Un día después de la muerte de Franco, el 21 de noviembre de 1975, el Rey de España recibía un telegrama: “En ocasión de su coronación solicitamos a Su Majestad proclame amnistía general para los presos políticos en España”. Llegado desde el Reino Unido, Amnistía Internacional tuvo que esperar hasta 1978 para convertirse en un movimiento legal en España. Un año antes, la organización había recibido el Premio Nobel de la Paz, y ese mismo año el Premio de Naciones Unidas.

Cuando esta organización solicitó el año pasado que las mujeres puedan acceder a servicios de salud oficiales cuando sean violadas o surjan complicaciones derivadas del embarazo, el Consejo de Justicia y Paz del Vaticano pidió a los católicos “no más financiación para Amnistía Internacional después de su giro proabortista”. En agosto de 2006, el grupo armado Hezbolá declaró que “Amnistía, al criticar las acciones de Hezbolá junto con las de Israel, ha tratado de equiparar al verdugo con la víctima”, cuando denunciábamos los ataques a la población civil en Israel.

Que Amnistía Internacional haya recibido críticas de Gobiernos e instituciones de todo pelaje es sano, porque revela que es incómoda y relevante en las sociedades en las que opera. Hoy, más, más de 50.000 personas sostienen a la organización en España, junto a más de un millón de personas que se movilizan anualmente a través de Internet.

Ha avanzado la justicia universal; cuando en 1998 un policía británico detuvo en Londres a Pinochet por orden de un juez español por las violaciones de derechos humanos cometidas en Chile, todo el mundo comprendió que el mundo era ya una aldea global donde los criminales y los dictadores tienen más difícil esconderse.

Dos ejemplos más de la evolución de los derechos humanos en España en estos 30 años: entonces se encarcelaba por objetar al servicio militar; hoy soldados profesionales forman las Fuerzas Armadas españolas. A mediados de los noventa, Amnistía Internacional, junto a Greenpeace e Intermón Oxfam, denunciaba el secretismo de las exportaciones de armamento desde nuestro país: el año pasado se aprobaba una Ley de Comercio de Armas que lo hará mas transparente y debería evitar que las armas acaben en manos de Gobiernos que las utilizan contra sus ciudadanos.

La experiencia demuestra que todo es posible con la suma de miles de acciones individuales y con la movilización de las personas. Si Amina Lawal y Safiya Husseini no fueron lapidadas hasta la muerte en Nigeria hace unos años fue porque Amnistía Internacional en España supo canalizar la indignación de nueve millones de personas. Si se ha conseguido un compromiso en la Asamblea General de Naciones Unidas para crear un Tratado Internacional que regule el comercio de armas fue porque un millón de personas presionaron a los Gobiernos del mundo.

Pero también hay logros en riesgo, como la prohibición absoluta de la tortura. En 1984 entraba en vigor la Convención Contra la Tortura de la ONU que la prohibía sin matices. Después de los atentados del 11-S, Gobiernos democráticos como el de Estados Unidos la han legalizado en la práctica al aprobar al más alto nivel “la bañera” y otros métodos brutales, y al dictar la Ley de Comisiones Militares, que, en determinadas circunstancias, acepta las declaraciones obtenidas bajo tortura como prueba ante un tribunal de justicia.

Combatir el racismo y la xenofobia son retos de muchos países democráticos, donde los controles fronterizos se cobran miles de vidas cada año. La lucha contra la violencia de género son también retos que trascienden nuestras fronteras.

Pero si hay un reto universal al que debemos enfrentarnos en los próximos años es el de la pobreza como violación de derechos humanos. A pesar de todas las promesas, en estos últimos 30 años, los pobres son mucho más numerosos, especialmente en África. Millones de personas no tienen acceso ni a la salud ni a la educación; son víctimas de desalojos forzosos y son condenados al hacinamiento, a la miseria y a la muerte. Debemos conseguir que las víctimas del “crimen de pobreza” puedan reclamar, como las víctimas de la tortura, en los tribunales de justicia, y que los “perpetradores de la pobreza” comparezcan en el banquillo de los acusados. Hace 30 años liberábamos presos de conciencia; hoy hay que liberar también a los “presos de la pobreza”.

Esteban Beltrán
Director de Amnistía Internacional

Fuente: Centro de Colaboraciones Solidarias  (CCS), España.

ccs@solidarios.org.es

www.solidarios.org.es