Las acciones contundentes de nuestros  comuneros y comuneras valientes, han logrado llegar al mundo, la fuerza y transparencia de estas iniciativas de la comunidad tienen un impacto tal que los medios oficiales las han difundido sin poder tergiversar su mensaje, como en otras ocasiones. Pero este es un contexto complejo, en donde todos tratan de sacar provecho.  

 Frente a la destrucción de trincheras del ejército y de los campamentos de la guerrilla, para todo el mundo queda clara la posición, fuerza y unidad de la comunidad del norte del Cauca. Que es la única protagonista legítima de la resistencia indígena a la guerra y a la ocupación de su territorio. Pero simultáneamente al respaldo solidario legítimo a las comunidades, quedan en evidencia otras reacciones que afectan y distorsionan la  iniciativa autónoma y decidida de las mismas. Se trata entonces de una situación en la que, de una parte la guerra transforma a un pueblo ejemplar  en víctima. De otra, la utilización de nuestra resistencia como una oportunidad para alcanzar intereses de quienes hablan a nuestro nombre negándonos también  la autonomía.

Un bando nos somete con el terror y la guerra y nos promete obras para despojarnos, otros se apropian de nuestra resistencia a los armados y a sus beneficiarios corporativos. Todos nos expropian.  Unos y otros nos ocupan.  Ninguno nos representa.  Las comunidades tenemos derecho de nombrar y caminar nuestra palabra.  A unos y otros les exigimos respeto.  Por ejemplo, se escucha que el gobierno quiere ‘evaluar’ la legalidad de la institución autónoma de la guardia, como respuesta al documento a Santos, nuestra exigencia en el sentido de que esa es la única fuerza legítima para defender pacíficamente nuestro territorio. ¿Pero el gobierno es el indicado para evaluar a la guardia? ¿Quiénes legitiman las acciones en defensa del pueblo? ¡El pueblo! 

 Al mismo tiempo , diferentes medios empiezan a especular, afirman que la comunidad de Toribío solicita al gobierno “que legitime a la Guardia Indígena de ese municipio como un mecanismo de protección, tras los recientes hostigamientos de las FARC”, pero la Guardia desde siempre ha sido legítima, su lucha en defensa de la vida y el respaldo de la comunidad se la confiere.  No se pueden confundir dos temas distintos, las acciones de expulsión de los actores armados que realiza la comunidad respaldada en la guardia indígena no son coherentes con una petición de reconocimiento a un ente que no está en la facultad de otorgarlo.  

Nosotros no le pedimos al Gobierno que legalizara ni reconociera a la Guardia Indígena: le exigimos (además de retirar la fuerza pública que solamente genera guerra y maltrato), que la  respete y que cumpla con sus obligaciones constitucionales y le brinde todo el respaldo que requiere para recuperar el control territorial que ancestralmente nos pertenece. 

Si todos los recursos que el Gobierno está malgastando en mantener unas fuerzas armadas que solo traen devastación y muerte se destinaran, bajo el control y orientación autónoma de las comunidades para fortalecer nuestros planes de vida, una proporción mínima de lo que ahora solo causa dolor y miseria, bastaría para consolidar a la Guardia Indígena en este propósito. Ello impone una condición por la que venimos luchando desde hace más de 500 años: el respeto a nuestra autodeterminación.

De una parte, el Estado (punto 4 de la Minga y todos los acuerdos internacionales), tiene la obligación de ofrecer todos los recursos y respaldos al proceso autónomo bajo el principio de autodeterminación. De otra parte, ninguna institución puede usurpar el derecho de las comunidades a resistir y a representarse a sí mismas para defender sus planes de vida. Y las autoridades que deben mandar obedeciendo solamente pueden exigir respaldo institucional bajo el mandato de las comunidades. Cuando las instituciones a nombre de defendernos  nos someten a sus proyectos y a sus intereses, también violan nuestra autonomía y nuestra lucha. Tanto el estado como ong’s y otros respaldos institucionales tienen que respetarnos y adoptar nuestra orientación. Si no lo hacen exigimos que se vayan.

Que les quede claro de una vez por todas lo que las comunidades queremos. 1. Que se vayan los actores armados, vengan de donde vengan. 2. Que respeten nuestros Planes de vida y nuestra Guardia indígena. 3. Que los recursos del pueblo en nuestros territorios, no los sigan manejando unos pocos para una guerra privada que le entrega lo nuestro a las transnacionales sino que sean públicos para fortalecer nuestros Planes de Vida y nuestra Guardia Indígena. 4. Que rechazamos a los que se aprovechan de nuestro sufrimiento y hablan a nombre de nuestra resistencia.  Quienes dicen apoyarnos deben entender y caminar con nosotros y de acuerdo a nuestra orientación, como conocedores ancestrales de nuestro territorio; si no es así entendemos que nuestra lucha es algo de lo que se están aprovechando y de esta manera se tienen que ir. 

Unos nos traen la guerra y los otros pretenden decirnos cómo resistir. Unos y otros nos niegan como  pueblo.  Entendemos que ante la complejidad de la situación que atraviesa nuestro territorio, muchos quieren aprovecharse.  De nada nos sirve ponernos de pie frente a unos y tener que arrodillarnos frente a otros. ¡Vamos a continuar nuestra resistencia vengan de donde vengan!

Sábado, 14 de Julio de 2012 18:31

Tejido de Comunicación  ACIN

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