SAN JUAN, Puerto Rico, 7 de diciembre de 2015 (NCM) – El viejo principio de “divide y vencerás”, tantas veces utilizado en políticas imperiales, tropieza con el problema en Puerto Rico de que la división ideológica o de objetivos estratégicos y la incomunicación son tales, que Wall Street no cuenta con un líder claro al que someter o un aliado con el que negociar.

De hecho, mientras el Gobernador, Alejandro García Padilla, desvía fondos millonarios que estaban reservados para enfrentar unas deudas a fin de pagar otras, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, organiza por su cuenta un frente para resistir los intentos de entregar el monopolio estatal de electricidad a los inversores privados.

De igual manera, desarrollan estrategias distintas el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, así como el jefe del anexionismo, el Comisionado Residente Pedro Pierluisi, y su principal retador para la candidatura a gobernador, Ricardo Rosselló. Como si no fuesen suficientes las divergencias en los partidos pro Estados Unidos –el oficialista Popular Democrático y el opositor Nuevo Progresista- a ellas se le suman las críticas de los partidos Independentista Puertorriqueño y del Pueblo Trabajador, más las de tres candidatos independientes para la gobernación y otra gama de grupos de presión.

El acertijo más grande, sin embargo, es lograr determinar qué es lo que está haciendo cada quién en la compleja madeja de cambios de posturas, informaciones a medias, o la ausencia absoluta de informes confiables.

Ese arte lo domina el gobernador García Padilla, quien en junio anunció que la deuda de los bonos era impagable y en noviembre aseguró que Puerto Rico no necesitaría del mercado de bonos por lo menos en nueve meses y que nunca llegaría al impago. Pero, menos de un mes después le informó al Senado de EEUU que el impago había comenzado, a la vez que su gobierno ponía al día los pagos del vencimiento del servicio de la deuda.

Para hacer el pago correspondiente a este mes, de 354 millones de dólares, el gobernador lo que aparentemente hizo fue disponer el desvío de 329 millones de dólares de la reserva que tenían para pagar sus propios bonos varias corporaciones públicas, a las que en enero se les vencen más de 153 millones de dólares de una deuda conjunta de sobre 6.700 millones. Por orden ejecutiva, le quitó de las reservas de pagar bonos 201 millones a varias corporaciones del sistema de transporte, 113 millones a la encargada de infraestructura y 15 millones a la del centro de convenciones.

Ese tipo de maniobra se produce a la vez que su gobierno intensifica el cabildeo para lograr que el Congreso apruebe la medida radicada por el comisionado Pierluisi, para autorizar la protección del tribunal de quiebras. La insistencia del gobernador sobre la concesión de la ley de quiebras se produce a pesar de que su gobierno no ha cumplido el requerimiento del Congreso de que entregue estados auditados de sus finanzas.

Mientras tanto, García Padilla intenta que la legislatura puertorriqueña autorice reorganizar el monopolio estatal de electricidad, como modelo para las negociaciones generales con los acreedores de Wall Street. Entre los cambios están el control privado, aumentos en cargos y tarifas y convertir los haberes de los ciudadanos y empresas en garantías de pago de nuevas emisiones de bonos.

“Eso es una locura”, dijo sobre ese último cambio la alcaldesa Cruz, que evalúa que en general, el plan de reorganización “no sirve” y tiene muchos aspectos que afectan a la gente de manera negativa. Cruz lleva algún tiempo celebrando reuniones con legisladores del propio partido oficialista, sindicatos y otros grupos para impulsar cambios sustanciales al plan. Tan reciente como el viernes pasado, el presidente de la comisión del Senado que atiende dicha medida, Ramón Luis Nieves, informó de enmiendas y dijo que “las preocupaciones de la alcaldesa han sido atendidas”.

Pero una de las reuniones principales de esa gestión, que estaba pautada para el viernes, fue cancelada para “evitar confusiones” debido a la manera en que se enrareció la circunstancia en el oficialismo luego de que la víspera fueron arrestadas diez personas –nueve de ellas del partido de gobierno- por un presunto esquema de corrupción que cubrió muchas agencias y supuestamente tenía contactos dentro del Palacio de Santa Catalina, sede de la gobernación.

La gallardía manifiesta, de no usar su oficina para dilucidar asuntos de partido, no impidió sin embargo que le dijese a la prensa en entrevistas afuera que todo el liderato debía evaluar su futuro y que se acumulan las razones para que García Padilla no vuelva a postularse. Eso le valió –a ella y a otros que han opinado igual- palabras duras del gobernador.

De todas formas, el gobernador tampoco puede atacar con fuerza devastadora a la alcaldesa y sufre el asedio interno de quienes reclaman que se retire de la candidatura para el 2016. El problema de la redada anti corrupción le toca muy cerca pues su hermano Luis Gerardo está involucrado, aunque se ha prestado como testigo y no ha sido acusado.

En el anexionismo, entretanto, surgió la figura del economista y ex director del Banco Gubernamental de Fomento, Carlos Colón de Armas, quien acudió a una audiencia de la comisión judicial del Senado de EEUU y explicó que Puerto Rico tiene dinero suficiente para pagar las cuantiosas deudas de bonos. Además, se distanció de la medida propuesta por Pierluisi y advirtió que aprobar el uso de la ley de quiebras lo que haría es agravar los problemas.

Sin embargo, no respaldó totalmente el establecimiento, por parte de EEUU, de una junta de control fiscal porque dijo tener “sentimientos encontrados” al respecto.

A todo eso, ha ido ganando terreno poco a poco el planteamiento hecho hace mucho tiempo por el legislador autonomista Manuel Natal para que se ordene una auditoría de toda la deuda, de modo que se determine qué parte fue negociada ilegalmente, para que no haya que pagar la que caiga en dicha categoría.