Paraguay

Hacia una unidad de acción hegemónica

José Carlos Lezcano

22/04/2009

Opinión

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Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento No. 443: América Latina en Movimiento No 443-444 06/02/2014

El 20 de abril de 2008, exactamente hace un año, ha abierto el juego político en el Paraguay, dinamizando tanto las posiciones de la clase dominante, como las de las clases subalternas. Hay un escenario estatal por conquistar a la par que se van consolidando los procesos unitarios en torno a un proyecto popular más abarcante.

Cuál fue el rol de las clases subalternas en este proceso, cómo se dio y se está dando el proceso de unidad política en la búsqueda de una acción hegemónica, cuáles son las posiciones y las contradicciones que se deben enfrentar, son problemas para el debate que se abordarán resumidamente en este artículo.

El foco del análisis aquí planteado se centra en que las contradicciones que terminan por diluir la estructura dictatorial del Partido-Estado y desplazar a la Asociación Nacional Republicana (o Partido Colorado) del control del Poder Ejecutivo, abrieron un campo de disputa en el que las relaciones establecidas entre los sectores populares y el viejo Estado oligárquico-mafioso se deterioran[1] y posibilitan un nuevo modelo de hegemonía, es decir, nuevas formas de relación Estado-clases populares.

Este campo de disputa, que se expresa en el nuevo gobierno, termina por romper una relación fundamental que es la del Partido Colorado con las masas populares, limitando considerablemente su capacidad de construir poder infraestructural y “liberando” a gran parte de la población empobrecida de una sumisión material[2].

Contradicción intraclase e identificación popular

La victoria electoral del 20 de abril es el resultado de la coincidencia coyuntural de una serie de intereses contradictorios, nacionales e internacionales. Por lo tanto, no constituye necesariamente un avance en términos de mayor desarrollo de las fuerzas populares ni tiene un trayecto definido, quedando el futuro inmediato determinado por la correlación de fuerzas que se vaya construyendo y la orientación del proyecto en función a como se resuelvan los conflictos.

Para identificar en este complejo y contradictorio juego de fuerzas antagónicas a los distintos actores y cómo se ubican en el escenario político nacional, debemos hacer una breve referencia a la lógica de la recomposición de la hegemonía que se viene dando desde la caída de la dictadura.

Es un consenso que la denominada transición democrática, que va desde mediados de la década del '80 hasta los últimos años de gobierno de Nicanor Duarte Frutos[3], constituyó un período de continuidad del modelo de acumulación con una forma estatal adecuada al contexto mundial del neoliberalismo, la dictadura perfecta[4]. La apertura democrática fue una readecuación del sistema político a una realidad distinta, en el marco del mantenimiento de la opresión a los sectores populares, que generó un colchón social y político de unos 20 años, y que a fines de la primera década del siglo, nuevamente requiere de un drenaje[5].

El desplazamiento del partido hegemónico del poder se da en el marco de una contradicción intraclase, entre un sector oligárquico tradicional populista y un sector oligárquico modernizante, que no pudo ser resuelta en una fórmula electoral para mantener el control estatal. El primer sector está representado por el proyecto de Duarte Frutos, basado en la alineación internacional al bloque de Gobiernos de izquierda (Hugo Chavez, Evo Morales), el mantenimiento del Estado oligárquico-mafioso y la cooptación o la represión de organizaciones de masas. El segundo, por el proyecto liderado por Luis Castiglioni, promotor del ALCA y de los TLCs, abierto defensor del modelo de producción agroexportador extensivo y mecanizado, aliado del sector empresarial, distante de los caudillos tradicionales y fiel edificador de la agenda de “seguridad y justicia” que imponen los EEUU en la nación.

Para la caída de la Asociación Nacional Republicana -ANR- se da una combinación entre los efectos de este conflicto interno, un proceso de identificación popular en torno a una candidatura que rompe con el esquema político tradicional de lealtad a los partidos, sustituyéndolo por un liderazgo carismático, con una trayectoria de compromiso con los sectores populares, la incapacidad del régimen político para generar consensos y la falta de apoyo internacional, especialmente de la Embajada Norteamericana, para la permanencia de una burocracia partidaria disfuncional a los intereses de la oligarquía modernizante.

El elemento disonante es aquí la identificación de los sectores populares con una candidatura que está por fuera de las principales instituciones de control social tradicionales, el Partido Liberal Radical Auténtico y la Asociación Nacional Republicana. Esta es una relación conflictiva para el status quo, debido a que abre una posibilidad de disputa de modelos, que es lo que a fin de cuentas se dio durante la campaña y se sigue dando en la lucha por la hegemonía en la nueva coyuntura pos 20 de abril. Esta disputa de modelos encuentra a los sectores populares en la búsqueda decidida por la conquista de espacios en el Estado.

Agrupamiento

Desde el golpe del ’89 hasta la fecha, se ha dado un proceso de agrupamientos[6] de diversas fuerzas sociales y partidarias populares; en algunos casos estos agrupamientos tuvieron éxito en conquistas puntuales, de carácter estratégico para frenar el avance del capitalismo y el imperialismo en el territorio nacional, pero no lograron hasta ahora desarrollar una unidad de acción hegemónica[7].

Estos esfuerzos han adoptado una gran cantidad de denominaciones en el transcurso de los años[8], cuentan con programas relativamente estables y coincidentes, pero no han fraguado en un desarrollo organizacional que permita a las distintas luchas sectoriales plantearse la dirección del conjunto de la sociedad, incluyendo las principales reivindicaciones históricas, en un proyecto de control estatal[9] más abarcante. En el caso de los partidos de izquierda, su caudal electoral aún es bajo, y existe una alta fragmentación, aunque se dieron pasos sustanciales en los últimos años en términos de acumulación. Las organizaciones sociales mantienen una tendencia a trabajar su agenda reivindicativa, a pesar de que muchas cuentan con una discusión bien desarrollada sobre el modelo de desarrollo nacional; no se da una estrategia hegemónica, sino corporativa.

Tanto el proceso electoral como el pos-electoral ha estado marcado por un claro protagonismo de las organizaciones sociales y populares en apoyo a la candidatura ganadora y en la disputa por el Estado. Si bien no es la única experiencia, es la primera vez que se da una posibilidad real de que un candidato de consenso para la izquierda partidaria y para el movimiento social[10] compita en elecciones en una situación de ventaja.

Sin embargo, las condiciones en que se encontraba el movimiento popular en general, incluyendo partidos y organizaciones, no eran las ideales para cargar con la dirección de la sociedad en su conjunto, administrando los intereses contradictorios en juego sobre el límite posible del avance de un proyecto democrático progresista. Un esfuerzo acelerado por agrupar diversos sectores sin haber madurado una estrategia de unidad de la izquierda en torno a un proyecto nacional, terminó resquebrajándose en una participación electoral dispersa en las últimas elecciones.

El período pos-electoral ha mostrado que aún con las limitaciones que se tenían, las consecuencias políticas de la participación electoral de la izquierda en torno a una candidatura ganadora, ha significado una acumulación importante y constituye un punto de inflexión en las luchas populares.

Hacia una unidad de acción hegemónica

Más allá de haber sido una ficción, la posibilidad de “llegar al Gobierno” con Lugo, obligó a las fuerzas sociales y políticas de izquierda a hacer un cambio de perspectiva radical en su estrategia, la cual pasa de orientar las demandas y propuestas hacia el Estado, a definir planes de acción y propuestas en función a la disputa por el Estado. Este es un proceso incipiente, pues aún se mantiene como principal fuerza motriz la lógica reivindicativa, sin embargo, el desarrollo de las luchas parece estar marcado hacia esa dirección.

Esto constituye un cambio cualitativo en la lucha política nacional, que implica riesgos a la vez que abre fisuras en el sistema conservador del Estado oligárquico que busca mantenerse y reacomodarse. El cambio cualitativo consiste en que el Estado se convierte en un campo común de disputa. Es importante señalar como síntomas de este cambio de perspectiva, a) las acciones de organizaciones campesinas durante los primeros meses posteriores al 20 de abril que consistían en campamentos y ocupaciones “momentáneas” de tierra con lo que se buscaba “instalar el tema agrario” en la agenda del nuevo Gobierno, b) la organización de un Frente Social y Popular, que pretendía organizar las reivindicaciones sociales de los sectores populares para diseñar políticas públicas y proponer a personas idóneas para los puestos desde los que se debía ejecutarlas. Este frente hoy constituye una de las tres principales fuerzas de masas de alcance nacional, junto con el Frente Patriótico Popular y la Coordinadora por un País para la Mayoría, y c) las dos movilizaciones del Espacio Unitario de San Pedro[11] en torno a la implementación de políticas incluyentes en el área de la salud, primero, y luego, en el área de la comercialización de productos, enfrentándose con los poderes fácticos locales y la oligarquía nacional respectivamente (esto también merece otro artículo).

Pero así como existe un enfrentamiento con los grupos económicos y políticos dominantes por el Estado, desde las organizaciones que encabezan la lucha de las clases subalternas, también existe –por suerte cada vez más débil- la ilusión de la participación popular, que a diferencia de procesos como el Boliviano y Venezolano, aún no constituye, en el sistema político nacional, un mecanismo de mediación real a través del cual los sectores populares puedan apropiarse ideológica y materialmente del aparato Estatal. En cuanto al rol de las organizaciones sociales en el nuevo sistema político, se reconoce el avance cuantitativo en la participación de estos sectores pertenecientes a las clases subalternas en las decisiones políticas y que este es un espacio conquistado que debe y puede ser mantenido en el mediano plazo.

Sin embargo, esta participación popular, en términos cualitativos es, hasta ahora, una participación tutelada por la agenda posible establecida desde el Presidente y su entorno acomodado, lo que constituye al mismo tiempo una doble falacia que plantea riesgos en el futuro inmediato, a saber: a) que la participación de sectores organizados de las clases oprimidas en la toma de decisiones a nivel gubernamental cambiará el carácter oligárquico agroexportador latifundista del Estado en un sentido popular, lo que implica asumir el Estado como una institución vacía de significado cuyas funciones dependen del contenido que se le imprima y no un resultado histórico de la dominación de clases, y b) que al estar limitada por la lógica del Estado cuyas características no se han modificado con la derrota del Partido Colorado el 20 de abril, dicha participación no es tal, sino en realidad desmovilización o movilización administrada desde las cúpulas, y la aparente conquista de posiciones al nivel de las instituciones del Estado es en realidad un retroceso en las luchas históricas, al tratarse de una recuperación de las reivindicaciones por parte de una institución que mantiene su carácter reaccionario, un gobierno oligárquico con rostro popular.

En este sentido, la carencia de un proyecto con pretensiones (contra) hegemónicas, la comprensión y ejecución de la tarea política desde perspectivas parciales -en vez de ver el sistema como totalidad- permite arriesgar que la recomposición de la hegemonía a partir del cambio de signo partidario en el Gobierno, modificando así la correlación de fuerzas dentro del sistema político, constituirá un refuerzo para el modelo de Estado actual a la vez que un sedante para las graves tensiones sociales y económicas relacionadas con la llegada a un límite del modelo productivo basado en el latifundio y los agronegocios vinculados a las empresas transnacionales, y a la expansión brasilera sobre la región oriental.

Perspectivas

La consolidación de un bloque conservador en el actual gabinete del Presidente podría acentuar las contradicciones y generar mayor polarización al forzar a las organizaciones populares a replantear su plan de acción ante una coyuntura menos favorable de lo que se esperaba según los análisis optimistas –explícitos o tácitos- del período electoral.

El Gobierno ha dado en el primer año de administración del Estado, tres golpes muy duros al sector popular organizado: a) la represión a las acciones de los movimientos campesinos y la militarización momentánea de departamentos mejor organizados, b) la destitución de una funcionaria del Ministerio de Salud cediendo ante la presión de las mafias locales y sectores políticos de la ANR y el PLRA y en detrimento del apoyo que recibía de los sectores populares organizados, y c) el retroceso en la política de apoyo a pequeños productores de sésamo para la comercialización de sus productos en forma autónoma.

Por otro lado, la confrontación de modelos y la polarización de las posiciones han significado una acumulación para los sectores populares: a) el precio del sésamo pagado por los intermediarios aumentó a casi el doble de lo que pretendían pagar antes de las movilizaciones, b) el ministro de Agricultura y Ganadería fue destituido. Sin embargo, a) la resolución de los conflictos sigue siendo funcional al sistema de dominación, ya que no se rompen las cadenas de extracción de plusvalía en el sector rural y b) el nuevo ministro está vinculado a los agroexportadores.

Esto marca una ruta estratégica basada en la movilización de masas y orientada a la conducción del proceso político nacional hacia la conquista de posiciones en el Estado por los sectores populares, con miras a la implementación de políticas incluyentes que beneficien a las grandes mayorías, por encima de reivindicaciones sectoriales dispersas. La conducción político partidaria y la dirigencia social se encuentran ante este desafío. Si bien esta posición aún no es asumida abiertamente por la dirigencia social y política de izquierda, se encuentra latente en amplios sectores.

- José Carlos Lezcano es estudiante de Ciencia Política, Periodista y Consultor en Comunicación. Miembro de la Secretaría Nacional de Formación del Partido Popular Tekojoja.

[1]“… la crisis de una fase estatal es siempre crisis de un tipo de articulación global entre estado y sociedad y no sólo entre estado y clases dominantes […] la crisis es también crisis de las relaciones que los sectores populares habían establecido con el estado, desagregación de los vínculos relativamente estables que las clases dominantes habían establecido, por vía estatal, con los sectores populares.”, 148, Portantiero. OBs. es importante poner entre paréntesis su intento de racionalización del peronismo y utilizar sus categorías analíticas en la relación estado masas.

[2] Se debe tener en cuenta que los principales mecanismos de control social se encuentran en el Poder Ejecutivo, pues los municipios, a pesar de estar “más cerca” de las comunidades, carecen en general de recursos para construir, sin recurrir al Gobierno Central, un poder autónomo.

[3]Tal vez se pueda señalar un punto de inflexión el 29 de marzo de 2006, fecha de la movilización popular democrática que terminó instalando a un obispo como principal figura política nacional.

[4]“Este modelo político que se instaló en la fase post-golpe de Estado de 1989, ha sido eficiente para garantizar la legitimidad de las autoridades electas a través de un mecanismo electoral que facilita la expropiación de la voluntad colectiva bajo la forma de democracia representativa […] El modelo democrático representativo (democracia = proceso electoral) oculta un sistema de dominación en donde la voluntad colectiva está condicionada a relaciones sociales estructurales”, Lara

[5] Es temprano para evaluar si la crisis del sistema político, concluirá en un nuevo modelo hegemónico o en una recomposición de la antigua estructura, aunque la consolidación de sectores conservadores en el entorno presidencial, la dificultad para una unidad de acción hegemónica de los sectores populares y fuerte campaña de los grupos económicos a través de los medios empresariales de comunicación, plantean un escenario difícil.

[6] A efectos de este artículo: procedimiento coyuntural que lleva a las principales fuerzas sociales y políticas a crear un espacio común para definir líneas de acción conjunta, pero que no constituye en realidad una unidad política hacia la construcción de un proyecto hegemónico. Estas plataformas de agrupamiento y reagrupamiento tienen por lo general poco tiempo de duración, aunque son siempre los mismos referentes.

[7]“Acción hegemónica sería aquella constelación de prácticas políticas y culturales desplegada por una clase fundamental, a través de la cual logra articular bajo su dirección a otros grupos sociales mediante la construcción de una voluntad colectiva que, sacrificándolos parcialmente, traduce sus intereses corporativos en intereses universales”, Juan Carlos Portantiero. Los usos de Gramsci, Folios Ediciones, 1983. Pag. 151.

[8] Congreso Democrático del Pueblo, Plenaria Popular Permanente, Frente por la Soberanía y la Vida, etc. Se hace referencia a los esfuerzos de aglutinar a las principales fuerzas sociales, en un espacio de acción conjunta. Estas fuerzas sociales en algunos casos constituyen ya una alianza de distintos sectores, pero se caracterizan por tener una dirección política relativamente homogénea y permanente, como es el caso de la Coordinadora Por un País para la Mayoría o la Mesa Coordinadora de Organizaciones Campesinas (MCNOC) que integra a tres organizaciones sociales y un partido político.

[9]Según Portantiero, una lucha es hegemónica cuando se plantea el control de un campo común de disputa entre las clases dominantes y las clases subalternas; y es corporativa cuando no lo cuestiona. En el caso del Paraguay, la candidatura de Lugo abre el juego para una lucha hegemónica, porque replantea radicalmente la agenda de las clases subalternas y de las principales organizaciones que la dirigen.

[10]La candidatura del actual Presidente de la República fue apoyada por prácticamente todas las organizaciones campesinas, obreras, y de diversos sectores, salvo la organización campesina con mayor poder de convocatoria en forma autónoma, la Federación Nacional Campesina.

[11]Plataforma de coordinación de organizaciones de masas, principalmente campesinas que se desarrolla en San Pedro, integrada por dos de las tres grandes agrupaciones de organizaciones sociales, el Frente Social y Popular y Frente Patriótico Popular, y representantes de partidos tradicionales que simpatizan con los sectores populares, y partidos de izquierda. El Espacio Unitario logró recientemente una acción coordinada en los departamentos de Concepción, Canindeyu, Caaguazú, Alto Paraná.

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