Colombia

Álvaro Uribe Vélez, una pesadilla para el campo colombiano

Germán Bedoya

02/06/2010

Opinión

^-A ⁺A

“Aspiro, dentro de 4 años poder mirar a los ojos de ustedes, mis compatriotas”. Palabras enunciadas en el primer discurso de posesión del presidente Álvaro Uribe Vélez el 7 de agosto del 2002.

Lo que prometió y lo que ejecutó

Hoy, no cuatro sino ocho años después seguramente el presidente nos mirará a los ojos de once millones de campesinas, campesinos, afrodescendientes e indígenas que aun habitamos los campos (unos 5.400.000 campesinos, 1.600.000 indígenas con 87 etnias equivalente al 3.4% de la población colombiana, y unos 4.000.000 de afrocolombianos equivalente a un 40% del total de la población afrocolombiana) y nos dirá con su tono de patrón de hacienda que ha cumplido con el campo colombiano y que la política implementada por su gobierno a dado los mejores resultados para nuestro progreso, para el desarrollo del país y que ha cumplido con sus metas propuestas al inicio de su gobierno metas que continua ajustando y proponiendo: “creo que esta Patria puede tener seis elementos para la prosperidad: la seguridad, la promoción de la inversión, el acceso a mercados, la innovación productiva, una revolución educativa permanente que la sustente, e infraestructura” .

Nos dice hoy y nos dirá en el mañana que su programa bandera de la seguridad democrática ha dado los mejores resultados, como lo afirma en sus consejos comunitarios de gobierno y en eventos: “Gracias a la Seguridad Democrática, en estos años hemos podido sembrar casi un millón de hectáreas más”. “Diría que el crecimiento de la oferta productiva de Colombia ha ayudado inmensamente en esta política antiinflacionaria. He ahí una derivación de la seguridad”, “uno ve que se han encarecido las tierras en todo el país” “Y me dicen mis compatriotas del Sur de Bolívar: Hace ocho años teníamos allá guerrilla, paramilitares y coca. Hoy de aquí del frente de Barranca, río abajo, a Regidor, tenemos 20 – 22 mil hectáreas de palma africana, con una mínima infraestructura, que apenas estamos haciendo, sin que eso haya cambiado de propiedad Qué bueno ”. ¿Por qué no menciona el caso de la finca las pavas? Una finca de 3.000 hectáreas donde 123 familias viven allí cultivando maíz, cacao, algodón desde el año 1993 cuando fue abandonada por el sobrino de Pablo Escobar y fueron despojados por el bloque central Bolívar de las AUC en el año 2003, retornando nuevamente en el año 2006; estando en proceso de extinción de dominio, solicitaron un crédito de 234 millones al banco agrario y luego fue negociada con el INCODER por el grupo Daabon, aportes san Isidro y C.I Tequendama empresas de la familia Dávila Abondano; se interpuso una acción de tutela que falló a favor de las comunidades pero aun así los desalojaron con la fuerza pública para sembrar palma aceitera, beneficiando al grupo Daabon que a su vez vende el aceite a la empresa británica de cosméticos THE BODY SHOP; esta finca queda a solo 35 minutos de Regidor.

Somos testigos y sufrimos la política de seguridad democrática apoyada por el plan Colombia

Los campesinos, afrocolombianos e indígenas hemos sido y somos testigos de primera línea de los resultados de esta política de seguridad democrática y de su programa de gobierno que aplica en nuestros campos, vimos y sentimos la modernización y crecimiento de las fuerzas militares y la tecnología para la guerra, sentimos su presencia y accionar en los campos y ciudades; conocemos que Colombia tiene hoy más de 270.000 efectivos distribuidos en el Ejército, la Armada y la Fuerza aérea; el Ejército colombiano cuenta con ocho divisiones, una brigada de fuerzas especiales, una brigada de aviación, una brigada contra el narcotráfico, además de unidades especializadas, escuelas de formación y batallones de alta montaña, conformados en su mayoría por jóvenes campesinos quienes tienen que prestar el servicio militar obligatorio, y como única oportunidad de ascenso es continuar como soldados profesionales; la Armada Nacional cuenta con siete fuerzas y comandos repartidos en todo el territorio nacional; La Fuerza aérea cuenta con seis comandos aéreos de combate (CACOM), un Comando aéreo de transporte militar (CATAM) y un Comando aéreo de mantenimiento (CAMAN) y los Grupos aéreos del Caribe (GACAR) y del Oriente (GAORI), dispone también con cuatro centros principales de formación y entrenamiento; la Policía Nacional que es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, con unos 152.000 uniformados, con grupos especiales de operación, Comandos de operaciones especiales (COPES), Escuadrones móviles de carabineros (EMCAR), Grupo de operaciones especiales de hidrocarburos (GOESH), Compañía jungla antinarcóticos (JUNGLA), Grupos de acción unificada por la libertad personal (GAULA), Cuerpo elite antiterrorista (CEAT), Grupo táctico antiterrorista (GRATE), Grupo bloque antiterrorista urbano (BLAUR), Unidad de intervención y reacción (UNIR), Fuerza de control urbano (FUCUR), Escuadrones móviles antidisturbios (ESMAD). Toda esta modernización, crecimiento y fortalecimiento gracias a la implementación del plan Colombia apoyado por los Estados Unidos quien ha desembolsando desde 1999 al 2006 mas de 7.500 millones de dólares, de los cuales el 80% ha sido destinado al mencionado fortalecimiento militar y policial, la consecución de armas y vehículos para la guerra permitiendo también la entrada de soldados norteamericanos en mas de 1.400 efectivos; para la continuidad de éste plan se propuso desembolsar para el periodo 2007 al 2013 3.600 millones de dólares destinados a la consolidación social del territorio que significa control total, también se continúa implementando y fortaleciendo con el acuerdo militar firmado Colombia - Estados Unidos el 30 de octubre del 2009 donde se permite modernizar y utilizar 7 bases militares del país, mayor presencia e inmunidad a los soldados norteamericanos, lo que conlleva a la impunidad total a la violación de los derechos humanos que éstos cometan en nuestro país; éstas bases están a su disposición para afectar no solo nuestra soberanía nacional sino a ejercer un control y tener la capacidad de despliegue mas rápido y así ejercer clara incidencia militar y de guerra no solo para Colombia sino con las naciones hermanas donde se dan cambios importantes a favor de los pueblos como fue discutido en el seno de UNASUR.

Según el informe anual del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, Colombia invirtió en el 2009 10.055 millones equivalente al 3.7% del PIB convirtiéndose en el segundo país de la región que más invierte en armamento.

La justificación del plan Colombia ha fracasado

Este plan Colombia planteado para la erradicación de cultivos de uso ilícito y la lucha contra el “terrorismo” justificación que no se ha cumplido ya que el crecimiento de la producción de hoja de coca no ha cambiado y por el contrario a aumentado: en el año 2002 existían 102.171 hectáreas cultivadas, y según la ONU para el año 2008 existían 199.644 hectáreas cultivadas, sin embargo el gobierno engaña a la opinión publica dando cifras maquilladas como las del año 2007 donde decían que solo existían 98.899 hectáreas cultivadas, siendo contradicho por el monitoreo realizado por los Estados Unidos quienes afirmaron que en el momento existían 140.000 hectáreas, hoy afirman que en el año 2009 solo hay cultivadas 68.025 hectáreas.

En la guerra contra los cultivos de hoja de coca han fumigado 800.000 hectáreas entre ellas miles de hectáreas de cultivos de pancoger de las comunidades en resistencia sometiéndolas a la física hambre, fumigación que se realiza con la aspersión aérea de glifosato; herbicida que contamina el ambiente afecta la salud humana, destruye la base genética de los cultivos y la biodiversidad, dejando cuantiosas ganancias económicas a su productor la multinacional MONSANTO.

Nos justifican también que el plan Colombia es la lucha contra el “terrorismo” nosotros sabemos que en Colombia a existido por mas de 4 décadas un conflicto armado interno sin que haya habido en este gobierno voluntad real de salidas políticas y negociadas y sin que se resuelvan las causas estructurales que lo ocasionaron.

Los asesinatos por parte del Ejército nacional a los campesinos

Vivimos la constante y sistemática violación a los derechos humanos por parte de los militares cometiendo asesinatos a lideres y masacres a campesinos; como el cometido contra Héctor Alirio Martínez y dos lideres sindicales el 5 de agosto del 2004 cuando una patrulla del ejército perteneciente al grupo mecanizado Revéis Pizarro en Caño Seco municipio de Fortul departamento de Arauca, en horas de la mañana los asesinaron a quemarropa y luego los presentaron ante la prensa nacional como “dados de baja en combate a tres jefes guerrilleros,” teniendo luego que reconocer que no los habían asesinado en combate y que realmente eran lideres sociales que defendían los derechos de los campesinos y la autonomía y la dignidad en este departamento rico en yacimientos petrolíferos. Cabe anotar que Arauca fue declarado al mes de la posesión presidencial como “zona de rehabilitación y consolidación” (que en la practica significa perder todas las garantías constitucionales de los ciudadanos), otro caso el asesinato en la vereda culebras, municipio Montecristo departamento de Bolívar del líder agrominero Alejandro Uribe el 19 de septiembre del 2006 por parte de soldados pertenecientes al batallón nueva Granada según testimonios de campesinos de la región; este asesinato lo hacen intentando romper el proceso de resistencia de las comunidades agromineras ante la pretensión de la ANGLO GOLD ASHANTI quien se presentó allí como SOCIEDAD KEDAHDA con el fin de apropiarse de la exploración y explotación del oro existente en esta rica región del sur de Bolívar; el asesinato de 5 campesinos en la vereda Potosí del municipio de Cajamarca departamento del Tolima el 2 de noviembre del 2003 por tropas adscritas a las sexta brigada, quienes fueron encontrados culpables y condenados a varios años de prisión, en este municipio se ha descubierto la mina de oro mas importante del continente y ha sido solicitada por la ANGLO GOLD ASHANTI para su explotación, el asesinato del comunero indígena Edwin Legarda el 16 de diciembre del 2008 esposo de la consejera mayor del CRIC y vocera de la Minga nacional de resistencia social y comunitaria Aida Quilcue, asesinato reconocido por el ministro del interior Fabio valencia Cossio como un “error.” (Testimonios como estos están vividos y escritos en la historia campesina por miles).

Los falsos positivos

Sumando a lo mencionado, el escándalo que salió para la prensa y para la opinión publica, porque las organizaciones campesinas indígenas y afrocolombianas siempre lo hemos denunciado los casos de “ los falsos positivos” cometidos también por la fuerza publica quienes con el animo de mostrar resultados, obtener ascensos y vacaciones: iniciaron utilizando la estigmatización y macartización a nuestras comunidades por volantes y pintas que decían: “campesino ponte el uniforme que no te queremos matar de civil” luego asesinando campesinos, afrocolombianos, indígenas y pobladores urbanos presentándolos como guerrilleros caídos en combate; en los últimos 7 años se han registrado 3.084 ejecuciones extrajudiciales.

Continúa el actuar conjunto militares y paramilitares

Pero no solo los militares actuaron sino que en su periodo de gobierno (antes también) ha actuado conjuntamente con los paramilitares quienes se autodenominaron como autodefensas unidas de Colombia AUC, quienes cometieron de 400 masacres desde el año 2002 hasta abril del año 2010 por mencionar algunas: la de Segovia Antioquia en agosto del 2002, Valledupar Cesar diciembre del 2002, Tierra alta Córdoba mayo del 2003, Buenaventura Valle junio 2003, San Carlos Antioquia febrero 2005, Córdoba julio del 2008; hoy un solo jefe del bloque norte llamado Rodrigo Tovar Pupo alias “Jorge 40” ha reconocido la ejecución de 333 masacres entre el año 1996 y el año 2005 en los departamentos de atlántico, cesar, guajira y magdalena con 1.573 victimas. Hasta el 30 de abril del año 2010 se han encontrado 2.644 fosas comunes, 3.216 cuerpos

Y las empresas nacionales y trasnacionales

Es inocultable ante la opinión publica el económico brindado por las empresas trasnacionales a los paramilitares la bananera CHIQUITA BRANDS o BANADEX admitió en el año 2004 pagar a estos grupos 1.7 millones de dólares, José Gregorio Mangones, alias “Carlos Tijera”, jefe paramilitar en la región de Ciénaga Magdalena mediante declaración juramentada dijo que había ayudado a pacificar el sindicato de los trabajadores no solo de la chiquita sino también de la DOLE y ordeno la muerte de más de 500 personas tildándolas de guerrilleros, milicianos o simpatizantes de la guerrilla.

También es inocultable la violación a los derechos de los pueblos cometidos por empresas transnacionales y nacionales como lo pudo juzgar el Tribunal Permanente de los Pueblos TPP que sesionó en Julio de 2008 en la ciudad de Bogotá donde encuentran culpables a las multinacionales NESTLÉ (Suiza); COCA COLA, CHIQUITA BRANDS, DRUMMOND y MONSANTO (Estados Unidos); la ANGLO GOLD ASHANTI (República de Sudáfrica); BRITISH PETROLEUM (Reino Unido); y las españolas REPSOL YPF, UNIÓN FENOSA, ENDESA, CANAL DE ISABEL II, AGUAS DE BARCELONA, TELEFÓNICA también CEMEX, HOLCIM, MURIEL MINING CORPORATION, GLENCORE-XTRATA, ANGLO AMERICAN, BHP BILLINGTON, KEDHADA, SMURFIT KAPA – CARTÓN DE COLOMBIA, PIZANO S.A y su filial MADERAS DEL DARIÉN, URAPALMA S.A DYNCORP, MULTIFRUIT S.A. filial de la transnacional DEL MONTE, OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION, , CANAL DE SUEZ, ECOPETROL, PETROMINERALES, GRAN TIERRA ENERGY, BRISA S.A, EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, B2 GOLD – COBRE Y ORO DE Colombia SA. Por asocio con los paramilitares, contaminación ambiental, violación de las patentes y de la soberanía territorial y energética en el país.

La desaparición forzada

La desaparición forzada también utilizada como mecanismo de terror y de sometimiento a febrero del año 2010 se registran 29.484 personas desaparecidas, (organizaciones defensoras de los DH registran más de 40.000 personas desaparecidas).

La parapolítica

Un elemento utilizado en este periodo de gobierno se le conoce como la parapolítica donde se apropian del congreso de la república por medio de la “democracia” en elecciones parlamentarias; 133 congresistas de varios partidos políticos están involucrados con el paramilitarismo entre ellos: Alas Equipo Colombia 6, Apertura Liberal 6, Cambio Radical 20, Colombia Democrática 10, Colombia Viva 5, Partido 21, Convergencia Liberal 1, Convergencia Ciudadana 10, Convergencia Popular Cívica 1, Dejen Jugar al Moreno 1, Movimiento de Integración Popular 1, Movimiento Nacional Progresista 1, Movimiento Renovación 1, Acción Laboral 1, Partido Nuevo Liberalismo 1, Partido de la U 21, Partido Liberal (no-oficialista) 25 también varios concejales, alcaldes y gobernadores están en la lista de implicados con el paramilitarismo, los paramilitares llegaron a tener presencia en 712 municipios del país, el jefe paramilitar Salvatore Mancuso asegura que las AUC apoyaron la campaña presidencial de Álvaro Uribe en el año 2002 en declaración dada ante la Corte Suprema de Justicia en abril del 2010. ¿Frente a esto que nos dirá?

La impunidad reinante con la ley de Justicia y Paz

Seguramente afirmará que se firmó un acuerdo de paz con las AUC a través de la aplicación de la ley de justicia y paz ley que para nosotros es claro, permite la impunidad a todos los crímenes de lesa humanidad cometidos contra las comunidades campesinas, negras e indígenas quienes sus principales jefes fueron extraditados a los Estados Unidos a pagar allí por el delito del narcotráfico pero no los atroces crímenes que cometieron en Colombia.

Hoy las bandas paramilitares o bandas emergentes compuestas por antiguos miembros desmovilizados continúan manteniendo el control territorial, económico, político de los territorios, según la policía nacional existe presencia de estos grupos en 159 municipios, 18 departamentos, 27 capitales del país, y continúan realizando masacres, desapariciones forzadas, asesinatos, amenazas y extorsiones.

Desarraigo y despojo

Toda la aplicación de la seguridad democrática a contribuido a generar el desplazamiento forzado, para nosotros, los habitantes del campo NO es desplazamiento sino desarraigo y despojo de nuestra tierra y territorios, en su gobierno y según Codhes desde el año 2002 al año 2009 nos han desarraigado a 2.412.834 personas, sumando hoy un total de 4.915.579 de desarraigados en los últimos 25 años, lo que significa que un 49% de los desarraigados se han presentado en los siete años de su gobierno; otra cifra para el gobierno oficial el de acción social hasta el año 2002 se desplazaron 1.486.773 para el año 2009 un numero de 3.163.889 lo que significa que en los siete años de gobierno de Uribe desplazaron a 1.577.116 mas del 53% del total de los desarraigados, siendo de todas formas una cifra escandalosa e inocultable. A los desarraigados que nos despojaron de nuestras tierras, territorios, familias, el trabajo de toda la vida, el futuro de nuestros hijos y nietos, nuestra identidad, nuestras costumbres, nuestras organizaciones, nuestra vida; nos han convertido o tratan de convertirnos en hombres y mujeres sin identidad, sin tierra, sin cultura, en una clase que se prostituye, lava vidrios, hace malabarismos, mendiga en las calles y en los semáforos, regala su mano de obra para sobrevivir, engrosa los cordones de miseria de las grandes ciudades, a pesar de todo somos hombres y mujeres con la convicción del retorno, la esperanza y lucha por la vida y la dignidad.

¿Y nuestras tierras que?

Este terror implantado mediante los asesinatos selectivos, las masacres, la desaparición forzada, el encarcelamiento, el desvertebramiento y destrucción de las organizaciones campesinas, negras e indígenas del país tiene como único fin entregar los territorios “libres de problemas” para la inversión internacional, ejerciendo mediante la fuerza el control territorial en lo económico, político, militar y social; justo en las regiones donde mas se instauró esta política de terror las empresas trasnacionales hacen hoy presencia para la explotación de recursos mineros, energéticos, madereros, de biodiversidad, plantaciones de monocultivos, megaproyectos, agronegocios, obras de infraestructura, turismo entre otras. Ante esta macabra política mencionada se ha presentado el despojo entre 1.2 y 10 millones de hectáreas como consecuencia directa del desarraigo a por lo menos 380.000 familias campesinas entre 1999 y el 2007 aproximadamente entre el 60 y el 70% por ciento de los hogares obligados a migrar eran dueños o poseía finca o parcela con o sin vivienda

A junio del año 2009 unas 3.246.768 hectáreas representadas en 95.230 predios, correspondientes a los derechos de 88.104 personas con derechos de propiedad posesión, ocupación o tenencia están protegidas, de estas 1.699.489.53 hectáreas fueron protegidas a través de la ruta individual, y 1.587.278.81 hectáreas a través de al ruta colectiva significando que mas de 6.5 millones de hectáreas están aun sin proteger y por lo tanto sin regresarla a sus verdaderos dueños.

Del 2002 al 2005 el ministro de agricultura mostró como resultado 1.486 familias beneficiadas con la adjudicación de 13.463 hectáreas de tierra y 132 proyectos productivos con recursos desembolsados para 198 beneficiarios.

Nuestras tierras robadas y legalizadas mediante la transferencia forzada del dominio, “negocia conmigo o mañana lo hago con la viuda”, ventas falsas, caducidad administrativa, y por supuesto el abandono obligado, hoy continúan en poder de nuestros victimarios y sus testaferros sin que exista una verdadera política de retorno con garantías, reparación y no repetición a los millones de desarraigados y victimas de crímenes de estado.

Leyes para beneficio de las empresas transnacionales y los TLC

Este despojo no solo se presenta por la acción de la guerra hacia los campesinos negros e indígenas, se presentó también por la aplicación de la política y la legislación implementadas para el campo colombiano que en la apuesta de desarrollo Uribe a sus inicios planteó y a implementado durante su gobierno por mencionar algunas:

Desapareció de la política agraria del país el tema de la Reforma agraria para implementar el Desarrollo rural comienza por eliminar el 21 de mayo del año 2003 con los decretos 1290 el DRI (Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural), 1291 el INPA (Instituto Nacional de Pesca y Agricultura), 1292 el INCORA (Instituto Colombiano para la Reforma Agraria), y crea con el decreto 1300 el INCODER (Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural). Instituciones que de alguna manera prestaban un servicio a los campesinos.

El decreto ley 812 del 26 de junio del 2003 que dictamina su plan “hacia un estado comunitario” y en el plan de desarrollo 2006 - 2010 se propone adelantar en el congreso la ley de aguas, ley de paramos, ley forestal, y la reforma al Código minero, cuyo principal objetivo para estas nuevas reglamentaciones es acondicionar las leyes para los tratados de libre comercio TLC y buscar el beneficio para el capital transnacional. (Estas leyes continúan en discusión esperando que se ratifiquen los TLC para que se acondicionen a los acuerdos que en estas materias se firmen).

En el caso del agua siendo Colombia el cuarto país en fuentes hídricas en el mundo, 9 millones de personas no tienen acceso a ella, es vista como “un servicio” y no como lo que es un derecho y un patrimonio de la humanidad, ante la iniciativa de un referéndum por el agua que ha contado con el respaldado de mas de 2 millones de firmas el congreso en el tramite de la cámara de representantes lo negó el 18 de mayo del 2010 desconociendo el derecho popular y constitucional del pueblo colombiano; hoy se adelantan los planes departamentales y municipales de agua y saneamiento para el manejo empresarial de los servicios de acueducto alcantarillado y aseo, fomentando la privatización de los acueductos municipales, el apropiamiento de las cimientos, cuencas y microcuencas de agua en beneficio de las empresas trasnacionales caso aguas Barcelona, aguas Canal de Isabel II, Tecvasa, aguas Roma y Tripe AAA y se presenta reglamentación especial en el funcionamiento de las corporaciones regionales encargadas de temas ambientales.

En el caso minero solo para citar dos ejemplos, se han presentado 2.213 solicitudes de 4 millones de hectáreas para la exploración y explotación a favor del ANGLO GOLD ASHANTI, 45 títulos de 140.000 hectáreas de la a la MURIEL MINING CORPORATION en el departamento del Choco, en lo energético en el caso de los hidrocarburos el 80% de las ganancias se las llevan las multinacionales el petróleo BP, TOTAL, PETROBRAS, CHEVRON, OXY, SHELL y REPSOL. Privatizando la empresa estatal petrolera Ecopetrol.

Propone ante el congreso la ley 1152 de 2007 que rige el Estatuto de Desarrollo Rural, siendo aprobado por el congreso, tumbado luego por la Corte Constitucional por no haberse cumplido con la consulta previa a las comunidades indígenas y negras como lo establece la constitución nacional,(aunque su política se continúa aplicando), privilegia los proyectos empresariales, se ajusta al TLC firmado con los Estado Unidos, Canadá y la Unión Europea, no establece como prioritario la producción de alimentos, posibilita la legalización de las tierras arrebatadas a los campesinos de forma violenta a nombre de los usurpadores, pierde vigencia lo ganado en la constitución de 1991 para los indígenas, afrocolombianos y las zonas de reserva campesina, se encaminan los recursos públicos a producción de monocultivos, los agronegocios y exportaciones beneficiando los grandes capitales nacionales e internacionales.

Un ejemplo claro es el caso Carimagua cuando el ministro de agricultura Andrés Felipe Arias pretendía entregar un terrero de 17.000 hectáreas en el departamento del Meta a un grupo de empresarios para el cultivo de palma aceitera, negándose a entregarlo como había sido previsto a 60 familias desarraigadas por el conflicto armado diciendo que “los pobres somos inviables para producir”.

Con la Ley 113 del 9 de abril de 2007 se crea el programa agro ingreso seguro, defendido y colocado como ejemplo por el presidente cuando aseguró: “Colombia ha tenido dos buenas leyes para el campo: la Ley Quinta, de la administración Pastrana Borrero, de 1973. Los mayores aquí recordamos que fue una Ley que le ayudó al campo colombiano. Eso no se puede desconocer.

Y creo que la otra Ley es la Ley Agro Ingreso Seguro: una gran concertación con el sector agropecuario, a raíz de la suscripción del acuerdo con los Estados Unidos.

Y hay que defender el instrumento”.

Lo que hemos visto los pequeños campesinos es con este proyecto es la desigualdad total cuando en la caracterización de pequeño productor: es aquel productor cuyos activos totales para el año 2010 no superen los $55’900.550 incluidos los del cónyuge y el monto máximo de crédito para este pequeño campesino es de 39'130.385 millones, para la Mujer rural cabeza de familia de bajos ingresos cuyos activos totales para el año 2010 no superen $39'130.385. Mediano productor es aquel cuyos activos totales según balance comercial sean $5’150.000.000 para el año 2010 y el Gran productor es toda persona natural o jurídica cuyos activos totales, según balance comercial sea superior a $5’150.000.000 para el año 2010.

¿Es real que una persona que tenga 5.150.000.000 se le puede considerar mediano productor? ¿Y los beneficios en ese sentido son para quien? Solo para citar dos ejemplos: Valerie Domínguez quien fuera señorita Colombia 2005 y la familia de su novio los Dávila Abondano (la familia que despoja los campesinos en las pavas sur de Bolívar) recibieron 2.200.000 millones para riego y drenaje, en la costa norte, María Mercedes Sardi de Holguín, prima del ex ministro del interior Carlos Holguín Sardi recibió más de 200.000.000 por el mismo concepto en el departamento del valle.

También dice Uribe: “Yo veía que esta Ley Agro Ingreso Seguro ha favorecido 316.000 familias del campo colombiano. De ellas, pequeños empresarios del campo 214.597, medianos 24.724 familias, grandes 232”. ¿Podemos hacer sumas de quien se beneficio más?

Más decretos

La ley 1032 del 2006 modifica el código penal respecto a la usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtención de variedades vegetales. En su articulo 4 “se sanciona con penas de 4 a 8 años de cárcel a quien usurpe derechos de obtentor de variedad vegetal, protegidos legalmente o similares confundibles con uno protegido legalmente” (pena superior a la dictaminada por la ley de justicia y paz contra quienes asesinaron miles de campesinos) y también incurrirá en las mismas penas a quienes comercialicen esta variedad en mención. Esto genera un carácter de ilegalidad a los campesinos que transporten y siembren semillas que no sean certificadas. Siendo las semillas patrimonio de los pueblos y de la humanidad que por siglos los indígenas, afrodescendientes y campesinos hemos cuidado y salvaguardado.

La leche: Los decretos 2838 y 616 de 2006, impide la comercialización masiva de la leche para hervir ósea la que se produce en nuestros campos a pequeña escala. Dejando la comercialización de la leche exclusivamente a las grandes pasteurizadoras como ALPINA, NESTLÉ y FRIESLAND, PARMALAT, DANONE YOPLAIT y las nacionales, COLANTA, ALQUERÍA y COOLECHERAS-SILEDCO.

La panela: La resolución 779 de 2006, regula las medidas de producción de la panela y obliga la instalación de los trapiches con las medidas sanitarias requeridas para poder comercializar, esta adecuación puede llegar a costar hasta 100 millones de pesos. Durante siglos hemos producido nuestra panela y con ella se alimentaron nuestros abuelos, nos hemos alimentado nosotros y alimentamos a nuestros hijos. La estrategia es clara, no hay capacidad para el pequeño productor, nos ofrecen la alianza estratégica con quien puede cubrir los costos y ésta deja de ser producción de alimento para ser producción de etanol. También para tener el monopolio de la producción de panela y comercializarla a precios altos afectando enormemente la alimentación de los colombianos.

Carne de pollo gallinas y huevos: La resolución 4287 de 21 de noviembre de 2007 del INVIMA establece normas que junto con la resolución 000957 del ICA de 2 de abril de 2008, con las normas de bioseguridad restringen la producción de carne de pollo gallinas y huevos del pequeño productor, y exige la autorización para las plantas de crianza y sacrificio de estos animales favoreciendo el monopolio de las grandes plantas de gallinas ponedoras y pollos de sacrificio, también a los productores de alimentos para pollos de la multinacional PURINA y la nacional RAZA. La meta es desaparecer las gallinas campesinas.

Carne de res, cerdo y Productos cárnicos: El decreto 1500 de 4 de Mayo de 2007 crea el sistema de inspección, vigilancia y control de la carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos destinados para el consumo humano, limitando el sacrificio en los municipios y favoreciendo la importación de productos cárnicos., para esto crean frigoríficos regionales quienes los dueños son los grandes ganaderos quienes cuentan con infraestructura para el transporte de ganado a los centros de sacrificio.

El uso de nuestra tierra

Tenemos una frontera agrícola de 50.910.793 hectáreas, de las cuales para la para la actividad Pecuaria se utiliza un 77% de los cuales sembradas en pastos un 81% y sembradas en malezas y rastrojos el 19%; el otro 14% se encuentra en bosques naturales el 95% y en bosques plantados el 5% y solo el 7% se usa para la producción Agrícola del cual el 39% en cultivos transitorios y el 59% en cultivos permanentes, el 2% esta en descanso, otros el 2%. El sector agropecuario contribuye con el 8.5% del PIB nacional.

En el año 2009 se cultivaron 1.059.000 hectáreas cultivos de ciclo corto, 1.724.725 de cultivos de ciclo largo, se considera que 6.5 millones de hectáreas son aptas y se destinarán para “reforestarlas” con cultivos que sean materia prima para agro combustibles (palma, yuca, caña, cacao, eucalipto, pino entre otros).

Alimentos para los carros no para los humanos

Palma africana para nosotros palma aceitera en el año 2003 existían 206.801 hectáreas sembradas, en el año 2009 existen 360.537 hectáreas sembradas lo que representa un 42.6% en aumento del área sembrada; con ventas de aceite de palma de 570.174 toneladas solo la industria del agrodiesel compro 153.496 toneladas.

La caña para la producción de azúcar y alcohol carburante en el año 2002 se produjeron 2.528.765 toneladas, (para ese año en Colombia no había producción de alcohol carburante), Para el año 2009 se produjeron 2.598.496 toneladas de azúcar, y una producción de 324.563 litros para alcohol carburante.

Cacao existen 124.000 hectáreas sembradas, de las cuales 90.000 están en producción.

Café existen sembradas 878.770 hectáreas hasta diciembre del 2008 y una producción de 8 millones de sacos de café en el 2009

Alimentos transgénicos

Entramos a la nociva moda de producir alimentos transgénicos se han sembrado 35.700 hectáreas de maíz transgénico, en 10 departamentos del país, auspiciado por la asociación de biotecnología vegetal agrícola AGRO BIO.

Autoriza a partir de abril la siembra de semilla de Soya Roundup Ready de MONSANTO. Se incentiva la investigación y la producción de transgénicos en papa, yuca, arroz, Pasto, maíz, girasol, remolacha, algodón, claveles. Será que nos alimentaremos de palma aceitera, caña de azúcar, cacao, o de alimentos transgénicos?

Cereales y leguminosas importadas y no producidas por nosotros.

El Arroz cuya producción para el año 2002 fue de 2.063.030 toneladas, y la importación de 169.950 toneladas, en el año 2009 la producción fue de 2.379.848, y la importación de 329.589 toneladas significa esta que en 7 años solo aumenta la producción en un 13.3% y las importaciones crecen un 48.44% En el año 2008 importamos: maíz 3.306.823 toneladas, sorgo 141.685 toneladas, Cebada 284.777 toneladas, Avena 12.310 toneladas, Frijol 20.111 toneladas, Arveja 32.697 toneladas, Garbanzo 12.865 toneladas, Lenteja 56.061 toneladas, Trigo 1.369.391 toneladas, lo que significa que en el año 2008 importamos 5.310.009 toneladas de cereales y leguminosas básicas para la alimentación, y que en Colombia por su diversidad de climas y la bondad de sus tierras podríamos cultivar, estos datos sin contar las importaciones de carne, leche, verduras.

Ganado para el año 2008 se calcula la existencia de 23.500.000 cabezas de las cuales se sacrificaron 4.054.485 para el consumo y la exportación. Se produjeron 6.450 millones de litros de leche.

Los tratados de libre comercio

Firma los TLC con estados unidos firmado el 27 de febrero del 2006 por los dos gobiernos, aprobado por el congreso colombiano de mayoría Uribista, sin que aun sea aprobado pro el congreso de los estados unidos, que su componente afecta al campo colombiano porque entrega nuestra soberanía alimentaria, biodiversidad, agua, conocimiento ancestral, patrimonios genéticos, propiedad intelectual, trayéndonos las sobras de los alimentos de ese país.

Firma el TLC con Europa firmado el 19 de mayo del 2010 en Madrid España queda a la espera de la aprobación por el Parlamento Europeo, cuyo componente afecta a más de 400.000 familias lecheras en el país quienes no pueden competir debido a los subsidios que allí reciben los ganaderos, se permitirá la entrada a los productos agrícolas que también están subsidiados entraran libremente.

Firma el TLC con Canadá el 21 de noviembre del 2008 también debe ser ratificado por el congreso canadiense, será beneficioso para las multinacionales mineras canadienses.

Ninguno de los tres tratados contiene cláusulas en la defensa de la producción en Colombia.

La pobreza no retrocede y se acrecienta en nuestros campos

La pobreza en Colombia según el DANE en el 2009 es del 45.5%, lo que significa unos 21 millones de colombianos somos pobres y el 16.4%, unos 7.6 millones viven la pobreza absoluta, de los cuales en el campo la pobreza sube al 54.3% y la pobreza extrema es del 29.1% el analfabetismo en zonas rurales es del 14,8%, frente al promedio nacional que es del 6,9% en el acceso a la educación han estudiado la primaria incompleta el 33%, la primaria completa el 27%, secundaria incompleta el 15%, secundaria completa el 7% y la educación mas avanzada solo el 3%, el acceso a la energía eléctrica cobija un 89.4%, al acueducto accede el 58.3%, al servicio de alcantarillado se llega al 14.9%, el servicio de gas el 3.4%, y al servicio de telefonía celular accede el 70.8%. En el tema de la salud, no hay política de prevención n tratamiento, existe el SISBEN que aunque tiene una alta cobertura de inscritos no presta óptimamente el servicio y al igual que para todo el pueblo colombiano, accede a la salud quien tiene dinero para pagarla.

Un campo sin campesinos…

Como podemos observar la política aplicada mediante el terror de la muerte, el despojo de nuestras tierras, las leyes nocivas, la política de comercio internacional, los agronegocios el desarraigo de nuestros territorios va conduciendo a que en Colombia exista en el futuro un campo sin campesinos, para que seamos empleados como trabajadores de mano de obra barata para las grandes plantaciones y agronegocios, negros e indígenas que cuiden los bosques, la producción de oxigeno, agua y sirvan como atractivo para mostrar ante el turismo de la salud que se promociona ante el mundo.

No se piensa en la producción de alimentos, ni en el respeto a la madre tierra solo en el saqueo indiscriminado y la destrucción de toda forma de vida.

Ocho años después la pesadilla continúa cuando Uribe nos dice: “Compatriotas: en el agro colombiano hay un gran futuro para el mundo. Y unos nuevos sectores para explorar. Este país tiene 600 mil kilómetros de selva. Con toda esta investigación, ustedes pueden producir en la selva toda la materia prima natural para una gran industria cosmética, para una gran industria de medicamentos, para traer a Colombia masivamente el turismo de salud”.

- Germán Bedoya

Equipo Nacional Coordinador Nacional Agrario (CNA) Colombia.

https://www.alainet.org/de/node/141919