En el país de la corrupción galopante, donde parlamentarios reciben dineros ilegales para campañas, ministros reciben coimas, donde candidatos tienen a disposición aviones privados, donde la iglesia ampara la pedofilia, donde miembros de las Fuerzas Armadas roban dineros provenientes del Cobre, donde el presidente del Futbol pasa vacaciones en Miami con dineros robados, donde la familia de la presidenta se enriquece ilícitamente… la esperanza era la justicia.

Durante diez años la gente de Caimanes ha luchado judicialmente contra minera Los Pelambres y ganado todos los juicios. En 2006 la Corte de apelaciones de Santiago ordenó demoler el tranque de relaves El Mauro, la minera pagó 24 millones de dólares a Victor Ugarte, al abogado Fernando Dougnac  y a un grupo de dirigentes del pueblo (http://diario.latercera.com/2011/02/12/01/contenido/pais/31-59058-9-habitantes-de-caimanes-acusan-a-abogado-de-enganarlos.shtml) y evitó la demolición.

En 2014 la Corte Suprema declaró el tranque El Mauro un peligro para la vida humana, ahora la minera compra votos a 28 millones de pesos por familia para que se desistan de los juicios pendientes, y permitan que el peligroso tranque sea ampliado.

En 2015 la Corte de Suprema ordenó a la minera en fallo de última instancia, devolver el agua del estero Pupío al pueblo de Caimanes, aunque para ello tenga que demoler el tranque. Le dio un plazo a la minera para entregar un plan. La minera entregó un plan insuficiente y por ello el Juzgado de Letras de Los Vilos dio la orden de demoler el tranque. La minera presentó un recurso ante la Corte Apelaciones de La Serena, en actual tramitación.

Tres jueces violan la ley

El Abogado Esteban Vilchez, en la causa número 551-2015, sobre denuncia de obra nueva “Flores Tapia, Cristián y otros con Minera Los Pelambres”, en representación de la comunidad de Caimanes, ha presentado ante la Corte Suprema una denuncia contra los jueces de la Corte de Apelaciones de La Serena:  Sr. Christian Le-Cerf Raby, Sr. Vicente Hormazábal Abarzúa y Sra. Marta Maldonado Navarro.

El motivo es que han violado el artículo 159 inciso 3º del Código de Procedimiento Civil (http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=22740ç) Los ministros, antes de fallar el recurso de apelación de minera Los Pelambres, decretaron como medida para mejor resolver la elaboración de un peritaje, que recayó en el señor Alejandro López Alvarado. Según la norma referida, toda medida para mejor resolver debe ser llevada a cabo dentro del plazo de 20 días; si ello no ocurre, la ley ordena que se tenga por no decretada la medida y se falle sin más trámite. En este caso, el perito designado ha señalado que entregaría su informe a fines de mayo, esto es, después de cinco meses y medio desde que el peritaje fue decretado.

Tres jueces del tribunal de apelaciones por sobre la Corte Suprema

La Corte Suprema, en fallo inapelable ordenó devolver las aguas del Estero Pupío, aunque para ello tenga que demoler el tranque. El plan que presentó la minera no permite devolver el libre y natural escurrimiento de las aguas del estero como ordena la Corte Suprema, por lo tanto no cumplieron con lo ordenado por el máximo tribunal del país y por lo cual el Tribunal de Los Vilos ordenó la demolición.

En la apelación que interpuso la minera, La Corte de La Serena decretó como medida para mejor resolver un peritaje que pretende ser evacuado en cinco meses, lo que excede el plazo legal de 20 días. Pero, lo que es más grave, minera Los Pelambres designó como perito adjunto (un perito de la minera) al Sr. Alejandro Grilli Dorna-Fernández, para que “asista” al perito designado López, a lo que la Corte accedió.

El abogado Vilchez, señala en un recurso de reposición interpuesto ante la Corte de Apelaciones de La Serena que: ”Por una parte un perito adjunto es una institución inexistente en nuestro Código de Procedimiento Civil”, por otra parte los honorarios fijados por el perito no los puede pagar los demandantes,  pues carecen de fondos para ello. Según el abogado la este perito adjunto “Sr. Alejandro Grilli Dorna-Fernández está siendo contratado para convencer o persuadir al perito de puntos de vista que favorezcan a Minera Los Pelambres y, desde ese punto de vista, la “asistencia” que S.S. Iltma. se encuentra avalando implica una intervención e influencia atentatoria contra la igualdad de las partes en el proceso y contra la imparcialidad del perito”.

Es decir estos tres jueces se ponen por sobre la Corte Suprema (violando la legislación, inventando peritos inexistentes en la ley…), haciendo de esta un organismo irrelevante, donde un grupo de caballeros y señoras de edad avanzada dictan sentencias, pero no necesariamente se les debe escuchar. Esto es la muerte de la Corte Suprema y la muerte del Estado de Derecho, solo para favorecer a minera los Pelambres de la familia mas rica de Chile, los Luksic.

La muerte de la justicia

Esto mata la esperanza de justicia para cualquier comunidad que trate de oponerse a un proyecto nocivo, que luego de seguir todos los pasos legales, ganar todos los juicios en todas las instancias, logra un fallo en el máximo tribunal y este no se cumple.

En el país de la corrupción, donde las autoridades parecen estar en venta al mejor postor y no necesariamente cumpliendo la labor para la que fueron elegidas, lamentable los ministros de la Corte de la Serena estén interpretando y entendiendo la ley de un  modo que la misma ley no les permite….

¿Cómo es posible que se atrevan a no cumplir un fallo de la Corte Suprema y ponerse por sobre ella?, ¿Por qué inventan un perito que no está contemplado en la ley?, ¿Qué poder los respalda para que se atrevan a violar la legislación que deben resguardar?

El abogado de Caimanes señala sobre el plazo que se está concediendo al perito para entregar su informe que “…aquí no existe espacio para la discrecionalidad ni los análisis subjetivos, porque, por el contrario, existe un mandato claro y perentorio contenido en la ley y que ha sido desobedecido por los ministros”.

La minera de los Luksic paga campañas, impone autoridades, coopta el poder político, compra fallos adversos, si no puede comprar a las víctimas, logra que algunos jueces violen la legislación para favorecerlos. ¿De qué estado de derecho nos hablan?.

Si en este artículo he dicho algo equivocado o injustamente dañino, siempre que me lo demuestren con antecedentes ofreceré disculpas públicas.