El proyecto de democratización de la sociedad colombiana que emergió con la Constitución del 91, varios procesos de paz y cierta disposición al consenso social al inicio de esa década, pronto se limitó y durante los últimos años se ha deteriorado de manera alarmante. En la actualidad son marcadas las falencias en los soportes institucionales y en los partidos políticos que debían soportar la posibilidad de un proyecto democrático, de forma que durante los últimos años se impone una forma autoritaria de gobierno que pretende perpetuarse, en medio de la crisis, ilegitimidad y posible desaparición de varios partidos de la coalición de gobierno y la incapacidad en tal circunstancia de la izquierda democrática de forjar una alternativa política y de gobierno viable. En contraste, persisten y surgen fuertes dinámicas desde los movimientos sociales de protesta y desde la exigencia de derechos y garantías ciudadanas, las cuales revisten niveles de politización importante y en tal sentido se constituyen en acicate frente a la posibilidad del proyecto democrático de sociedad y Estado.

Los sucesivos mandatos del presidente Uribe y su pretensión actual de conseguir una nueva reelección, otra vez mediante actuaciones fraudulentas y francamente criminales, han conllevado el debilitamiento de la independencia de las ramas del poder público, la imposición de una forma de gobierno autoritario, el militarismo, la guerra, la intolerancia y la profundización de la crisis social. De manera dramática sobrevino una profunda crisis en los partidos políticos puesto que la mayoría y con ellos la totalidad de los que integran la coalición de gobierno resultaron con buena parte de sus dirigentes, congresistas y funcionarios ubicados en altas posiciones de gobierno y del Estado comprometidos en alianzas con el paramilitarismo y el narcotráfico. Esta situación que afecta de manera directa importantes instancias del Estado y del Gobierno conlleva, sin lugar a duda, a una situación de mayor grado de descomposición y de deslegitimación del ejercicio de la política. Precisamente, el viejo clientelismo y la corrupción, en buen grado y en muchas regiones se asociaron a formas de actuación y a sectores relacionados con la violencia generalizada y la ilegalidad, de manera que coparon de forma significativa el ejercicio de la política e instancias de gobierno y del Estado a distinto nivel.

Entre tanto, desde la oposición el Polo Democrático Alternativo que resume la unificación de las distintas vertientes políticas y sociales de la izquierda si bien consigue en medio de esta grave situación una valiosa actuación de control político en el Congreso y tiene el mérito de ser ajeno a esa situación de descomposición moral y compromiso criminal, sin embargo no consigue posicionarse con amplitud en el contexto nacional como una alternativa política viable ante el peso de posiciones sectarias y la incapacidad de ofrecer respuestas e iniciativas políticas que consigan un amplio respaldo ciudadano. Por su parte, el Partido Liberal aunque cuenta con reservas políticas y sociales valiosas y dirigentes de talla, se debate entre las alas de izquierda, centro y derecha, de forma que sectores suyos tienen nexos con el gobierno, no es ajeno a expresiones de la grave situación referida y tampoco articula una alternativa política creíble.

Desde los movimientos sociales, en el ámbito popular y en un amplio espectro ciudadano, en contraste, encontramos ante todo experiencias y acumulados políticos, sociales, poblacionales, comunitarios y ciudadanos que nutren posibilidades de democratización, exigibilidad de derechos, dinámicas de paz, construcción de consensos y dinámicas incidentes en determinados procesos locales, regionales y nacionales. Baste recordar el papel decisivo que tuvieron los estudiantes en la definición de una acción plebiscitaria de hecho en 1990 que hizo posible la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Las reiteradas y crecientes dinámicas de empoderamiento, gobierno propio, autonomía, lucha por la tierra y defensa de las culturas de los pueblos indígenas. La irrupción del movimiento de mujeres con múltiples referentes y valiosas expresiones y propuestas producidas durante la última década. El movimiento ciudadano por la paz que desde el inicio de los años noventa y especialmente en la segunda parte de esa década consiguió logros palpables frente a los actores del conflicto armado, para forzar las posibilidades de los diálogos de paz y posicionar exigencias humanitarias y de acuerdos humanitarios. La resistencia social, poblacional y comunitaria contra la guerra y sus efectos y en demanda de espacios de respeto humanitario surgida desde las comunidades de paz, las comunidades en resistencia, las zonas humanitarias y los municipios que declaran Constituyentes Municipales de Paz en zonas de alto impacto de la guerra interna. El surgimiento del movimiento de comunidades afro-descendientes, a la vez muy ligado a las anteriores expresiones en varias regiones. La aparición del movimiento de los LGTB y su movilización y exigencia de condiciones de dignidad, respeto, tolerancia y ejercicio de derechos frente a la discriminación. El surgimiento de un contundente y altamente simbólico movimiento de las víctimas de crímenes de Estado, de los paramilitares y de las insurgencias, con exigencias que han ayudado a posicionar con fuerza las demandas de verdad, justicia y reparación. Y la persistencia de movimientos sindicales, campesinos y comunitarios a distinto nivel con agendas propias y alternativas en lo social y que se interrelacionan y nutren de los anteriores movimientos.

Desde los años 80 nuestro querido maestro y amigo Orlando Fals Borda percibió la fuerza y el significado de tales dinámicas. Él, junto con otras voces, advirtieron sobre la importancia que cobraban las agendas sociales desde los espacios locales y regionales; la lucha concreta por los derechos, los servicios y las posibilidades del desarrollo social; el surgimiento con nuevos movimientos sociales en muchas regiones del país de alternativas que desplazaban progresivamente las redes clientelares de los partidos políticos tradicionales y cuestionaban la forma de control y cooptación por ellos del poder público a todo nivel. Dejaron en claro que los partidos no eran las únicas formas de organización para la acción política y que se los movimientos sociales y los movimientos políticos regionales aportaron a la conformación de nuevas alternativas políticas. Denominador común en ellos que se proyectó en los años 90 fue la afirmación civilista, la ruptura con la violencia y su contribución y participación en la reconformación de los proyectos de la izquierda democrática, en particular la AD M-19 a inicio de esa década y al PDI y al PDA en la última década y en el presente.

La agenda asumida por las organizaciones sociales, redes y plataformas de derechos humanos y de paz en el ámbito internacional, para poner de presente otro ejemplo de particular incidencia durante las dos últimas décadas, se corresponde con el objetivo de promover la cooperación internacional en beneficio de los propósitos referidos de la solución negociada del conflicto armado, la construcción democrática de la paz, el rechazo a la guerra como opción y de la violencia como forma de acción política y de tratamiento de las dinámicas sociales, la defensa del Estado Social de Derecho, el rechazo a la impunidad y la exigencia de derechos, garantías y seguridad para todos los sectores de la población y para todas las personas. Sin duda, los movimientos sociales y las dinámicas políticas asociadas, han conseguido un nivel de incidencia en el ámbito internacional y en el debate en los organismos intergubernamentales de especial importancia e impacto. Desde allí, se logran confrontar también políticas globales del neoliberalismo, la guerra y el autoritarismo y se amplía una dinámica de convergencia en términos de construcción de democracia, ciudadanía global, hermanamiento y solidaridad.

Lejos de percibir acertadamente la aportación de las dinámicas de éstos procesos sociales, comunitarios, poblacionales y ciudadanos, inscritos en un proyecto político democrático, aún persisten actitudes instrumentales o de utilización o de homogenización y subordinación. Desde ellos se enseñan lecciones de construcción colectiva, de suma de saberes, de dirección compartida, de liderazgos cambiantes y renovados. Los inspiran no simples presupuestos de participación sino de empoderamiento y de ejercicio de soberanía. Pueden nutrir una perspectiva tanto de pluralismo y amplia alianza como de compromiso con las aspiraciones de democracia radical. Se asimilan por su experiencia a las formas de la interlocución, diálogo y compromisos en las agendas, coordinación flexible, conformación de redes y fomento a la iniciativa desde todos los nodos, localidades y articulaciones posibles. En consecuencia, conllevan una necesaria revisión de las concepciones y los métodos de dirección vertical y autoritaria así como de clasistas sectarias. Conciben de forma distinta el poder y la política; de manera más flexible, diversa, creativa y con mayores posibilidades éticas y fácticas de consolidar pilares de una cultura política democrática.

Los ideales igualitarios, de disfrute integral de derechos y de bienestar social colectivo que supere la inequidad se apoya en sentidas necesidades de la población, a la vez que se inspira en diversas corrientes críticas y en los nuevos paradigmas asumidos desde los movimientos sociales y políticos. Dentro de ellos queremos destacar la democracia como principio esencial frente al proyecto de Estado, de gobierno y de sociedad. Pero también como principio coherente con la propia práctica política, partidaria, social y del ámbito de la vida pública y privada. Rompe las concepciones y regímenes basados en la subordinación, la explotación, el autoritarismo y la sujeción patriarcal. Se asocia al proyecto de liberación de los sectores subordinados, a la soberanía y autonomía como nación, a la equidad social y a una nueva concepción del desarrollo sostenible y sustentable. Se opone a las estructuras políticas y sociales burocráticas y autoritarias al reivindicar un tratamiento democrático, de pares, horizontal, de reconocimiento como sujetos iguales y diferenciados en el modo de convivir y de vivir en distintos ámbitos de las relaciones sociales. (Sartori).

En lo que constituye ahora un asunto muy actual y práctico el proyecto democrático, desde lo social y lo político, se asocia a los conceptos de renovación, alternación, posibilidad de la revocatoria del mandato, rendición de cuentas y estímulo a las formas de control y veeduría desde la sociedad. Al decir de Bobbio, la democracia se concibe como sistema de gobierno, reglas de juego convenidas y toma de decisiones colectivas. La democracia es afín a la dirección colectiva, a la habilitación efectiva de la expresión auténtica y autónoma de la diferencia en un marco de garantías y posibilidades de realización. Es oposición a la concentración del poder y a la élite que captura y privatiza el poder público.

El concepto secular de la autoridad no reconoce jefaturas ni mandatarios ni directorios exclusivos ni perennes, ni inamovibles; tampoco como portadores absolutos de la verdad ni exclusivos en la toma de decisiones. Por el contrario, la democracia se asocia al pluralismo, a la diversidad, a las garantías efectivas para la oposición política y el pluripartidismo. Al respeto, a la divergencia, la disidencia y la alteridad del otro (Lechner). Se relaciona también con el ejercicio efectivo de la integralidad de los derechos individuales y colectivos y con la construcción de ciudadanía. En las últimas décadas aboga por el derecho a la diferencia, la no discriminación y el reconocimiento de discriminaciones positivas a favor de los sectores históricamente excluidos como las comunidades étnicas, mujeres, LGBT y otros, para recuperar las posibilidades efectivas de promoción de sus derechos.

En crítica a la modernidad desde el postmodernismo se aboga por la revolución democrática, con elementos como la superación del racionalismo objetivista, del determinismo de los metarrelatos y el reconocimiento de la complejidad, la diferencia y el ámbito subjetivo. La sociedad no puede ser entendida como un conjunto cerrado ni totalizado. El ser humano y su destino no pueden ser ajenos al entendimiento con las demás especies vivientes y la naturaleza. La aceptación de los conflictos implica su transformación o superación no violenta. Frente a las utopías afectadas por el determinismo y circunstancias contextuales históricamente distintas en diversos aspectos, se plantea una reconstrucción del sujeto y del objeto de la representación política, la emergencia de un nuevo sujeto como resultado del proceso de su autoconstitución (Laclau) y la construcción de nuevos y diversos referentes.

La democracia radical aporta, a partir de beber de fuentes liberales y socialistas, y conlleva a profundizar la democracia superando el formalismo, para incidir en todos los ámbitos políticos, sociales y culturales; reivindica posibilidades importantes como la desobediencia civil (Thoreau) y de manifestaciones como la insumisión y objeciones como la de conciencia y la fiscal, ejercidas precisamente por medios civilistas, pacíficos y legítimos, en oposición a las leyes injustas y a las autoridades arbitrarias. Este es el contexto y el señalamiento de presupuesto sobre los cuales corresponde valorar las posibilidades del desarrollo de la dinámica de los movimientos sociales y de las posibilidades renovadoras y de real alternativa política, social y cultural desde la izquierda democrática y sus proyectos.

El PDA se ha propuesto forjar un partido moderno, amplio, de adhesión masiva de ciudadanas y ciudadanos, coherente en definiciones y claro en las reglas de juego. Pero requiere de capacidad para lograr una identidad que aglutine una variedad de tendencias y posiciones, puesto que se trata de una izquierda plural y con actitud abierta ante la aportación proporcionada por las dinámicas sociales y políticas. El nuevo signo del ascenso de la izquierda en la presente década responde a su sintonía con las demandas sociales, la consecuencia con la renovación política, la defensa de la Constitución del 91 ante los intentos de contrarreforma y la reafirmación de los propósitos de la paz, la solución política del conflicto armado, los derechos humanos, la no discriminación y la reconciliación, a partir de una actuación claramente civilista y en expreso rechazo al empleo de la violencia y de la guerra.

Álvaro Villarraga Sarmiento es Presidente de la Fundación Cultura Democrática

Este artículo es una publicación de la Corporación Viva la Ciudadanía

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Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas N° 155