El gobierno nacional anunció dos paquetes de medidas con objetivos compartibles. El primero -lo anunció el Presidente de la República en una entrevista con el PIT-CNT- influirá en el aumento de los ingresos de los trabajadores. El otro -lo planteó el ministro de Economía en una reunión con empresarios- apunta a controlar, simultáneamente, el aumento de la inflación y la caída del tipo de cambio.

Las medidas del primer paquete están bien orientadas pero aún son insuficientes, las segundas, en cambio, parten de una identificación equivocada de las causas de la inflación y atentan contra el desarrollo del país productivo.

UNO. El gobierno informó que aumentaría el salario mínimo nacional, corregiría el IRPF -incrementaría el mínimo no imponible del IRPF, permitiría aportar por núcleo familiar, incorporaría deducciones por hijos- y no aplicaría topes máximos a los aumentos salariales que se dispongan en el ámbito de los Consejos de Salarios. Las dos primeras medidas significan un aumento del salario nominal que se efectuará en forma inmediata a la implementación de esas disposiciones; la segunda crea mejores condiciones en las negociaciones entre trabajadores y empresarios.

El problema está en determinar los criterios para definir el nivel de los aumentos y, también, las reglas para que se ajusten automáticamente y no dependa de la mala o buena voluntad del gobierno. El salario mínimo nacional líquido debería ser, al menos, igual a la línea de pobreza para una persona ($ 5.292), dado que un trabajador debe tener ingresos suficientes para reproducir su vida y, por tanto, su capacidad de trabajo.

El mínimo no imponible del IRPF debería estar asociado también a una variable objetiva como la canasta básica de una familia, aclarando, desde ya, que la cifra que usualmente se utiliza mide lo que consume una familia promedio. Este mínimo no imponible debería aproximarse, según proponen los trabajadores, a la mitad de una canasta familiar (aproximadamente tres veces el monto de la línea de pobreza).

La regla para determinar el aumento del salario mínimo y el mínimo no imponible podría basarse en la variación de los indicadores señalados, con plazos y cláusulas gatillo tales que garanticen el mantenimiento del valor de los ingresos y la satisfacción de las necesidades básicas.

En esa reunión se analizaron varios temas más, quedando marcada la diferencia sobre la distribución del 4,5% del PBI que será destinado a la Enseñanza Pública: el PIT-CNT sostiene que solamente se incluya a la Universidad y la ANEP y el gobierno les asigna sólo el 90%.

DOS. Las medidas que adoptará el equipo económico apuntan a dos variables económicas fundamentales: el tipo de cambio y la inflación.

Se elevan los encajes bancarios sobre los depósitos como forma de contraer la cantidad de dinero circulante (reduciría la cantidad de pesos que podría utilizarse para comprar dólares y, también, cualquier otro bien o servicio) y se autoriza en forma transitoria el pago en dólares de obligaciones a la DGI y al BPS (reduce la cantidad de dólares que podrían venderse en el mercado cambiario), con el mismo fin se permitiría que las Letras en Unidades Indexadas puedan ser integradas con dólares. Los efectos de estas medidas sobre el tipo de cambio son contradictorios: habrá menos dólares a la venta y menos pesos para comprarlos.

Se anunció, también, que se están instrumentando mecanismos para facilitar la importación de frutas y verduras lo que incidirá en la reducción de los precios de los alimentos.

Estas medidas no lograrán el objetivo antiinflacionario buscado, pues parten de un supuesto erróneo: la inflación está determinada, básicamente, por el monto de dinero circulante como en una economía cerrada. Lo cual no es cierto ya que en una economía pequeña (somos tomadores de precios) y abierta (no existen fronteras económicas) el precio de los bienes intercambiables con el exterior (transables) serán fijados por el mercado externo en forma independiente de la masa monetaria circulante en el país. Ningún productor va a vender voluntariamente en el mercado interno a precios menores de los que obtendría en el mercado internacional.

El alza sostenida en los precios de las materias primas que Uruguay exporta se refleja con toda claridad en el índice de precios al productor de productos nacionales que alcanzó en los últimos 12 meses un crecimiento de 17%, que se explica por un incremento del valor de los productos agropecuarios de 28% en tanto las industrias manufactureras alcanzaron el 13%, explicado fundamentalmente por el crecimiento de los derivados del petróleo 21% y de productos alimenticios 18% ya que los demás crecieron a tasas mucho más bajas.

TRES. Si se acepta que somos "importadores de inflación", parece obvio que para atacar ese problema debería apuntarse a la creación de fronteras económicas que nos permitan administrar los desequilibrios de la economía mundial.

Si bien los acuerdos internacionales limitan la posibilidad de subsidiar las exportaciones, no impiden la aplicación de detracciones, las que pueden funcionar tanto para disminuir la inflación que viene del mercado internacional como para mejorar las condiciones de competitividad de la industria.

La actual crisis económica mundial ha profundizado un proceso de cambio de los precios relativos entre los bienes primarios y los manufacturados. El aumento del consumo de alimentos en China e India y la creciente demanda para la fabricación de bio-combustibles enfrentan una oferta insuficiente. Los productos manufacturados son afectados por la recesión en Estados Unidos, que se expresa como crisis financiera, pero se explica por una crisis de sobreproducción que intentó frenarse, entre otros formas, otorgando créditos sin garantías para aumentar su demanda.

Como los beneficios que surgen del alto precio de los "comoditties" son una ganancia extraordinaria que no es fruto del esfuerzo de producción o comercialización, surge el tema de quién se apropia de ese excedente -el productor o el Estado- y con qué fin se utiliza.

Las detracciones -combinadas con compensaciones aplicadas sobre ciertos insumos y productos esenciales- son un mecanismo para evitar alzas en los precios, especialmente de los alimentos que consumen los sectores de menores recursos: arroz, harinas, grasas y huesos con carne (no frutas y verduras como cree el ministro). A la vez, tiene un papel central en la mejora de la competitividad de la industria nacional tanto en el mercado internacional como en el mercado interno. Actualmente, nuestro país demuestra que si no existen esas medidas el efecto inflacionario de los precios internacionales se traslada en forma directa al mercado interno.

CUATRO. Es inentendible que el gobierno se niegue sistemáticamente a gravar como corresponde al capital, no solo porque se incumple el programa histórico sino porque además se amputa una fuente de financiación del desarrollo nacional. Cuando, prácticamente, se exoneró al capital del IRPF (sólo aportan la décima parte de lo que se recauda) se fundamentó que eso se hacía para evitar que el capital "móvil" abandonara el país y para atraer inversiones.

Acaso el capital asociado a la explotación de un bien escaso como la tierra puede considerarse "móvil", acaso alguien piensa que no habrá inversiones en el sector agropecuario con el altísimo nivel de beneficios extraordinarios que genera el exceso de demanda.

Una sustancial mejora en la distribución del ingreso exige profundizar las medidas tendientes a la recuperación y aumento del salario real, conjuntamente con la implantación de detracciones que permiten redistribuir los beneficios extraordinarios que obtiene el sector agropecuario.

Antonio Elías
Docente universitario, sindicalista, miembro de la Red de Economistas de Izquierda (REDIU)