Los traspiés electorales sufridos en Argentina, Venezuela y Bolivia, los problemas políticos que se registran en Brasil, exaltados por los editorialistas y comentaristas de los medios de comunicación social “independientes”, configuran y anuncian, según ellos, un futuro similar para el caso ecuatoriano. Una derrota inevitable, olvidando que las realidades que la posibilitan son producto de constructos sociales específicos a cada país. Que tal situación no puede producirse cual copia de las realidades vecinas, a menos que las decisiones, las posiciones políticas, los derroteros ideológicos, por su similitud, las propicien. Circunstancias que no son, de manera alguna, fatales. Por el contrario, son susceptibles de contrariarlas, de modificarlas, por cierto, si somos capaces de entender que en el futuro inmediato “O cambiamos o nos cambian Si no somos capaces de cambiar, no podemos ser percibidos de nuevo como el verdadero cambio” como lo sostiene el analista político oficialista de Venezuela Néstor Francia.

Bajo esas premisas, en el presente texto expondremos cuales son, a nuestro criterio, las decisiones, las acciones y comportamientos del gobierno presidido por el economista Rafael Correa, que podrían coadyuvar a la configuración de una situación que, aposentada en el imaginario de nuestros connacionales, podrían conducir a una derrota electoral, que permita la victoria de quienes en forma inmediata procederán a desarticular el actual modelo de desarrollo capitalista progresista y democrático de Alianza País, como bien lo ejemplifican los primeros 100 días de gobierno de Macri en Argentina[1].

Decisiones, acciones y comportamientos similares a los practicados en los países antes citados, que propician un acelerado proceso de acumulación en los sectores económicos tradicionales de la dominación, a pesar de las proclamas de luchar por la construcción del “Socialismo del Siglo XXI” denominación, por cierto, decantada de una conceptualización sistémica y seria que la sustente[2]. Orientación favorable a la dominación que hoy se advierte con mayor claridad incluso en nuestro país, la que, adicionalmente, contribuye a la desarticulación y debilitamiento de las bases sociales que no sólo posibilitaron el ascenso al poder político del Presidente Correa por su adhesión inicial irrestricta, hoy paulatina y constantemente erosionada.

Exposición que se dividirá en 7 puntos y una advertencia final, que consideramos de importancia para una mejor comprensión de nuestros planteamientos, cuyo contenido, advertimos, son críticos en el objetivo de lograr correctivos que coadyuven a la creación de condiciones propicias que imposibiliten una derrota. En consecuencia, ajenos a las apologías y apostasías permanentes en que discurre el debate en el actual momento histórico nacional.

Carencia de una única direccionalidad estratégica

En el ejercicio del poder político por parte de Alianza País, bajo el liderazgo indiscutible del economista Rafael Correa, se constata la existencia de tres momentos estratégicos claramente diferenciables. Un primero en el cual la alianza y colaboración entre el Presidente y su movimiento Alianza País con otros movimientos sociales era fluida, como resultado del apoyo prestado por los segundos para el ascenso al poder del Presidente Correa y de su movimiento Alianza País. Así como por la coincidencia estratégica para la construcción de un proyecto civilizatorio en que el Buen Vivir sea la senda estratégica del gobierno en funciones.

En el segundo momento, en una posición francamente prepotente no sólo se margina a los movimientos y organizaciones sociales, sino se avanza incluso en la creación de organizaciones paralelas como un abre brechas casi irreconciliables, bajo el supuesto de que esas organizaciones sociales serían suficientes para recrear, construir una base social que apoye la acción gubernamental, cuanto más que en este momento se impulsó las inversiones públicas modernizantes, principalmente en los sectores sociales de salud y educación, así como en la infraestructura económica vial y de generación eléctrica. Percepción limitada, en el caso de las inversiones en los sectores sociales, por la imprevisión resultante de no considerar la relación inversión-gastos operativos y de mantenimiento, que hizo crisis en la prestación de estos servicios, profundizada aún más por la reducción de los ingresos fiscales.

En el tercer momento, ante los problemas económicos derivados de la caída de los precios del petróleo, se reorienta la política económica en claro favor hacia la dominación, en una suerte de única salida, lo que termina por profundizar las contradicciones entre Alianza País y los grupos más vulnerables de la sociedad ecuatoriana, con el consecuente debilitamiento de la base social que podría inclinar la balanza electoral a favor de la permanencia del modelo de desarrollo capitalista progresista del presidente Correa. En esta etapa se instituye la propaganda que pretende ocultar realdades, como bien lo ejemplifica la cerrada defensa que ejercen los asambleísta de Alianza País a los contenidos de las reformas laborales que se tramitan en la Asamblea Nacional, bajo argumentos tales como la defensa del empleo, la solidaridad para el no cierre de empresas, acompañada, sin ninguna consideración a conceptos o teorías imprescindibles en este tipo de análisis como: “tasa de ganancia”; la relación salarios-plusvalía; el pensamiento desarrollado alrededor del tema “fin del trabajo”; la alienación del trabajo planteado implícitamente en el Sumak Kawsay; el destino de la plusvalía hacia el consumo suntuario, etc. Evitando considerar una reducción mayor de los niveles salariales de los altos funcionarios de todas las funciones del Estado, reiterando subrepticiamente la cerrada oposición que ejercieron por los asambleístas de Alianza País a la reducción de salarios que se produjo en meses pasados por decisión del Presidente Correa. Reducción , a nuestro criterio insuficiente, no sólo por el insuficiente apoyo que presta a la reducción del gasto público, sino y fundamentalmente, por la inequidad oprobioso que se genera respecto a los niveles salariales de los trabajadores, a los cuales hoy se pretende sacrificar, reduciéndoles sus salarios en defensa, innegable, de los intereses empresariales.  Posición que, en términos políticos, ha permitido que la oposición asuma la defensa de los trabajadores y de sus derechos adquiridos, como bien lo ejemplifica el editorial del doctor Alfredo Negrete, miembro destacado de la Democracia Cristiana, partido del doctor Oswaldo Hurtado Larrea.

Los apuntes anteriores referidos a la oposición a la reducción de los salarios de los asambleístas y de algunas altas autoridades del gobierno, nos recuerdan las palabras del ex Presidente uruguayo José Mujica, cuando afirmaba que: "sometidos a la cultura que generó el capitalismo en un largo proceso que no vino en un día, que tiene siglos atrás, con esa observación del egoísmo y de la individualidad. (…..)” indica que: “ es muy difícil construir edificios socialistas con albañiles capitalistas porque (….) están pensando en la de ellos. Permanentemente". Patrón cultural que debemos superar, para incrementar nuestra solidaridad social, no sólo por reducir la equidad, sino también por apoyar a las desvalidas finanzas públicas, y, fundamentalmente, por desprendernos del individualismo, de la cultura capitalista que subyace en nuestra subconsciencia, que no se superan con proclamas de fidelidad al “Socialismo del Siglo XXI”.

Los apuntes igualmente nos advierten que, de mantenerse y consolidarse la direccionalidad estratégica adoptada en el segundo y tercer momento, lo más probable es que Alianza País sea derrotada por las fuerzas oscurantistas del pasado. ¡Aún estamos a tiempo para retomar la direccionalidad estratégica que se practicó en el primer momento!

Autoreferencia

Uno de los problemas más importantes que advierten destacados cientificistas sociales es la desestructuración social que propicia la Autoreferencia, entendida como la autoproclamación, implícita e incluso explicita, por parte de quienes ostentan el poder: político, económico e incluso religioso, del valor inequívoco de sus decisiones y acciones. Decisiones y acciones que por su carácter auto referencial no admiten crítica alguna, incluso cuando irrespetan la institucionalidad, las normas legales que rigen la convivencia social.

La preocupación deviene igualmente del análisis histórico de experiencias pasadas en otros países a escala mundial, en las cuales la Autoreferencia condujo a la conformación de regímenes autoritarios, totalitarios e incluso dictatoriales. Fenómeno que en los actuales momentos se agrava por cuanto la Autoreferencia se hace extensiva todos los niveles burocráticos de los gobiernos, sobrepasando la definición clásica en que el autoritarismo se concebía como un ejercicio de la máxima autoridad, quien se escudaba en el “principio de autoridad”, sustentado en el respeto de la normativa que lo delineaba. Buenos ejemplos de la Autoreferencia ministerial que irrespeta las normas, se constata en dos posiciones que forman parte de últimos debates que se han producido en el seno de la sociedad ecuatoriana, relacionadas con el ISSFA y a propósito del asesinato de dos ciudadanas argentinas.

En el primer caso, el ex Ministro de Defensa Nacional Javier Ponce, por sí y ante sí, contrariando lo dispuesto en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, expedida en el Registro Oficial N° 48 de 16 de octubre del 2009, en la sesión del 29 de agosto del 2010, cito: “El señor Ministro de Defensa informa a los presentes que los Directorios del HOLDINGDINE y del ISSFA se encuentran en conversaciones a fin de transferir las acciones del primero al segundo. Ante lo cual, y dado que se trata de un posible acto entre los Directorios, hace falta esperar a ver si el proceso es iniciado y concertado entre las instituciones”. Pronunciamiento que, por otra parte, no se atiene estrictamente a la verdad, ya que el proceso se había iniciado 26 días antes de ese pronunciamiento, con la Resolución adoptada por el Directorio de la Dirección de Industrias del Ejército (DINE) el 3 de septiembre del 2010. Resolución que señala que: “…  por unanimidad aprobó la transferencia a título gratuito, al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, de todas sus acciones en la compañía HOLDINGDINE S.A., en su valor nominal”.[3] La declaración auto referenciada del Ministro Ponce determinó que el trabajo del CIDEN se limite a las empresas controladas por la Fuerza Aérea y la Armada y, concomitantemente se excluyan a las empresas controladas por la Fuerza Terrestre. Exclusión que no se contemplaba en la Tercera Disposición Transitoria de la Ley Orgánica de Empresas Públicas.

En el caso del asesinato de las ciudadanas argentinas el Ministro del Interior, el doctor José Serrano Salgado asumió el papel de fiscal y juez, puesto que juzgó y condenó a los presuntos autores del crimen, irrespetando las funciones de la Fiscalía, así como de los jueces lo establecido en el artículo 76 de la Constitución de la República sobre el debido proceso. Actitud propia de quienes asumen la Autoreferencia como un hecho normal y diario, sin percatarse o reflexionar sobre la gravísima afectación que generan sobre la institucionalidad del Estado y la estructura social.

La Autoreferencia gubernamental, desde otra perspectiva, se caracteriza por el poco respeto a la alteridad, al otro, a las opiniones ajenas, actitud que inevitablemente termina por reducir o eliminar la participación ciudadana, con lo que se restringe la democracia participativa que contiene el texto constitucional, toda vez que éste dispone la participación durante la toma de decisiones de política pública. Principio que se ha reducido a oír, a: “percibir por el oído [un sonido] o lo que [alguien] dice”, sin escuchar lo que demanda “poner atención o aplicar el oído para oír [algo o a alguien]”. Actitud que no sólo coarta la libertad que conlleva la democracia participativa, sino a la imposición por Autoreferencia personal o grupal (Asamblea Nacional) de normas que se oponen al interés colectivo al privilegiar, digámoslo con todas las letras, a los privilegiados de siempre, los grupos dominantes, como es evidente en el tercer momento de cambio de la direccionalidad estratégica ya analizada.

En consecuencia, nuestra convicción apunta en demandar correcciones que eliminen la Autoreferencia como norma de conducta de las autoridades gubernamentales, puesto que ese tipo de comportamientos generan resistencias, deslegitiman acciones y decisiones, debilitan la credibilidad de Alianza País y de sus personeros. Cuanto más que todas esas acciones y decisiones inconsultas, incluso contrarias al ordenamiento jurídico e institucional, son magnificadas por los medios de comunicación social “independientes” controladas por el poder económico, por ello al servicio de la oposición.

Autocalificación excesiva

La psicología enseña que los hombres, en forma individual o como conjunto social, creamos mecanismos de compensación cuando en la percepción evaluativa de nosotros mismos, de nuestra manera de ser y de comportarnos, y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y carácter[4], las percepciones son adversas como es el caso, por ejemplo, de una autoestima baja. En este caso el mecanismo de compensación se manifiesta en acciones que tratan de ocultar, de soslayar en la esfera pública las deficiencias que percibimos sobre nosotros mismos, a través de la adopción de formas de ser y actuar, de relacionarnos con los demás individuos o colectivos, que consideramos aportan al mejoramiento de nuestro amor propio, la confianza, la suficiencia, así como el respeto y estimación de otras personas o colectivos.

En el caso en que se registra una autoestima baja, es habitual buscar la autoconfianza y auto respeto fuera de sí mismos, a través de la auto glorificación, de autoproclamarse superior a otras personas o conglomerados o de rebajarlas para presentarse como superior a ellos. Comportamiento inconducente, ya que la autoestima sana se logra por la mayor coincidencia entre nuestras percepciones y el grado de aceptación y credibilidad logrado ante otras personas, que no por una auto calificación excesiva que, por no corresponder en muchos casos a la realidad calificada, termina por generar desconfianza y falta de credibilidad. A más, por cierto, de posibilitar el desarrollo de campañas mediáticas, la conformación de matrices de opinión, que contribuyen a implantar el rechazo de este tipo de comportamientos en el imaginario de una gran mayoría de connacionales, con la consecuente erosión de la base social que apoya al gobierno del Presidente Correa. Fenómeno que se observa incluso de la base militante. Desafecto que se amplía cuando actitudes similares se propagan a todos los altos personeros del gobierno nacional, con contadas excepciones. Funcionarios para los cuales todas las realizaciones, los logros alcanzados los autocalifican como los más altos, superiores a nivel suramericano, continental e incluso del mundo entero. Basta repasar los pronunciamientos de las autoridades de los sectores sociales, con especial relevancia del sector educativo, para confirmar lo afirmado.

En esta perspectiva hemos de insistir en que es necesario rever estas actitudes, esta forma incorrecta de relacionarse con los otros, como también limitando las declaraciones en conformidad con la realidad objetiva. De otra manera la posibilidad de la derrota electoral se avecina, cuanto más que las dificultades económicas que enfrenta el país, configurarán situaciones que negarán las auto calificaciones que más parecen necesarias para compensar estimas bajas, que para informar sobre realdades concretas.

Superficialidad conceptual

La superficialidad conceptual, la falta de solidez o sustancia conceptual con el que se tratan determinadas relaciones políticas o temas político por parte de los militantes de Alianza País, respecto a temas legislativos e incluso con sus propios militantes, terminan generando efectos políticos negativos, puesto que los afectados reaccionan ante las agresiones de las que son objeto, acudiendo incluso a la desafiliación. Reacción que no sólo erosiona la base social por el retiro del apoyo político que ofrecían los agredidos, sino también por la solidaridad que produce la agresión sin sentido.

El tratamiento de la abstención del asambleísta Fernando Bustamante durante la votación de las enmiendas constitucionales, es buen ejemplo de la superficialidad conceptual y teórica con la que, en este caso, se juzgó al asambleísta Bustamante.

Efectivamente, si se recuerda que Bustamante acudió a la objeción de conciencia para explicar el porqué de la posición asumida, como lo confirman sus palabras: “Me planteé una objeción de conciencia ante algunas de las enmiendas que eran contrarias a los valores y principios que he defendido toda la vida”, situó sutilmente el problema en el campo de la ética, campo en el cual la objeción de conciencia, es un derecho humano inalienable, más aún si se considera que la Constitución vigente establece el derecho a la resistencia. En consecuencia, lo que cabía era juzgar si la razón para la objeción de conciencia se atenía a los valores morales aceptados como tales por la sociedad en su conjunto, y no hacerlo bajo normas verticales como el mal denominado código de ética. Sin embargo, los miembros del Comité de Ética, muy orondos le sancionaron con seis meses de suspensión en sus funciones, sin considerar que el debate, desde la perspectiva planteado, era entre la esfera legal y la esfera moral, que en toda sociedad en que se precie la libertad como valor supremo, se inclina la balanza a favor de la esfera moral. Cuanto más que en el debate teórico actual, se acepta que el desarrollo de las naciones se produce cuando la esfera moral avanza en detrimento de la esfera legal, como consecuencia de la constatación de que los delitos, cualquiera sea su tipo, se incrementan no obstante el endurecimiento de las leyes y normas que pretenden contenerlo, como es el caso de la corrupción.

La referencia a la superficialidad de la denominación adoptada por Alianza País para su instancia normativa, al denominarla como Comité de Ética, radica, en primer lugar, en que la ética es la filosofía de la moral, estudia la moral en su contexto histórico para determinar los valores morales en ese espacio temporal definido. No establece las formas de comportamiento, lo que es propio de la deontología. Observación a la que hemos de agregar que la diferencia radical entre los contenidos normativos, jerarquizados, impositivos, respecto a los valores morales, es que los segundos se aceptan en acciones personales voluntarias, no como producto de la coerción propia de las normas coercitivas.

La prolongación de la licencia materna sin pago de remuneración que exponen como un logro los asambleístas de Alianza País, entre estos algunos que sufren de verborragia, principalmente si están ante las cámaras de televisión, no reparan o desconocen, que el salario mínimo representa la cantidad de bienes y servicios que se requieren para la reproducción de los trabajadores y sus familias, por lo que y en consecuencia su reducción imposibilitará cubrir los bienes y servicios necesarios para su supervivencia. Desde otra perspectiva, es probable que desconozcan que las remuneraciones deben ser suficientes para, por lo menos, cubrir los costos incluidos en la canasta básica. Igualmente, parecen no haber revisado y comprobado que el costo de la canasta básica es superior al del salario mínimo, por lo que para equiparar los ingresos de los trabajadores con el costo de la canasta son necesarios los aportes de más de un salario básico, como lo admite el INEC. Si esa es la realidad del país, como puede una persona sensata, que se dice representante de los intereses populares, plantear tamaño desatino, presentándolo alevosamente como un logro en favor de sus representados.

La reducción de la jornada de trabajo y concomitantemente del salario a percibir, justificado por la temporalidad de la medida como lo sostuviera el asambleísta Fausto Cayambe en entrevista con el diario El Universo, difundida el 14 de febrero del presente año, es una perla japonesa que no podemos soslayar. El referido afirmó: “Sería flexibilización si fuera permanente, en cambio esta es transitoria. Se ha planteado reducir la jornada y un pago proporcional, pero bajo condiciones: que sea temporal, que sea excepcionalmente y bajo condiciones externas con acuerdo de las partes, y no se dejan los demás beneficios. El empleador no podrá declarar utilidades mientras haya trabajadores en jornadas menores a ocho horas. No se plantea como una regla general”. Y no podemos pasarla por alto, por la superficialidad extrema que contienen sus palabras. Texto que nos permite preguntarnos:

 ¿Conocerá el asambleísta Cayambe la definición de salario mínimo?

¿Alguna vez habrá escuchado que existe un concepto denominado tasa de ganancia?

¿Sabrá que la plusvalía que se apropian los propietarios de los medios de producción se destina, en gran parte a gasto suntuario?

¿Dónde habrá aprendido que el carácter de la política económica depende de la temporalidad y no del objetivo de la misma?

Si a todo ello se agrega que la cesión de beneficios a los empresarios, como evidentemente se propone en la reforma laboral en marcha, se califica como única y la más adecuada política económica, de hecho se desestiman otras alternativas cuya eficacia se ha comprobado en otras realidades para salir de similares situaciones depresivas: la elevación de la progresividad del impuesto a la renta, para captar parte del ingreso nacional que, precisamente en manos de los empresarios, no se destinan a mantener el empleo como se presume en este malhadado proyecto de ley. ¿Acaso no se percatan los defensores de este proyecto que lo que se alistan a aprobar pone toda la carga sobre los hombros de los trabajadores? 

Ante la superficialidad con que se han tratado los temas brevemente referidos, será posible: ¿Que no adviertan que están conformando rompimientos con sus militantes y, lo que es más grave, con amplias masas de trabajadores? ¿Qué no entiendan que el reconocimiento de las inversiones efectuadas por el gobierno del Presidente Correa se vuelven subalternas en el imaginario de nuestro pueblo, ante las carencias familiares que este ligero tratamiento propiciará? ¿Qué las crisis generadas por el capitalismo y los capitalistas no se deben endosar a los trabajadores? Ante ello solo cabe advertir: ¡O cambian o los cambian!

Monólogo interior y pensamiento crítico

Aun cuando el extraño no tenga ninguna intención hostil, incluso cuando de él no parta ningún peligro, será eliminado a causa de su otredad”

Byug-Chul Han, “La sociedad del cansancio”

El monólogo interior, recurso estilístico que se caracteriza por una sintaxis menos desarrollada, omisión de verbos, carentes de signos de puntuación, cambios radicales en el foco del pensamiento, interrupciones repentinas o repeticiones dubitativas, de un solo expositor, es sin duda alguna el estilo que ha predominado en el gobierno de Alianza País, a partir del segundo momento estratégico a pesar de los vicios que le caracterizan.

Situación ante la cual, por obvias razones, no cabe un pensamiento alternativo. Peor un pensamiento crítico[5]. Todo se asume y califica como maniobra de la oposición, cuando no se la atribuye como una acción desestabilizadora. Línea en la cual los textos críticos de Alberto Acosta, Natalia Sierra, Alexis Ponce, León Roldós, Mario Unda, Decio Machado, Kintto Lucas, Enrique Ayala, Carlos Lasso y otros destacados intelectuales y académicos, son despreciados, rechazados sin mayor razonamiento, e incluso objeto de agresiones en las redes sociales por personas contratadas expresamente para ello. O en los medios sociales de comunicación incautados, calificados como públicos cuando su ejercicio denota su carácter de medios gubernamentales, destinados a la defensa de los aciertos y yerros del gobierno al cual sirven, a un ejercicio ideológico en la comprensión y conceptualización de Marx: crear opacidad sobre la realidad objetiva, ocultar la verdad desnuda.

El pensamiento crítico debe ser siempre, por lo antes dicho, bienvenido en las esferas del poder, toda vez que su objetivo es develar la verdad sobre las opiniones, acciones o afirmaciones que circulan por esos espacios. El separar las subjetividades de las opiniones de los subalternos ante la autoridad bajo la cual se someten, estableciendo la objetividad de esas opiniones, no puede ser obviado, por el contrario, permite adoptar decisiones adecuadas a la realidad y no a los deseos subjetivos de quienes opinan, incluso interesadamente, en el entorno de los mandatarios.  Debe ser acogido por ser la rigurosidad teórica y conceptual su estilo de trabajo. Estilo que permite descubrir y eliminar las imposturas intelectuales de los cortesanos de turno.

Siendo todo ello así, o cambian quienes desprecian el valioso aporte del pensamiento crítico o continúan por el camino de aquellos cuya autosuficiencia linda con el narcisismo¸ crédulos de los aduladores de palacio, de los impostores intelectuales que abundan en la esfera del poder. En resumen ¡O cambian o los cambian en el futuro cercano!

Corrupción

“La corrupción que afecta el desarrollo es una actividad de gente con poder. Gente que tiene poder y está dispuesta a vender algunas de sus decisiones y gente que tiene dinero suficiente para comprarlas”

Peter Eigen “Las redes de la corrupción”

Una de las pruebas inobjetable e irrebatible de la corrupción en el pasado no muy lejano es, por ejemplo, el artículo publicado por Diego Cornejo Menacho respecto al caso del economista Alberto Dahik, publicados en el Diario Hoy, el 5 de abril del 2005, bajo el título ‘Los "cheques calientes" de Alberto Dahik’.

En el gobierno del Presidente Lucio Gutiérrez, el caso del señor César Fernández, gobernador de la Provincia de Manabí, relacionó al cartel de Sinaloa con la familia del primer del magistrado, a través de su hermana Janeth Gutiérrez y su cuñado Napoleón Villa, como lo denuncia el texto publicado bajo el título “Así cayo César Fernández” de 1 de diciembre del 2003, en el cual se afirma: “El 28 de octubre, ante el Fiscal de la brigada antinarcóticos de la Policía compareció Tanya Villaseñor, quien declaró que César Fernández organizó una cena en Quito en donde “fue Luis Fernández, su esposa Sara; el francés Jean Pierre y su esposa Dense; Napoleón Villa y su esposa Janeth y Jaime Levi y Yo”. Cita a la que sólo vale agregar para un mejor entendimiento que Tanya Villaseñor fue detenida en el operativo policial ‘Aniversario’ a las 07:30del 24 de octubre del 2003.

Historia de la relación con el poder no termina ahí, dadas las circunstancias en las que se produjo la liberación de César Fernández el 3 de mayo del 2010. En este caso la presión desde el poder cambio su origen, radicó en parientes que integraban la Asamblea Nacional, que enfáticamente negaban cualquier parentesco consanguíneo.

Siendo objetivos, la historia de la corrupción es de viaja data, como lo comprueban los siguientes negociados plenos de la corrupción más abyecta:

•  En el gobierno de Carlos Julio Arosemena Monroy se develó el negociado conocido como ‘chatarra’. Al respecto se señaló: “En junio de 1962, el país quedó estupefacto al enterarse del negociado de la chatarra, que la opinión pública calificó como alta traición a la patria. Veintinueve camiones viejos de la Segunda Guerra Mundial y unos cuantos accesorios costaron 17 millones de sucres, alrededor de un millón de dólares al cambio de la época. Su valor real en los Estados Unidos era de 36 mil dólares. Los camiones estaban sin asientos y su vetustez fue tal que nunca funcionaron. El sobreprecio alcanzó los 15 millones de sucres y a pesar de que el asunto se discutió en el Congreso, en el Ejecutivo y en la Corte de Justicia, ningún militar fue sancionado: en junio de 1964, la Corte Suprema absolvió a todos los ecuatorianos involucrados y sentenció a un extranjero, Morris Klein. Entonces gobernaba al Ecuador una junta militar de cuatro miembros”.

• En el gobierno de Otto Arosemena, en las tres últimas semanas: “se firmaron (…) otras concesiones por cinco millones de hectáreas a favor de la Anglo Ecuadorian Oilfields, "batiendo el admirable récord de firmar tantas concesiones en tan corto tiempo", reseñaba una crónica de Vistazo de la época. Y aunque el nuevo gobierno de Velasco Ibarra declaró la disponibilidad de las hectáreas no explotadas, el conflicto jurídico con la Anglo y "los tremendos errores deslizados en los contratos petroleros de agosto de 1968" ocasionaron millones de dólares anuales en pérdidas”

• En 1974, en la dictadura del General Rodríguez Lara: “el Ministerio de Agricultura decidió importar con el carácter de urgente 150.000 toneladas métricas de fertilizantes, contrato que se adjudicó la empresa Juan H. Kruger. Además, la exagerada importación no era necesaria. El perjuicio al Estado fue de 512 millones de sucres (unos 20 millones de dólares) y el juicio que se inició en noviembre de 1975 fue uno de los más voluminosos de la historia, con nueve mil hojas. Fueron involucrados funcionarios del Ministerio de Agricultura, del Banco Nacional de Fomento, del Ministerio de Finanzas y de la Secretaría General de la Administración, en la época de la dictadura de Rodríguez Lara. Por fin, en el año 1981, el dictamen fiscal acusó a seis funcionarios de medio rango que ya no se encontraban en el país, quedando una vez más la sensación de impunidad”.

La realidad mencionada por Peter Eigen en el año 2003, desgraciadamente sigue vigente, conformando una realidad objetiva, concreta y comprobable, que desgraciadamente convive, se alimenta y crece por el ocultamiento de la misma por equivocadas, inconducentes acciones de un repudiable espíritu de cuerpo que se practica desde las esferas del poder, en unos casos en autodefensa y en otras por una falsa solidaridad por afinidad política. Estas dos realidades, la objetiva pero escamoteada, y la del ocultamiento, a pesar de ser incompatibles entre sí, conviven diariamente, hasta que se develan los actos de corrupción en forma incontrastable. Momento en el cual el poder adopta medidas, en vano esfuerzo por impedir o por lo menos dilatar el juzgamiento de los actos corruptos que tanto mal ocasionan a la sociedad ecuatoriana y a su desarrollo. Posición y actitud que no debe continuar si pretendemos volver realidad el slogan “manos limpias”.

Para ello será indispensable investigar exhaustivamente, sin miramiento alguno, los aumentos inusitados de fortunas y de signos externos de riqueza tanto en el sector público como en el privado, lo que nos permitirá determinar culpables y sujetos de sobornos, sobreprecios e incluso relaciones con el lavado de activos y narcotráfico.

Pero no sólo bastará determinar los individuos responsables de pagar por el cometimiento y los receptores de prebendas ilícitas, será igualmente indispensable combatir las estructuras de corruptos que se han conformado bajo la vista del propio poder.

Asumir como línea de gobierno e instituir como política de Estado el revelar a los actores involucrados en actos de corrupción, sin consideración alguna al rango o la posición que ocupan u ocuparon es el camino correcto. Para ello será indispensable desproveerse del temor de que este obrar afectará al futuro político de Alianza País.

Será indispensable hacer públicas las denuncias formuladas desde las instancias responsables de avanzar investigaciones en este campo, las cuales son habitualmente puestas en conocimiento de las más altas autoridades del país. Desenterrar las denuncias es obligación del Estado.

Solo la verdad objetiva, desnuda, permitirá a Alianza País, obstar en el futuro electoral que se avecina.

Nepotismo

El nepotismo bajo la lupa de las normas legales vigentes en el país, se produce cuando la autoridad nominadora nombra a un pariente consanguíneo o político. No así la designación de parientes en otras entidades, irrespetando incluso la tan cacareada meritocracia. Designados a la luz de la proclama que pretende convencernos que los parientes de las autoridades y de los conmilitantes de Alianza País, son la crema y nata de las “mentes lúcidas” del país. Concepto aceptado y practicado por todos los gobiernos progresistas de América Latina, siendo su punto más alto Nicaragua y Bolivia con una menor presencia. Esta concepción y práctica es aceptada en el país con un silencio cómplice, a pesar de la profusión de su práctica: esposos ministros, vicepresidentes y ministros primos hermanos; gerente y presidente primos hermanos; ministros primos hermanos; asambleístas y ministros, compañeros; asambleístas y ministros de la Corte Nacional hermanos; ministro y padres, autoridades judiciales, y así por el estilo.

Esta práctica nepótica no sería despreciable, si la selección de los parientes hubiese sido producto de una severa aplicación del régimen meritocrático. Si todos los congéneres fuesen “mentes lúcidas”. Si todos fuesen “manos limpias”. Si no fuesen retribuciones por el apoyo prestado a través de organizaciones integradas expresamente para lucrar de estos beneficios. Si no fuesen designados en pago de apoyos políticos, que replica la historia política del Ecuador de las décadas anteriores que se caracterizó por las componendas, principalmente para la elección de autoridades, en y fuera del Congreso Nacional; los “camisetazos”; la entrega de prebendas a cambio de fidelidades, etc.

Alianza País debe entender que estas relaciones nepóticas, que constituyen una nueva oligarquía, no son desconocidas y repudiadas en el seno de la sociedad ecuatoriana. Que nuestra nación ha demostrado altivez ante otros gobiernos oligárquicos como el que ha configurado. Que nuestros conciudadanos se han activado, en ejercicios de democracia real, en contra de este tipo de desafueros. Que hoy los receptores de información son simultáneamente emisores que conforman redes sociales  que posibilitan una más amplia difusión de todo este tipo de información. Por ello y ante ello, cambien, desestructuren el nepotismo vigente o los castigarán en las próximas elecciones. No insistan en un régimen cuya derrota será aún más previsible si la cúpula de Alianza País insiste ante el señor Lenin Moreno -en el objetivo de mantener en el futuro la actual estructura oligárquica-, en la candidatura a la vicepresidencia del Ing. Jorge Glass, planteamiento formulado personalmente por el Presidente Correa y rechazado por Moreno, como públicamente lo comentara el politólogo Burbano de Lara en el programa matinal de entrevistas de Radio Platino el  15 de marzo del año en curso. ¡Desmantelen el régimen nepótico que han instaurado o los desmantelarán. ¡Los cambiarán!

Advertencia Final

Si bien al inicio de esta exposición planteamos lo equívoco de asimilar las realidades de los restantes países progresistas de América Latina con la del Ecuador, para sentenciar igual destino. No podemos abstraer de las semejanzas que presentan estos países en determinados ámbitos como puede comprobarse si se compara el contenido del texto “Qué hacer” de Luis Britto García, destacado intelectual venezolano con nuestras reflexiones. Tanto Britto como nosotros criticamos y nos oponemos: el nepotismo, la corrupción, el veto las leyes que nieguen o eliminen derechos económicos, sociales, políticos o culturales, a todo pacto, conciliación o contubernio con la derecha.

Los dos nos manifestamos a favor de la progresividad impositiva; de los movimientos sociales que luchan contra la corrupción; la reestructuración de los medios públicos; los hecho sobre las promesas incumplidas.

Adicionalmente hemos de insistir en que la intención de este análisis no es otro que el sugerir, tratar de lograr el cambio en los comportamientos criticados, como único mecanismo de defender eficientemente el futuro del progresismo democratizante de Alianza País, seguro que de continuar el caminar por la misma senda, Alianza País estará cavando su propia tumba y posibilitando el ascenso al poder de la derecha más retrógrada, la que inaugurará una etapa en la cual:  la reversión de todos los avances sociales será una prioridad; la privatización de las inversiones públicas más rentables, en favor de los favorecidos de hoy, será su meta; la profundización de la expoliación de los trabajadores su norte; la negación de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales alcanzados por la acción y decisión de la mayoría de ecuatorianos humanos, su mayor preocupación. En suma, un gobierno cuyo objetivo será la reinstauración de la barbarie del capital.

Quito 17 de marzo del 2015