Colombia

Miguel Ángel Beltrán y el terrorismo de estado en Colombia

Renán Vega Cantor

30/12/2014

Opinión

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“Muchos jueces son incorruptibles, nadie puede inducirlos a hacer justicia”.

Bertolt Brecht

“Es imposible mantener la dignidad sin el coraje para examinar esta perversidad y oponerse a ella”.

Bertrand Russell

a persecución y criminalización a que el Estado colombiano ha sometido al profesor e investigador Miguel Ángel Beltrán durante los últimos seis años es un ejemplo fehaciente, a través de un caso personal, del terrorismo de Estado que se ha impuesto en nuestro país, y cuyas características criminales abarcan los más diversos ámbitos, como lo mostramos en este texto. Frecuentemente, al hablar del terrorismo oficial se enfatizan –con toda razón- los asuntos referidos a la violencia directa (torturas, asesinatos, desapariciones, detenciones arbitrarias, y diversas formas de persecución contra los opositores políticos), pero no se intentan vincular otras cuestiones en las que se impone una violencia indirecta y simbólica, que se ejerce en las universidades, en los medios de desinformación masivos y que predican los nuevos “intelectuales”, a los que más bien les cabe el apelativo de lumpen-intelectuales.

El ejemplo de Miguel Ángel Beltrán evidencia que el Terrorismo de Estado no es una realidad metafísica genérica e inescrutable sino una poderosa máquina de muerte que busca aniquilar a los seres humanos que se nieguen a aceptar como si fueran indiscutibles las mentiras del régimen sobre Estado de Derecho, Democracia, libertad de expresión, y mil bellezas retóricas por el estilo.

El Computador mágico

Al hablar de la persecución que soporta Miguel A. Beltrán, resulta indispensable partir de los acontecimientos del primero de marzo de 2008 en Sucumbíos (Ecuador). Ese día fueron masacrados en territorio del vecino país –y no en la frontera como dice la información tergiversada de la gran prensa que se edita en Bogotá– 26 personas, entre ellas cuatro estudiantes mejicanos, el comandante insurgente Raúl Reyes y un ciudadano ecuatoriano. El ataque fue llevado a cabo por aviones comandados por pilotos de los Estados Unidos y partió de una base militar de ese país, instalada en territorio de Colombia[1]. Este crimen de guerra violó elementales normas del derecho internacional e indicó lo que el Estado colombiano está dispuesto a hacer como parte de su subordinación incondicional a los dictados de Washington, para sabotear intentos nacionalistas que se desarrollan en otros países de Sudamérica y en su proyecto de defender los intereses del bloque de poder, que no quiere redistribuir ni un gramo de riqueza. Tan palpable fue la violación efectuada por el Estado colombiano que éste fue rechazado por la Organización de Estados Americanos y por el Grupo de Río.

Respecto a este hecho, un Manual Secreto de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) del año 2009, ya en el gobierno de Barack Obama, con el título Las mejores prácticas en contrainsurgencia: cómo hacer de las operaciones de ataque a objetivos de alto nivel una herramienta efectiva, destinado a evaluar las labores de contrainsurgencia en diversos lugares del mundo, cataloga como una “acción exitosa” al crimen de Sucumbíos, cuando fueron asesinados objetivos de “alto valor, lo” que "dañó seriamente la moral y la disciplina" de las FARC, según "comentarios de campo" de la CIA[2]. La Agencia Internacional de Torturas –como se acaba de reconocer en el propio Senado de los Estados Unidos- en el Manual mencionado formula recomendaciones a los gobiernos del mundo que enfrenten a movimientos insurgentes en los que aconseja el asesinato de líderes y dirigentes de alto nivel. Este documento de la CIA, “[…] tiene la virtud de documentar y dar sustancia a un hecho que venía siendo un secreto a voces desde hace décadas: que un gobierno formalmente constituido, como es el de Estados Unidos, recurre, recomienda y sistematiza el asesinato de insurgentes como una práctica común, a contrapelo de las nociones humanitarias más elementales”[3].

El campamento de Sucumbíos y las personas que allí se encontraban fueron atacadas en forma cobarde y criminal con bombas de alto poder de destrucción que arrasan con lo que encuentran a su paso, dejan cráteres de cinco metros de diámetro, pero “milagrosamente” en medio de las ruinas emergió un computador mágico e indestructible, que pertenecía supuestamente a Raúl Reyes. Casi nadie se ha atrevido a preguntar de qué material está hecho ese computador que resistió las bombas “inteligentes” lanzadas por los militares de Estados Unidos, si cualquier computador portátil se daña con solo caerse de una mesa. Ese computador no sólo resultó indestructible, sino mágico, puesto que a los pocos días de ese artefacto empezó a brotar la más disparatada información, que ha sido utilizada por la prensa y diversos órganos del Estado para acusar, perseguir y criminalizar a quienes aparecen registrados en su disco duro. Aunque no existió ningún peritaje técnico ni cadena de custodia, la pretendida información contenida en esa laptop mágica se usa para perseguir a ciudadanos colombianos, como precisamente le ha sucedido a Miguel Ángel Beltrán.

A esta práctica del Estado colombiano puede denominársele como la de los “falsos positivos informáticos”, porque se persigue y criminaliza a hombres y mujeres que aparecen mencionados en el computador mágico de Raúl Reyes y en todos las decenas de computadores indestructibles que después han aparecido, luego de los múltiples bombardeos de las Fuerzas Militares contra campamentos de las FARC, en los que siempre sobresalen, entre los cuerpos calcinados y los cráteres de muerte, laptops pulcramente intactas, de las que brota prodigiosa información que siempre trae “pruebas” sobre los enemigos del régimen.

A Miguel Ángel Beltrán se le aplicó esta treta por parte del Estado colombiano, tan pueril que hasta la propia Corte Suprema de Justicia declaró como carentes de validez a las pruebas procedentes del supuesto computador de Raúl Reyes. A pesar de esto, durante el juicio que se le siguió a Miguel A. Beltrán se esgrimieron como pruebas no sólo los datos que aparentemente procedían del computar mágico, sino que la Fiscalía presentó como testigos estrellas a militares que participaron en la Operación Fénix, como se denominó en el lenguaje oficial a la masacre de Sucumbíos. El procedimiento era tan burdo que la defensa de Miguel Ángel Beltrán lo desmontó y demostró las falsedades existentes en las pruebas allegadas, hasta el punto que la Jueza Cuarta Penal de Bogotá lo declaró inocente y procedió a concederle la libertad inmediata.

Sin embargo, el Procurador General de la Nación –el inquisidor Ordoñez– siguió considerando como válidas las informaciones proporcionadas por la Operación Fénix y en eso se basó para destituir al profesor e investigador de la Universidad Nacional y sancionarlo durante 13 años para ejercer cualquier cargo público y, recientemente, un Magistrado de La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá en la práctica las avala, aunque diga que no las ha tenido en cuenta, al condenar en segunda instancia a Miguel Ángel Beltrán a 100 meses de prisión, tal y como lo registra con cinismo la noticia de El Espectador: “Según la Fiscalía General,el profesor universitario era alias ‘Jaime Cienfuegos’, ideólogo de la comisión internacional de las Farc. El ente acusador llegó a esa conclusión luego de revisar los documentos que se encontraron en el computador del jefe guerrillero alias ‘Raúl Reyes’, abatido el 2 de marzo de 2008 en la frontera entre Colombia y Ecuador”[4]. Aparte de las mentiras contenidas en dicha información, lo central radica en que se reconoce que las pruebas proceden del computador mágico e indestructible del comandante de la insurgencia.

Una Universidad Nacional neoliberal y neoconservadora

A Miguel Ángel Beltrán le tocó la triste suerte de trabajar en una Universidad Nacional (UN) neoconservadora y neoliberal, que no se corresponde de ninguna manera con un proyecto diferente de educación, ni es el epicentro del pensamiento crítico y alternativo, que alguna vez pudo haber sido. La Universidad Nacional ha sido destruida por el la mercantilización y la privatización, hasta el punto que es otro garaje universitario –el más grande de Colombia-, regido por la lógica brutal de la competencia, el individualismo y la ganancia, y cada día menos pública, aunque muchos de sus profesores e investigadores presuman de lo contrario: que esa universidad es lo máximo en educación.

El objetivo del Estado ha sido doble: convertir a la Universidad Nacional en un mercado de poca categoría y en un centro de conformismo político e intelectual. Como consecuencia de la desfinanciación, la UN se ha privatizado, mediante el aumento del costo de matrículas, la venta de servicios, la comercialización del bienestar y de las investigaciones, y la constitución de otra universidad paralela, dedicada a posgrados y obtener recursos.

La transformación interna de la UN ha dado origen a un nuevo tipo de profesor e investigador, que ha perdido su rol de intelectual para convertirse en tecnócrata, consultor y mercachifle del saber en los más diversos terrenos, incluyendo el de la violentologia. Como la UN es de hecho una universidad empresarial es, al mismo tiempo, conservadora y retrograda en términos políticos, sociales y culturales. No puede ser de otra forma, porque para convertir a profesores y estudiantes de la universidad en vendedores de una mercancía y clientes es necesario erradicar el pensamiento crítico. En estas circunstancias, “quienes se dediquen a la educación para el crecimiento económico no querrán un estudio de la historia centrado en las injusticias de clase, casta, genero, etnia o religión, pues eso generaría un pensamiento crítico sobre el presente”[5] . En esa “universidad emprendedora” no sólo se persigue y reprime a los estudiantes, sino también a los profesores y académicos que piensen distinto, ya que según las concepciones neoconservadoras hay que erradicar el “mal” de raíz, y para eso se debe evitar que circulen ideas peligrosas, que cuestionen las verdades establecidas.

Y eso no sólo acontece en las profesiones ligadas a las ciencias naturales y experimentales, sino en las ciencias sociales, convertidas en disciplinas funcionales al poder y la dominación, sin el menor atisbo crítico y con la pretensión positivista de gran parte de sus miembros de ser “científicos puros”, como acontece en el Departamento de Sociología –donde laboraba Miguel Ángel Beltrán–, que se niegan a contaminarse de “política”. Esta es una singular forma de entender la sociología, como una especulación abstracta que se reduce a una exegética vacua e insustancial, pero que se niega a abordar los grandes problemas de la sociedad colombiana. Esa una sociología aséptica y funcional al capitalismo criollo, para cuyos cultores el conocimiento es una especie de ingeniería social, desligada de los asuntos reales que atañen a los hombres de carne y hueso.

Esta es la justificación para ser cómplices o protagonistas de la persecución a uno de sus colegas, como en la práctica lo han sido cientos de profesores en la UN, para quienes esa persecución es un asunto individual que no les concierne. Por supuesto, en un ambiento académico tan conservador, como el que ahora impera en la Universidad Nacional, resulta incómodo un personaje como Miguel Ángel Beltrán, quien se ha atrevido a hablar claro de las razones históricas y estructurales del conflicto social y armado en Colombia.

Como en la Universidad Nacional en particular y en las universidades públicas en general la autonomía ha sido una cuestión formal, que nunca ha operado en sentido estricto, las autoridades administrativas y el grueso del profesorado aceptan sin reparos que un ente externo, como lo es la Procuraduría General de la Nación, destituya a MAB. Así, Ignacio Mantilla, el rector de la UN, un personaje gris y mediocre –asesorado por “eminentes” juristas que posan de ser muy progresistas– cumplió la orden en forma inmediata, fungiendo como peón del establecimiento. Para completar, algunos de estos personajes pontifican sobre la existencia en nuestro país de un Estado de Derecho, a nombre del cual habría que aceptar las arbitrariedades e injusticias[6].

Una mención especial merecen las diversas especies de violentologos y pazologos que tienen su nicho en la Universidad Nacional, pues se esperaría que quienes han convertido el tema de la violencia en una forma de vida y en una fuente de ingresos, se hubieran manifestado a favor de Miguel Ángel, puesto que éste soporta en carne propia la violencia física y simbólica que afecta la vida universitaria. Pero que va, la mayor parte de ellos no se atreven a decir ni una palabra de apoyo a su colega y de rechazo a sus perseguidores oficiales, porque sencillamente la violencia que ellos analizan es un objeto distante que no exige ningún compromiso inmediato y directo, además de que muchos de ellos se han convertido en ideólogos, abiertos o soterrados, del terrorismo de Estado o porque en últimas también son inquisidores como el Torquemada mayor, el Procurador General de la Nación.

Al respecto son muy apropiadas las palabras de la profesora Piedad Ortega, de la Universidad Pedagógica Nacional, sobre los inquisidores, viejos y nuevos de la Universidad Nacional: “¿Cuántos procuradorcitos (as) se están reproduciendo en la mente iluminada de tantos (as) investigadores (as) que estudian y escriben sobre el conflicto social armado, la violencia política, los despojos agrarios y hoy están ‘anestesiados y amnésicos’ frente a la destitución de tu cargo por 13 años como profesor asociado de la Universidad Nacional?

¿Cuántos procuradorcitos (as) madrugan, leen los últimos reportes del proceso de la Habana y llegan a sus clases para presentar sus disertaciones sobre el posconflicto, los procesos de paz… y un largo etcétera? Y no se interpelan sobre la venda que le han colocado a la libertad de cátedra. A tu libertad. A nuestra libertad”.[7]

El Plan Cóndor redivivo

En las décadas de 1970 y 1980 se llevó a cabo en América del Sur un siniestro plan por parte de las dictaduras de Seguridad Nacional tendiente a deshacerse de los opositores políticos, que incluía las prácticas del secuestro, la tortura, la desaparición forzada y el asesinato, mediante un acuerdo de intercambiar personas sin importar su nacionalidad; es decir, que, por ejemplo, alguien nacido en Chile, pero que se encontraba radicado en Argentina, era raptado por los dictadores de este último país y entregado a sus similares de Chile, donde era torturado y asesinado. A esta práctica sistemática de terrorismo de Estado de índole transnacional se le conoció como el Plan Cóndor –que operó con el respaldo y asesoramiento de los Estados Unidos–, cuando fueron asesinados y desaparecidos millares de militantes de izquierda en el Cono Sur. El Plan Cóndor se sustentó en un feroz anticomunismo y en la pretendida defensa del “mundo libre” en tiempos de la Guerra Fría, como pretexto para asesinar a los opositores.

Durante el régimen criminal de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) se intentó revivir el Plan Cóndor, a nombre de la “lucha internacional contra el terrorismo”. Para eso, el Estado colombiano quiso extender a otros países del continente latinoamericano sus concepciones, de estirpe estadounidense, sobre la “soberanía limitada” y persecución de sus opositores, tildados con el mote de “terroristas” y en muchos casos contó con la complicidad de gobiernos del continente. Resulta importante recordar que la Operación Fénix fue justificada bajo la misma lógica del Plan Cóndor, cuando el gobierno de Uribe Vélez sostuvo con cinismo que podía violar la soberanía de otro país en forma impune: "Colombia no violó soberanía sino que actuó de acuerdo con el principio de legítima defensa...los terroristas, entre ellos Raúl Reyes, han tenido la costumbre de asesinar en Colombia e invadir el territorio de los países vecinos para refugiarse. Muchas veces Colombia ha padecido estas situaciones que estamos obligados a evitar en defensa de nuestros ciudadanos"[8].

Entre los casos de aplicación de este nuevo Plan Cóndor se cuentan los de Rodrigo Granda, Joaquín Pérez y Miguel Ángel Beltrán, entre otros. Este último fue secuestrado en México, en una acción conjunta de los Estados de México y Colombia, deportado en forma ilegal a nuestro país, torturado y maltratado. No fue ni una captura ni una deportación normal, como dicen los medios de desinformación criollos, sino una acción propia del terrorismo de Estado, al peor estilo de la Operación Cóndor. Valga recordar que en declaraciones que no tiene nada que envidiarle a las de criminales de la talla de Augusto Pinochet o Rafael Videla cuando se referían a los perseguidos políticos, Álvaro Uribe Vélez sostuvo en un Consejo Comunitario en Leticia: “Hago llegar nuestra más sentida voz de gratitud al presidente Calderón porque en México se acaba de capturar a uno de los terroristas más peligrosos de la organización narcoterrorista de las FARC”[9]. A lo que agregó: “Nuestra complacencia porque este profesor de sociología dedicado a ser profesor del crimen esté hoy en las cárceles colombianas. Gracias por la buena voluntad del presidente de México”[10].

Este es un hecho que debe recordarse una y mil veces, porque los “connotados juristas” que tanto pontifican sobre ese pulcro Estado de Derecho que sería Colombia, ni lo mencionan, como si en esa circunstancia no se encontrara el origen mismo de todas las arbitrariedades cometidas contra Miguel Ángel Beltrán que justifican a posteriori al régimen criminal de Álvaro Uribe Vélez, el cual convirtió en práctica cotidiana la violación del derecho internacional e hizo de Colombia un vulgar Estado canalla.

Sicarios con micrófono y lumpen-intelectualidad

Otro prototipo funcional al terrorismo de Estado es el sicario con micrófono (o con procesador de palabras), que actúa en forma criminal a nombre de la libertad de prensa, pero que reproduce la cartilla que le obliga a recitar el dueño del canal de TV, de la cadena radial o de un periódico. Con la arrogancia que le otorga la impunidad institucionalizada para difamar, calumniar y mentir, cada uno de esos sicarios mediáticos coloca en la mira de los asesinos materiales a aquellas personas que el régimen considera como incomodas, y a las que se cataloga de “terroristas”. Al respecto, desde el mismo momento en que Miguel Ángel Beltrán fue secuestrado en México y traído ilegalmente a Colombia, los medios de desinformación (RCN, Caracol, El Tiempo, El Espectador…) se encargaron de reproducir la versión oficial –ocultando la magnitud de los crímenes del Estado colombiano y reproduciendo, sin ningún sentido crítico, las mentiras propaladas por el régimen de Álvaro Uribe Vélez. Al respecto y solo para mencionar un ejemplo de actuación sicarial a través del micrófono, vale la pena recordar la entrevista radial que el 3 de junio de 2009 le hizo Félix de Bedout a Miguel A. Beltrán –mientras este se encontraba privado de la libertad en la Cárcel Modelo de Bogotá– que más que una charla periodística se asemeja al interrogatorio de un policía o militar. Entre muchas perlas, prototípicas de la impunidad que concede el servir a los grandes medios de desinformación, ese periodista sostiene: “La actividad intelectual acaba siendo utilizada como mampara para lo que es una relación de complicidad con las FARC”[11]. Estos son los periodistas que no preguntan sino que disparan ráfagas de odio y mentiras, que acusan y acosan a la persona que está al otro lado, a la que no se le concede la más mínima credibilidad, que sí es absoluta con respecto a las versiones oficiales.

Entre estos sicarios con micrófono se encuentran un enjambre de “funcionarios del pensamiento” –una auténtica lumpen-intelectualidad– que agrupa a académicos, artistas, cantantes, escritores, profesores universitarios, periodistas, antiguos guerrilleros arrepentidos… los cuales han contado con el aval del régimen para mentir y calumniar desde sus tribunas de opinión. Como bien lo dice Carlos Alberto Ruiz: “Esa fusión o amalgama de empresarios/funcionarios/periodistas decide qué es noticia y qué no. ¿Por qué van a ser menos moralmente muchos de los sicarios que disparan a sus víctimas, que los distinguidos autores de silencios y salvoconductos en la cadena del genocidio? Su puntería es semejante”[12]. Desde esta perspectiva, la lumpen-intelectualidad ha sido coparticipe de los crímenes del terrorismo de Estado y su “guerra sucia”, –incluyendo la persecución a los intelectuales críticos, como Miguel Ángel Beltrán- porque: “La condición sine qua non de que una guerra sucia sea eficaz es conceder a quien la ejecuta la insignia de la razón y el blindaje de la impunidad. Cómodamente, desde sus escritorios, son miles de civiles los que deliberadamente participan del negocio de la guerra contrainsurgente en Colombia y patrocinan sus dispensas o absoluciones. Otros, de forma no intencional, como se dice de los efectos del mercado, quizá por desinformación, también colaboran […] Unos y otros, de cara a las víctimas de crímenes de Estado en Colombia, conforman una gran manada dispuesta a tergiversar, negociar y olvidar”[13].

Los nuevos inquisidores y la muerte laboral

El terrorismo de Estado en Colombia adquiere nuevos matices, y se “sofistica” con la invención de nuevas formas de violencia y persecución, encubiertas con procederes de un pretendido Estado de Derecho, porque esas acciones represivas se muestran como un resultado de decisiones independientes de determinados órganos del Estado (como los del sector judicial o de la vigilancia administrativa). Entre los nuevos procedimientos de persecución, sobre todo para aquellas personas vinculadas como empleados del sector público, se encuentra la muerte laboral, aunque en rigor sería mejor denominarlo como el asesinato laboral. Este consiste no sólo en despedir de su cargo a un funcionario, sino en prohibirle que vuelva a ejercer algún cargo durante largos períodos de tiempo o el resto de su vida. Esto tiene razón de ser cuando se trata de funcionarios inmersos en procesos de corrupción, malversación, uso indebido de su cargo, etc., pero tiene finalidades políticas expresas cuando se les aplica a personas cuyo “delito” radica en cuestionar el orden existente, porque eso se constituye en una abierta forma de persecución a quienes son vistos como “incomodos” o “enemigos”. Por supuesto, estas nuevas acciones terroristas, ejercidas por el Estado, no aparecen registradas en códigos o normas legales, porque en teoría se respeta la libertad de pensamiento y de opinión, pero en la práctica sí que se aplican.

La persecución de los funcionarios que piensan o cuestionan es propia de la inquisición, como lo atestigua el comportamiento del actual Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, cuyas concepciones sobre la vida y la sociedad son propias de cualquier Torquemada, lo cual no sorprende en alguien que es miembro de la Congregación Legionarios de Cristo y cuya “tesis de grado” en Derecho en la Universidad Santo Tomas de Bucaramanga, fue dedicada a la Virgen María, "suplicándole la restauración del orden cristiano y el aplastamiento del comunismo ateo" y quien durante su juventud se dedicó a quemar libros. Pues este personaje, aparte de acusar y perseguir a sus enemigos (pensadores críticos, militantes de izquierda, homosexuales, prostitutas…) y absolver a sus amigos (militares, paramilitares, uribistas…), aplica a rajatabla la muerte laboral, algo que nadie cuestiona.

Una y otra de estas dos detestables prácticas (la del inquisidor y la de aplicar la muerte laboral) del Procurador General de la Nación han sido replicadas en la Universidad Nacional por los viejos y nuevos inquisidores –muchos de ellos camuflados como “geniales juristas” que defienden el “Estado de Derecho” (sic) –, encabezados por Ignacio Mantilla, un burócrata gris y mediocre, cuando han decidido acatar la orden de destituir al profesor Miguel Ángel Beltrán. Porque este Rector no sólo replica la persecución inquisitorial del Procurador Ordoñez, sino que además decreta la muerte laboral de un miembro de la comunidad docente de esa universidad, al aceptar su sanción durante trece años para ejercer cualquier cargo público. Es un asesinato laboral, porque, recordando a Bertolt Brecht, existen muchas maneras de matar y entre las peores se encuentran privar a un ser humano de la posibilidad de ganarse el pan mediante la actividad que sabe hacer. Eso es lo que se ha hecho contra Miguel Ángel Beltrán al privarlo, con premeditación y alevosía, de la labor de impartir cátedra e investigar, en lo que ha demostrado un altísimo nivel.

Parece ser que algunos académicos de la Universidad Nacional y de las universidades públicas son tan ciegos, como los ciegos de José Saramago, que ni siquiera entienden o no quieren entender que si la muerte laboral ha sido aplicada a uno de los profesores de la UN mañana puede ser aplicada a cualquier otro y acudiendo a las mismas mentiras que se han construido contra Miguel Ángel Beltrán.

Resistencia y dignidad

Miguel Ángel Beltrán nunca ha querido presentarse como víctima, porque en el fondo no cree en la “victimologia” que se ha impuesto en Colombia y en el mundo en los últimos tiempos, cuya finalidad es la de confundir el sentido de la acción, en la que las personas pasan de ser sujetos conscientes y activos que luchan por otro proyecto de sociedad, distinta al capitalismo, a ser individuos pasivos y resignados. En ese sentido, resulta mejor hablar de sujetos que combaten y resisten, aunque lo más común es que sean derrotados, esa derrota no supone reducir su capacidad de acción, su dignidad y su coraje, porque tienen claro por qué luchan y para qué. Miguel Ángel Beltrán no es una víctima, es un luchador y como tal ha afrontado en forma digna la persecución a que lo somete el Estado terrorista, porque sabe y comprende que eso no es producto de la fatalidad o de la mala suerte, sino un resultado perfectamente normal por asumir una posición clara y firme ante la opresión, la explotación, la desigualdad y la injusticia dominantes en Colombia. Él ha resistido en los distintos espacios a donde se ha encontrado, como en la universidad, en la prisión o en el exilio, porque es consciente que la lucha no cesa, cuando se ha asumido el compromiso indeclinable de enfrentar la ignominia.

Los vencidos ni en la derrota adjuran de su condición, porque saben que, como ellos, en otros lugares existen hombres y mujeres que no admiten que capitalismo sea el mejor y único mundo posible. Y en Colombia son los que se niegan a creer que acá reina la Democracia, el Estado de Derecho, la libertad de prensa y que el bloque de poder contrainsurgente está formado por mansas palomas. Asimismo, son los que conciben que nuestro conflicto armado tiene raíces sociales e históricas, afincadas en la profunda desigualdad e injusticia que predomina en el país.

Precisamente, por hacer este tipo de consideraciones a Miguel A. Beltrán y a muchos colombianos se les ha acusado de ser traidores a la patria. Y, en efecto, todos estos hombres y mujeres valientes que han arriesgado su vida por hacer oír su voz en medio del desierto mediático y el conformismo cómplice de millones de colombianos, pueden ser considerados como “traidores a patria”, tal y como lo expreso el poeta turco Nazim Hikmet, (1902-1963), con estos versos:

Traidor a la patria

Sí.

Yo soy un traidor a la patria,

si vosotros sois los patriotas.

Si vosotros sois los defensores de esta patria,

yo soy traidor a la patria.

Yo soy traidor a la patria,

si la patria son vuestros ranchos,

si es todo lo que hay en vuestras cajas de caudales,

si es todo lo que hay en vuestros talonarios de cheques.

La patria.

Si la patria es reventar de hambre en las calles.

Si la patria es temblar de frío afuera como un perro

y retorcerse de paludismo en verano,

si es beber nuestra sangre escarlata en vuestras fábricas.

La patria.

Si la patria son vuestras garras de grandes latifundistas.

Si la patria, es el catecismo armado de lanzas.

Si la patria, es la porra de la policía.

Si la patria son vuestros créditos y vuestras remuneraciones.

La patria.

Si la patria son las bases americanas,

la bomba americana y los cañones de la flota americana.

Si la patria no es liberarse de nuestras podridas tinieblas,

entonces, yo soy traidor a la patria.

Los que luchan como Miguel Ángel Beltrán son amantes de la vida y repudian la muerte, que es una característica intrínseca al fascismo y todos sus cultores. Y como amante de la vida, en momentos críticos de su existencia –como el que atraviesa en este momento– la vida misma lo premia iluminándolo con la luz de nuevos seres. Cuando estuvo en prisión, luego de su secuestro en México, nació su hijo Inti y ahora, en medio del acoso y persecución judicial del Estado colombiano viene en camino un nuevo hijo, con su valerosa compañera, Natalia. Esa es una señal, para Miguel Ángel y ella, de amor y de compromiso, a pesar del dolor que soportan y de la miseria humana que los asfixia, porque como lo dijo José Martí: “La capacidad de amar es la única que hace al hombre grande y feliz.”

Bogotá, diciembre 30 de 2014

- Renán Vega Cantor es historiador. Profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional, de Bogotá, Colombia. Autor y compilador de los libros Marx y el siglo XXI (2 volúmenes), Editorial Pensamiento Crítico, Bogotá, 1998-1999; Gente muy Rebelde, (4 volúmenes), Editorial Pensamiento Crítico, Bogotá, 2002; Neoliberalismo: mito y realidad; El Caos Planetario, Ediciones Herramienta, 1999; entre otros. Premio Libertador, Venezuela, 2008. Su último libro publicado es Capitalismo y Despojo.

Notas

[1]. Dana Priest, «Covert action in Colombia. U.S. intelligence, GPS bomb kits help Latin American nation cripple rebel forces», The Washington Post, diciembre 21 de 2013. Traducido al castellano por Patricia Rivas: Destapan multimillonario plan de la CIA para asesinar a dirigentes de la insurgencia, disponible en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=178552

[2]. Central Intelligence Agency, Directorate Intelligence, Best Practices in Counterinsurgency. Making High-Value Targeting Operations an Effective Counterinsurgency Tool, Julio 7 de 2009, pp. 2, 6 y 9.

[3]. “Contrainsurgencia a la medida”, Editorial de La Jornada, diciembre 19 de 2014.

[4]. http://www.elespectador.com/noticias/judicial/tribunal-superior-condeno-rebelion-al-profesor-miguel-a-articulo-533963, énfasis en el original.

[5]. Martha Nussbaum, Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las humanidades, Editorial Katz, Bogotá, 2012, p. 43.

[6]. El mejor ejemplo al respecto, típico de un culto a la norma que caracteriza al leguleyismo santanderista que impera en Colombia, es el de Rodrigo Uprimmy. Ver al respecto: Atacable pero acatable. A propósito de la sanción al profesor Beltrán y del artículo del profesor Múnera, disponible en http://palabrasalmargen.com/index.php/articulos/nacional/item/atacable-p...

[7]. Piedad Ortega, Carta Abierta de la Profesora Piedad Ortega Valencia a la Comunidad Universitaria de la UN, UPN, UD, y demás Universidades Públicas del País, disponible en http://upublicaresiste.blogspot.com/2014/09/carta-abierta-de-la-profesor...

[8]. “Colombia se defiende” en Agencia BBC Mundo, 2 de marzo de 2008 ‹http://news.bbc.co.uk/hi/

spanish/latin_america/newsid_7274000/7274034.stm

[9]. La Jornada, mayo 24 de 2009, p. 7.

[10]. “Agradece Uribe a México captura y deportación de presunto rebelde”, INFORMADOR.COM.MX, 23 de mayo de 2009, disponible en http://www.informador.com.mx/internacional/2009/105577/6/agradece-uribe-a-mexico-captura-y-deportacion-de-presunto-rebelde.htm

[11]. “Entrevista concedida al programa radial de la W”, publicada en Miguel Ángel Beltrán Villegas, Crónicas del “otro cambuche”, ASPU, Bogotá, 2011, p. 258.

[12]. Carlos Alberto Ruíz Socha, Prologo al libro de Ricardo Ferrer Espinosa y Nelson Javier Restrepo Arango, Nos matan y no es noticia. Parapolitica de Estado en Colombia, Ediciones Cambalache, Madrid, 2010, p. 12.

[13]. Ibíd.

https://www.alainet.org/de/node/166539?language=en