SAN JUAN, Puerto Rico, 4 de mayo de 2015 (NCM) – Contingentes especializados de la  Policía nacional tomaron el control del Capitolio el miércoles y el jueves de la semana pasada, restringieron el movimiento de la gente por los pasillos y, con uniformes de guerra, se exhibieron portando armas largas, sin que hasta ahora las autoridades hayan ofrecido explicaciones sobre el motivo, si alguno, para esa operación armada.

Lo que al menos quedó demostrado de manera evidente fue la majestad del Palacio de Santa Catalina por encima del palacio de las leyes en momentos en que la Cámara de Representantes derrotaba la petición de nuevos impuestos, del anuncio de un gobierno de tintes autocráticos y días después de que el Gobernador, Alejando García Padilla, denunciara un “complot” para privarle de la candidatura a un segundo término.

El caso es que mientras eso ocurría dentro del casi centenario edificio del Capitolio, unidades policiales montaban guardia a ambos lados de la Avenida Constitución que discurre por el lado sur y que, por lo demás, estaba desierta y daba la imagen de los policías velándose unos a otros desde las barreras de metal. Por el lado norte, más policías mantenían vigilancia sobre los escasos participantes de una manifestación de protesta en la que no hubo incidentes.

El despliegue militarizado comenzó el miércoles en la tarde, poco antes de que empezara la discusión en la Cámara de Representantes de la reforma tributaria, que resultó derrotada a las 3:44 de la madrugada del jueves, con el voto de 22 miembros de la oposición del Partido Nuevo Progresista y seis de los oficialistas del Partido Popular Democrático. Se mantuvieron apoyando la propuesta 22populares.

Pocas horas después, en ese mismo hemiciclo, el Gobernador presentó su Mensaje del Estado del País, en el que anunció que en lo sucesivo gobernaría sin someterse a la fiscalización legislativa. El Ejecutivo dijo además que convocaría al Palacio de Santa Catalina a un comité “financieros expertos” para que ayuden a enderezar la situación fiscal, en tanto que otro comité se encargaría de una reorganización para reducir el tamaño del Estado.

Ese mismo día, el Senado había aprobado un proyecto cónsono con los anuncios del Gobernador. Se trata de una medida para que el Banco Gubernamental de Fomento pueda designar –sin el requerimiento de un proceso de consejo y consentimiento legislativo- a “cualquier individuo” para el puesto de administrador de emergencia de corporaciones públicas y agencias hasta por dos años. El proyecto de ley para renunciar a esas prerrogativas constitucionales pasa ahora a la Cámara de Representantes, donde ya se destituyó de la presidencia de comisiones a los legisladores oficialistas que votaron en contra de los nuevos impuestos.

Ahora también está en agenda la discusión legislativa sobre el presupuesto de gastos para el próximo año fiscal, pero ya el gobernador García Padilla dejó claro que la función legislativa será sólo consultiva, pues encaminará al país con el apoyo de la Legislatura o sin él.

Las dificultades del ahora gobernador con respecto al tema del control democrático no son nuevas.

Cuando todavía era candidato a la gobernación, respaldó una propuesta enmienda a la Constitución para restringir el derecho a la fianza de los acusados en casos criminales y, como la propuesta fue derrotada de forma apabullante, adelantó que cuando llegara a gobernador resolvería el problema desviando los casos a la jurisdicción directa del tribunal federal de Estados Unidos, donde no existe ese derecho constitucional. Desde que ocupa el Palacio, ha hecho buena su palabra.

Tampoco ha aceptado la validez del plebiscito de 2012, en el que perdió la alternativa que él defendía y la mayoría absoluta retiró el consentimiento formal de Puerto Rico a su condición política colonial. En dicho evento, la alternativa más votada, con una pluralidad de casi 35 por ciento de todos los sufragios, fue la de  convertir a Puerto Rico en un estado de EEUU, en tanto que más de medio millón de votos fueron por una soberanía separada, con 450.000 por la libre asociación y 75.000 por la independencia.

Días antes de los sucesos del Capitolio, en una reunión con legisladores, el Gobernador denunció como un “complot” que –según él- Eduardo Bhatia, presidente del Senado, la alcaldesa de la capital, Carmen Yulín Cruz y el ex presidente del PPD Héctor Ferrer estuvieran buscando cómo sustituirle como candidato para gobernador en los comicios de 2016. Se desconoce si García Padilla presentó pruebas de lo denunciado y mucho menos se explicó qué tendría de impropio el que entre el liderato partidario se discutiera postular a otro candidato, en particular cuando su popularidad está muy deteriorada.

Pero las dificultades para el manejo de los métodos de gobierno democrático no se limitan a las exhibidas por el Gobernador, como lo demuestra el caso del Partido del Pueblo Trabajador, cuya inscripción ha sido obstaculizada por el oficialista PPD en la Comisión Estatal de Elecciones. En ese caso, el tribunal decidió que el Gobierno deberá aprobar un reglamento claro para determinar la validez de las firmas de respaldo y luego volver a revisar casi dos decenas de miles de firmas rechazadas por “incompatibles”.

Esa dificultad también aparenta estar presente en la ausencia casi total de expresiones de preocupación pública por la operación armada conducida en el Capitolio mientras la Legislatura evaluaba la petición sobre los impuestos y cuando el Gobernador respondía a la derrota con su discurso en el hemiciclo.

Sin embargo, durante esos dos días, en el Capitolio, lo que era muy difícil era no percatarse de la fuerte presencia dondequiera de las unidades de asalto de la Policía nacional.

Un periodista estuvo en uno de los elevadores del Capitolio y fue testigo de cuando entraron varios policías vestidos en ropa de fatiga con todo su equipo de combate. Uno de ellos aguantaba con sus manos una metralleta, inclinada un tanto hacia arriba y de tal forma que la boca del cañón del arma quedaba a unos 30 centímetros de la cara del reportero.