SAN JUAN, Puerto Rico, 16 de noviembre de 2015 (NCM) – Los inversores de Wall Street recibirán una garantía extraordinaria de pago por parte de Puerto Rico, si se aprueba que los  “clientes” sean responsables directos e inescapables, junto al Gobierno, de las emisiones de bonos para refinanciar la gigantesca deuda de la estatal Autoridad de Energía Eléctrica.

La propuesta, que, de ser interpretada literalmente, en caso de impago pondría en prenda las propiedades y recursos de todas las empresas, instituciones y personas particulares, aparece en un proyecto de ley para reorganizar el monopolio estatal de electricidad.

La aprobación de la ley es considerada una prioridad estratégica y viene a ser parte de un acuerdo que se negocia con los acreedores. El Gobierno ha planteado que esta negociación es el modelo para acuerdos similares a fin de restructurar la deuda externa de Puerto Rico.

Forma parte de un conjunto de medidas y políticas para recuperar la confianza de Wall St. en una circunstancia económica grave en la que el tesoro público está tan deteriorado que la posibilidad de un colapso del Estado es vista como un peligro inminente. Entre las medidas está también la entrega del control gubernamental a una “Junta de Supervisión”, que podría conducir sus trabajos en inglés, a puerta cerrada y que usurparía poderes constitucionales de las distintas ramas del Gobierno.

A la fecha del cierre de esta crónica, las cámaras legislativas habían aprobado más de cien enmiendas a la propuesta cercenando los poderes pedidos para la Junta. No estaba claro sin embargo, si se aprobaría algo, debido a las diferencias entre las versiones de la Cámara y el Senado, o si el Gobernador procedería a implantar el organismo por decreto.

La medida para los bonos especiales y la reorganización de la AEE, se quedó sin atender en la sesión ordinaria de la Legislatura y se espera que, en los próximos días, las cámaras sean convocadas para una sesión extraordinaria.

El recurso de incluir a los “clientes” entre los responsables por los bonos se presentó luego de que el 22 de octubre pasado la casa clasificadora Moody’s publicó una advertencia de que esas emisiones especiales que se planifican no superan las circunstancias económicas, fiscales y políticas que mantienen a la AEE y al Gobierno en nivel “basura”, o demasiado especulativo para sus bonos. Sacar dichos bonos de esa clasificación y ponerlos en nivel recomendable de “inversión” es una de las condiciones requeridas para que pueda entrar en vigor el pre acuerdo negociado.

Por otro lado, la interpretación que se dé al lenguaje un tanto oscuro del Artículo 30 de esa ley –donde aparece la inclusión de los “clientes”- no tendría que depender de opiniones que pueda haber en Puerto Rico. La propia ley propuesta autoriza a que la nueva corporación a la que se encargaría emitir los bonos especiales pueda someterse a la competencia de la ley y los tribunales de Nueva York para dirimir las controversias que surjan.

Lo que sí está claro en el texto de la propuesta ley es que la definición de “clientes” incluye agencias del gobierno, corporaciones públicas, municipios, empresas privadas, instituciones e individuos, que se conecten a un servicio de energía eléctrica en Puerto Rico, sea o no el que provee el Estado. Todos tendrán que pagar un cargo especial para sufragar los bonos, así como hacerse responsables por el cumplimiento.

El texto de la sección aludida del Artículo 30 dice específicamente que “cada Resolución de Restructuración, la Propiedad de Restructuración y el Mecanismo de Ajuste y el resto de las obligaciones de la Corporación establecidas en dicha Resolución de Restructuración serán directas, explícitas, irrevocables e incondicionales tras la emisión de los Bonos de Restructuración, y se podrá exigir su cumplimiento al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Autoridad, la Corporación y los Clientes”.

A pesar de la obvia importancia del tema de la inclusión de los “clientes” en lo que parece ser deudores solidarios de los bonos, el asunto ha pasado hasta ahora fuera del alcance de la discusión pública, mientras la avalancha de noticias sobre la crisis es agobiante. Además, la tendencia al control oficialista de la prensa ha ido avanzando, al igual que la de cooptación de grupos y sectores de oposición por parte del Gobierno.

Parte importante del problema es lo inédita que resulta la situación para el Puerto Rico del período autonómico, acostumbrado a salir de las diversas crisis con oportunos mecanismos para reforzar la inversión de capital externo y las prontas intervenciones de Estados Unidos. Esta vez, sin embargo, la economía ha seguido –desde 2006- con una tendencia general a la baja, el nivel “basura” de los bonos previene más préstamos y Washington no ha actuado de manera contundente para el rescate económico.

Entre las áreas en las que sí se nota acción intensa de parte de EEUU, que mantiene esta pequeña nación isleña como colonia desde 1898, está la persecución de la corrupción gubernamental y al presente sesiona un gran jurado federal, que ya ha interrogado funcionarios del más alto nivel del Gobierno y el oficialista Partido Popular Democrático. Esa situación hace más difícil la posibilidad de que el Gobernador, Alejandro García Padilla, comparezca a los comicios generales de 2016 en busca de un segundo término.

Otro aspecto de  protagonismo estadounidense es el de las intervenciones de entidades que han sido asociadas con operaciones de desestabilización, como Open Society, a través de la cual actúa el magnate George Soros. Esa entidad en particular aporta casi dos millones de dólares para grupos influyentes y periodistas, que promueven una propuesta para una ley que establecería mecanismos administrativos complejos para dilucidar negativas a entregar información por parte del Gobierno, lo que obstaculizaría la acción rápida del tribunal.

También se nota mucho la presencia de los inversionistas depredadores conocidos como “buitres”, que se benefician de las insolvencias y los impagos para adquirir propiedades a precios de remate y así multiplican sus ganancias dejando los países desvalidos.