Luego de una semana de reuniones con el gabinete económico, el Fondo Monetario Internacional finalizó su visita oficial a Honduras, en donde revisó indicadores macroeconómicos. En un comunicado el organismo financiero internacional consideró alentador que se haya avanzado en el proceso de estabilización de la economía hondureña y que se conduzcan las finanzas públicas por una vía sostenible.

El equipo de economistas y técnicos considera que todas las metas cuantitativas fueron alcanzadas y que en la gran mayoría de los casos ello ocurrió con amplios márgenes. Este comunicado es una palmadita al gobierno de Juan Orlando Hernández, al decirle que su política económica va por buen camino. Que el país se desplaza de número rojos a negros.

Contrario a todo lo mencionado por los personeros del Fondo, la realidad de la ciudadanía transita entre el desempleo, el hambre, la pobreza y la falta de oportunidades. Miles de compatriotas que no encuentran chamba son lanzados a las calles para dedicarse al comercio informal o deben salir del país en busca de los tres golpes diarios. Exponiendo sus vidas en la ruta migratoria.

La realidad económica de Honduras es conducida y marcada por el grupo de familias que obtienen jugosas ganancias a costa de los negocios que mantienen con el Estado, a pesar de las miserias en que sobrevive el resto de la población. No bastando esto, como presión de los organismos internacionales comienzan a reducir presupuestos de gastos sociales para cumplir con indicadores y metas, aunque se traduzca en dejar sin medicinas a hospitales, escuelas y colegios sin docentes y con infraestructura en pésimo estado, además del abandono de las comunidades en todo el país.

En el gobierno de Juan Orlando Hernández, el único rubro de gasto social que muestra aumento son las transferencias hacia programas politizados como el Bono 10,000, Con chamba vivís mejor, los ecofogones y otros similares. Aun cuando la efectividad de estos programas debe evaluarse a fondo, ya que únicamente han logrado atacar la pobreza con medidas asistencialistas y no con estrategias que ataquen las verdaderas causas del empobrecimiento.

Para avanzar en esta materia y revertir las cifras de pobreza, el Estado debe asumir una agenda concreta y creíble que retome políticas públicas que ataquen frontalmente la corrupción, defraudación e impunidad, y dé paso a una cultura de transparencia, rendición de cuentas y justicia social.