En Argentina no es una novedad que la situación de la seguridad y el estado de violencia desde hace muchos años pasa por una crisis, sin resolución desde lo institucional, que diariamente impone muertes y colocan a las personas en un estado de miedos zozobra que no les permiten disfrutar del conjunto de los derechos y libertades públicas que se merecen. Para muchos miembros de nuestra sociedad se hace imprescindible aumentar la acción del Estado para terminar con el flagelo a través de una mayor actuación de las fuerzas del orden público, incrementando las sanciones penales, disminuyendo la edad de imputabilidad por los delitos cometidos y otras medidas orientadas en el sentido represivo. Además de algunos, muy pocos, matices en las acciones preventivas. Para otros muchos la cuestión encontraría su solución cuando se acaben las causas, que llevan a que los delitos se extiendan por doquier, que determinan la inseguridad del ciudadano sin distinción de situaciones personales, sociales y económicas. Ahí tenemos el problema que genera el desempleo, la falta de viviendas o la precariedad de las existentes, las inocuas políticas sociales, la drogadicción y el alcoholismo más la prostitución organizada, la falta de perspectivas y de un futuro previsible para nuestros más jóvenes y de un futuro digno y humano para todos en general, entre otras dentro de la economía de mercado y del capitalismo reinante e impuesto a rajatabla sin miramientos. Por un lado aparecen los damnificados y víctimas de la inseguridad, a los cuales se suman los sectores más reaccionarios de la vida social, política, económica y uniformada de nuestro país que tienen una responsabilidad muy importante en las causas del problema. Convirtiendo la cuestión en un asunto político, partidario y especulativo que no hace más que deteriorar, o beneficiar según como se mire, la comprensión y atención del tema. Por otro lado están aquellos que con base en los oportunismos pretenden acallar cualquier demostración de preocupación y búsqueda de soluciones, sin permitir generar los debates y discusiones necesarias para atender las causas que sabemos son perfectamente corregidas de implementarse, claro está, aquellas políticas estatales que permitan desvanecer la exclusión social generada por la indigencia y la pobreza. Nadie puede negar que en Argentina existen grupos, sectores y organizaciones delictivas perfectamente organizadas para llevar delante de diferente forma los delitos contra la persona humana. Estos tienen siempre la complicidad y actividad de personajes relacionados, componentes también, de las mismas instituciones que deberían actuar en la prevención y en contra del delito. Además padecemos como sociedad de un sistema correccional perverso y deficiente con un actuar de la justicia que por lo general impide el debido castigo y la conveniente investigación en las causas procesales, junto a la falta de vocación de subir la escalera de las responsabilidades habidas. No existe sociedad en el mundo que no esté amenazada por los delitos que conllevan al quebrantamiento de la seguridad y la paz, o a la sensación de un estado de inseguridad colectiva. Pero ello no es justificación en lo más mínimo para pretender convertir al Estado en un represor público-institucional permitiendo los excesos y pérdidas de libertades y derechos, como tampoco del proceso judicial justo y debido. Los Derechos Humanos de todos es una materia de altísima consideración y de permanente lucha de las mujeres y hombres comprometidos en la defensa de la vida y de los derechos individuales y colectivos del género humano. Entre esos derechos están los concernientes a las libertades de expresión y de información, como asimismo los de peticionar a las autoridades públicas, los cuales están particular, expresa y tácitamente establecidos tanto en la Constitución Nacional como en los Tratados Internacionales con igual jerarquía con ésta. Que nadie se equivoque en el camino por buscar las imperiosas y necesarias soluciones, porque ello nos conducirá a que nada pueda ser corregido, nuestro sistema democrático con todas las falencias propias de su falta de participación y con las representaciones diseñadas e impuestas para la conveniencia de las políticas de turno debe hacerse cargo del problema en forma integral. Es necesario un debate abierto, sin mezquindades ni excluidos, donde se permita oír todas las voces; y donde desde cada postura ideológica se aporte todo aquello que sea necesario. No será negando el problema de la violencia y de la inseguridad, y menos minimizándolas a meras estadísticas, como se resolverá la cuestión tratada. Será posible solamente si desde las políticas de los distintos gobiernos se solucionan los problemas de las necesidades básicas y humanas insatisfechas, porque ahí es justamente donde veremos cumplidos todos nuestros anhelos de una sociedad justa, libre y fraternal que termine con las violencias y violaciones de cualquier tipo. En el día de hoy los que marchen en uno u otro sentido por las calles y plazas no deberían desconocer estas cuestiones mínimas, para no caer así en estériles enfrentamientos que conducen inevitablemente a que en el mañana el problema siga sin resolverse. La sociedad imperiosamente debe saber marchar y luchar por una vida mejor.