SAN JUAN, Puerto Rico, 23 de marzo de 2015 (NCM) – La maniobra llevada a cabo en Puerto Rico, en un escenario catastrófico imaginario que incluyó un terremoto, un tsunami y ataques con armas químicas, biológicas y radioactivas, tuvo como propósito que las fuerzas militares practicaran llevar a cabo “roles y responsabilidades” del gobierno civil, según informe del Departamento de la Defensa de Estados Unidos.

La actitud prudente de irrelevancia asumida por el gobernador autonomista, Alejandro García Padilla, dio un ambiente de más realismo a la operación castrense, en la que más de mil soldados que llegaron de EEUU se unieron a cerca de 300 de Puerto Rico en rescates de víctimas y manejo de cadáveres, en tanto que sus jefes coordinaban con las agencias gubernamentales y grupos privados como si nadie estuviese al mando en el Palacio de Santa Catalina.

Mientras tanto, en una comunicación desde Washington, el Departamento de la Defensa informó que “el ejercicio de entrenamiento busca mejorar la preparación de la Guardia Nacional para encargarse de  roles y responsabilidades estatales durante situaciones de emergencia”.

El tema también fue atendido por otro actor histórico. En una declaración de apoyo a Venezuela ante las amenazas de EEUU, una mesa unitaria compuesta por el Frene Socialista, el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano, el Partido Independentista Puertorriqueño y otros sectores de izquierda aprovechó para denunciar “las presentes maniobras militares de cara al desplome del orden colonial impuesto”.

La imagen de desplome total se ha hecho muy cotidiana y mientras desde Wall Street se promueve que los bonistas retiren sus inversiones de Puerto Rico, el Gobierno ha inflado la nómina del Estado en más de 30.000 trabajadores en últimos siete meses y se firmó con la mayor discreción posible la ley para hacer automáticos aumentos del impuesto sobre el petróleo. También se gestiona apoyo legislativo para subir el impuesto sobre el consumo y para que el Banco Gubernamental de Fomento pueda nombrar jefes de agencia, corporaciones y municipios hasta por dos años sin pasar por la nominación del Gobernador ni por la confirmación de la Legislatura.

Ese panorama se complementa con las gestiones desesperadas en Washington para que se apruebe un rescate de Puerto Rico o, al menos, se le permita buscar la protección del tribunal federal de quiebras.

Pero el cuento tejido por los libretistas militares toma otro camino y relata que un terremoto de 8,6 en la escala Richter se produjo en la fosa al norte de Puerto Rico en el océano Atlántico, azotó la costa y generó un tsunami moderado de poco menos de diez metros de altura, similar al de 1787, el más grande que ha afectado a Puerto Rico y que agrietó las murallas del Viejo San Juan.

Ese evento imaginario, de por sí catastrófico, fue atendido por las agencias civiles y la Guardia Nacional, que trasladó a una base militar las operaciones de una agencia estratégica del gobierno cuyo edificio había colapsado. En poco tiempo hubo que pedir refuerzos a EEUU, por lo que se movilizaron tropas de Tenesí, Nebraska, Vermont, West Virginia y hasta el distante estado de Washington, en la costa noroeste.

Fue entonces –siempre según el relato- que comenzó el drama bélico.

Mientras los soldados atendían a miles que se encontraban en el Coliseo, la desaparición de unos niños es el inicio de una cadena de eventos que, luego de que se desplomara parte del edificio  por una réplica del terremoto, resultaron en el descubrimiento de que los síntomas de la gente eran producidos por un ataque químico. Descubierto el complot, se encontró el laboratorio enemigo en el muelle Panamericano, donde mientras los soldados y demás agencias atendían el asunto, un crucero turístico que llegaba a San Juan fue blanco de un ataque bacteriológico.

La situación siguió de mal en peor y desapareció la mitad de la tripulación de un barco de carga que llegó al puerto de Las Américas, en ciudad sureña de Ponce, con material radioactivo, cuya procedencia no se aclaró. Ese ataque o accidente dejó muchas víctimas más que hubo que atender en hospitales de toda la región, y poco después se produjo el ataque final con gas mostaza en el centro de convenciones.

Esa última parte, sin embargo, hubo que alterarla y sacar el arma química del panorama porque no había equipo protector disponible para los efectivos de manejo de cadáveres.

En todo momento, las fuerzas armadas mostraron a la prensa las operaciones de rescate y limpieza de los contaminados, pero no exhibieron soldados portando armas. Dos barcos de guerra fueron vistos en aguas del Canal de la Mona, cerca de la ciudad occidental de Mayagüez, pero la Guardia Nacional aclaró que la Armada de EEUU no tomaba parte en la maniobra y, de hecho, en esos días dos buques de la Armada de Canadá participaban en la Operación Martillo en el Caribe.

Otro cambio en el libreto fue la cancelación del “rescate” del Gobernador con un helicóptero porque éste se negó a participar y un portavoz de Palacio dijo que al parecer nunca hubo contestación a la invitación informal para recibir a los siete generales de EEUU que tomaron parte en la maniobra.

La sección 113-g del título 10 del Código de los EEUU estipula que las fuerzas militares deben preparar planes de contingencia para emergencias y eventos catastróficos para proveer “apoyo militar a las autoridades civiles” y el manual de doctrina del Ejército ADP 3-28 de 2012 advierte que en tales casos debe quedar claro que la autoridad civil se mantiene y que los militares se retiren tan pronto los civiles se puedan hacer cargo.

El mando civil fue representado por el jefe de la Agencia Estatal de Manejo de Emergencias, subsidiaria en Puerto Rico del Departamento de Seguridad de la Patria (Homeland Security), que no es parte de la línea de sucesión constitucional. Eso es cónsono con planes de contingencia militar elaborados por EEUU a raíz de los ataques de 2001.