Las acciones del tercer gobierno del Frente Amplio -segundo de Tabaré Vázquez-han merecido distintas consideraciones desde el nombramiento del gabinete hasta los primeros pasos de su gestión: nuestro grupo hará un comentario amplio en su momento sobre lo propuesto. Sin embargo, una situación puntual hace que nos refiramos a un hecho que atañe tanto a la presente administración como a la pasada: el eventual ingreso de Uruguay al -conocido por sus siglas en inglés-TISA (Trade in Services Agreement).

En 2013, el gobierno a través del Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó interés por ser parte del grupo integrado -entre otros- por los miembros de la Unión Europea y Estados Unidos, para negociar un tratado acerca del comercio de servicios. La petición obtuvo respuesta positiva en diciembre de 2014 y de acuerdo con diversas fuentes, integrantes de la cancillería uruguaya tomaron parte de esos intercambios.

De lo poco conocido del TISA (autodesignado “los buenos amigos de los servicios”) se dice que éste se encuentra en fase de proyecto, y pese a que la solicitud oficial uruguaya no fue pública, enterados los dirigentes del PIT-CNT expusieron interés por pedir -para mejor informarse- al ministro del ramo, Rodolfo Nin Novoa, una reunión y expresarle que, según es sabido, el factible ingreso del país traería aparejado efectos en la soberanía nacional: la solicitud no ha tenido respuesta.

Según trascendidos, los países interesados pretenden un tratado entre los suscriptores, para lo cual han avanzado en distintos tópicos que los nuevos adherentes (sería el caso de Uruguay) deben aceptar si desean incorporarse.

Al respecto, la Comisión Europea informa en su página electrónica que el TISA supone una “apertura de los mercados y mejora de las normas en áreas como la concesión de licencias, los servicios financieros, las telecomunicaciones, el comercio electrónico, el transporte marítimo y los profesionales de la mudanza al extranjero temporalmente para prestar servicios”. En el contexto de una economía asimétrica y dominada por las trasnacionales de países capitalistas centrales, el tratado posibilitaría a empresas con esas raíces participar en llamados licitatorios de entidades estatales nacionales en distintos campos, sin tomar en cuenta la filosofía política declarada por el gobierno en turno ni la normativa en la materia, en caso de haberla. Uruguay ha definido históricamente y adoptado en ciertos campos criterios distintivos para entidades de generación y trasmisión eléctrica, agua potable, telefonía y trasmisión de datos.  Es en ese sentido que acompañamos la preocupación y advertencias de la Mesa Representativa Ampliada del PIT-CNT cuando declara: “Nuestro deber seguirá siendo ser centinelas de la democracia, cueste lo que cueste”.

Pero, lo coyunturalmente más grave sobrevino –de acuerdo con comentarios en prensa- cuando dirigentes de la central sindical se reunieron con Tabaré Vázquez y éste afirmó que no estaba enterado de las negociaciones más que “por los medios de comunicación”: extraña respuesta cuando se sostiene que el canciller Nin informará del tema el miércoles 8 de abril a una comisión del Parlamento.

Sectores conservadores apoyaron indirectamente la inclusión de Uruguay en el tratado al defender el secreto de las tratativas y evocar -como queja- que en la primera presidencia de Vázquez se impidiera la suscripción de un TLC con EE.UU. como consecuencia del debate público. En esos ámbitos se especula que el ministro informante está de acuerdo con la incrustación de Uruguay en el tratado -que generaría un esquema de relacionamiento dependiente para el país- y que con su comparecencia intenta no sólo dar una versión del TISA sino obtener una suerte de preacuerdo para proseguir las gestiones. 

De esta forma cambiaría la situación de “secreto” a otra de información al Legislativo para sumarlo y darle continuidad al tema con acciones “discretas” sobre las cuales sólo existían, hasta hace poco, dos notas del economista Antonio Elías.

Desde esta comunidad hacemos nuestro lo actuado por la dirección del movimiento obrero y nos sumamos a la advertencia inicial sobre la necesidad de amplia información y necesario debate acerca de los posibles perjuicios que una inclusión en ese terreno tendría para nuestro país.

 México, D.F., abril de 2015.