“Guatemala tiene capacidad. Solo necesita una oportunidad”

Cartel de una joven Quetzaltenango-Guatemala, el 16 de mayo 2015

Viajando por Guatemala, tuve la oportunidad de conocer a Raúl Arturo Fuentes Villela, autor de Más allá de la democracia. Cumpliendo una muy grave condena en virtud de un señalamiento y de un expediente que considero sobre todo mal intencionado, Raúl Fuentes tuvo la oportunidad de analizar el funcionamiento de la Justicia en su país. Volveré a ello más adelante.

A principios de mayo, comenzó la campaña electoral para las previstas elecciones generales de septiembre 2015. Por otra parte, este país está marcado por protestas y manifestaciones pacíficas urbanas, un movimiento raro porque fue iniciado a través de las redes sociales independientemente de los partidos y de las organizaciones, que denuncia la otra prisión en la cual se encuentra preso el país: las redes de saqueo que se desarrollan tanto en el exterior como en el interior del Estado: se diría que la resignación y el miedo habitual de los ciudadanos y ciudadanas, esta vez, habían bajado un poco. Lo que en mis ojos está completamente notable, en este país muy fraccionado, es que la población rural se manifestó luego con las mismas reivindicaciones. ¿No es esto un signo que nuevas perspectivas se abren para el país cuando la organización patronal, rompiendo con su costumbre, sosteniendo las reivindicaciones de la calle aunque si son satisfechas, sus consecuencias para ciertas empresas podrían ser muy graves?

Una de las acusadas es la institución de la Justicia. Aparte de sus beneficiarios, todo el país lamenta el cáncer del que ella padece. “De cada 100 homicidios, sólo dos son juzgados”, según el Consejo de Derechos Humanos del ONU (2009), en este país donde se cuenta millares de asesinatos al año, ejemplo: en una pequeña ciudad que visité, uno al día en promedio en enero-febrero de este año. Para intentar reducir esta “cifra negra de la impunidad”, una organización internacional innovadora ha sido creada hace diez años: la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La saga de esta institución continúa hasta este momento, en el que se registran casos de corrupción practicada a una escalera inimaginable por muy altos dirigentes.

Lo que atrajo mi atención es el reverso de la impunidad: los inocentes que, según mis primeras intuiciones, pueblan las cárceles. Y esto me condujo a pensar a la Justicia guatemalteca como un garante para los que poseen un poco de poder – financiero o político, por ejemplo – mientras que ella constituye una amenaza injusta para los ciudadanos medios.

Salir de esta situación no será cosa fácil: Fredy Enrique Escobar Cárdenas, un profesor de Derecho Penal, considera en su libro “Compilaciones de derecho penal” que “no se define lo que debemos entender por Delito y Pena”, y que “la mayoría de la doctrina es importada, y por lo tanto no coincide con nuestra realidad nacional, tanto desde el punto de vista, jurídico, económico, político y social”. Discapacidad doble y pesada, que me conduce a considerar que una refundación completa del Código Penal sería una condición previa a todo mejoramiento sustancial del sistema judicial en Guatemala! Los países y las organizaciones internacionales “con buenas intenciones” que se apresuran a contribuir al funcionamiento de CICIG deberían reflexionar bien sobre eso. Fredy Escobar designa otras causas, entre los cuales están “la corrupción” y “la carencia de valores morales y éticos, de los funcionarios públicos que se mueven dentro del ámbito de la justicia”. Raúl Fuentes por su parte no piensa así. Él afirma que ese discurso de carencia de valores es “romántico”: “la corrupción no puede atacarse de frente, puesto que no es un defecto humano, sino que forma parte de su misma naturaleza. La simple solución es crear un sistema a prueba de ello, que aunque los administradores del sistema sean corruptos el sistema mismo no permita que ejerzan actos de corrupción”, algo que él diseñó hace ya veinte años.

Independientemente de esto, Raúl en su propio proceso descubrió, a costa de padecerlo él mismo, una serie de errores en el sistema de justicia y percibió “el asombro de cómo es que tanto académico y tanta universidad no se han percatado de eso”. O, como dice el Reverendo Sacerdote Basilio Chacaj, “¿habrá también complicidad con su silencio?”.

Parte de lo que Raúl menciona es:

“1. La imprecisión a conveniencia de la definición de leyes y en virtud de eso su sesgada interpretación. Solo véase la definición actual de violación y se verá que cualquier dentista al hacer su trabajo, es por definición un violador.

2. El Ministerio Publico como acusador e investigador: Tal aberración solo consigue lo que por sentido común se esperaría: la selección de pruebas.

3. La descalificación en la investigación del MP de las pruebas de descargo basadas en la presunción de inocencia. No son consideradas necesarias, ya que nadie está obligado a demostrar su inocencia. Pero resulta que si eso fuera cierto tampoco sería necesario un abogado de la defensa. Estas pruebas también son importantes puesto que generan un contexto, mostrando de qué manera prevalece o no un hecho determinado y la ausencia de los elementos que pudiesen haber servido de contrapeso y que fueron maliciosamente descalificados sesga la apreciación.

4. La sobrevaluación de la prueba testimonial: Dada la idiosincrasia y costumbre del guatemalteco en justificar mentiras si los fines lo ameritan ¿cómo es posible que se deje la sustentación de los casos jurídicos a la sobrevaluada “prueba testimonial”?

5. La nula y deficiente investigación del MP: Por la tendencia de los guatemaltecos a realizar las cosas con el menor esfuerzo posible, el MP no requiere realizar investigación alguna. ¿Para qué? Si tiene la prueba testimonial, aunque sea obtenida por coacción o comprada.

6. La utilización de la incipiente ciencia psicológica, que a través de conceptos vagos y manipulados como el de violencia psicológica, que se utiliza para orientar convenientemente los casos jurídicos, a la vez que sirve de plataforma para justificar, demostrar y acreditar señalamientos no necesariamente válidos ni veraces, dándoles un supuesto respaldo científico.

7. La ausencia de parámetros objetivos en el nombramiento de jueces y en la calificación de su idoneidad. Dado el temperamento del guatemalteco en general que es ‘buena gente’ y débil de carácter, los honorables jueces a la hora de dictar sentencia, como lo hizo el juez más famoso de la historia, Poncio Pilatos, a pesar de tener todo el respaldo del estado prefieren condenar al sindicado, aún y cuando sea inocente, simplemente para quedar bien visto, justificando los hechos con una ley que lo permite, y logrando así evadir la presión del Ministerio Publico, querellantes adhesivos, organizaciones, la prensa e incluso embajadas que lo presionan por interés ajeno.”

8. El uso de parámetros equivocados como medidores de justicia. ¿Cómo puede medirse la justicia?: usando el camino más fácil y equivocando: por la cantidad de presos.

9. La intervención extranjera que privilegia el encarcelamiento y destruye la familia, influyendo en el MP y dando vida a corruptas ONGs con directrices morbosas y cuyos dirigentes traicionan a nuestra patria y venden nuestra justicia a países donantes, que para poder dar dinero ‘quieren ver resultados’, teniendo nuevamente estadísticas de condenas.

10. El rompimiento asumido en la ley del proceso científico en las ciencias jurídicas con el señalamiento como prueba. Nada ha encarcelado tanta gente inocente como el concepto que ‘el señalamiento es la prueba reina’. A pesar que todo el mundo sabe que el señalamiento es una tesis que debe ser demostrada por medio de pruebas fehacientes producto de una investigación seria.

11. La sana critica razonada como sinónimo de opinión y su sobredimensionalidad que valida tanto la totalidad del juicio como a las pruebas mostradas, con normas ajenas a la sana crítica y a la lógica, (por eso es importante llorar en los juicios), con un alcance extrapolado a calidades que no le competen, influido por el entorno social, que a la vez trata de persuadirlo, aún con dinero, pues conoce dicha debilidad.

12. El manejo de los casos en secreto por parte de los abogados, tanto de la defensa como de la parte acusadora para lograr beneficios económicos.

13. El uso equivocado de la opinión popular (vox populi) como prueba.

14. La disparidad en cuanto a la Defensa Publica Vs. el Ministerio público. La justificación: ¿Para qué invertir para defender a un delincuente?, sin darse cuenta que el objetivo de todo el sistema de justicia está precisamente en poder emitir, después de un exhaustivo y objetivo proceso, esa calificación.

15. Las redes sociales, como Facebook que crean un imaginario social y permiten a las personas actuar ‘sin dar la cara’ y llevar a cabo actos que pueden tipificarse como ‘linchamientos sociales’.

16. El sistema jurídico ha creado su propio sistema de verdades, como en ‘el mundo de Disney’, que manejan entre ellos, diciéndose ellos mismos: si, esto califica, o no, esto no califica, pero a veces dichas verdades, que ya son un camino habitual, son ajenas a la realidad.”

Si transcribo aquí in extenso esta nota de observaciones y de reflexiones que me transmitió mi interlocutor, es porque pienso que será útil para los que se preocupan o van a preocuparse de la refundación del sistema judicial de Guatemala (¡qué deberá pues, a lo que parece, ir más allá de la revisión estricta del Código Penal que ya mencioné!). Además me parece que ciudadanos víctimas de la Justicia en todos los países pueden liberarse un poco de la impotencia donde son confinados: mostrando desde el interior su visión del mal funcionamiento de la máquina judicial de su país.

¿Si quieren reducir los daños del sistema legal guatemalteco, más allá de una reforma del Código Penal, más allá hasta de la lucha necesaria contra la corrupción, los movimientos sociales actuales no deberían conducir a una articulación inédita entre un estado de nuevo tipo y la sociedad? Pero no existe para esto soluciones ya experimentadas... ¿Será Guatemala un laboratorio a escala mundial, de la que hasta los ciudadanos occidentales podrán gozar de las lecciones? ¡Es de todos modos mi esperanza!

Interrogué a Raúl sobre una eventual refundación total del Estado guatemalteco cautivo. Mientras no haya una concepción de la política completamente revolucionada, apenas es más optimista que otros pensadores de la realidad centroamericana: “¿Se busca hacer que funcione el Estado que no pudo funcionar en dos siglos?”  (Ollantay Itzamná)” - “Regresar al siglo XIX para poder tener siglo XXI” (Sergio Ramírez). Hablando del papel que se quiere hacer jugar a las Universidades y a otras organizaciones sociales, Raúl se ríe: “¿Podrían restructurarlo? ¿Si pueden por qué no lo han hecho? ¿O será que lo dejarán peor solo que con beneficios para ellos? La Universidad dejó de ser una institución respetable hace mucho tiempo. Quieren solucionar un problema cuando el problema son ellos. ¿Tendrán la inteligencia para verlo y la honestidad para aceptarlo?”. Y también señala “Toda institución cuyo objetivo sea el de solucionar algún problema social y para lo cual recibe ayuda internacional, es por naturaleza corrupta ya que en ningún momento existe en ella como deseo principal la solución de tal problema, puesto que al momento de hacerlo se quita la razón por la cual se obtiene dicho financiamiento”.

Le pregunté si se consideraba un preso político. Su respuesta “Si”. Pero él precisa en seguida que le es imposible reivindicar este status porque esto le obligaría a declararse afiliado a un partido político del país, lo que él niega absolutamente. Ya que es precisamente esta forma partidista que él considera nefasta y parte de lo que él adversa.

¿La actual Justicia guatemalteca, una amenaza para los intelectuales libres?

Henri Guéguen, sociólogo francés