Colombia

La restitución requiere que se sostenga en el tiempo una sociedad campesina

07/02/2012

Opinión

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El investigador Juan José Moncada, compilador del libro inédito Realidades del despojo de tierras: retos para la paz en Colombia, habló con la Agencia de Prensa IPC sobre esta problemática en el país y sobre las investigaciones que se han realizado al respecto.

Todo comenzó en 2008 con la investigación sobre el despojo de tierras en tres corregimientos del Oriente de Antioquia: El Jordán en San Carlos y La Danta y San Miguel en Sonsón, estudios de caso que esbozaban una ruta que relacionaba desplazamiento y despojo con acumulación de territorios por parte de paramilitares, ganaderos, terratenientes y empresas.

Cuatro años después, reconociendo dicha búsqueda inicial y el impulso que ha tenido el tema en los últimos tiempos, el Instituto Popular de Capacitación (IPC) publicará Realidades del despojo de tierras: retos para la paz en Colombia, libro que recogerá cuatro investigaciones que tratan el tema y una propuesta de la Asociación Tierra y Vida al Parlamento Europeo, que se espera esté en circulación a finales de febrero.

Para Juan José Moncada, compilador del libro e investigador social, lo que pretenden estas investigaciones es revelar informaciones que ayuden a pensar la implementación de la Ley de víctimas, los procesos de restitución y el retorno de los campesinos a sus tierras. “No es solo una ley, es conocer qué pasó para que, en lo posible, no vuelva a repetirse”, enfatizó.

La Agencia de Prensa IPC habló con este antropólogo sobre la problemática del despojo de tierras en Colombia.

¿Cuán dispares son las cifras de tierras despojadas en el país?

Uno de los asuntos álgidos, en la problemática del despojo, es la parte cuantitativa. En 2009 la Contraloría hablaba de 2.9 millones de hectáreas, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) de 10 millones y Acción Social de 5.5 millones. En la última Encuesta Nacional de Verificación, que salió a finales de 2010, se habla de que el despojo de tierras en Colombia fue de 6.6 millones de hectáreas, que es un poco más de la extensión que tiene Antioquia.

¿Cuántas de esas tierras usurpó la guerrilla?

Desde hace un tiempo se dice que las guerrillas han despojado entre 75 y 100 mil hectáreas de tierra. Son unos indicios iniciales y equivaldrían a poco más del uno por ciento de las tierras despojadas en el país. Eso es un referente, no son datos absolutos porque el subregistro es alto para todo tipo de despojos: mucha gente no pudo denunciar, tienen miedo, otros murieron o no están interesados.

Estoy convencido de que ellos sí tienen territorios pero no era su objetivo apropiarse de la cantidad de hectáreas, como sí lo era el de los paramilitares. Dentro de su estrategia se les hacía necesario tener diferentes soportes desde lo militar, lo social y lo económico. Entre los soportes económicos está la adquisición de diferentes bienes y por eso hubo despojo de tierras en algunos casos.

Pero la guerrilla se volvió narcotraficante, ¿no necesitan para ello territorios?

No, porque la guerrilla generalmente cobra el gramaje de lo que campesinos y narcotraficantes producen. La guerrilla cobra por cuidar el territorio y proteger los cultivos.

¿Por qué la apropiación de territorios era parte esencial del proyecto paramilitar?

El proyecto paramilitar también lo podemos nombrar como una empresa económica que tiene sus ojos puestos en el control territorial, y en el aprovechamiento de esos territorios que son despojados para explotar madera, plátano, palma o cultivos ilícitos: ellos buscaban controlar también el comercio de estos productos. En ese sentido la tierra se vuelve fundamental para ellos porque, además, en ciertas zonas necesitaban corredores estratégicos por donde moverse para la exportación de la coca.

Todo ese control territorial también permitía el control social de las poblaciones y les daba mucho peso para la cooptación de la institucionalidad: al ser un actor tan poderoso en el territorio son capaces de poner en jaque al Estado que, en estas zonas marginales, es débil y frágil históricamente. Ese poder era capaz de ganarle el pulso al Estado por el control de los territorios y en efecto se lo ganaron y lo tienen ganado.

En una zona como Urabá tanto las guerrillas como los paramilitares y las bandas criminales (Bacrim) han tenido que ver con el despojo de tierras, ¿Cuál es la principal diferencia de su relación con el territorio?

La diferencia está en el grado de consolidación. Los actores insurgentes no lograron consolidarse en el territorio por diferentes situaciones: o porque fueron vencidos militarmente, o les asesinaron la base social y no alcanzaron a fortalecer su presencia en el territorio. Luego, fueron relegados, pero los actores paramilitares o las Bacrim sí están consolidadas y con mucho peso específico en la zona.

¿Cuán difícil es la implementación de la Ley de víctimas y de restitución de tierras, sabiendo que tiene enemigos tanto de izquierda como de derecha?

Frente al proceso de restitución de tierras lo que encontramos es expectativa. La Ley de víctimas es un primer paso que está dando la sociedad colombiana para alcanzar la paz social: la base del conflicto armado es la tenencia de la tierra y esta ley tiene el propósito de restituirla. En alguna medida le quita el discurso a los grupos insurgentes porque, por vía pacífica, logra alcanzar la restitución.

Ésta todavía tiene muchos bemoles: una cosa es que me den el título de la tierra y otra es que me pueda regresar al territorio y continuar con mi proyecto de vida como campesino. No se trata simplemente de restituir sino de sostener en el tiempo una sociedad campesina.

La ley de víctimas tiene muchos riesgos: desde el mismo Estado, por ejemplo, con la implementación y aprobación de todos esos títulos mineros y del Tratado de libre comercio con Estados Unidos. Este último pone a competir sectores agroindustriales de ese país con una precaria producción agropecuaria en Colombia.

Otro de los riesgos es que no se han visto acciones efectivas y medidas precisas contra las Bacrim, a quienes se les combate bajo la estrategia de la guerra contra las drogas, que es una guerra fracasada. Las Bacrim le llevan una ventaja estratégica considerable al Estado. Además, en la zona de Urabá y de la Costa Atlántica es alta la cantidad de líderes reclamantes de tierras que han sufrido amenazas, atentados o han sido asesinados.

Juan José Moncada tiene un prudente optimismo frente al futuro de la problemática de tierras en Colombia. Para él, más que las versiones libres de los desmovilizados, ha sido la investigación social la que ha ayudado a que la información del despojo salga a la luz pública. “Esta es una apuesta que tiene que jugarse el país porque, en el camino y con el trabajo de las organizaciones sociales, de víctimas y campesinos, se puede presionar para que se haga una implementación adecuada de la Ley de víctimas y de restitución de tierras”, concluyó.

Fuente: Agencia de Noticias IPC, Medellín, Colombia

http://www.ipc.org.co

https://www.alainet.org/de/node/155733?language=en