Resumen

Desde fines del siglo pasado, en Colombia, la violencia se ha venido incrementando con el robustecimiento de los grupos armados que hacen presencia en diferentes áreas de la geografía nacional en donde el principal objetivo del conflicto es la sociedad civil. El gobierno ha previsto alternativas para la seguridad y dar fin a lo anterior; una de ellas es la aceptación por medio del diálogo de la desmovilización y posterior reinserción de las personas que hacen parte de esas fuerzas guerreras por medio de acciones que el Estado va acoplando con la ayuda de la Ley de Justicia y Paz.

Palabras claves: conflicto, autodefensas, desmovilizados, reinsertados, derechos humanos.

Introducción.

El conflicto en Colombia entró en un momento crucial en la medida en que atendiendo a las políticas del gobierno, (decreto 128 del 2002), una parte de las autodefensas se acogió a ellas y otros, aunque pocos, porque simplemente desertaron de las filas de la insurgencia, también empiezan a hacer parte de una nueva etapa, son los llamados reinsertados y desmovilizados quienes la inician dando cuenta de lo que podría ser llamada como la del tiempo del posconflicto. Es tal la magnitud y complejidad de esta desmovilización que parece no tener precedentes en la historia del país. (El Tiempo. 28-3-2005). A 31 de diciembre del año 2005 se calcula que se hayan desmovilizado cerca de 15.000 miembros de las AUC, solamente.

La necesidad de una política era imperiosa al punto que ya Amnistía Internacional que presentó un panorama sombrío de la realidad nacional en el que “todas las partes implicadas en el conflicto armado- las fuerzas de seguridad, los paramilitares y los grupos armados de oposición- eligieron a los civiles como blanco de sus ataques”, mostraba la urgencia de ella, incluso señala cómo a mediados del 2004 ya habían sido asesinadas 1.400 civiles, 1250 personas secuestradas y 287.000 desplazadas por la violencia, debía ser una urgencia de atención del Estado..

La Defensoría del Pueblo revela en un informe sobre la suerte que han corrido hasta el momento los combatientes que iniciaron su reincorporación hace más de 18 meses y se manifiesta que durante el primer semestre del 2005 disminuyeron las infracciones al Derecho Internacional Humanitario en las zonas de su influencia, por parte de los ocho bloques que se desmovilizaron.

El programa que acoge a estos ex­-actores de la guerra es el de Reinserción, que a través de un proceso, busca volver a colocarlos en su lugar de origen, devolverlos a sus familias, dándoles una ayuda mensual de $358.000 pesos. Reincorporación es la categoría que ha utilizado el Estado para señalar dentro de las políticas de Seguridad Democrática, programas de acción hacia aquellas(os) que han optado por huir, salirse, -para acogerse a un orden legal- de las filas básicamente de la insurgencia armada, llámense AUC, FARC, ELN u otras organizaciones sediciosas y que entren de nuevo a formar parte de la estructura social. El Programa de reincorporación que es el proceso que lleva a la incorporación a la vida civil, ha puesto cinco centros de referencia que realiza el seguimiento y la evaluación junto con la asesoría en jurídica, salud, atención psicosocial, humanitaria y de producción

La desmovilización es la otra actividad programática del Estado que principalmente está fundamentada en acuerdos entre el gobierno y los paramilitares que buscan dejar sus armas. Hoy, el principal centro de discusión de las políticas es Santafé del Ralito. (Córdoba) a donde han concurrido los principales jefes paramilitares a discutir con el Alto Comisionado de Paz, los mejores mecanismos formales para ellos y para la nación sobre su desmovilización

Pero en el fondo lo que uno alcanza a percibir entre los ciudadanos comunes y corrientes es que un Estado constitucional de derecho como el nuestro, debe contemplar seriamente instrumentos para limitar de inmediato el impacto social de la “inseguridad” que es percibida en el imaginario colectivo como una respuesta emocional de nerviosismo y ansiedad al delito o símbolos que la persona asocia con el delito.

La inseguridad se presenta por esa pérdida de opciones disponibles para incidir en su propio destino de manera segura y libre, la inseguridad debería entenderse entonces, como una construcción permanente y dinámica de la vida diaria y que resulta de ordinario amenazada por la delincuencia.

De lo anterior se desprende que hay que institucionalizar el manejo de la inseguridad con políticas públicas de convivencia y seguridad ciudadana.

Los desmovilizados

Desde agosto del 2002, el Ministerio de Defensa ha recibido 6.769 desmovilizados individuales y la negociación con las AUC ha aportado otros 5.000. Sin contar 554 que el Comité Operacional para la Dejación de Armas (Coda) rechazó en el 2003 y el 2004 y otros 1.200 que venían en procesos de paz de los años 90, con los que el Ministerio de Interior cerró cuentas en enero pasado. En trance de pasar de la guerra a la vida civil hay 12.000 mil hombres, mujeres y niños. (El Tiempo. 28-3-2005)

Pero en ese proceso de reintegrarse a la sociedad, las personas se suponen tienen que acogerse a unos deberes y a unas obligaciones para alcanzar sus derechos en donde el perdón sea el resultado de unos caminos recorridos previa clarificación de las acciones del pasado y en donde la justicia prevalezca y la reparación sea un condicionante de un no olvido y un nunca volver a suceder.

El proceso de desmovilización de cinco bloques de las A.U.C.: Bananeros, del Sur del Magdalena, de Cundinamarca , Catatumbo y Calima,- por mencionar sólo algunos hoy, han iniciado su reincorporación a la vida civil y para ello se los ha ubicado en concentraciones con vigencias definidas, tal como lo ha hecho el Bloque Calima en la finca “El Jardín” ubicada en el corregimiento de Galicia, municipio de Bugalagrande, en el departamento del Valle del Cauca, supuestamente hasta enero del 2005, ya carnetizados, los beneficios se ven llegar, incluyendo el pago de la ayuda humanitaria.

Durante el año 2004 los desmovilizados fueron 2.624 entre hombres y mujeres, aunque el 98% de los desmovilizados eran hombres y de ellos el 72% es menor de 30 años, sobresaliendo una escasa capacitación y un índice de analfabetismo alto pues sólo el 50% han cursado la primaria completa.

No obstante, hay serias preocupaciones en algunos sectores que creen y dicen que las conversaciones gobierno y paramilitares no están llevando a la desmovilización, sino que han quedando solamente en la desmovilización de sus estructuras militares, dejando intactas sus estructuras criminales y mafiosas. Se está dejando a la aplicación de la Ley de Justicia y Paz las condiciones y exigencias en términos de verdad, justicia y reparación, la severidad de la aplicación de una justicia plena.

Ya hay informaciones de las autoridades con respecto a que bloques de paramilitares reinsertados y desmovilizados están conformando grupos de autodefensa urbanos que llevan nombres como Rondas Campesinas y autodefensas campesinas que tratan de mantener el control armada en las regiones donde entran a operar: Valle, Cauca, Nariño y Putumayo y también ganar beneficios ante el Gobierno en su proceso de paz.

Las investigaciones asocian estos grupos con bandas de narcotraficantes como las de los Rastrojos” y “Los machos” que han iniciado su control de tierras y puertos en el Pacífico para el procesamiento y embarque de droga.
En síntesis podríamos decir que el país aún no comprende el desafío que significa reintegrar a la vida civil 43 ex paramilitares y guerrilleros desmovilizados que parecen ser son los que hay desde 2002 al 2006.


Los Desmovilizados en la ciudad.

Ya se hacen visibles los desmovilizados en las ciudades desempeñando una serie de actividades en busca de subsistencia pero también cometiendo actos no propios al programa que los ha acogido, cuando efectúan enfrentamientos con la policía y atentan contra el orden público en algunas zonas residenciales. Los albergues parecen reducirlos a un confinamiento no propio para su situación en cuanto que los limita y encierra y los conduce a ejercer una libertad descontrolada en momentos en que cansados, salen y empiezan a consumir licor y en algunos casos, estupefacientes, alterándoseles sus personalidades y en el mejor de los casos a cometer excesos, es que los problemas de convivencia caotizan sus incipientes relaciones sociales. De unos 100 desmovilizados, 77 llegan a la ciudad y en especial, a Bogotá.

Son cerca de 5.000 los paramilitares que se han desmovilizados de los acuerdos de Santafé de Ralito (Córdoda) y que se han acomodado por ejemplo en Bogotá en 77 (87?) albergues ubicados en 15 de las 20 localidades. En Teusaquillo funcionan 17 casas que atienden 750 personas (481 desmovilizados y 269 personas del núcleo familiar), en Bogotá quedan aproximadamente 31 albergues. La meta es que a diciembre queden sólo 10 albergues de Mindefensa que ubicarán a las personas entre el momento de entregar las armas y cuando se certifican como desmovilizados de grupos armados.

En el Valle del Cauca, la ola de muertes de desmovilizados del Bloque Calima que se desmovilizó el 18 de diciembre en Galicia, corregimiento de Bugalagrande, empieza a mostrar como causas, las retaliaciones de la guerrilla e incluso, de los mismos grupos paramilitares activos, ya hay 27 de ellos asesinados y surge como caso especial, Buenaventura en donde han sido asesinados 13 que vivían en las comunas 3, 4, y 5. El gobierno municipal estudia concentrarlos en un albergue para evitar su dispersión espacial y la desestabilización del orden público. En conjunto, las acciones violentas en el Puerto han prendido las alarmas y empiezan a señalarse a estos grupos junto con los armados y narcotraficantes como los promotores de estas acciones que hoy hacen que se considere a Buenaventura como una ciudad muy violenta.

Hace poco, frente a la muerte de tres integrantes de un grupo armado y la captura de nueve más en Galicia, corrieron diversos rumores que aludían a ser desmovilizados, o a ser paramilitares todavía activos relacionados con narcos.

En abril de este año, doce jóvenes fueron masacrados violentamente sin que se sepa aún quienes fueron los autores, el hecho es que salieron de un sector deprimido: Punta del Este y encontrados muertos unos días después. Se especula que sea obra de paras. La situación social del puerto de Buenaventura es de cuidado y sobretodo cuando en su población de 123.000 personas, aparece el número más alto de desplazados de todo el departamento: 30.347. La zona rural del municipio ha sido un corredor histórico del frente 30 de las FARC en disputa con los paramilitares del “bloque sur-occidental”

Un comunicado de Amnistía Internacional ha hecho mención a que “existen sólidos indicios de que las estructuras paramilitares siguen permaneciendo intactas después de la desmovilización, y de que los combatientes desmovilizados están siendo “reciclados” en el conflicto, principalmente como informantes pagados del ejército”.

Las autodefensas, hoy están reclutando gente en los barrios aislados de Bogotá e incluso en otras ciudades del país, ofreciéndoles trabajo para el cual pagan $400.000 mensuales, amenazando a quienes no quieren hacerlo y de ello dan cuenta los testimonios ( El Tiempo 5-05 2005) y las acciones directas de asesinatos como el ya mencionado de Buenaventura. Este reenganche ha venido dándose desde hace algún tiempo aprovechando la desconfianza que existe acerca del programa o del incumplimiento del gobierno por una parte pero por otra porque hay desmovilizados, cerca de 350, que no se han acogido a los programas o no se admitieron y son medios de contacto con sus antiguos compañeros y como reclutadores ejercen su papel con mucho sigilo. También, recientemente, el gobernador del Valle del Cauca, denunció que los reinsertados están siendo tentados por ofertas de narcos ante el desamparo del Gobierno e insiste en una política real de resocialización.

Últimamente, se han dado alertas sobre un grupo de autodefensas que está en plan de rearmarse según los señalamientos del gobierno en donde están involucrados miembros del ejército de los E. U. a quienes se les decomisaron municiones y armamento pesado.

Hay entonces, incertidumbre al respecto pues el Estado aún adolece de alternativas propias para conducir el programa como puede ser la alternativa de empleo para ese total de 6.600 reinsertados y que no cuenta con una visión de largo plazo, por ello, se hace insostenible su presencia en algunos espacios urbanos, convirtiéndose en “una bomba de tiempo” como lo dijo el alcalde Garzón (El Tiempo, marzo 6 -2005). Ya el alcalde de Buenaventura está planteando la salida y/o reubicación de los 90 desmovilizados, en otro municipio ante las actividades delictivas de ellos. Es que la ciudad pierde ante los visitantes y ante los propios, su imagen simbólica como espacio de seguridad, de progreso, desarrollo y oportunidades para convertirse en un lugar que demarca sólo estrategias de supervivencia.

En las declaraciones de Víctor Castaño, un jefe paramilitar se señala cómo se está improvisando con los desmovilizados y dice: “Los albergues en Bogotá son un fracaso total. Un gran porcentaje de los que están ahí no son desmovilizados de las autodefensas o de la guerrilla. Son colados que se metieron ahí para ver cómo pescan. Creo que lo mejor para los desmovilizados es involucrarlos en departamentos de seguridad, en seguridad privada o con el Estado. Son muchachos que son profesionales en un campo, que es la seguridad y si se les pone a hacer cosas que ellos no saben hacer van a estar disconformes” ( Rev. Semana. Junio 6, 2005)

No obstante, algunos esfuerzos parecen estar floreciendo en regiones como la de Urabá en donde se inició la transformación de 25 familias de paramilitares en “empresarios de la coerción” con proyectos agrícolas, industriales y agroindustriales, rompiendo así las inconsistencia y fallas de anteriores proyectos creando una opción de vida para ellas.

De todas maneras si bien parecen estar coincidiendo el conflicto y el postconflicto en Colombia, ellos requieren una dedicación casi exclusiva no sólo de tiempo sino de esfuerzos mentales, gerenciales y en dinero con el fin de ir dando cabida a las estrategias que son necesarias y que se requieren para sacar avante programas para los desmovilizados y los reinsertados.

La situación social y psicológica posconflicto del desmovilizado.

El Estado tiene una serie de razones para comenzar a enfrentar la desmovilización y todas ellas se juntan en un punto de partida: la paz, con la cual se quiere apostar a la reconciliación nacional de allí que requiera y proponga un proceso realista y pragmático en donde asuntos como verdad, justicia y reparación se traten en leyes complementarias aparte. Si bien ellos constituyen tres pilares universales fundamentales para la garantía de los derechos humanos, respetarlos es una obligación, aunque se han sembrado serias dudas en cuanto a la legitimidad e importancia del papel que desempeñan en la resolución del conflicto armado colombiano.

La razón parece darse entre unos y otros pero lo que hay al frente de todo este proceso son incontables modalidades y circunstancias que llevan a actuar de manera individual a los desmovilizados en su accionar cotidiano, unas veces convirtiéndose en colaboradores del gobierno, otras en asesores de fuerzas extrañas y en muchos casos en pregoneros de acciones que no tienen todavía un fuerte asidero en la conciencia comunitaria de sus compañeros ni se significan de manera homogenea en su imaginario colectivo. Hay desesperanza, desconcierto y temores ocultos.

Los reinsertados, así como los desmovilizados, son percibidos como personas rudas y en general estereotipadas, se cree sean susceptibles de una ayuda psicosocial aunque en la realidad ellos parecen ser renuentes a una atención en salud mental, con lo cual alimentan factores de riesgo al suicidio, a la depresión, a las preocupaciones económicas y el uso del alcohol como mecanismo de evasión en los barrios de las ciudades en donde son recluidos. El coordinador de uno de los albergues dice que el 90% de los que provienen de las autodefensas tiene problemas de drogadicción, sobre todo de marihuana y los de la guerrilla de alcoholismo.

Si para el gobierno la desmovilización debe “conducir a restablecer el imperio de la ley”, para los reinsertados y desmovilizados debe conducir a tener “trabajo, vida, salud y vivienda para mantener una familia” y en su condición de colaboradores o “guías” del gobierno, no se les facilita desarrollar sus ideas o aspiraciones y por el contrario manifiestan que están condicionados a obtener por ejemplo, los certificados de desmovilizados si no entregan datos.

Las dificultades económicas de muchos de los desmovilizados están creado un ambiente caldeado e incluso considerando el programa de reinserción como un negocio que dependen de las “ayudas” que presten para realizar o contribuir con ciertos operativos militares. El gobierno ya ha establecido una tabla de precios que son pagados por el Ministerio de Defensa a quienes den información, entreguen armas o medios logísticos que estén en poder la insurgencia

La situación de los reinsertados como las de los desplazados, parece complicarse día a día. Según informes periodísticos se señalan cómo la paranoia, la depresión, el temor y la intranquilidad son partes de la vida cotidiana de hombres y mujeres. Unos sintiendo persecuciones y otros temores de ser asesinados lo que muestra que hay un estrés postraumático que afecta sus vidas.

Pero también la falta de una atención más cercana y permanente ha sumido a muchos de ellos en el “billar, vicio y en la putas” en lo que se gastan el dinero, cuando no, en cosas materiales de pronto no tan necesarias como los equipos de sonido con MP3 para escuchar vallenatos a todo volumen en la calle, con lo que se han granjeado las iras de los vecinos.

Programas y Alternativas propuestas para la desmovilización.

Un novedoso modelo de reinserción rural ha comenzado a ponerse en práctica por parte del gobierno y que busca acabar con los desaciertos iniciales pero también con las preocupaciones de algunos de los grupos. Este es el que se propone iniciar en las regiones de Urabá, sur del Magdalena, suroeste de Antioquia y los departamentos de Córboba y Cundinamarca en donde se han desmovilizados 4.824 paramilitares y para ello se va a invertir 44.724 millones de pesos para proyectos productivos de palma, cacao, caucho, yuca, ganadería, confecciones y maderables, en un lapso de dos años. El proyecto tendrá acompañamiento de la empresa privada y el gobierno entregará a los desmovilizados de manera individual $2.millones de pesos y a los desplazados, $1.750.000.

Otro programa de interés es el que se adelanta en Medellín, el “Paz y Salvo” que ha logrado desmovilizar a 53 jóvenes relacionados con bandas y combos que tienen el acompañamiento psicológico, capacitación y atención en salud junto con un apoyo económico que depende de su asistencia a jornadas educativas

Además, es necesario que las personas que entran en el proceso de reinserción, derivado de la desmovilización de combatientes de las autodefensas y la guerrilla, se conviertan en un aporte real a la paz. La misión del gobierno y la sociedad es convertirlos en ciudadanos de bien.

De un tiempo para acá, el gobierno ha venido planteando alternativas para la desmovilización en especial de los grupos paramilitares atendiendo el compromiso de las autodefensas de desmovilizar sus fuerzas militares el 31 de diciembre. Así, el Gobierno está contribuyendo planteando varias alternativas entre ellas, en que se tipifique como sedición la conformación de grupos de autodefensas, que sería un atractivo para la desmovilización y que esta podría ser una propuesta que daría a los paramilitares desmovilizados, la posibilidad de participar en política, obtener indultos y de pronto, cerrar las puertas para su extradición.

Se dice que a marzo de este año los desmovilizados ascendían a 4.828 y a la misma fecha se habían entregado 2.708 armas y 2480 explosivos, además material de intendencia y de comunicaciones, sin embargo, aún subsiste la guerra y los compromisos por parte de los paras no se han cumplido infringiendo en muchos casos, los derechos humanos: amenazas, ataques o represalias contra la población civil o personas protegidas, desplazamiento forzado, homicidios individuales, actos de pillaje y privaciones de la libertad y no han suspendido los reclutamientos.

Los líderes paramilitares han venido insistiendo en la búsqueda de un posicionamiento político ( con estructura armada? ) y para ello también el gobierno ha propuesto eliminar el delito político, sin tener en cuenta que la “organización política se atribuye a un movimiento por su tradición histórica y por las razones sociales que le dieron origen” ( Ríos, J. N. : El Espectador. Mayo 22, 2005).

Algunos dirigentes políticos antioqueños han venido señalando el accionar de las actividades políticas de los desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara en los barrios populares de la ciudad de Medellín.

Lo que sí tiene que quedar claro es que las autodefensas deben recorrer el camino del sometimiento con beneficios jurídicos, con un justo equilibrio en términos de justicia, verdad y reparación y las víctimas como actores centrales del resarcimiento. Es que el delito político es el resultado de las condiciones económicas, sociales y políticas que originan una insubordinación, la rebelión, la asonada y mientras ellas se mantengan, se seguirán tratando a los delincuentes políticos diferente a como son tratados los asesinos, ladrones y secuestradores.

Se ha manifestado que los desmovilizados no deben participar en política hasta que los cuadros armados de las autodefensas estén totalmente desmontados y se culmine el proceso de diálogo en Ralito pues amedrentarían a las comunidades obligándolas a votar por quienes ellos determinen.

¿Qué implicaría aceptar la tesis que hoy enuncia el gobierno con respecto a a la eliminación del delito político? En primer lugar implicaría que el acto legislativo (reforma a la Constitución que contempla el delito político para las guerrillas) que entraría en vigencia, debe ser aprobada y si la eliminación del delito político hace carrera, la supresión de la rebelión, de la sedición y de la asonada como sus conductas típicas por excelencia vendrían a ser dictadas por la Carta Política

Se argumenta que la supresión del delito político tiene efectos nefastos para la democracia colombiana por que los beneficiados de él recibirían un tratamiento benigno, amparados en una conducta que haría apología al crimen.

Los planteamientos de Fernando Savater, enunciados en un foro universitario con respecto a los que utilizan armas para defender las ideas en una democracia, dio luces para que se aceptara que “al que asesina, extorsiona, roba, tortura, secuestra apalea o causa estragos movido por ideas políticas” es difícil que se le reconozca estatus político

Consecuencias

Como consecuencias de lo anterior uno puede encontrar cómo en la etapa del posconflicto colombiano, ha aumentado la violencia por el surgimiento de nuevas modalidades de delito que son más anárquicas y aún más difíciles de controlar. El problema se ha tornado complejo y grave, lo cual obliga a las instituciones a ponerse en forma para brindar salidas dadas las características disímiles de los que hacen parte de los programas.

No obstante los serios reparos que se han hecho a la política del reinserción por la falta de coordinación con las autoridades nacionales y vacíos en el programa, junto a la inconsulta ubicación de los albergues y la demora en la atención a los desmovilizados para la atención psicosocial, para la ubicación en actividades productivas y para la implementación de acciones que les permitan superar sus conflictos, lo cierto es que el Estado está buscando por todos los medios, darle un contenido mejor al programa y para ello ha invitado a las administraciones locales a hacerse más partícipes del mismo buscando recursos para entrar a dar soluciones, es que no puede seguir presentándose situaciones de protesta por demás justas, de tomas de oficinas como las del Ministerio del Interior y protestas callejeras, cuando no se cumple con lo prometido y empiecen los reinsertados a sentir la añoranza de que su anterior situación les brindaba mejores condiciones de existencia social y económica familiar.

La simple desmovilización de combatientes sin su reinserción efectiva en la sociedad, genera índices aún mayores de violencia y criminalidad.

Por todo lo anterior, es conveniente establecer prioridades de tipo individual y colectivo para evitar fallas que después sean peores. Observar los programas y la ejecución de proyectos debe convertirse en una norma. Recordar que muchos de los reinsertados no tienen experiencias en procesos productivos ni en inserción familiar, ni en buscar o recibir solidaridad.

Los cambios de fondo en el programa de reinserción deben llegar con urgencia y contemplar tanto ubicación como procedencia de los actores, capacidades y condiciones subjetivas, psicológicas y de comportamiento comunitario en general y para ello contar con los mismos organismos del Estado quienes tendrán que volcar mucha de su infraestructura para atenderlos y convertirlos en ciudadanos productivos y autosuficientes. La ayuda empresarial debe ser un condicionante de esta programación pues de ellos en buena parte, está el logro de la paz del país.

Por último, debe buscarse la integralidad de los procesos de paz. La inversión económica, el diálogo nacional, la firmeza en los acuerdos en lo que respecta a que sean duraderos deben ser como componentes fundamentales del proceso de reinserción. No puede olvidarse que si bien es difícil la incursión en la vida civil, hay que evitar por todos los medios las actividades delictivas que parecen crecer allí donde se han desmovilizado los paramilitares

Y algo que tiene que aclararse con respecto a los desmovilizados y reinsertados, es lo correspondiente a lo que es la extensión del delito político que la Ley que hoy está, debe ser precisada y así no se presente la contradicción frente a la decisión y posición del gobierno nacional de argumentar que no existe un conflicto armado en Colombia sino una amenaza terrorista que supone precisamente no dar un trato especial a quien atenta contra el orden institucional, sino por el contrario, aplicarle la ley como a cualquier ciudadano. Esto supone no reconocer el delito político, en esta forma se cumplen con los parámetros exigidos por parte de la comunidad internacional con respecto a los derechos humanos.

Hay de todas maneras, un compromiso nacional para dar una salida racional al conflicto y en especial, al Derecho Internacional Humanitario que requiere una aclaración ante la comunidad internacional.

El reto de la reinserción está en evitar que aparezcan pandillas como las centro americanas y desarmar a esos miles de personas, así como evitar que vayan a conformar nuevos grupos armados y buscar los medios para integrarlos de la mejor manera a la sociedad.

Santiago de Cali. 2006

- Rubén Darío Guevara Corral, Antropólogo Mg. Salud Pública. Dip. DDHH., Profesor- Investigador Universidad del Valle