieron.)

Un destacado partidario de Rousseff es Fernando Collor de Mello, el deshonrado ex presidente que renunció en 1992 sobre un escándalo de tráfico de influencias. Él resucitó su carrera política como senador ahora sólo para enfrentar cargos de aceptar sobornos en el esquema de corrupción en la compañía nacional de petróleo.

El padre del Sr. Collor, Arnon de Mello, sentó un precedente después de disparar fatalmente a un compañero senador en el Senado en 1963. Arnon de Mello logró evitar la cárcel después que una corte dictaminó que el episodio fue un accidente... porque él estaba apuntando a otro senador.

A medida que se caldean los ánimos sobre el juicio político, algunos citan el ejemplo de Ivo Cassol, un senador de la Amazonia. Fue condenado a más de cuatro años de prisión en 2013 por el Tribunal Supremo Federal por cargos de corrupción relacionados con contratos otorgados hace más de 15 años. (El Sr. Cassol se considera inocente en el caso, dijo un portavoz.)

A pesar del fallo, el Sr. Cassol permanece en el Senado, manteniendo a raya la decisión del alto tribunal con apelaciones. Ahora, en alguno de sus más apasionados discursos en favor de la destitución de Rousseff, llamó "vergonzoso" a su gobierno.

Traducción: Ernesto Carmona

- Simon Romero (desde Brasilia) y Vinod Sreeharsha (desde Río de Janeiro)

The New York Times / 14-04-2016 /

Nota: 

Una versión de este artículo aparece en la página A1 de la edición del New York Times del 15 de abril de 2016, con el título: Tratan de sacar a líder de Brasil, pero enfrentan sus propios cargos de corrupción