Los avances logrados por México a partir de considerar el respeto a las garantías individuales como una política de Estado son seis, si nos atenemos al juicio del titular del Ejecutivo federal. A saber: Ampliación del reconocimiento constitucional a derechos fundamentales –como el de recibir una educación de calidad o el acceso a las tecnologías de la información–, consolidación de una política de seguridad con mejores estándares en materia de protección a las garantías ciudadanas, la incorporación del enfoque de derechos humanos en todas las políticas públicas, el fortalecimiento de las capacidades para salvaguardar derechos y apoyar a los grupos vulnerables, el avance en la aplicación del nuevo sistema de justicia penal y el impulso a nuevas leyes para combatir “con mayor eficacia” la desaparición forzada y la tortura.

Si lo anterior se observa con cuidado, los logros son nuevas leyes para que se respeten las ya existentes en un país donde violar la legislación es el “deporte” más practicado por gobernantes y gobernados, sobre todo por los poderes fácticos cuya simple existencia es la negación de la ley de leyes. También son enfoques e instituciones en proceso de diseño y construcción, cuando avanza el antepenúltimo año del gobierno que jura y perjura mover a México.

El único dato duro que pudo incluir en su discurso Enrique Peña Nieto para responder al segundo informe de labores de Luis Raúl González al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es que la recomendaciones a las fuerzas y autoridades federales de seguridad disminuyeron de 31 en 2012 a ocho en 2015. ¡Excelente! Sólo que no es pertinente olvidar que en tierras aztecas se denuncian tres de cada 100 presuntos ilícitos cometidos. ¡El reino de la impunidad!

Hasta se dio el lujo el presidente de aclarar que falta “camino por recorrer para lograr “la absoluta observancia” del respeto al derecho humanitario. Muchísimo camino falta para lograr la “mediana observancia”. En particular se refirió al combate a la desaparición forzada y la tortura, cuando varios de sus empleados criticaron hasta la descalificación al relator Juan E. Méndez por estimar que en México la tortura es generalizada y recientemente le negaron el derecho a visitar el país, pero la oportuna protesta de los organismos civiles independientes, no los subordinados, obligaron al gobierno a recular.

Suena pertinente la convocatoria presidencial para que gobierno y sociedad pujen más y mejor “para lograr un cambio cultural generalizado en favor de la no discriminación, la inclusión, la legalidad, la tolerancia y el respeto”. La enorme fuerza del ejemplo oficial sería un estímulo formidable si no repite la ilegalidad y la intolerancia, como sucedió en San Salvador Atenco y en Tlatlaya, estado de México, cuando el mismo Grupo Atlacomulco gobernaba y aún dirige la entidad en alianza con Eruviel Ávila.

También si el respeto se practica para los acuerdos suscritos con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, pues como dijo González Pérez: “La verdad del caso Iguala es una. No puede construirse o negociarse y debe ser la ciencia la que guíe la investigación en sus aspectos técnicos más complejos y controvertidos” (5-IV-16).

Y no, agrego yo, mediante campañas difamatorias, albazos y maniobras políticas como la divulgada sobre el basurero de Cocula por la Procuraduría General de la República, tanto que oxigena la impugnada “verdad histórica” del “maestro” Jesús Murillo, misma que el GIEI desmonta en forma gradual. Justo por ello Enrique Peña los mandará a sus casas el 30 de abril.

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