El proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue aprobado por la Cámara de Diputados, luego de modificaciones realizadas en comisión y otras en la sesión. Aciertos, dudas, estrategias, repercusiones.

 

Tenemos sueño y trabajo atrasado. Después de varios días de leer, mirar, escuchar y participar del gran debate desatado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ayer, u hoy, a las 3:30 los diputados aprobaron el proyecto que tendrá su segundo round en el Senado próximamente.

 

Esta semana, después de las audiencias públicas pedidas por diputados opositores al gobierno, pero que no convencieron a los diputados opositores al gobierno porque no fueron “sus” audiencias sino las convocadas por los diputados del gobierno, el proyecto volvió a pasar por las reunión de las comisiones de Comunicaciones e Informática, Presupuesto y Hacienda y de Libertad de Expresión. En el medio de idas y vueltas, alborotos y mucha desprolijidad los presentes  pudieron constatar varios de los cambios realizados en base a algunas de las sugerencias de los expositores en las audiencias y diputados de distintos bloques.

 

Sin embargo, no todo se logró modificar. El proyecto avanzó en la definición de Emisoras comunitarias dentro del art. 4. Pero luego estas emisoras no son explicitadas como actores diferenciados dentro de ningún artículo de la ley - a excepción de su mención para recibir un porcentaje del gravamen que se recaude,  junto a emisoras de pueblos originarios y de frontera-.

 

Así los medios comunitarios, alternativos y populares, quedan diluidos en lo que la ley llama “prestadores de gestión privada sin fines de lucro”, equiparándolos en la práctica a entidades de la envergadura de la Fundación Ford, con mucho más poder económico y político. A estos prestadores se les reserva un 33 % del espectro. Sin embargo no se legisla sobre el 67 %  restante que en su mayoría será licenciado por el sector privado comercial.

 

Si bien hay un reconocimiento de la existencia de emisoras de baja potencia para adjudicarles directamente licencias, se las menciona como de “muy” baja potencia, adjudicándoles frecuencia con carácter “de excepción”, en sitios de “alta vulnerabilidad social”, y/o de “escasa densidad demográfica” y “siempre que exista espacio disponible en el espectro”.

 

La libertad de expresión y el derecho a la comunicación se garantizan no sólo evitando cualquier tipo de monopolio sino resguardando los derechos de todos los sectores, pero sobre todo de aquellos que día a día construimos una comunicación solidaria, participativa y plural.

 

Dos de las cuestiones más polémicas,  y que acapararon desde el principio los cuestionamientos de la oposición, fueron modificadas: la autoridad de aplicación y la posibilidad de que las telefónicas ingresen al mercado de los medios de comunicación.

 

En base a varias de las propuestas presentadas solicitando que el Poder Ejecutivo no tenga el control de la regulación sobre los medios, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, se crearía como un “organismo descentralizado y autárquico”.

 

Y finalmente, entre gritos desesperados de “opositores” ahora adictos a la “institucionalidad” y múltiples críticas serias y constructivas, la composición de esta Autoridad será de siete miembros “nombrados por el Poder Ejecutivo Nacional”. Y el directorio estará conformado por dos miembros designados por el Ejecutivo, tres por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual (uno por la primer minoría, uno por la segunda y otro por la tercer minoría) y dos directores a propuesta del Consejo Federal, uno de los cuales deberá ser “un académico representante de las facultades o carreras de ciencias de la información, ciencias de la comunicación o periodismo de universidades nacionales”.

 

En el mismo camino, se eliminó la excepción por la que en el proyecto original se permitía a las “prestadora de servicios de telecomunicaciones” a acceder a licencias, bajo la condición de que cumplan con requisitos con los que ya deberían cumplir por la ley de Telecomunicaciones.

 

 

Vale la pena traer una frase remanida para muchos, pero a flor de piel en este contexto “el discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse” (Michel Foucault, El orden del discurso).

 

Las posiciones respecto al debate dividió las aguas, desde un principio, entre las posturas obsecuentes hacia del borrador inicial y la negativa absoluta hacia todo el texto de la ley. A pesar de ello, los espacios donde se pudieron plantear disidencias –foros y audiencias públicas- revelaron que ninguna de las posturas era la correcta. Las dicotomías: ley de la dictadura versus ley de la democracia y Gobierno versus Clarín, mostraron un dualidad falsa, tramposa y limitante para el debate. Así diversos sectores, dentro del cual se encontró la Red Nacional de Medios Alternativos, contribuyeron a mostrar las deficiencias del proyecto y aportaron para avanzar en ciertas mejoras al mismo.

 

Además los debates parlamentarios mostraron cómo los intereses de parte de la oposición (UCR, Coalición Cívica, peronismo disidente y PRO) y el de los grupos económicos que están detrás de los multimedios son, en realidad, los mismos.

 

Ley de “control de medios”, ley “k”, ley “mordaza”, ley que cercena o limita la libertad de expresión, fueron los términos que los unieron en su causa común. Lo que defienden en realidad es la libertad de empresa -del capital privado en este rentable negocio- y no la libertad de prensa.

 

La mayoría de los que desde hace muchos años pedimos una nueva ley de Radiodifusión, estamos expectantes en estos momentos. Participando, desde donde se puede, con diferentes posiciones y con variadas estrategias. No conocemos aún el texto que incluye las modificaciones realizadas en diputados anoche. Pero incluso sin esos cambios, muchos creemos que este es un proyecto que puede mejorarse y de ahí en adelante las estrategias cambian.

 

“No compartimos la postura de aquellos que critican la ley para frenarla” sostuvo Pino Solanas. Desde otro lugar, la Unión de Músicos Independientes (U.M.I) festeja los logros que desde su participación se consiguieron: un mínimo del 30 % de la música emitida deberá ser de origen nacional, y de ese porcentaje, la mitad (50 %) tiene que ser de música producida de forma independiente (donde el autor y/o interprete ejerza los derechos de comercialización de sus propios fonogramas) y se logró instalar "sobre tablas", en el debate de cada artículo en particular, la necesidad de que exista un fondo de fomento para la música.

 

Diego Boris, de la U.M.I, resalta que “Ambos hechos constituyen una prueba clara (aunque todavía falta la aprobación del Senado) de que la realidad no es inmodificable y que, si bien una ley no transforma automáticamente una situación dada, sí mejora el punto de equilibrio en el que se desarrolla esa realidad”.

 

Diputados anunciaron que el próximo lunes enviarían el texto al Senado, que incluirá las modificaciones realizadas en el recinto ayer a la madrugada. Espectativas, estrategias y la certeza de que la indignada “oposición” seguirá sacando espadas y garrotes por su libertad… de empresa.

 

Red Eco Alternativo