Argentina

Sobre las ruinas de la AMIA. De burdo montaje a virtuosa operación política

Facundo Escobar

17/01/2015

Opinión

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La corporación judicial argentina, en un nuevo hito en la manipulación de la causa que investiga el ataque a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, revela la lógica de la disputa política local y las operaciones internas e injerencia de Estados Unidos e Israel en el sistema político argentino. Un fiscal local que reporta a Washington y al gobierno de Israel denunció a la propia presidenta del país y a varios dirigentes políticos de “fabricar la inocencia de Irán a cambio de un acuerdo comercial beneficioso”.

Alberto Nisman, fiscal especial a cargo de la causa que investiga el atentado a la AMIA, el que se cobró la vida de 85 personas en julio de 1994, estancada desde hace 20 años, presentó una insólita denuncia contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque (La Cámpora), dos reconocidos dirigentes populares antiimperialisas, defensores de los derechos del pueblo palestino, Luis D’Elía (MILES) y Fernando Esteche (MPR Quebracho), un dirigente de la comunidad islámica argentina, Yusf Jhalil, un ex fiscal y un número desconocido de integrantes de los servicios de inteligencia.

Esta nueva operación de alta visibilidad, de potente cobertura mediática -y en concreto, la ausencia de avances en el esclarecimiento de la autoría del ataque- parece exponer que los intereses de aquellos que tienen a cargo la investigación no es resolver el caso, sino mantenerlo sin solución a la vez que garantizar la impunidad de los verdaderos responsables. La nueva coyuntura abierta con la denuncia expone el juego de poder local, la penetración política del poder judicial y la injerencia imperial en el sistema judicial y político local.

En la denuncia, según documentos girados a periodistas por la propia fiscalía, se acusa a la jefa de Estado y al canciller de ordenar y dirigir “un plan de impunidad y encubrir a los prófugos iraníes de la voladura a la mutual judía” y al resto de los actores, de orquestarlo y llevarlo a cabo en una especie de diplomacia para-estatal “para cerrar el caso con falsos culpables y permitir que la Argentina intercambie con Irán petróleo por granos”. El Memorándum de Entendimiento firmado en 2012 entre Argentina e Irán para establecer la verdad acerca del atentado a la AMIA sería un método para fabricar la supuesta autoría del ataque. Cabe recordar que aunque haya sido criticado y combatido por Israel, la AMIA, DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas), la oposición política local, y el propio Nisman, el Memorandum fue aprobado por el Congreso de la Nación Argentina y apoyado por gran cantidad de familiares de víctimas, la propia Interpol y distintos organismos internacionales.

Durante el juicio de 1994 se llevó adelante un proceso judicial repleto de irregularidades, donde el propio juez Juan José Galeano fue acusado de pagar 400 mil dólares a un traficante de autos acusara a un funcionario iraní de haberle comprado una camioneta, para luego ser destituido por pagar sobornos, fabricar y destruir pruebas, llevar a cabo escuchas ilegales, tal como demostró la justicia, entre otras (probadas) acusaciones. En este marco, el ex presidente Néstor Kirchner ordenó el cierre del escandaloso juicio, destituyendo al juez Galeano y su equipo, los cuales contaban con el apoyo del entonces presidente de la DAIA, Rubén Berajas. Luego Kirchner designó a Nisman como fiscal de la causa con poderes especiales quien todavía sigue la línea de trabajo de Galeano, la hipótesis de trabajo de Washington y Tel Aviv: “la pista iraní”.

El año pasado Nisman presentó una supuesta conclusión de su investigación, sin prueba alguna, en la que supone que varios altos funcionarios iraníes serían responsables de la masacre. La presentación judicial resultó una burda copia de lo que plantean Estados Unidos e Israel sobre la supuesta presencia de grupos del país persa que habrían estado operando amparados por gobiernos de la región.

Esa vinculación y dependencia política de Nisman se sostiene no sólo observando el devenir del propio su trabajo, sino atendiendo a la información revelada por Wikileaks y el libro Argenleaks del periodista Santiago O’Donnell (nunca negada por el propio fiscal) donde quedó expuesto que durante los años de su trabajo en la causa, Nisman reportó con frecuencia a la Embajada de Estados Unidos. Según los cables del propio ex embajador Earl A. Wayne el fiscal “pedía muchas disculpas” ante la sede diplomática “y agradecía el apoyo y la ayuda del gobierno de los Estados Unidos” al tiempo que expresaba que “de ninguna manera quería socavar eso”. A su vez, es de público conocimiento que Nisman ha viajado asiduamente a Israel donde elevó informes de la causa.

Familiares de víctimas, jueces, periodistas, políticos y organizaciones de la sociedad civil denuncian a Galeano, Nisman y a otra de las piezas claves, el ex jefe de los aparatos de inteligencia de Argentina, el ex director general de Operaciones Antonio “Jaime” Stiusso, desplazado por Cristina Kirchner, por no investigar y obstaculizar la causa.

La manipulación de la causa AMIA encontró un nuevo hito en esta reciente denuncia presentada en los Tribunales del nivel de Justicia Federal durante la feria, ante el juzgado de Ariel Lijo, quien tiene a su cargo el actual procesamiento del vicepresidente de Argentina, Amado Boudou, acusado de cohecho y negociaciones incompatibles con su función. Lijo resolverá en las próximas semanas. La jueza de turno, que recibió la denuncia, resolvió no levantar la feria aduciendo que las pruebas presentadas no lo ameritan.

Luego de 10 años trabajando en una investigación que lleva 20 años estancada, Nisman sostiene que dedicó dos años y medio redactando su denuncia, construida en base a la manipulación de información de inteligencia de procedencia ilegal, escuchas que no fueron ordenadas delineadas por suposiciones políticas. Según sostuvo el juez a cargo de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, Nisman se arrogó facultades para extraer elementos de la causa pero sin informarle. Canicoba Corral dejo saber que evalúa remover a Nisman de su cargo caracterizando su conducta como “casi delictual”, indicando que la excesiva información que otorgó a la prensa (sobre las escuchas), además de no haber contado con su visto bueno como juez a cargo, es una forma de arruinar las pruebas. Se expone así un sistema de espionaje del cual el fiscal Nisman emerge como pieza visible.

¿Por qué se elige esta coyuntura precisa para sacar a la luz la denuncia de Nisman? Más allá que la denuncia avance, llegue o no a procesamiento judicial, llegue o no a juicio, existen otros objetivos que se han hecho explícitos inmediatamente después de que la maniobra haya sido lanzada por Nisman.

A nivel local, los recientes cambios en el aparato de inteligencia de Argentina integrados en la contienda electoral ya iniciada, que delineará todo el 2015 culminando en una nueva elección presidencial a fin de año, configuran un contexto propicio para operaciones conspirativas de estas características. Hay mucho poder en juego.

El debate que se fue configurando a escala nacional, en todos los medios de comunicación, dejó en claro que uno de los objetivos parece haber sido, trabajando sobre el sentido común, a nivel de sociedad, instalar desde lo simbólico, a escala colectiva, la asociación Irán-terrorismo, gobierno-corrupción, operaciones internas-gobierno; alimentando a su vez la estigmatización de dirigentes políticos como Fernando Esteche y Luis Delía.

Algunas figuras políticas locales, en su intervención sobre el tema, aportan a su vez elementos que pueden servir para entender la disputa de fondo y las formas de confrontación. Sergio Massa, candidato a la presidencia, ex Jefe de Gabinete de Cristina Ferández, también indicado como asiduo visitante a la Embajada de Estados Unidos en los cables de Wikileaks, declaró que “el gobierno eligió abrazar a los violentos del mundo” en referencia a la República Islámica de Irán. Mientras tanto Massa, en su campaña presidencial, dejó en claro que un objetivo central luego de una posible victoria sería que Argentina reestablezca relaciones prioritaras, estratégicas, con Estados Unidos, Inglaterra e Israel, hoy quizás, los mayores estados terroristas a escala planetaria.

El contexto internacional, teñido por el ataque al semanario satírico Charlie Hebdo en Francia no puede ser un dato menor. La denuncia viene a alimentar por un lado la escalada de islamofobia y la persecución sobre aquellos sectores políticos que cuestionan las líneas de las matrices de la política internacional e insinúan una apertura o construcción de relaciones político-económicas y culturales con países fuera de la órbita imperialista. El marco internacional es la caída del precio del petróleo y el inicio, quizás, de una nueva profundización de la injerencia en Medio Oriente.

La denuncia de Nisman, que parece pretender desviar la atención en el caso AMIA respecto a los autores del ataque, puso de relieve muchos elementos del sistema político en Argentina. Marca quizás el tono de lo que será un año electoral, con el propio cargo de presidente en juego, donde Cristina Fernández de Kirchner no puede postularse al cargo y el partido de gobierno no tiene por el momento candidato sucesor definido. Por su parte, la oposición política sigue fragmentada, con la puja en la construcción del candidato propio, teñida fuertemente por la injerencia imperial y las influencias neoliberales, aunque con la certeza de que deberán sostener importantes políticas de estado y orientaciones políticas generales a riesgo de desatar mayores niveles de conflictividad social. Mientras tanto, otras fracciones de la dirigencia política local, incluso de extracciones progresistas, con sus declaraciones avalando la denuncia de Nisman, hasta el momento, han demostrado en la actual coyuntura un fuerte temor o incapacidad por enfrentar las operaciones de inteligencia y los intereses imperiales injerencistas en nuestro país.

Este operación de alto impacto no puede ser entendida aislada de los procesos de desestabilización que se dieron en nuestra región al estilo Honduras y Paraguay, donde el Poder Judicial sirvió de vector clave en la destitución de Zelaya y Lugo, inaugurando una nueva forma de golpismo. ¿Puede concretarse un golpe de esas características así en nuestro país? Creemos que no. Sin embargo, estas operaciones pueden golpear, e incluso provocar graves heridas.

Heridas por el desgaste del gobierno, heridas por el descrédito que puede implicar la falta de respuesta de la dirigencia política que ya se ha notado (quizá porque el eje de sus decisiones consiste en enfrentar al oficialismo), heridas porque puede significar un nuevo proceso de persecución política contra dirigentes como Delía que ya han afrontado algo así, o Fernando Esteche, quien ha estado en prisión como preso político durante todo el año 2014, condenado por un hecho del que hasta los propios jueves saben que no participó.

Más allá de que prime la idea de que esto se trata de un burdo montaje (tal como parece indicarlo la forma en que es entendido por la mayoría de la población argentina), la denuncia se ha trastocado en virtuosa operación política catalizada por los medios de comunicación, y dada la realidad del sistema judicial en Argentina (su corrupción, su precio, su racismo y su lugar preferencial y blindado en el sistema de poder en general) puede avanzar y cobrarse víctimas políticas.

Los contrapesos posibles serán el rol y la dignidad de la dirigencia política en general, y la dirigencia de vocación popular -por el momento acallada, tímida, temerosa o incluso funcional-; el entendimiento que se logre desde el pueblo, vale decir, la efectividad de la maniobra de instalación; y finalmente, la movilización política de los sectores populares.

18/01/2015

- Facundo Escobar es Antropólogo, docente en la cátedra Relaciones Internacionales y Comunicación (II) de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social – UNLP, parte del equipo PIA e integrante de la Dirección Nacional del MPR Quebracho de Argentina. @facundoesco

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