Frente al debate que se ha generado en el país sobre la ley de reforma del código penal -discutida discretamente por el Congreso Nacional durante meses y aprobada en segunda lectura el 30 de noviembre pasado - los corresponsales miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera en el Ecuador quieren manifestar su profunda preocupación por las posibles consecuencias de esta reforma sobre la libertad de prensa. El texto aprobado introduce un artículo en virtud del cual se sancionará cualquier « intercepción, interferencia, publicación o divulgación, sin el consentimiento expreso de las partes, de informaciones transmitidas mediante los servicios de telecomunicaciones, o por otros medios de comunicación". La ley prohíbe que los medios de comunicación difundan una conversación telefónica, registrada clandestinamente, sin la autorización de los interlocutores. La sanción prevista puede llegar hasta nueve años de cárcel. Más allá de lo desproporcionado de la pena, el texto aprobado es escrito de manera tan general que potencialmente el simple hecho de grabar y reproducir intervenciones públicas difundidas por medios radiales y televisivos "sin el consentimiento expreso de las partes" podría poner los medios a merced de la interpretación de un juez. La realización de entrevistas telefónicas es una práctica común en el periodismo. En caso de que una fuente se retracte de una declaración previamente realizada y grabada por un medio - y por lo tanto no otorgue su autorización para la difusión de la misma - los periodistas se verían confrontados a la situación absurda de no poder difundir la grabación para así probar su buena fe o hacerlo pero bajo amenaza de juicio y cárcel. La APE entiende que el espíritu de la ley busca evitar el "espionaje telefónico", un recurso prohibido por los códigos deontológicos que rigen la profesión periodística, al igual que otros como la cámara escondida. No debemos olvidar sin embargo que - en casos excepcionales - numerosos editores y medios no se oponen al uso de tales recursos cuando todos los métodos clásicos de investigación han sido agotados y que la información buscada responde a un claro interés del público y de la sociedad. Estas decisiones deben obviamente ser tomadas por los medios, editores y periodistas con el más alto sentido de responsabilidad. Si recordamos el escándalo de los "vladi-videos" en el Perú, o sea la difusión por los medios de grabaciones destapando la red de corrupción montada por Vladimiro Montesinos, entonces asesor del ex - presidente Fujimori, la existencia de una ley como la propuesta por el Congreso Nacional hubiera implicado un riesgo legal importante por los medios por la obvia ausencia de "autorización previa", sea de Vladimiro Montesinos o de las personas compradas. Estas grabaciones no fueron obtenidas de manera "legal" por los medios, sin embargo representan un hito importante en la lucha anti-corrupción en la vecina República del Perú. Cuando el Ecuador ha iniciado una lucha frontal en contra de este flagelo, nos parece que la ley de reforma del código penal es contra-producente en este aspecto y debe ser analizada - de manera pública y más profunda - para garantizar una plena libertad de prensa en el país. - Asociación de la Prensa Extranjera en el Ecuador (APE)